Política

NOTA RADIO MITRE

A Cristina Kirchner, Florencia y Máximo se los acusa de asociación ilícita a través del mercado hotelero en Calafate.

En las últimas horas se supo que el fiscal federal de Casación, Mario Villar, pidió que se realice de manera inmediata el juicio oral contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. Los tres habían quedado sobreseídos, pero él considera que fue una decisión errónea e insiste en que se anule lo establecido.

Luego de realizado el pedido, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, deberán hablar con las defensas de los acusados para pactar una fecha de audiencia con el fiscal y así analizar el pedido de Villar. Allí, cada parte podrá fundamentar el por qué de sus posturas.

En esa causa particularmente se la acusa a Cristina Kirchner y a sus hijos de asociación ilícita y lavado de dinero, efectuado a través del alquiler y venta de diferentes hoteles y propiedades que tenía la familia. Los tres habían quedado sobreseídos en noviembre del 2021. Se decidió tras un planteo por parte de la ex mandataria, ya que nunca se llevo a cabo el juicio.

Sin embargo, Mario Villar considera que aquello “no solo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día”. Es por eso que solicitó lo planteado y se está a la espera de una respuesta.

“La sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos. Este es un interés legítimo de la sociedad, que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben resguardar como parte de su función institucional”, expresó mientras efectuaba su pedido de enjuiciar a Cristina Kirchner y a Florencia y Máximo.

El Presidente habló en Tierra del Fuego previo a que la Vicepresidenta se presente en Chaco: “Miremos el futuro, que nadie nos desuna”, expresó

Alberto Fernández habló en Tierra del Fuego antes del esperado discurso de Cristina Kirchner en Chaco y dejó un mensaje para la interna del Frente de Todos, que esta semana volvió a estar al rojo vivo por declaraciones cruzadas entre funcionarios de La Cámpora y del gobierno nacional que tenían como destinatarios a Martín Guzmán, Matías Kulfas, Claudio Moroni y, en el última instancia, el propio Presidente.

Acompañado de Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, el intendente de Usuahia y el gobernador de la provincia, el mandatario manifestó: “Feliz de estar en esta tierra y de venir con todo esta propuesta de seguir trabajando juntos. Veo con mucha felicidad el modo en cómo trabajan en tierra del fuego los intendentes y el gobernador. Unidos, trabajando juntos. Trabajar juntos y unidos rinde sus frutos. Si al trabajo de todos ustedes sumamos el del gobierno nacional va a ser mucho mejor y todo mucho más fácil”.

“Si al trabajo de todos ustedes sumamos el del gobierno nacional va a ser mucho mejor y todo mucho más fácil. Mi mayor deseo es que aquel que nazca en Tierra del Fuego tenga la oportunidad de criarse, educarse, trabajar, tener una familia, ir al cine, teatro, divertirse y disfrutar la vida y morirse después de haber sido muy feliz. Cuando eso lo logremos, esa será una Argentina federal. Por eso la verdad es que acá lo que tenemos que hacer es juntar fuerzas para que la Argentina no se detenga y hagamos un país posible”, agregó el mandatario.

Además, aprovechó para disparar contra la gestión de Mauricio Macri, al recordar que durante el gobierno de Cambiemos se entregaron 14 mil viviendas y se lanzaron los créditos UVA: “Nosotros hoy estamos entregando el crédito 50 mil y estamos muy lejos de aplicar los intereses que los bancos le cobran a alguien para un crédito hipotecario”.

Alberto Fernández
Alberto Fernández
“Dense cuenta, cuando por ahí voces intentan sembrar el desánimo, dense cuenta todo lo que hicimos en el peor momento de la historia de la humanidad. La humanidad no vive una pandemia cada año, ocurre excepcionalmente y eso fue lo que nos pasó. Lo que fuimos capaces de hacer en plena pandemia sin contar la pandemia que heredamos. Cuando escuchen esas voces, miren para atrás, miren la cara de las familias que hoy tienen casas, miren la satisfacción que tienen, miren la cara de los que recuperaron el trabajo, miren la cara de los que se levantan en la economía popular a poner su esfuerzo, miren la cara de los docentes que hace unos años tomaban las calles y hoy están acá celebrando. Eso lo hicimos nosotros, todos unidos, juntos. Y los compañeros Camioneros también, obviamente”, agregó.

Por otro lado, el Presidente relató que mantuvo un encuentro con el líder camionero Hugo Moyano: “Le pregunté cómo va la cosa porque uno de los termómetros de la economía es el transporte, porque lleva el insumo para que se produzca la heladera y lleva la heladera hecha. Me dijo ‘los compañeros no paran de trabajar’. Esa es la Argentina que produce y da trabajo. Nosotros creemos en esa Argentina”.

“Cuando escuchamos una necesidad nos hacemos cargo del problema del otro, lo escuchamos. Nadie nos va a torcer en el camino”, insistió. También se encargó de apoyar a los dirigentes de Tierra del Fuego, tanto al intendente como al gobernador para la renovación de sus mandatos: “Pensemos todo lo que logramos en la unidad, pensemos todo lo que podemos lograr. Por favor, miremos el futuro y que nadie nos desuna”.

