Economía

El Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes en puestos de trabajo, una idea que el presidente Alberto Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentará en las próximas horas un proyecto de ley que procura convertir los planes sociales "en trabajo genuino", con impacto en diversas actividades de la economía nacional que se están reactivando, confirmaron fuentes parlamentarias.

De acuerdo a lo que trascendió este jueves, "los ejes de proyecto serán: pasar de los planes sociales a planes de empleo y el alivio económico para las pymes".

En línea con la inminente presentación del proyecto, el presidente Alberto Fernández señaló que "hoy empieza el tiempo" en el que la Argentina va a "recuperar la producción y el empleo" y dejó claro que cuando dice que "hay que cambiar los planes", no quiere decir "cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya tienen", sino por "empleo" registrado para que "todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal".

Lo hizo al encabezar el cierre de un plenario del Movimiento Evita y otras organizaciones convocado bajo la consigna "Por la Unidad y la Victoria", en el estadio del club Nueva Chicago.

El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país.

La presentación del proyecto fue anunciada el miércoles por Massa a través de la red social Twitter: "Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas", publicó.

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Fuentes oficiales habían adelantado que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato, y ya incorporó a trabajadores rurales y de la construcción al plan que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia.

También Massa había destacado esa idea durante recorridas diversas, por ejemplo en pymes.

"Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino", expresó Massa.

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El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, también destacó que el Gobierno busca "reconvertir los planes sociales en empleo genuino" con diversas iniciativas para la reconstrucción del país.

Zabaleta mencionó, en sintonía con Fernández y Massa, que el objetivo del Gobierno, por ejemplo en su área, es "transformar el Plan Potenciar Trabajo en trabajo genuino" e insistió en que hay que avanzar hacia "reconvertir planes sociales en empleo genuino en otros sectores de la producción y de la economía", donde, dijo, se está "viendo alguna recuperación".

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Por ello describió "experiencias vinculadas al sector de la cosecha, productores de naranja, arándano, pera, manzana, algodón y yerba que pueden contratar beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo", y un convenio firmado con la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y con la Cámara Argentina de ese sector para capacitar beneficiarios.

Zabaleta resaltó que "todo lo que propongan hombres y mujeres de sectores empresariales y representantes de los movimientos sociales va a estar en discusión, siempre y cuando vayan direccionados a la obtención de trabajo genuino".

Entre otras medidas se suprimió el impedimento que regía sobre los sujetos que prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal. Los préstamos cuentan con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo flexibilizó los requisitos para acceder al programa Crédito a Tasa Cero 2021, para que una mayor cantidad de monotributistas puedan convertirse en beneficiarios, a través de la resolución 626/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La misma determinó que “atento al impacto alcanzado por el Programa y la demanda insatisfecha de los Créditos a Tasa Cero 2021, resulta oportuno y conveniente implementar una medida tendiente a incrementar el espectro de solicitantes que podrían resultar beneficiarios”.

Así se dejó sin efecto el requisito establecido en los casos de solicitantes que registran factura electrónica, por sus operaciones de venta, locación o prestación de servicios, quienes podían acceder al crédito cuando, considerando el promedio mensual de facturación electrónica del primer semestre de 2021, se verificaba que su facturación no era superior a 1,2 veces del promedio mensual del límite inferior de su categoría.

También se eliminó la condición para aquellos que no registran factura electrónica, quienes podían acceder cuando ese mismo promedio –que surgía de la facturación electrónica como compradores, prestatarios o locatarios- era inferior al 80% de la suma que resultaba de calcular 1,2 veces el promedio mensual del límite inferior de facturación de su categoría.

En ambos casos, para los contribuyentes que se encontraban inscriptos en la categoría A, se tomaba como límite la suma de $ 20.800.

Por otra parte, se suprimió también el impedimento que regía sobre los sujetos que prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal.

En tanto se incorporó como nuevo requisito que no serán elegibles los solicitantes que hubieran aumentado la categoría en la que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) al momento de la solicitud, respecto de la categoría del solicitante vigente al 30 de junio de este año.

