Mes: octubre 2026

Así lo consideró la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Neuquén, Mariana Querejeta. En diálogo sobre la desfederalización del microtráfico, destacó el impacto territorial de la política -impulsada por el ejecutivo provincial-; la participación de los vecinos, la caída de delitos conexos, el secuestro de armas y la recuperación de espacios para las familias.

Para Mariana Querejeta, la lucha contra el microtráfico tiene una dimensión que excede los expedientes judiciales, los allanamientos y las condenas. Se trata, fundamentalmente, de una disputa por el territorio y por las condiciones cotidianas en las que viven los vecinos. Desde su función como asistente letrada de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, participa del trabajo que lleva adelante la Provincia desde que asumió la persecución del último eslabón de la cadena del narcotráfico.

La unidad fue creada a fines de febrero de 2025 y concentra el trabajo especializado en la ciudad de Neuquén y la región Confluencia, mientras que en las distintas regiones del interior la tarea está a cargo de fiscales jefes, asistentes letrados y equipos especializados.

Esta decisión, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, permitió fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía del Neuquén, la Justicia, los municipios y la ciudadanía.

La desfederalización permitió a Neuquén asumir un rol activo en esta lucha y consolidar un modelo basado en la decisión política, la coordinación institucional y la participación ciudadana. La Provincia busca de esta manera profundizar una estrategia que ya es observada como ejemplo frente a otras jurisdicciones y sostener un objetivo central: que la droga y las armas queden definitivamente fuera de las calles y los barrios neuquinos.

La estrategia también requiere articulación entre distintas instituciones. Querejeta destacó el diálogo con el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, la Legislatura, los municipios y la Policía, particularmente con el área de Antinarcóticos. También planteó como próximo desafío profundizar el intercambio con el fuero federal para desarrollar investigaciones conjuntas que permitan seguir la ruta de la droga y llegar a quienes abastecen los puntos de venta territoriales.

En cuanto a los resultados judiciales, mencionó que hasta el momento se alcanzaron 197 condenas y se logró el secuestro de numerosos bienes vinculados con esta actividad. Destacó especialmente la utilización posterior de esos recursos: “Estamos pudiendo lograr que esos bienes que fueron mal logrados, afectando a la sociedad, puedan utilizarse para seguir investigando, para fortalecer los planes de salud”.

Querejeta conoce desde hace años el funcionamiento de la persecución del narcotráfico. Trabajó durante 18 años en el fuero Federal y lleva dos décadas vinculada a esta materia. Por eso, la desfederalización representa para ella una transformación que permite modificar la mirada sobre el problema.

“Creo que es el camino por el que se tiene que transitar”, sostuvo. Según explicó, el fuero federal tiene entre sus objetivos la persecución de organizaciones criminales de gran envergadura, mientras que la provincia puede concentrarse en el impacto concreto que genera el microtráfico en el territorio, es decir, los barrios.

“Antes no se ponía el foco en el daño territorial que genera este tipo de delictividad”, señaló. Y describió una situación que, antes de la desfederalización, podía quedar parcialmente escindida de la respuesta judicial: “Por ahí, no se priorizaba o no se le daba relevancia al vendedor en el barrio, que generaba violencia, disturbios, se adueñaba de una zona”.

Del expediente al barrio

Uno de los aspectos que Querejeta considera centrales es la posibilidad de medir los resultados más allá de la cantidad de droga secuestrada o de personas detenidas.

“Lo cierto es que nosotros tratamos, y fue una decisión del fiscal general, José Gerez, corrernos de las métricas tradicionales de medir el éxito según cuántas sustancias incauten en la calle o cuántas personas se apresan”, explicó y detalló “esos números no permiten saber cuánto representa lo incautado sobre el total de droga que circula ni cuántas personas participan de la actividad delictiva”. Por eso, la unidad comenzó a observar otros indicadores, particularmente la evolución de los delitos conexos.

“Las métricas que nosotros tomamos para poder decir que estamos yendo por un buen camino son cómo está impactando el inicio de la persecución en materia de microtráfico en delitos conexos”, afirmó.

En su análisis, durante 2025 se produjo un quiebre en el crecimiento del ingreso de determinados casos al Ministerio Público Fiscal. Entre los delitos que comenzaron a descender mencionó robos, hurtos, daños, lesiones, amenazas y situaciones de violencia vinculadas con bandas y utilización de armas.

“Por primera vez, históricamente, los delitos que normalmente están conectados con este flagelo han empezado a descender”, sostuvo, aunque aclaró que se trata de un fenómeno que puede responder a múltiples factores y no exclusivamente a la persecución del microtráfico.

Uno de los datos que destacó fue el secuestro de armas. “En este año y un poco más de siete meses que llevamos implementando esta política, ya hemos sacado solamente en allanamientos por microtráfico 100 armas, de la mayoría de alto calibre, de las calles”, señaló.

Para Querejeta, ese resultado permite observar dónde se concentra parte de la violencia asociada al fenómeno.

La participación de los vecinos aparece como otro componente central. Las denuncias anónimas realizadas por la ciudadanía permiten construir un mapa territorial de los puntos de venta.

“Cuando uno ve el mapa de las denuncias anónimas que hacen los ciudadanos uno ve la ciudad de Neuquén, como ejemplo, pasa en varios lugares de la provincia, cada tres, cuatro cuadras hay reportado un punto de venta”, relató.

La dimensión de ese mapa también explica por qué las investigaciones requieren una estrategia de priorización. “No podemos hacer todo junto a la vez”, reconoció.

Por eso pidió paciencia a quienes realizan denuncias y esperan una respuesta inmediata. “Sé que es difícil, pero nosotros leemos, escuchamos, nos nutrimos de la información que nos mandan”, afirmó.

La estrategia prioriza, entre otros criterios, aquellos puntos donde existen situaciones de violencia, utilización de armas, amenazas o comercialización de sustancias que generan mayores daños. En particular, señaló a la cocaína como una de las sustancias que concentra su preocupación por su vinculación con los problemas de adicción.

Pero la respuesta no se agota en el trabajo judicial. Para Querejeta, el efecto real se observa cuando un vecino vuelve a sentirse seguro en su propia cuadra.

También destacó el cambio que percibe en los vecinos cuando una investigación logra desarticular un punto de venta. Para la asistente letrada, esa respuesta social constituye una señal concreta de que la persecución penal está llegando a una problemática que los vecinos identifican diariamente.

“Sin la participación de la comunidad, el compromiso de la comunidad, es imposible”, enfatizó. La información de quienes viven en los barrios, sostuvo, permite conocer situaciones que difícilmente podrían ser detectadas únicamente desde los organismos de investigación.

Y sintetizó su expectativa en una idea que atraviesa toda su experiencia: “Yo creo que este es el camino para poder bajar la violencia fuertemente”.