Germán Oestmann reconocerá a la vicepresidenta con el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Chaco Austral. Está imputado por supuesto desvío de fondos públicos enviados por el Estado nacional. La UNCAUS está controlada por el gobernador Jorge Capitanich

Cristina Kirchner recibirá hoy el Doctorado Honoris Causa Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), una casa de estudios controlada por el gobernador Jorge Capitanich, cuyo actual rector, Germán Oestmann, enfrenta varias causas en la Justicia en las que está imputado de lavado de dinero, amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

El mandatario chaqueño, quien fuera jefe de Gabinete de la ex presidenta entre noviembre de 2013 hasta febrero de 2015, comenzó a sonar como posible candidato a la Casa Rosada del kirchnerismo. La decisión de la actual vicepresidenta de elegir el territorio de Capitanich como anfitrión para hablar en público en medio de un recrudecimiento de la interna del Frente de Todos, es leída en esa sintonía. Una vez que haya recibido los símbolos de la distinción, Cristina Kirchner debe dar una exposición, a las 5 de la tarde, que generó mucha expectativa por la interna política en el oficialismo.

En una de esas causas, quizás la más grave, el fiscal general de la ciudad chaqueña de Sáenz Peña, Carlos Amad, acusó a Oestmann - junto a 36 personas - de integrar una asociación ilícita que desvió y lavó fondos que enviaba el Estado nacional a la UNCAUS, a través de una decena de fundaciones, asociaciones y empresas fantasma, con la que se firmaban convenios bajo sospecha y préstamos que no se devolvían. Para el fiscal, esas fundaciones fueron constituidas por la Universidad o personas afines, “con la única finalidad de continuar extrayendo dinero de manera ilegal”.

En su requerimiento, fechado el 15 de marzo pasado y al que tuvo acceso Infobae, Amad argumentó que fueron constituidas “sin razón de ser” más que para “delegarle facultades y el manejo de áreas, y por ende de fondos, que en realidad son de la Universidad, y por donde diluyen el gran caudal de dinero, sin ningún tipo de control”.

Capitanich y Germán Oestmann, rector de la Universidad cuya creación impulsó el gobernador chaqueño

En este expediente - desprendimiento de una causa madre iniciada en 2016, ya elevada a juicio por presunta corrupción en la obra pública de la UNCAUS - , ya fueron indagadas 14 personas por el juez federal subrogante de Saénz Peña, Carlos Aranda. El 15 de marzo pasado, el fiscal amplió la imputación a la figura de asociación ilícita, y le pidió al juez indagar al resto.

Para asegurarse su comparecencia, además, Amad le solicitó la inmediata detención de todos, incluida la de Oestmann, según reveló esta semana Rodrigo Alegre en TN. “Habida cuenta la estructura criminal, la logística empleada para perpetrar los delitos”, así como también “la capacidad económica de los imputados lo que implica una alta peligrosidad de fuga, máxime teniendo en cuenta la escala penal de los delitos que se le imputan y al sólo y único efecto de asegurar su comparendo a los estrados de este tribunal a su cargo”, fue la fundamentación del fiscal.

Si bien el juez Aranda aún no hizo lugar a este último pedido, a partir del 10 de junio próximo, comenzarán a declarar 30 de los imputados, entre ellos, Oestmann, cuya fecha aún no está fijada.

Aunque los hechos bajo sospecha comenzaron en la gestión del anterior rector de la UNCAUS, Omar Judis, cuando Oestmann era secretario de Actas de esa casa de estudios, la investigación se extiende a su actual gestión. Según la investigación, bajo su mandato se libraron cheques por distintos convenios bajo sospecha con varias de esas fundaciones.

Oestmann asumió en noviembre de 2018, tras la renuncia de Judis, quien debió irse por la acumulación de denuncias en su contra por irregularidades en la Universidad. Tras haber formado parte del círculo más cercano a su antecesor, hoy está enfrentado con Judis y ambos se cruzan acusaciones en la Justicia.

Para el representante del Ministerio Público, las maniobras de desvíos de fondos habrían comenzado en 2014 e incluyeron “convenios cuyos comprobantes de gastos no figuran que efectivamente se hayan efectuado, el otorgamiento de becas, cursos de grados y postgrados, gastos por compras de insumos , equipamientos totalmente irregulares, contrataciones, viajes con fines deportivos, delegación de áreas académicas como el área virtual, áreas de postgrados, constitución de innumerables plazos fijos”, entre otras.

A Oestmann, el fiscal general de Sáenz Peña lo imputó de blanquear casi $180 millones a través de la Fundación Educación para Todos, y la suscripción de un supuesto convenio con el Municipio de Taco Pozo firmado en febrero de 2019, para el dictado de varias carreras a distancia en ese municipio. Asimismo, lo acusó de “introducir dinero en efectivo en el sistema financiero” a través de “operaciones de cambio durante el año pasado y lo que va de este año por $6.786.716″.

En los allanamientos realizados, el fiscal encontró también un acta certificada antes escribano, de julio del 2015, por la cual la Fundación de la Universidad del Chaco Austral le otorgaba a Oestmann, “facultades para gestionar, cobrar y rendir cuentas de los fondos de la Fundación (de la UNCAUS) ante la Fundación Chaco Solidario”, a la que se le había solicitado un “préstamo” por $200.000 de ese momento (agosto 2015), para ser destinado supuestamente a actividades deportivas. Según los registros comerciales consultados por Infobae, Oestmann fue empleado en relación de dependencia de la Fundación de la Universidad, al menos, entre 2016 y 2017.