“Garantizamos que más monotributistas puedan acceder a los Créditos a Tasa Cero”, afirmó la subdirectora general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Patricia Vaca Narvaja.

La funcionaria del organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont precisó a radio Nacional que “con el objetivo de garantizar que más personas puedan obtener el financiamiento e impulsar la demanda interna, se eliminaron algunas condiciones que habían sido establecidas”.

Más de 210.000 personas obtuvieron un Crédito a Tasa Cero a través de la página web de la AFIP, y el monto total de los préstamos otorgados que son adjudicados por los distintos bancos públicos y privados superó los $ 24.000 millones.

Las y los monotributistas que hayan estado inscriptos al 31 de mayo de este año serán elegibles para acceder a los Créditos a Tasa Cero, que se tramitan a través de la página web de la AFIP y las entidades financieras los acreditan en un solo desembolso en la tarjeta de crédito de cada pequeño contribuyente.

Los préstamos cuentan con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses

El monto del préstamo al que podrá acceder cada pequeño contribuyente dependerá de la categoría de su monotributo previa a la recategorización, es decir, la que se encontraba vigente al 30 de junio.

Así, para la categoría A, el límite máximo es de $ 90.000; para la B, de $ 120.000; y para el resto, de $ 150.000.

El trámite se inicia a través de la página web de la AFIP con clave fiscal, y al acceder los monotributistas deben cliquear en la solapa Crédito Tasa Cero donde pueden ver el monto que corresponde de acuerdo a su categoría.Los interesados deben seleccionar la entidad financiera donde está emitida su tarjeta de crédito para finalizar el trámite.

Los fondos se acreditarán en esa tarjeta en un solo desembolso, y quienes no posean tarjeta de crédito deben seleccionar el banco con el que operan habitualmente para continuar con la tramitación.

Aquellos monotributistas que accedieron a un Crédito a Tasa Cero en 2020 pueden volver a solicitarlo

Cuando la o el solicitante se encuentre en una situación de mora, la entidad financiera destinará una parte del nuevo crédito para cancelar el saldo adeudado del préstamo anterior.

Los datos de la pobreza corresponden al primer semestre del 2021. En tanto, la indigencia llegó al 10,7%.

Según informó el INDEC, la pobreza alcanzó al 40,6% de las personas y la indigencia llegó al 10,7% en el primer semestre de 2021.El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,2%; en ellos reside el 40,6% de las personas. Dentro de este conjunto, se distingue un 8,2% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 10,7% de las personas, de acuerdo al informe del organismo.“Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.895.699 hogares, que incluyen a 11.726.794 personas; y, dentro de ese conjunto, 756.499 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 3.087.427 personas indigentes”, agrega.

En relación al segundo semestre de 2020, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) en los hogares y de 1,4 p.p. en las personas. En cambio, en el caso de la indigencia, mostró un aumento de 0,4 p.p. en los hogares y de 0,2 p.p. en las personas.A nivel regional, se observaron disparidades en la evolución, según detalló el INDEC. En Gran Buenos Aires (GBA), la región con mayor cantidad de población, y la Patagonia se observó una reducción de la incidencia de la pobreza e indigencia, mientras que en el resto de las regiones aumentó.

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó que con respecto al semestre anterior el ingreso total familiar aumentó en promedio un 32,4% y las canastas regionales promedio aumentaron 28,4% (CBA) y 25,5% (CBT).

De esta forma, los ingresos en el período estudiado aumentaron más que las canastas, lo que explica la reducción de la tasa de pobreza del conjunto de la población en el promedio del semestre.

El nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien asumió el lunes en reemplazo de Luis Basterra, mantendrá su primer encuentro presencial con los principales representantes de la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro. El tema carnes será uno de los principales ejes.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá el martes con los titulares de las entidades que integran la Mesa de Enlace, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

De esta manera, el flamante titular de la cartera agropecuaria, quien asumió el lunes el cargo en reemplazo de Luis Basterra, mantendrá su primer encuentro presencial con los principales representantes de la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro.

