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Aunque le declararon la falta de mérito, para el fiscal hay pruebas suficientes contra Ángelo Calcaterra por cohecho y ofrecimiento de dádivas por la obra de soterramiento del tren Sarmiento.

El fiscal federal Franco Picardi apeló la falta de mérito que el juez le impuso a los empresarios Ángelo Calcaterra y Jorge "Corcho" Rodríguez en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Fuentes judiciales informaron que ante la Cámara Federal porteña el fiscal apeló la falta de mérito que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó a favor de los empresarios Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina y Gianvincenzo Coppi.

Ese fallo también había beneficiado a Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso, todos ellos integrantes de las empresas que intervinieron en la UTE a cargo de la obra del soterramiento, Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.

También pidió que por ofrecimiento de dádivas y cohecho sean procesados los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro.

Para el fiscal, existe prueba que acredita que se pagaron sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal para obtener la adjudicación al consorcio de empresas que finalmente resultó designado.

Según la fiscalía, las maniobras principales de soborno se desarrollaron en dos tramos, primero a la adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), y la segunda etapa fue montar el esquema de pagos ilícitos para lo cual se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero.

En ese sentido, se logró comprobar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC, utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos.

La participación de Rodríguez, según la fiscalía, fue la de ser intermediario entre los ex funcionarios José López y Roberto Baratta, y con la firma uruguaya Sabrimol Trading SA., la cual se le atribuye, se canalizó el pago de sobornos.

El pedido fiscal también comprende el procesamiento por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a Ricardo Jaime, Roberto Baratta, José López y Juan Pablo Schiavi.

El fallo que absolvió a Villar Cataldo generó diversas opiniones entre especialistas y víctimas de la inseguridad

Carolina Píparo, Matías Bagnato, Juan Carlos Blumberg y Diana Cohen Agrest, junto a un grupo de abogados, reflexionaron sobre la absolución del médico que mató a tiros a un ladrón en 2016

Tras el fallo que absolvió a Lino Villar Cataldo, el médico que mató a un delincuente que intentó robarle su auto en 2016, las voces de diversos actores judiciales, junto a un grupo de víctimas de la inseguridad, expresaron sus posturas y reflexiones respecto a la decisión del Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Martín.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se expresó sobre el fallo. "El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de Justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario", publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Otra de las primeras en referirse al tema fue Carolina Píparo, diputada provincial de Cambiemos, quien en 2010 fue baleada en el rostro durante una salidera bancaria cuando se encontraba embarazada de 9 meses. Isidro, su bebé, falleció a los siete días de aquel episodio.

En su cuenta de Twitter, expresó: "El jurado en pleno usó del sentido común y ha absuelto al médico Villar Cataldo. Nadie puede celebrar cuando ha habido una muerte, pero el hecho fue claro, el médico fue víctima y las victimas no eligen".

A través de la misma red social, y acompañando el tenor de las palabras de Píparo, Matías Bagnato publicó: "El Jurado absolvió al doctor Villar Cataldo.
El tribunal del juicio por jurado, con pleno sentido común, supo quién era la victima y quién el victimario e hizo justicia. Diferencia clara con muchos 'señores jueces' que perdieron hace mucho tiempo el sentido común".

Bagnato perdió a toda su familia en la Masacre de Flores el 17 de febrero de 1994, cuando Fructuoso Álvarez González, socio y familiar lejano del papá de Bagnato, roció toda la casa con fósforo líquido y la prendió fuego. En ese incendio murieron sus padres, sus hermanos, Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo de su hermano menor.

"Para que se dicte una sentencia condenatoria, el jurado o tribunal debe tener la íntima convicción de que el acusado es culpable, es decir 100% de certeza. Si hay una mínima duda debe ser absuelto, lo que pudo haber ocurrido en el caso", sostuvo Nicolás Durrieu, coordinador académico de la carrera de Derecho de la UADE.

Esta línea de pensamiento la continuó Maximiliano Reussi, abogado penalista, quien detalló: "Las dudas que quedan por el testimonio de la perito criminalística son si efectivamente lo que corrió riesgo fue la vida del médico y de su propiedad o si fue sólo la de la propiedad de su vehículo. Pero en todo caso si hubo dudas hay que optar por la absolución por el criterio de duda (in dubio pro reo)".