En tanto, la Fundación Chaco Solidario había sido creada en 2008 “sin fines de lucro” por el gobierno de esa provincia, y según su estatuto, su objetivo era abocarse al bien común. “Sin embargo, lo cierto es que el responsable directo y nexo en la gestión con esta Fundación fue el actual rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, quien deberá responder y dar explicaciones de la operación que quedó documentada en un mail y cuyo dinero luego se verifica su salida como egreso de las arcas de la Fundación UNCAUS”, señaló el fiscal para justificar, entre otros hechos, el pedido de indagatoria al actual rector de la Universidad.Acta de julio del 2015 por la cual la Fundación de la UNCAUS le otorgaba a Oestmann facultades para gestionar fondos ante la Fundación Chaco Solidario

Dinero para la campaña

Omar Judis ostentó enorme poder en Chaco. En diciembre 2007, cuando fue creada la UNCAUS, fue designado como el primer rector por Jorge Capitanich, de quien fue su mano derecha ,y luego ministro de Infraestructura de la Provincia. Desde ese lugar era el que decidía y manejaba las obras provinciales. En 2013, cuando el actual gobernador chaqueño asumió como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, lo designó como secretario de Ambiente de la Nación, y Judis pidió licencia en su cargo del rectorado, pero no renunció.

El ex funcionario provincial y nacional fue el creador de la Fundación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, una de las principales investigadas hoy por la Justicia, y de la cual su hijo Enzo Judis fue su presidente. Según el fiscal Amad, esa entidad habría sido la principal destinataria del dinero desviado, hasta la creación de la Fundación Educación para Todos, en 2018, justo antes de la salida forzada de Judis como rector de la Universidad, en medio de las denuncias crecientes por irregularidades. También están imputados los hijos de Judis, Enzo, Daniel y Natalia, entre otros familiares y amigos.

Para el fiscal, “todas estas actividades que realizaba la Fundación (de la UNCAUS), las podía efectuar la Universidad sin necesidad de intermediarios, pero necesitaba licuar dichos ingresos y esa fue y continúa siendo la única finalidad de poner en funcionamiento una Fundación, la que fue constituida con el único propósito de aplicarlos a supuesto gastos generados a raíz de la suscripción de diferentes convenios y pago de gastos, pero que en realidad servían de pantalla para extraer dichos fondos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron”.

Entre la documentación secuestrada por el fiscal, se encontró en el domicilio de Enzo Judis un papel con membrete de la UNCAUS que tenía escrito en manuscrito “Campaña Dany Capitanich” o “Coqui Capitanich 9,5 millones”. El nombre estaba tachado y sobrescrito como si hubieran querido poner “Dany” (el hermano del actual gobernador) y luego lo cambiaron por el de “Coqui” (actual mandatario chaqueño), o viceversa. “Lo que sí se puede inferir, más allá del detalle antes mencionado, es que 9,5 millones de pesos de la Universidad o de las Fundaciones que los Judis administraban fueron destinados al pago de campañas políticas”, advirtió Amad en su requerimiento ante el juez.

Los argumentos de OestmannGermán Oestmann asumió en 2018, en lugar de Omar Jundis de quien era su secretario de Actas

Ante la consulta de Infobae, Oestmann afirmó que “la causa judicial por lavado de activos que se menciona se inicia a partir de varias denuncias realizadas por una diputada de la UCR (la ex diputada provincial Ana María Canata) contra la anterior gestión de la Universidad, lo que culminó en la renuncia del entonces Rector Omar Judis. A partir de allí continuaron otras denuncias, muchas iniciadas por trabajadores actuales de la Universidad, contra hechos acaecidos en los años correspondientes a la anterior gestión”.

Respecto de la imputación de Amad, señaló que “es objeto de las pertinentes vías impugnaticias por entender que no corresponden derecho que se me imputen, son situaciones que exceden el marco del derecho penal, motivo por el cual no corresponde la imputación”. Calificó la tarea del fiscal como “deficiente” por “no estar presente en la localidad, ya que subroga en 3 lugares y vive en Salta”, y sostuvo que” hay un claro abuso de autoridad cometido por el fiscal en procedimientos llevados adelante en sede de la universidad y que fueron objeto de denuncia al fiscal”. Y agregó: “Encontramos que hay otras causas con contenido político, donde el mismo fiscal se encuentra imputado por haber plantado pruebas”.El fiscal general de Sáenz Peña, Chaco, que imputó a Oestmann

Amenazas y coacción

En otra de las causas que enfrenta, Oestmann ya fue indagado, acusado por amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente se abrió a partir de sendas denuncias de dos docentes de la UNCAUS, que afirmaron haber sido amenazados y haber sufrido represalias por haber suscripto la convocatoria a una Asamblea Universitaria de esa casa de estudios para impugnar la designación de Oestmann como rector en noviembre 2018, por no cumplir con los requisitos. Este abogado, hoy de 38 años, recibió su título en septiembre de 2010 y no cumplía los 10 años exigidos como mínimo desde la obtención del título de grado.

Ariel Martínez y Jésica Dusicka aseguraron en sus denuncias que Oestmann, en forma directa y a través del secretario académico de la Universidad, les exigió apoyarlo y no participar de la Asamblea convocada para cuestionar la validez de su nombramiento, amenazándolos con que se verían perjudicados. Ninguno de los dos cedió a los pedidos y sufrieron consecuencias por esa decisión. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el relato de ambos denunciantes “está totalmente probado”.

Una semana antes de la realización de la Asamblea Universitaria, prevista para el 26 de septiembre de 2020, y en la que los asambleístas le iban a pedir al actual rector documentación que acredite que podía continuar en su cargo, Oestmann citó a Martínez en su despacho. La conversación fue grabada por este último, ya que - según detalló en su denuncia - había “oído anteriormente de boca de otros miembros de la Asamblea, comentarios de que Oestmann venía haciendo promesas de mejoras laborales a personas que lo apoyaran, y manifestaciones amenazantes y coactivas a los que no lo apoyaran en su cargo legal”.