De manera previa, antes de la asunción y con posterioridad a esto, existieron contactos telefónicos y reuniones con técnicos de las entidades, en especial por las limitaciones existentes para la exportación de carne vacuna.

Si bien no existen precisiones sobre el temario de la reunión del martes, se descarta que el tema carnes será uno de los principales ejes, debido a que las entidades colocan a esta cuestión al frente de sus reclamos y pretenden que el Gobierno levante de manera anticipada las restricciones existentes, que inicialmente fueron extendidas hasta el 31 de octubre próximo.

"Hay vocación para destrabar el conflicto", indicaron fuentes oficiales a Télam, quienes deslizaron incluso la posibilidad de que la semana que viene se puedan llegar a anunciar nuevos lineamientos y medidas para el sector.

De cara al encuentro que mantendrá el martes, Domínguez se reunió este sábado en Casa de Gobierno con el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur.

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Por el lado de las entidades ruralistas, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en declaraciones a radio Continental, dijo este sábado que hubo "buenas reuniones técnicas con el Gobierno".

Tras lo cual enfatizó que "hay que tomar una decisión con el cepo a la exportación de carne, porque ya los tiempos se estiraron demasiado".

En la misma línea, su par de FAA, Carlos Achetoni, -en diálogo con Télam- dijo que el objetivo principal es que "se normalice la exportación con una apertura total".

Achetoni sostuvo que la agenda de temas a tratar también debe incluir "el pedido de que se saque la reglamentación del Banco Central, que no permite que se les otorgue créditos a los productores que retengan más del 5% de la cosecha", entre otras cuestiones.

"Hay que tomar una decisión con el cepo a la exportación de carne, porque ya los tiempos se estiraron demasiado"NICOLÁS PINO
Antes de la reunión del martes, la agenda de Domínguez tiene previsto un encuentro el lunes con los ministros provinciales del área, en el marco de un encuentro del Consejo Federal.

En las últimas jornadas, al reclamo de los ruralistas y las entidades alistadas en el Consejo Agroindustrial Argentino por el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, se sumaron también gobernadores de distintas provincias productoras.

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El viernes, a través de un comunicado difundido por la gobernación de Entre Ríos, el mandatario provincial, Gustavo Bordet, junto con sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, y de La Pampa, Sergio Zilioto, aseguraron que gestionan ante la Nación la apertura total de las mismas.

"Tenemos que aumentar los niveles de productividad. Por lo cual estamos pidiendo que se resuelva el tema de las exportaciones de carne en Argentina porque impacta en nuestras provincias", indicó Bordet.

En este sentido, detalló que en Entre Ríos hay frigoríficos exportadores y "nos preocupa la mano de obra que allí trabaja".

"En esa preocupación estamos pidiendo al ministro (de Agricultura, Ganadería y Pesca) Julián Domínguez, que sabemos que comparte esta preocupación, que podamos resolver este conflicto para defender la fuente de empleo de los obreros de los frigoríficos como es el caso de Alberdi en Oro Verde y el San José de San José", concluyó Bordet.

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Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnen 30 años de aportes y les faltan cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria.

Según estimaciones del organismo previsional, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres

El Gobierno confirmó hoy que trabaja en la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada. Así lo hizo saber la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los hombres.

Según estimaciones del organismo previsional, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.“Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes” (Raverta)

En declaraciones a la TV Pública, Raverta señaló que “hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.

Así, la funcionaria destacó que se están “terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”.Según estimaciones del organismo previsional, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres

En ese contexto, dijo que la iniciativa es “una respuesta a un problema que tenemos los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con personas que han trabajado toda su vida y tienen sus 30 años de aporte y han quedado desempleadas en los últimos años del Gobierno anterior o incluso en la pandemia”.

“Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes” en edad, precisó la funcionaria.