Durrieu, por su parte, también explicó que "los jueces hubieran fallado más desde lo técnico y la gente común más desde el sentimiento, de lo que le ocurre a la gente común como ellos, en donde sufren a diario este tipo de robos agresivos. Es difícil para un vecino condenar al médico por más que técnicamente podría haberle correspondido una pena.Es este sentimiento que a veces tenemos de que a veces las 'víctimas' terminan siendo victimarios".

"Uno de los temas más sensibles en el Derecho es la legítima defensa. Por la inseguridad de nuestro país, muchas veces se confunde con la venganza. Para la legítima defensa tiene que haber una agresión, y una necesidad razonable en la defensa", explicó Adrián Tenca, abogado penalista y profesor en Derecho Penal, quien se manifestó en contra del fallo.

Tenca agregó: "No hay legítima defensa cuando terminó la agresión. El problema es llevar los conceptos jurídicos al plano práctico. En muchos casos depende de la interpretación del juez o de la sensibilidad de los jurados populares. Encima, en muchos casos, el debate se politiza".

"Independientemente del resultado de este juicio lo cierto es que nuestra Constitución Nacional ordena -desde 1853- que los juicios criminales se celebren por jurado. Nos gusten o no las decisiones de la ciudadanía, lo cierto es que lo han hecho en un ámbito de total transparencia, en el marco de un juicio público en donde todos pudieron exponer su punto de vista y hay que respetar la decisión del soberano", opinó Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.

En tanto, el abogado penalista Nicolás Ramirez opinó que "el deseo de los ciudadanos por una mayor seguridad primó sobre una posible interpretación de la ley que derivara en una condena". "La absolución del médico demuestra que los juicios por jurados implicaron un cambio de paradigma en la resolución de casos judiciales, una clara y concreta participación que la sociedad viene reclamando y que la Constitución reconoce desde hace más de un siglo", apuntó.

Y agregó: "La opinión del jurado es igualmente válida a la de un juez y debe ser respetada. Sin embargo, las decisiones de los jurados no están exentas de un control ulterior y podrían ser revocadas".

Quien también se pronunció a favor del fallo fue el empresario textil Juan Carlos Blumberg. En 2004, su hijo Axel fue secuestrado y posteriormente asesinado cuando intentaba escapar.

"Es muy importante lo que sucedió hoy con el médico Villar Cataldo. Desde 2004 logramos que se avance con el juicio por jurados. Es fundamental que los ciudadanos participen de la Justicia como lo contempla la Constitución hace más de cien años", dijo Blumberg.

 “Es fundamental que los ciudadanos participen de la Justicia como lo contempla la Constitución”

Y agregó: "Villar Cataldo vivió un calvario. Tuvo siete robos, con entraderas en su casa. Dos meses antes le habían robado un auto. En el caso especifico por el que se lo juzgó, lo golpearon y lo atropellaron. No hay duda de que actuó en legítima defensa y que era inocente. No puede ser que inculpemos a una víctima como si fueran victimarios".

"Me parece un veredicto razonable en función de que el médico no buscó la situación a la que se vio sometido. El ladrón que falleció y que provocó la tentativa de robo estaba armado, y el médico Villar Cataldo fue agredido dentro de su espacio vital. El juicio por jurado es novedoso. Si bien se somete a determinadas reglas jurídicas, sobre las que se los ilustra antes, se trata de un tribunal que no se rige por la teoría del derecho penal, sino por pautas que le son comunicadas", determinó el abogado penalista Jorge Kirszenbaum.

"Desde hace cinco años, la Asociación Civil Usina de Justicia defiende los derechos de las víctimas de homicidios: fuimos la única organización que acompañó a Villar Cataldo en el juicio, a través de las redes y en la difusión periodística. La ciudadanía dio cátedra a jueces y fiscales. Justicia legítima, ese perverso colectivo que ha sembrado la muerte con sus fallos abolicionistas, está siendo derribado por la voz de la gente de a píe", completó la filósofa Diana Cohen Agrest, quien perdió a su hijo de 26 años en julio de 2011, cuando lo asesinaron en un robo en Caballito.