Martínez aportó la grabación a la Justicia. “De esa conversación, se desprende una clara coacción o amenaza al decirme que piense en mí y mi familia, ya que además de Asambleísta soy docente en esa Universidad, dirigiéndose directamente con sus dichos, a anular mi estado de determinación, y haciéndome saber, al final de la charla, que era lo que pretendía hacer él, con el fin de que lo apoye con mi firma”, describió en su denuncia. Tras un peritaje oficial, se corroboró que era la voz de Oestmann la que se escuchaba en el diálogo grabado, al que tuvo acceso Infobae.

En su presentación, Martínez también señaló que “muchos asambleístas han sido víctimas de las coacciones agravadas infringidas por el accionar tanto de Oestmann como de distintas personas funcionales a él, que han invocado a la investidura del Señor Gobernador, diciendo que cuentan con todo su apoyo respecto a la ilegal gestión del Rector”.

En diálogo con Infobae, Martínez ratificó lo relatado en su denuncia. “Me apretó para que no vaya a la Asamblea, y lo apoyara en su cargo como rector, y que pensara en lo que me convenía y mi familia. Me dijo que había hablado con Capitanich”.Oestmann aseguró que contaba con el apoyo del gobernador Jorge Capitanich

Recordó que la Asamblea nunca se pudo realizar porque Oestmann dispuso que se fumigara el edificio ese mismo día, por lo que la Universidad permaneció cerrada. “Había que hacer otro llamado y varios asambleístas que fueron amenazados, ya no quisieron firmar la convocatoria, y no pudimos juntar las firmas necesarias”, relató Martínez, que en ese momento había sido elegido asambleísta por dos años en representación del claustro de auxiliares docentes.

Martínez perdió su cargo como secretario de Bienestar Estudiantil - un puesto político cuyo nombramiento depende del rector- , y solo siguió con sus dos cargos como docente, por lo que su sueldo se vio reducido a un tercio. También es uno de los imputados en la causa de lavado a través de las fundaciones. Según le explicó a este medio, se debe a que fue secretario de la primera etapa de la Fundación de la UNCAUS, designadas al momento de su creación en 2012. “Entiendo que fui citado, como todos los que fueron autoridades en algún momento. Después e los dos primeros años, cedimos el espacio a otros”, explicó. Según la documentación en poder de la Justicia, figuró en ese rol hasta agosto de 2016.

Oestmann le abrió en noviembre del 2020 un sumario administrativo a Martínez porque ese diálogo que tuvieron en su despacho, grabado sin su consentimiento, apareció publicado en la cuenta de Facebook de Omar Judis, su ex mentor y al que hoy está enfrentado. Este sumario no se resolvió aún por la existencia de la causa judicial contra Oestmann. “No lo volví a ver, evita cruzarme”, agregó Martínez, que se convirtió en querellante en la causa. Cuando fue citado a indagatoria en este expediente, el actual rector de la UNCAUS se negó a declarar y presentó un escrito.Las razones por las que el rector Oestmann le abrió un sumario administrativo a uno de sus denunciantes, Ariel Martínez

La otra denuncia contra Oestmann por amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue presentada por Dusicka, otra docente de la UNCAUS, en la que también está imputado Lucas Stegagnini, el secretario académico de la Universidad. Fue presentada con posterioridad a la de Martínez, pero como los hechos son similares, el fiscal Amad pidió la unificación de los expedientes por su conexidad, a lo que el juez Aranda accedió.

Dusicka - que se desempeñaba también en tareas administrativas en la Universidad con sede en Sáenz Peña-, había pedido su pase a la Escuela de Negocios del Chaco Austral en la ciudad de Resistencia, a lo que el rector de la UNCAUS había accedido en un principio.

Represalias

Pero tras suscribir la convocatoria a la Asamblea extraordinaria para tratar el tema de los requisitos de Oestmann para ser rector, Dusicka denunció que comenzó “a sufrir una serie de actos intimidantes, amenazantes, y represalias” por parte de Oestmann y Stegagnini. “Me dijo textualmente ‘si no prestás el apoyo a Germán, olvídate del pase a Resistencia, y ni sueñes con recategorizaciones, y que no me sorprendiera si me quedaba sin trabajo’”, relató en su presentación ante la Justicia.

No solo el traslado a Resistencia que había pedido Dusicka no se concretó, sino que se vio desafectada de sus tareas administrativas en la obra social de la Universidad, y fue enviada a cumplir otras tareas no vinculadas con su trabajo habitual. “En mi nuevo puesto de trabajo, se me ignora, encontrándome totalmente aislada, y en cuanto a las labores se me asignaron tareas totalmente inútiles o absurdas teniendo en cuenta mis incumbencias profesionales”, relató en su denuncia.

El rector también le abrió un sumario administrativo a Dusicka por haber autorizado pagos sin una disposición por escrito que los autorice. Ella se defendió argumentando que “era una práctica habitual de (la delegada rectoral Yanina) Spitzer autorizar pagos en forma verbal”.

Si bien el representante del Ministerio Público ya le pidió al magistrado el procesamiento de Oestmann por la primera denuncia de Martínez, el juez Aranda decidió primero ampliar su indagatoria a partir de los hechos relatados por la Dusicka. El actual rector, quien le entregará la distinción a Cristina Kirchner esta tarde, está citado en esta causa para el 2 de junio próximo.

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de manos de Oestmann, la vicepresidenta dará su discurso en el Salón de Convenciones Gala de Resistencia, que seguramente esté colmado. El título de su ponencia será “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”.