Sobre la posibilidad de que la medida se formalice prontamente, Raverta indicó que “será una certeza cuando el Presidente firme el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y podamos empezar a recibir a estas personas en nuestras oficinas”. “El presidente lo está terminando de evaluar”, añadió la titular de la Anses.De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados

La funcionaria explicó que el proyecto contempla que los beneficiarios perciban el equivalente al 80% de sus haberes jubilatorios hasta alcanzar la edad jubilatoria (65 años hombres, 60 años las mujeres).

Por ejemplo, un hombre de 62 años cobrará desde ese momento -y hasta que cumpla 65 años- el 80% del haber jubilatorio; luego, una vez alcanzada la edad de 65 años que establece la ley para poder jubilarse, pasará a cobrar el 100% del haber que le corresponda.De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

En línea con el espíritu de esta iniciativa, en julio pasado el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 475/21 publicado en el Boletín Oficial que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo.

La medida rápidamente presentó una fuerte adhesión y, semanas atrás, ya contaba con más de 21.000 mujeres inscriptas.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley Nº 26.425 y administrado por la Anses.

La administración de Xi Jinping argumentó que las monedas virtuales “ordenan el orden económico y financiero”.

El Banco Popular de China (central) publicó hoy un comunicado en el que explica que “las criptomonedas no son de curso legal” y declara que las transacciones de monedas virtuales son “ilegales” por “alterar el orden económico y financiero”.

El Banco Popular, junto con otras nueve instituciones gubernamentales chinas como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumera las “actividades ilegales y delictivas” generadas por “las transacciones de monedas virtuales”, que incluyen: “lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras”. Estas actividades “ponen en grave peligro” la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado.

El Banco Popular menciona específicamente a bitcóin y ethereum y otras “monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias” para recordar que no tienen “el mismo estatus que la moneda de curso legal” y, por tanto, “no pueden circular en el mercado como moneda”.

El comunicado también pide a las autoridades locales que “fortalezcan la supervisión” para construir “un sistema de prevención y eliminación de riesgos de especulación”.

En junio, varias regiones de China suspendieron las operaciones de “minado” de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.

La campaña de Pekín contra el bitcóin y otras criptomonedas no solo tiene como objetivo ahorrar energía -que escasea en el país este año- sino también reducir las emisiones derivadas de su producción, y también se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno.

FUENTE TN

Con el incremento adicional del 13%, la suba será del 48% este año. Empresarios y gremios convocados por el Gobierno firmaron el acuerdo. El nuevo básico no llega a cubrir ni la mitad de la canasta básica familiar.

El salario mínimo aumentará 9% en septiembre y otro 4% en octubre, con lo que alcanzará los $32.000, menos de la mitad de la canasta básica familiar, que roza los $70.000. Lo acordaron este martes los empresarios y gremios convocados por el Gobierno. De esta manera, el incremento será de 48% este año. Además, se sumará un 3% en febrero.

La negociación fue rápida aunque algunos gremios pretendían que el incremento fuera mayor. El Gobierno busca aumentar el poder de compra de los trabajadores antes de las elecciones generales de noviembre para intentar revertir el resultado.

Según pudo saber TN.com.ar, el acuerdo se demoró por la negativa de la CTA, de Hugo Yasky, a avalar los montos que se negociaban, pero finalmente la situación se destrabó y se firmó por unanimidad.

De acuerdo con lo convenido, retroactivo al primero de septiembre, el salario mínimo sube a $31.104; desde el 1 de octubre a $32.000 y a partir del primero de febrero a $33.000. Regirá hasta el 31 de marzo, cuando las partes volverán a reunirse para hacer una revisión.

Argentina colocó el jueves tres letras del Tesoro en moneda local por un total de 22.455 millones de pesos valor nominal, dijo el Ministerio de Economía, equivalentes a unos 228,4 millones de dólares.

Agregó que se recibieron 310 ofertas por un valor efectivo de 21.947 millones de pesos, en una operatoria que incluyó los títulos denominados 'Ledes' y 'Lecer'.