El la misma sesión la Cámara baja aprobó y envió al Senado la iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales y el proyecto de ley de VIH que propone un abordaje integral desde la salud colectiva.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales.

La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.

Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto "federal que generará muchos puestos de trabajo, que "en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas" y que "se trata de una industria sustentable con el ambiente".

Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que "esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.

"Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales", completó.

Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que "aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos".

Recordó que "en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy".

"Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante", enfatizó.

En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que "el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto".

Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que "el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana".

"No voy a comprar gato por liebre, porque este es el paso previo a la legalización", enfatizó.

Su compañero de interbloque, el socialista Enrique Estévez, mostró una posición diferente: "Saludamos la sanción de este proyecto, el esfuerzo, el trabajo, sobre todos de esas madres que son las que más se la bancan, por eso apoyamos: aunque estamos convencidos de que el móvil de esta ley tiene que ver con las divisas".

En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".

A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro "commodity" de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

El marco normativo busca "desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad".

En tanto, el proyecto que prórroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica a la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa 'puente al empleo' referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino, fue aprobado y girado al Senado.

Tras una hora y media de debate, la iniciativa consensuada entre el Frente de Todos y el PRO, fue aprobada por 172 votos a favor; 20 en contra, en su mayoría de la Coalición Cívica y de la Izquierda; y 45 abstenciones, con preponderancia de los legisladores de la UCR.

El proyecto presentado oportunamente por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, del FdtT, y por el titular de la bancada del PRO, Cristián Ritondo, establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento del ingreso a la cuenta especial.

En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5 por ciento.

Por su parte, los ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso anterior y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa que deberán pagar será del 10 por ciento.

En tanto, los declarados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20 por ciento.

Cabe mencionar que en diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.

El juez federal, Julián Ercolini, también desvinculó de la investigación a exfuncionarios kirchneristas y a un centenar de empresarios. Los argumentos del magistrado.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue sobreseída de la investigación por supuesta "cartelización" de la obra pública vial. Así lo determinó el juez federal, Julián Ercolini, que también desvinculó de la causa a exfuncionarios kirchneristas y a un centenar de empresarios.

El magistrado de primera instancia argumentó que "no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos". Cabe recordar que en esta instancia se buscó establecer si existían vínculos a algunos supuestos pagos ilegales, mencionados por el financista "arrepentido", Ernesto Clarens.

¿Quiénes quedaron sobreseídos?
De esta manera, Ercolini sobreseyó a la exmandataria; al exministro de Planificación Federal Julio De Vido; al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens. También quedaron fuera de la investigación un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

"Llegado el momento de resolver en autos, y dado que se ha agotado la etapa investigativa, al menos con relación a los imputados en los hechos desarrollados en este acápite, ante la ausencia de medidas pendientes de producción; es que habré dictar el sobreseimiento", agregó afirmó el juez.

La causa en la que fue sobreseída Cristina Kirchner

La investigación se abrió como un derivado de la causa central por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, que ya fue enviada a juicio y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7. El mismo juzgado prepara para el juicio la otra parte de la causa por "cartelización" de la obra pública en la que sí hay procesamientos confirmados.

En el caso de los empresarios, fueron vinculados "sustancialmente" como "propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), mas las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos", puntualizó.

Las nuevas pruebas incorporadas al caso al profundizarse la pesquisa por orden de la Cámara Federal porteña, que había dictado la falta de mérito, "no arrojaron luz respecto a la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados".

En la misma resolución, Ercolini procesó al imputado Gustavo Dalla Tea, de la empresa CPC, por presunto "cohecho activo".

En la causa están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros imputados.

La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pidió este martes en una audiencia ante la Cámara Federal porteña que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

"En el día de hoy esta querella en audiencia pedimos el rechazo de la apelación y solicitamos la confirmación del procesamiento" de Macri, señaló en una comunicado la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria.

Carreras afirmó que en la audiencia de su representación pudo "derribar cada argumento de la defensa del procesado Macri", y aseguró que el exmandatario ordenó espiar a los familiares de la tripulación del ARA San Juan de forma "ilegal" y en la búsqueda de un "beneficio".

"Probamos mediante los hechos reportados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que dan inicio a esta instrucción, que los reportes del 3 de febrero de 2018, 2 de abril de 2018 y 15 de abril de 2018 tenían como beneficiario al propio Macri", aseguró la letrada.

Para esta querella, el expresidente incurrió en una "omisión maliciosa" de los testimonios de los testigos aportados por el propio procesado, y aseguró haber "probado" la legalidad del procesamiento de Macri dictado en diciembre pasado por juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

"Probamos el cuándo, el cómo, el porqué y el móvil de los delitos por los cuales se procesó a Macri. Es una causa de gravedad institucional y de interés de la sociedad como sostuvo la Cámara Federal de Mar del Plata. Pedimos que los jueces estén a la altura. Pero no olvidamos que deben decidir los miembros de la sala recusados por esta querella. La chance de justicia es ínfima", remarcó Carreras.

Este miércoles, en tanto, habrá otra audiencia para tratar planteos de otros procesados en el caso y un recurso de la defensa de Macri por supuestas trabas para acceder a un legajo reservado en el caso.

La semana pasada, Bertuzzi rechazó un pedido de la querella para apartar de la causa al actual juez federal de instrucción Julián Ercolini. El magistrado quedó a cargo del caso en febrero último, cuando Bava remitió la causa desde Dolores a los tribunales federales de Comodoro Py.

Al procesar a Macri, Bava sostuvo que "desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias".

Éstas habrían consistido en "obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

El exmandatario está también embargado por 100 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, pero hasta ahora se lo autorizó a viajar al exterior cada vez que pidió permiso en el juzgado de Ercolini.

El 6 de diciembre pasado, el abogado defensor Pablo Lanusse apeló el procesamiento de Macri ante la Cámara Federal de Mar del Plata, pero el Tribunal de Apelaciones remitió todo a Comodoro Py tras el pase de la causa al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.

Al apelar el procesamiento al expresidente, el letrado sostuvo que Bava actuó con "prejuzgamiento" .

En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros imputados.

Según la investigación, los actos de espionaje ilegal tuvieron como base la delegación Mar del Plata de la AFI y ocurrieron desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018.

El juez federal rechazó el pedido de sobreseimiento que había hecho la vicepresidenta. Argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes, lo mismo que había planteado el fiscal Guillermo Marijuán.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento que había hecho Cristina Kirchner en la causa de la “ruta del dinero K”, al entender que aún quedan medidas pendientes para determinar si la vicepresidenta tuvo o no relación con las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez.

Además, reclamó conocer las líneas telefónicas que CFK usó entre 2010 y 2013 para hacer entrecruzamiento de llamados con sus secretarios privados.

Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello rechazó el pedido que había hecho la defensa de CFK y consideró que, como aún se están llevando a cabo medidas de prueba complejas, es necesario que se completen para poder terminar de conformar el panorama judicial.

“No corresponde interrumpir el recorrido de la pesquisa: no sólo debido a que se encuentran en curso medidas de prueba que yo mismo ordené sino porque sigo considerándolas útiles y pertinentes para conocer la verdad y cumplir con los fines del proceso penal”, sostuvo el juez en la resolución.

El magistrado resaltó también que en su momento había decretado la falta de mérito de la expresidenta en relación a los hechos que se investigan y que en septiembre pasado la Cámara Federal ordenó avanzar para definir si Cristina Kirchner debe ser procesada o sobreseída.

La expresidenta había reclamado su sobreseimiento en esta causa dos semanas atrás, pero el fiscal federal Guillermo Marijuan se había opuesto para solicitar que continuaran las medidas de prueba, que incluyen cruces de llamados y colaboración de otros países con el expediente.

Los dos organismos querellantes, la UIF y la AFIP, en tanto, respondieron al juez que no debían continuar ni ordenarse más medidas de prueba para resolver su situación.

Cuando ordenó avanzar hasta definir la situación procesal de la vicepresidenta, la Cámara Federal porteña refirió a la declaración del valijero arrepentido Leonardo Fariña, quien afirmó que Báez le había contado un supuesto diálogo en el que la exmandataria le preguntaba si estaba sacando dinero del exterior.

Para el juez, esa declaración era un elemento que mostraba que no había vinculación aparente de la exmandataria con la maniobra delictiva mientras que la Cámara Federal lo interpretó en dirección contraria y consideró que allí había cierta complicidad.

Cristina Kirchner busca quedar desligada de la causa que le valió a Lázaro Báez una condena de 12 años de prisión. Se lo acusa de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

El dueño de Austral Construcciones fue sentenciado por el delito de “lavado de activos agravado” a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y ordenado a pagar la “multa de ocho veces el monto de las operaciones”. Está detenido hace cinco años, y desde el 2020 cumple prisión domiciliaria.

Alberto Fernández visitará este jueves las operaciones de la petrolera YPF en la provincia del Neuquén, para dar comienzo a la construcción del Gasoducto Troncal. El acto está previsto para las 12 en el área Loma Campana.

El presidente Alberto Fernández visitará este jueves las operaciones de la petrolera YPF en Vaca Muerta, provincia del Neuquén, para dar comienzo a la construcción del Gasoducto Troncal Néstor Kirchner, una obra que el Gobierno nacional considera fundamental para poder ampliar la capacidad de transporte del gas incremental que se proyecta de esa formación no convencional, se informó oficialmente.

El acto está previsto para las 12 en el área Loma Campana, un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del no convencional de la compañía, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Allí, junto al presidente se espera la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, autoridades nacionales, gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, representantes de los trabajadores y trabajadoras, directivos de las empresas productoras y autoridades de YPF.

Fuentes oficiales precisaron que durante el encuentro en Vaca Muerta se anunciará formalmente la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, la mayor obra energética de la actual gestión y la más importante de los últimos 40 años en materia de transporte de gas natural por ductos, lo que resultará fundamental para ampliar la capacidad de evacuación del gas no convencional.

El nuevo ducto

El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló.

El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones y será financiado con fondos del tesoro, y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

Nueva ronda del Plan Gas.Ar

A partir del lanzamiento del nuevo gasoducto troncal, el secretario de energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno nacional analiza lanzar una nueva ronda del Plan Gas.Ar para generar un horizonte a las inversiones de las petroleras interesadas en el nuevo escenario que abrirá la obra.

"Estamos estudiando una nueva ronda del Plan Gas.Ar para los nuevos volúmenes que permitirá transportar el nuevo gasoducto", dijo Martínez, en declaraciones de prensa en medio del proceso de lanzamiento de la licitación de la obra que demandará una inversión estimada en más de US$ 1.500 millones.

Martínez expresó que "el mecanismo a elegir depende de factores tales como los momentos de puesta e servicio de las nuevas obras, y sus distintas etapas, los volúmenes asociados a cada momento de la obra y su capacidad objetiva de transporte, y los tiempos necesarios para que la industria realice sus inversiones y genere la producción adicional necesaria".