En la licitación de la letra a descuento con vencimiento el 31 de enero se tomaron 8.540 millones de pesos, en tanto con otra letra ajustada por inflación (CER) a descuento y amortización el 18 de abril se captaron 2.579 millones.

En el caso de la letra ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de julio de 2022 se tomaron 11.336 millones de pesos, señaló el comunicado.

"Los vencimientos de deuda pública acumulados hasta el próximo 27 de septiembre totalizaban 14.162 millones de pesos, por lo que el resultado de esta licitación los cubre en su totalidad (...) y la tasa de refinanciamiento del mes alcanza al 105%", afirmó por separado un vocero oficial.

Agregó que el financiamiento neto acumulado en 2021 es cercano a los 395.800 millones de pesos, lo que implica un 'roll-ver' del 117% en el período.

La cartera económica realiza periódicamente estas licitaciones con el fin de financiarse en el mercado sin la necesidad de cubrir más obligaciones con préstamos del banco central (BCRA).

- Tipo de cambio: 1 dólar = 98,32 pesos

(Reporte de Jorge Iorio; Escrito por Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)

FUENTE Infobae

Resultados de la licitación de LEDES Y LECER

En la Casa Rosada ajustan los últimos detalles del combo que se anunciará el jueves para revertir el panorama electoral. Además, no se prevé que vuelva a otorgarse el Ingreso Familiar de Emergencia, en contra de los reclamos de La Cámpora.

El Gobierno trabaja en la definición del shock de medidas económicas que anunciará para tratar de dar vuelta la derrota a nivel nacional en las elecciones PASO 2021. Según pudo saber TN, este miércoles sobre la mesa figuran un bono de refuerzo de $5000 para los jubilados y pensionados, que se cobraría en octubre, y un aumento de 50% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se implementaría entre octubre y diciembre.

Por otro lado, no se prevé que haya una nueva ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en contra de lo que reclamaban los sectores más duros del kirchnerismo, como La Cámpora, para tratar de revertir la contundente derrota del Frente de Todos en las primarias en todo el país.

El posible retorno del IFE, aunque acotado a unas 2 millones de personas -de las 9 millones recibieron tres pagos de $10.000 durante 2020-, cobró fuerza este martes, en medio de la interna en el oficialismo sobre las medidas para neutralizar el “voto bronca”

La lectura en el oficialismo sobre el revés que sufrió el Frente de Todos en las elecciones primarias del pasado domingo es coincidente: está directamente relacionado con la situación económica. A las elecciones primarias, los salarios llegaron con 40 meses consecutivos de pérdidacontra los precios y los incrementos para adultos mayores y asignaciones, incluida la AUH, quedaron también rezagados.

Las disidencias más profundas entre los aliados del Frente de Todos aparecen en cuáles son las medidas que tendrán efecto para sumar ingresos a los hogares y que permitan un acompañamiento mayor del electorado en las legislativas de noviembre.

Una parte reclama dejar de lado la disciplina fiscal del ministro de Economía, Martín Guzmán, como reclamó públicamente el gobernador Axel Kicillof, mientras otra vertiente insiste que pueden hacerse “esfuerzos puntuales” sobre los sectores más golpeados por la crisis.

Incluso el diputado oficialista Marcelo Casaretto presentó en el Congreso un proyecto de resolución para que el Gobierno decrete ya un aumento inmediato de salarios para trabajadores privados y públicos, a cuenta de las paritarias.

Como adelantó Tn.com.ar, el foco está en volver a seducir a la clase media hacia las legislativas del 14 de noviembre. Pero también en el combo reactivador de consumo, están los beneficiarios de la Anses, el Poder Ejecutivo suma reclamos de parte de los movimientos sociales afines, que concentran a los llamados sectores de la economía social.

Este miércoles, el gabinete económico, que conduce Santiago Cafiero, dará las puntadas finales a lo que se busca presentar como un shock de medidas reactivadoras del consumo.