En este sentido, el funcionario destacó que "el desafío de todo el sector es realizar este esfuerzo productivo adecuada y coordinadamente con el ritmo de la ejecución de las obras que lidera y están a cargo de IEASA, para obtener el mejor resultado posible en materia de sustitución de importación de GNL y gas oil, con gas argentino".

Martínez explicó que los resultados positivos en el incremento de la producción se inscriben en una segunda etapa de medidas como el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y el conjunto de obras del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional.

"El gasoducto es una obra estratégica que va a generar un círculo virtuoso para que se siga incrementando la producción, que haya más gas para las industrias y más trabajo para los argentinos, además, nos permitirá ahorrar divisas que hoy se destinan a la importación de GNL".

Además del emblemático gasoducto Néstor Kirchner como obra principal, el Sistema de Gasoductos Tranport.Ar Producción Nacional implicará la ampliación del Gasoducto NEUBA II (Ordoqui), la construcción de los tramos finales en AMBA Sur y Norte, la reversión del Gasoducto Norte en sus etapas I y II, y la ampliación del Gasoducto Centro Oeste.

A la vez, las empresas productoras detallaron a la Secretaría de Energía y a los representantes de la industria el estado y las expectativas de inversión y producción de cada una de ellas, aseguró la cartera energética tras una reunión de Martínez con representantes de la Unión Industrial Argentina y las petroleras.

Todas coincidieron en que para este año han aumentado sus volúmenes de producción e inyección al sistema, que desde fines del 2021 vienen cerrando contratos de abastecimiento para el presente año con sus clientes industriales y que intentan permanentemente celebrar contratos superiores al año de duración, lo que hasta ahora ha tenido poca receptividad entre los clientes industriales.

Por decisión de Cristina Kirchner, el espacio ofcialista se fragmentó en dos: por un lado quedó “Unidad Ciudadana”, espacio referenciado en la vicepresidenta, y del otro el “Frente Nacional y Popular”, alineado con los gobernadores. La reacción de Juntos por el Cambio.

Por impulso de Cristina Kirchner, el bloque del Frente de Todos partió en dos la bancada en el Senado con el objetivo de poder ocupar una banca más en el Consejo de la Magistratura, en medio de una batalla política para evitar el control de la Corte Suprema del organismo que designa y remueve a los jueces.

La polémica decisión, que fue recibida con duras críticas y acusaciones por la oposición, implica que el bloque original del Frente de Todos quede conformado por “Unidad Ciudadana”, espacio referenciado en la vicepresidenta, y el “Frente Nacional y Popular”, alineado con los gobernadores.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, el senador Alfredo Cornejo, no dudó en describir la situación como una jugada “para robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

El movimiento en el oficialismo se conoció a última hora de la noche de este martes. Mediante dos cartas dirigidas a la titular de la Cámara Alta se confirmó la conformación de ambos espacios. Presidido por Juliana Di Tullio, legisladora que responde políticamente a CFK, “Unidad Ciudadana” contará con Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Claudio Doñate, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Ana Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Dure, y Sergio Leavy.

De los 35 senadores que tenía el bloque del Frente de Todos, 21 formarán el Frente Nacional y Popular con José Mayans a la cabeza. Acompañando al dirigente formoseño estarán: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espínola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, José Uñac y Pablo Yedlin.

La división del bloque oficialista sucede en medio de la feroz interna del Frente de Todos, pero también en un momento de resistencia del kirchnerismo a ceder el control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, la jugada estaría relacionada con los nombramientos en el organismo que designa y remueve jueces. El fundamento que avala esta hipótesis es que, de esta forma, el ex bloque del FdT podría llegar a tener dos miembros -uno por la mayoría y otro por ser la segunda minoría-, mientras que si se mantenía con la conformación anterior accedía a un solo miembro y el otro le correspondía a Juntos por el Cambio.

“Vergonzosa e impostada división del Bloque de senadores del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”, denunció Cornejo.

En las últimas horas, Juntos por el Cambio había amenazado con denunciar penalmente tanto a Cristina Kirchner como al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, si no avanzaban con la designación de los dos representantes que faltan para el Consejo de la Magistratura.

En la Cámara Baja, el titular del bloque del oficialismo, Germán Martínez, presentó este martes una nota formal a Massa para que se abstenga de firmar el nombramiento de Roxana Reyes, la candidata propuesta por la UCR, hasta que no se defina con claridad cuál es el criterio para determinar qué fuerza es la segunda minoría de la Cámara.

El lunes la Corte Suprema asumió la conducción del Consejo de la Magistratura, tras haber declarado la inconstitucionalidad de la ley de 2006. El Máximo Tribunal argumentó que la conformación del organismo no respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos políticos y técnicos. En el mismo fallo, le fijó un plazo de 120 al Congreso para que sancione una nueva normativa. Si bien un proyecto del kirchnerismo obtuvo media sanción en el Senado, luego naufragó en la Cámara baja. Finalmente, el plazo venció el viernes pasado.

El mandato de la Corte señalaba que si no se sancionaba una nueva ley, el Consejo volvería a su conformación original de 20 integrantes, tal como estipulaba la norma de 1997. Esa norma asignaba cuatro legisladores consejeros por cada una de las Cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso la UCR y el PRO presionan para que sus representantes -la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez- sean nombrados.

Tras la ruptura del bloque del Frente de Todos en el Senado, molesto con la jugada de CFK, Juez manifestó que “los delincuentes aprovechan la nocturnidad”. “Esto desnuda y pone en evidencia el pánico que le tiene Cristina a la Justicia”, señaló. “Esto claramente es una maniobra para quedarse con la banca que le correspondería a la oposición”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

“Es una maniobra ridícula, torpe y absurda para quedarse con una banca en el Consejo de la Magistratura” que le permita a Cristina Kirchner “seguir apretando jueces o nombrando punteros políticos”, enfatizó Juez.

Este lunes, en medio del desembarco de la Corte en el Consejo, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, acusó a los jueces del Máximo Tribunal de ser responsables de “un deterioro democrático y jurídico” y que su accionar “es causal de juicio político” al considerar que la Corte cometió “mal desempeño”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en una profunda reforma al sistema de justicia”, advirtió Mena remarcando que el Kirchnerismo “no puede permitir que la Corte legisle cercenando las facultades del Poder Legislativo”.

Medidas contra la inflación, presupuesto, revisión del acuerdo con el FMI y cambios de Gabinete. Los temas que preocupan al Presidente.

El presidente Alberto Fernández retomó este jueves santo a la residencia oficial de Olivos tras el alta médica a la primera dama, Fabiola Yañez y su hijo, Francisco, y se concentrará durante lo que resta del fin de semana largo en "pensar y tomar decisiones sobre cómo seguirá el Gobierno la próxima semana".

Entre los escenarios que analiza el Presidente, que mantendrá reuniones con algunos funcionarios de su círculo más cercano, trascendieron varias alternativas. Entre las propuestas que le acercaron al Presidente desde el albertismo, no se descartan cambios drásticos en la estructura del Gabinete. Algunos proponen una reducción importante en la cantidad de ministerios y la llegada de nombres nuevos.

Una segunda alternativa hala de la creación de un nuevo ministerio de Energía e impulsar la salida de ministros y secretarios que como advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, "no estén alineados al programa económico acordado con el FMI", lo que podría representar una nueva escalada, sino ruptura, con el ala kirchnerista.

Una tercer alternativa que analiza el círculo más cercano al Presidente es no cambiar nada, por ahora. Pese a los rumores, Alberto Fernández prefirió tomarse su tiempo para disfrutar del "oasis" familiar que le trajo el nacimiento de su hijo con Fabiola Yañez y dedicarse a "cambiar pañales", como metáfora para postergar la decisión de eventuales cambios de gabinete que algunos señalan para dentro de uno o dos meses. Después de pasar la primera revisión del acuerdo con el FMI.

Los desafíos del gobierno: entre la interna y el récord de inflación

En medio de la profundización de la pelea interna con el kirchnerismo que le reclama tomar "medidas urgentes" para paliar la licuación de los salarios ante la inflación. Alberto Fernández prefirió mantener el silencio en los últimos días, y aunque evitó tomarse licencia para evitar que asuma la Vicepresidenta Cristina Kirchner en el poder, siguió gobernando por Whats app, en contacto directo con los ministros que custodian el poder en la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur lo reemplazó en algunas reuniones con gobernadores y ministros durante la semana, al tiempo que el de Seguridad, Aníbal Fernández y el propio Martín Guzmán, salieron a dar por tierra los rumores de cambios en el Ministerio de Economía e intimar a los funcionarios críticos a que se alineen al programa económico acordado con el FMI.

Eventuales cambios de gabinete y medidas contra la inflación, serán parte de las decisiones que analizará este fin de semana Alberto Fernández desde Olivos, antes de retomar a la actividad oficial el lunes al mediodía, cuando recibirá en la Casa Rosada en su primera visita de Estado, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Desde el entorno presidencial no descartan cambios de Gabinete, pero tras la ratificación de Guzmán, evaluaban otro tipo de cambios o enroques, entre los que figuraban un shock con la reducción drástica de 22 a 8 el número de ministerios del Gabinete nacional y generar un reordenamiento de esa manera, para tratar de disimular el despido de funcionarios críticos del kirchnerismo sin que eso genere una ruptura de la coalición del Gobierno.

Uno de los dirigentes más mencionados esta semana para asumir en ese cargo o en jefatura de Gabinete, era el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Un cambio de ese tipo podría poner en riesgo la unidad del Frente de Todos, si antes no es analizado en una cumbre al más alto nivel entre el Presidente, la Vice y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la tercera pata de la alianza.

Tampoco se descartaba el ingreso de otros dirigentes como el embajador en Brasil, Daniel Scioli, o el propio Massa, aunque ellos mismos se encargaron de desmentir tenerlo en sus planes inmediatos, confirman que acompañarán la decisión que termine tomando el Presidente.

Las medidas en danza

Entre los temas a definir este fin de semana, Alberto Fernández mezclará descanso con reuniones de trabajo para terminar de definir cuestiones claves que pide el FMI para aprobar la primera revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda y el 15 de este mes, es decir, este viernes, se vence el plazo para presentar la reformulación del Presupuesto nacional, algo en lo que venían trabajando Manzur y Guzmán con los distintos ministros y gobernadores.

También revisará los proyectos en los que trabaja parte del equipo económico, otra de las mencionadas para reemplazar a Guzmán era la ex vicejefa e Gabinete, Cecilia Todesca, para crear un nuevo impuesto a la renta extraordinaria a sectores exportadores que aumentaron sus ganancias por el aumento de precios de commodities a partir de la guerra en Ucrania.

Con eso, como anticipó A24.com, buscarán financiar la creación de un "salario universal" y pagar bonos especiales a planes sociales y la AUH como medidas extraordinarias para palar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación.