Economía

Más allá de lo contado públicamente por el Gobierno y de los movimientos del Banco Central, la situación económica de la Argentina en el plano internacional aún despierta más dudas que certezas.
Los intentos del Gobierno para buscar anclar otra vez las expectativas no tuvieron el impacto buscado. Ayer volvieron a decrecer los bonos y acciones argentinas mientras se elevaron los dólares financieros y el riesgo país se acercó a los 800 puntos.

Además, el Banco Central (BCRA) concluyó la semana con ventas de US$192 millones y las reservas quedaron debajo de los US$26.000 millones, en el nivel más bajo desde el primer mes del 2024.

Las dudas en el mercado más allá de la intención de obtener de US$20 millones para el Banco Central

Más allá del testimonio del ministro Luis Caputo sobre el deseo de hacerse de US$20.000 millones en el nuevo convenio entre el Gobierno y el FMI, en el mercado se sostienen las dudas sobre el cronograma de desembolsos.

Los precios de los activos argentinos no pudieron mejorar, incluso una vez que el organismo multilateral dé a conocer que la negociación avanza sobre el monto difundido por el titular del Palacio de Hacienda.

“Las declaraciones del ministro generaron cierta confusión entre algunos analistas, ya que no quedaba claro si se refería al financiamiento neto después de los pagos al FMI (US$14.000 millones en los próximos 4 años, lo que haría que el programa total alcanzara los US$34.000 millones) o al tamaño total del programa, como suele interpretarse”, contó Max Capitalen su reporte semanal.

Y sumó: “Posteriormente, las autoridades aclararon que los vencimientos del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) 2022 no se consideran al referirse al monto, lo que confirma que el programa es simplemente de US$20.000 millones, como se entiende comúnmente”.

Qué ocurrió con los bonos y el riesgo país en el cierre de la semana financiera

Ayer los bonos argentinos cayeron hasta 2% en el exterior y catapultaron al riesgo país, que trepó 38 unidades y operó en 797 puntos al cierre del viernes. En la semana, la deuda promedió una caída de 0,8% y el indicador que elabora JP Morgan sumó 28 unidades.

Cabe destacar que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron en rojo durante toda la jornada del viernes y registraron mayoría de retrocesos. Las principales pérdidas acumuladas fueron para los papeles de Globant (-9,3%), Central Puerto (-7,9%) y Telecom(-7,3%).

El dólar blue cerró en $1300 y las reservas bajaron

La mayor preocupación de los analistas e inversores se basa en el esquema cambiario que entrará en curso una vez que se finiquite el acuerdo con el Fondo.

La racha vendedora del Banco Central, que anota un saldo negativo de US$1013 millones en marzo, dejó a las reservas en US$25.775 millones y están en el nivel más bajo desde enero del año pasado.

En cuanto al dólar financiero, este subió durante buena parte de este viernes y finalizó el día por encima de los $1300. De punta a punta de la semana, el dólar MEP subió $15,20 (1,2%) y cerró el viernes a $1302,44. Además, el contado con liquidación creció hasta $22,20 (1,7%) en el mismo período hasta los $1309,15.

Por último, dólar blue se sostuvo en $1300 y avanzó $20 en la semana. Así, la distancia con el tipo de cambio oficial mayorista, que se negoció a $1073,50 es del 21%.

En enero ingresaron al país 720.000 toneladas de mercadería, la cifra más alta de los últimos seis años. En febrero, el volumen se ubicó en 609.000.

Las compras realizadas por argentinos en el exterior a través del sistema de courier experimentaron un crecimiento del 100% en enero y febrero de 2025 en comparación con los mismos meses del año anterior.

Según un informe de Aeropuertos Argentina Cargas, en enero ingresaron al país 720.000 toneladas de mercadería, la cifra más alta de los últimos seis años.

En febrero, el volumen se ubicó en 609.000 toneladas, consolidándose entre los niveles más elevados de la serie histórica.

Comercio exterior: según la JURCA, el aeropuerto de Ezeiza representa más del 95% de las operaciones de carga del país. (Foto Public Domain Pictures - Pixabay)

A diferencia de las importaciones globales, que ingresan principalmente por vía marítima, el 100% de las compras internacionales realizadas vía courier llegan al país a través del aeropuerto internacional de Ezeiza.

Esta modalidad se debe a la necesidad de entregas en plazos cortos y con logística de última milla eficiente, lo que impide someterlas a los tiempos de traslado en barcos cargueros.

A24

El ajuste pretende combatir la inflación, aunque expertos advierten que los ingresos siguen siendo inferiores al costo de vida básico

El Gobierno ha oficializado los nuevos aumentos que afectarán las jubilaciones y pensiones a partir de abril. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló los porcentajes de ajuste que se aplicarán a las prestaciones previsionales, como parte del esquema de movilidad vinculado a la evolución de la inflación. Los ajustes de los haberes previsionales son una de las medidas clave para mantener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población en el marco de un contexto económico complejo.

A partir del próximo mes, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,4% sobre sus haberes, ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero de 2025. Esta medida, como todas las implementadas desde el año pasado, tiene un efecto directo sobre los pagos de los jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones para madres de siete hijos, entre otras.

De este modo, la jubilación mínima, que actualmente se encuentra en $279.121,71, pasará a $285.820,63. A este monto se le sumará el tradicional bono de $70.000, llevando el total a $355.820,63, el cual es el monto que recibirán aquellos que perciben la jubilación mínima con bono. Esta cifra también se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos.

En el artículo 1 del Decreto 231/2025 se definió la entrega de un “BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de abril de 2025″.

El bono no solo será otorgado a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, sino también a personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables. Además, se incluirá a quienes con la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $228.656,50, que con el bono ascenderán a $298.656,50. Las personas que reciban prestaciones por invalidez laboral también verán un aumento similar. En este caso, la Prestación por Invalidez Laboral pasará de $200.074,44 a $270.074,44 con el bono.

Además de los aumentos en las jubilaciones y pensiones, se confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento de $102.704,13 para el próximo mes, mientras que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad recibirán un monto de $334.425,09.

El ajuste de las jubilaciones y pensiones se produce en un contexto económico marcado por una inflación persistente. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de febrero de 2025 alcanzó un 2,4% mensual, lo que representa un repunte respecto a enero. La suba de la carne y sus derivados fue uno de los principales factores que impulsaron este aumento, afectando directamente al precio de los alimentos y bebidas, que representan una parte significativa de la canasta básica de los jubilados.

El índice de inflación acumulado en los últimos 12 meses, de 66,9%, fue el más bajo registrado desde junio de 2022. Sin embargo, los aumentos de los haberes previsionales siguen estando por debajo de la inflación, lo que genera una pérdida real de poder adquisitivo para los sectores más vulnerables de la población. Esta situación, especialmente preocupante para los jubilados, ha sido criticada por Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad, quien afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno resultan ser “parches” que “resaltan el agujero que quieren ocultar” y que no solucionan el problema de fondo.

Además del contexto económico, a partir del 23 de marzo de 2025, vence la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705, que permitió a los trabajadores con menos de 30 años de aportes acceder a una jubilación. Esta medida no será extendida, lo que afectará a miles de adultos mayores, especialmente a las mujeres, que en su mayoría accedieron a la jubilación a través de este mecanismo. El fin de la moratoria podría generar un impacto significativo en el sistema previsional, dado que se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por esta vía.

INFOBAE

En el segundo mes del año los precios subieron por encima del 2,2% de enero, según el Indec. En el bimestre, la suba acumulada es del 4,7%

Con un fuerte impulso del rubro alimentos y bebidas por la suba de la carne –producto con una alta incidencia en el IPC–, la inflación de febrero no logró derribar la barrera del 2% y se ubicó en 2,4% y acumuló un alza del 66,9% en los últimos doce meses. A su vez, en los dos primeros meses del año los precios treparon 4,7%, según precisó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), por los aumentos en Carnes y derivados,” señaló el Indec. No obstante, la categoría que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), por las subas en los alquileres y en las facturas de gas y electricidad.

En el otro extremo, las dos divisiones que registraron los menores incrementos Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,0%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

El peso del aumento de las tarifas en la composición del IPC sigue siendo relevante. El índice nivel general de 2,4% surgió de la ponderación de una suba del 2,1% en los bienes y del 3,1% en el rubro servicios. La categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció un 3,7% a nivel país, con una suba más moderada del 3,1% en el Gran Buenos Aires pero con picos en Cuyo (5,8%) y la Patagonia (7,2%).

Fuente INFOBAE

La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF; otra gran cantidad de casos que aún no tienen montos determinados podrían aumentar la gigantesca factura a pagar.

La suciedad debajo de la alfombra puede ser tanta que, en algún momento, empieza a notarse. Es lo que ocurre con la montaña de demandas contra la Argentina que están radicadas en tribunales internacionales. Se trata de una potencial factura multimillonaria que pasa de mano en mano entre gobiernos. Sin distinción de colores políticos, todas las administraciones buscan lo mismo: demorar el pago todo lo posible mediante la presentación de recursos judiciales que estiren su cumplimiento.

LA NACION le puso nombres y montos a pagar a esta amenaza latente contra las cuentas públicas. Son, en total, 236 pleitos contra el país por incumplimientos de acuerdos de todo tipo. Entre ellos, remanentes de deuda pública impaga, cambios en las regulaciones locales con el presunto interés de sacar ventaja, estatizaciones desordenadas y ruptura de contratos de servicios públicos, un lastre imperecedero con el que la Argentina carga desde la crisis de 2001.

Expresado en dinero, el número es muy gráfico. Una cuenta muy conservadora arroja que el país enfrenta demandas en tribunales internacionales por casi US$27.000 millones, entre las que tienen montos determinadas. Hay muchos otros casos en los que aún no se definió el monto, de manera que puede ascender.

A modo de ejemplo, esa cifra representa un monto similar a las reservas brutas que tiene el Banco Central, o el 60% del dinero que el país le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro (PTN) y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF. En los dos primeros casos, se tomaron solo los pleitos que tienen montos determinados. Eso deja afuera un universo importante de demandas cuya cifra aún no fue establecida, según la información que figura en los registros oficiales.

LA NACION obtuvo la información en respuesta a un pedido de acceso a la información pública con datos disponibles hasta el 27 de enero último.

Se le agregó el pleito relacionado con la petrolera bajo control estatal porque, si bien no tiene todavía un monto determinado en la documentación argentina, la Justicia de Nueva York le puso un número a la demanda: habría que pagar US$16.100 millones.

El país tiene una gran variedad de demandantes. Desde inversores particulares alemanes que le prestaron dinero al Estado hasta megabufetes de abogados especializados en ganar contiendas contra naciones soberanas.

Las demandas caen en dos sacos. Uno de ellos es la Procuración del Tesoro, que reúne una menor cantidad de causas, pero cuyos resultados pueden traer altísimas consecuencias para el país. Son, en total, 36. Allí recalan los litigios en el CIADI y en la Justicia de Nueva York, con el caso por la expropiación de YPF como sobresaliente.

Otra porción de los juicios contra el país fuera de sus fronteras está a cargo del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, coordinado por la Subsecretaría Legal, que maneja Alejandro Speroni.

De acuerdo con la documentación que vio LA NACION, atiende 200 demandas de ese estilo. La mayoría están radicadas en Alemania, aunque los montos mayores se expresan en dólares. Hay incluso un pleito en yenes. Es por una demanda del MUFG, el banco más grande de Japón, que también es acreedor del Estado nacional.

Hay que aclarar, también, que las cifras pueden variar en el futuro por distintos motivos. En ciertos casos, la Argentina y sus demandantes estarían en condiciones de discutir alternativas de pago. Además, las demandas de los bonistas contemplan el pago de deuda que no se saldó y está incluida en el monto del litigio.

Hay tres pleitos hoy que concentran la atención oficial y de parte del establishment. El número uno es el de YPF, una demanda peregrina que se sustenta en los errores cometidos por el kirchnerismo entre los años 2006 y 2012. Primero, con el ingreso de la familia Eskenazi al capital social de la empresa petrolera y, luego, por la manera en que se estatizó la compañía.

Los demandantes, Burford e Eton, dos fondos que se dedican a eso, tienen un fallo a favor de la Justicia de Nueva York, según el cual la Argentina debería pagar US$16.100 millones más intereses. Hay chances de apelación, pero los especialistas le ven poco futuro a esa opción.

La justicia británica, por otra parte, les dio la razón a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que acusaron al Estado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que, en 2013, se paguen menos intereses de deuda por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010. Quien manejaba la economía por aquellos días era el hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el férreo apoyo de Cristina Kirchner. No existían entre ellos las diferencias del presente.

En Nueva York se tramita otra demanda importante. Un fallo de la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, ratificó una decisión de la muy conocida Loretta Preska que les permite a ciertos acreedores embargar activos soberanos por unos US$310 millones. Este dinero fue depositado en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal.

El pleito en Londres pone de manifiesto las dificultades para el futuro de la economía que plantea el hecho de tener tantas demandas abiertas al mismo tiempo, por montos que pueden asustar a un país como la Argentina. El gobierno de Javier Milei depositó en marzo de 2024 una garantía de US$325 millones para seguir litigando. Los demandantes la ejecutaron en febrero pasado. Es decir, ese dinero ya no está.

Para una economía saludable, la suma anterior puede parecer nimia. No parece ser el caso de la Argentina, donde el Gobierno despliega un fuerte plan de ajuste para reducir la inflación y cuenta hasta las monedas para mostrar mes a mes números fiscales equilibrados o con superávit.

“Los juicios en el exterior contra el país son una contingencia que no se reduce a lo monetario. Expande sus efectos a varios frentes, incluyendo el político. Basta pensar en una emisión o una reestructuración de deuda soberana -explica Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro-. Cualquiera de estos juicios que terminan en una sentencia adversa tienen, sin dudas, dificultades para ser ejecutados. Pero tienen una herramienta poderosa: medidas cautelares que pueden entorpecer cualquier proceso de endeudamiento o reordenamiento de deuda de un país. Se vio con la Fragata Libertad”.

“La Argentina es un país que comete muchos errores e incumple promesas. Eso nos ha costado mucho dinero. Me parece que es momento de sentarse a pensar para saber si vale la pena seguir pateando la pelota, sabiendo que perdemos el 99% de los casos, más allá de los que tenemos abiertos”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y una de las personas que más sigue estos temas en el país.

Según sus cuentas, desde comienzos de este siglo la Argentina pagó aproximadamente US$17.000 millones por temas judicializados en el exterior. Vale una aclaración: la suma mencionada incluye la cancelación de deuda que estaba impaga.

Es, quizá, la forma más clara de mostrar que la acumulación de pleitos terminan generando un problema económico, pese a que no se trata de una discusión que esté presente de forma cotidiana en las conversaciones del sector privado.

Esa es una de las trampas de los juicios abiertos fuera del país. Pueden resultar etéreos y lejanos por diversos motivos. Entre ellos, debido a que en algunos casos se admiten instancias de “regateo”, así como el hecho de que hay sentencias contra el país que no se pagan. Pero eso tiene un límite. El problema tiene efectos visibles cuando no queda otra cosa más que pagar la factura en contra.

Hay centenares de empresas dispuestas a cobrarle al país lo que creen que les debe. La información que recopiló LA NACION permite hacer un ranking de esos demandantes.

Los primeros lugares de esa lista -en los casos en que la burocracia argentina ya tiene contabilizado un número para la demanda- se muestran en una visualización que acompaña esta nota. De allí surge una variedad reveladora.

El primer lugar lo ocupa una demanda de Teinver radicada en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones. Teinver es una subsidiaria del grupo español Marsans, que llevó al país a un arbitraje internacional en 2009. La disputa finalizó, con una decisión en contra de la Argentina, en 2017. La cuenta a pagar, según los registros de la Procuración del Tesoro, es de US$1590 millones.

En segundo término aparece un grupo de acreedores de deuda liderado por el fondo Aurelius. De acuerdo con los registros públicos, esa factura suma US$1321,92 millones.

La empresa Orazul International España Holdings, subsidiaria de la norteamericana Duke Energy International, por la concesión de la represa Cerros Colorados, le hizo un reclamo al país por US$667,3 millones. Si bien el pleito figura en la administración pública, el Ciadi en ese caso rechazó los planteos de la empresa.

En tercer lugar hay un viejo problema de los años 90. Se trata del pleito de Papel del Tucumán, quebrada, con el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina. Son más de US$500 millones. La Argentina recibió un fallo en contra en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Para Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, la gran cantidad de demandas contra el país muestra que el que las hace las paga. “El hecho de violar contratos tiene un costo reputacional y económico. Es una lección para la Argentina, para una parte del arco político que considera que hacer estas cosas es gratis. Que porque hay emergencia, pobreza, cambió el gobierno o porque lo hizo otro, con esos argumentos se puede violar cualquier contrato”, sostuvo.

El economista también refleja otra cosa. Estas violaciones de contratos surgen porque en algún momento esos contratos se firmaron. Se pensó que era bueno, provechoso para el país. Pero luego se pensó al revés. “La gran imposibilidad que tenemos es ponernos de acuerdo para mantener un rumbo”, sostuvo.

El análisis de lo que ocurrió con estos casos aporta información que alerta sobre el futuro. Entre las 36 causas que maneja la PTN, 16 tramitan en el Ciadi. El amontonamiento allí de pleitos contra la Argentina tiene en sus orígenes una decisión del menemismo en los años 90. Interesado en la llegada de inversión extranjera, Carlos Menem promovió la firma de decenas de acuerdos de protección recíproca de inversiones con países importantes, como Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, por mencionar algunos casos.

Al igual que ahora, la Argentina tenía por aquellos días un sólido historial de incumplimientos, vaivenes e incertidumbre. Por eso, el equipo económico liderado por Domingo Cavallo les concedió a las empresas, a través de esos acuerdos, la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros como el Ciadi.

Esa estela llega al presente a través de la Ley Bases y el RIGI, el esquema implementado por Javier Milei para atraer inversiones. Es un revival noventista profundizado porque, según diversos especialistas, otorga aún mayores garantías a la inversión que la experiencia menemista.

“Con la Ley Bases y con el RIGI en particular, se extiende la vigencia del Ciadi en caso de incumplimiento del Estado. Cabe la pregunta acerca de si es un mecanismo idóneo para la protección de los intereses del estado argentino”, explicó Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro en la gestión de Mauricio Macri y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En términos abreviados, el planteo de los que advierten por demandas potenciales es el siguiente: si la experiencia indica que las concesiones hechas en el pasado le abrieron la puerta a una gran cantidad de demandas millonarias contra el Estado, en el futuro el número de pleitos podría crecer a la luz de los cambios facilitados por este gobierno.

La Casa Rosada responde de forma contundente. Las garantías que se les otorgan a los empresarios extranjeros se transformen en algo negativo para el país solo cuando la Argentina rompe los contratos. Un país normalizado, donde manden la institucionalidad y la continuidad de las políticas, no debería tener problemas con eso.

DIARIO LA NACION

En enero las ventas volvieron a ser positivas en base a una mayor oferta, mejor precio y más crédito. El rol decisivo de las cubiertas de camión en la rentabilidad de las marcas nacionales

El mercado de los neumáticos ha empezado a moverse con una dinámica completamente nueva en Argentina, mucho más relacionada con el libre comercio que con una industria local bastante protegida como la que hubo en los últimos años.

De un lado del mostrador están los fabricantes, que han hecho una gran inversión y la mantienen actualizada y que generan fuentes de trabajo. Pero del otro están los consumidores, que llegaron a pagar precios exorbitantes un año atrás. Por su relación directa pero también a nivel impositivo e industrial, muchos hacen una comparación con el mundo del automóvil, que llegó a tener una proporción de 70% de producción nacional y 30% de importados apenas un año atrás, y que hoy ya va camino a la ecuación exactamente opuesta.

Después de un año 2024 complicado como fue para la economía y el consumo en general, los meses de diciembre y enero mostraron una recuperación en el mercado de reposición de neumáticos, es decir en las gomerías, con volúmenes de ventas muy positivos, con precios que necesariamente tuvieron que acomodarse a la demanda y que, conjuntamente con la reaparición del crédito con bajas tasas de interés, permitieron afrontar un gasto de magnitud como el de cambiar los cuatro neumáticos de un auto a más personas.

Sin embargo, las tres fábricas argentinas de neumáticos, Fate, Bridgestone y Pirelli, no parecen estar en la misma situación de recuperación respecto al año anterior. Entre los Planes Preventivos de Crisis (PPC) que generaron reducción de plantilla de personal y paradas de producción, las tres marcas se enfrentan todavía a conflictos con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), mientras tienen con un stock de neumáticos sin vender que en algunos casos supera el millón de unidades, y con ventas y exportación a la baja por una mayor competencia internacional y un real devaluado que hace menos competitivas las ventas a Brasil.

Actualmente, Fate y Pirelli tienen sus plantas paradas, y en ambos casos retomarán su funcionamiento la semana próxima. En el primer caso, es la parada técnica de tres semanas habitual del receso. En el caso del centro industrial de la marca italiana, la empresa respondió a Infobae que se trata de una parada prevista para ajustes, que ya estaba programada, y que se decidió hacer en esta fecha para aprovechas los dos días feriado de la semana próxima.

Las medidas del gobierno

En medio de esta situación, en el último trimestre del año pasado comenzó un programa de desregulaciones impositivas que estableció el gobierno con dos medidas que, en el transcurso de un año, deberían mostrar un escenario completamente nuevo para el sector del neumático, con precios razonables y mucha más oferta para los consumidores.

La primera medida que se tomó fue eliminar una herramienta denominada Precios de referencia. Este era un mecanismo por el cual se establecía un precio mínimo para los neumáticos importados, generando una especie de barrera de protección para la industria nacional o, dependiendo el observador, podía ser considerada como una medida antidumping que evitara la entrada de neumáticos asiáticos con precios muy agresivos que la industria nacional y regional no pudiera evitar.

Sin embargo, los precios de referencia se aplicaban únicamente a los neumáticos que provenían de extra zona, y que representaban sólo el 30% del total del mercado. El resto de los neumáticos son de fabricación nacional o Mercosur, es decir en plantas de Brasil, donde también producen, además de Bridgestone y Pirelli, Goodyear, Michelín, Continental, Yokohama, Sumitomo y Dunlop. Esos neumáticos, del mismo modo que ocurre con los automóviles, están dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) por lo cual tanto para exportar como para importar con Argentina, tienen arancel 0%.El cambio de paradigma es global y parece inevitable. Aún las marcas europeas más prestigiosaos producen neumáticos en Asia. Y los pueden traer a Argentina

Entonces comenzó la segunda etapa de la desregulación por medio de la cual se terminará reduciendo del 35% al 16% el arancel de importación que se cobraba a los neumáticos provenientes de países fuera de la región. El gobierno decidió ser progresivo en la aplicación de la medida como un modo de reducir el impacto sobre las empresas con fábricas locales.

Esa progresión hizo que en octubre el arancel bajara del 35% al 30%, y que a partir del 1 de enero bajara al 25% al aplicarse una segunda reducción. El próximo paso será llevar esa alícuota al 20% a partir del 1 de mayo, para concluir el proceso el 1 de septiembre de 2025, cuando finalmente quedará en un 16%.

“La industria, como tal, está complicada, pero no es lo mismo que sucede en el mercado. Es cierto que enero fue un mes con muy buenas ventas de neumáticos para autos y pick-ups, pero también es cierto que hubo una avalancha de ingresos de gomas importadas por parte de cuatro o cinco empresas que manejan el mayor volumen de neumáticos del país y regulan los precios del mercado. Los fabricantes no regulan precio, sólo pueden bajar el precio mayorista en la medida que van pudiendo hacerlo. Algunos tienen stock de insumos importados para seis meses, que se importaron con el total del impuesto PAIS. Bajar el costo les va a llevar más tiempo. Mientras tanto esas importadoras triplicaron sus volúmenes en los últimos dos meses, generando una baja muy grande de precios, por ejemplo, en las gomas de menor rodado”, comentó un empresario del sector a Infobae.

El negocio para las marcas nacionales de neumáticos se podría dividir en tres áreas. El mercado de reposición, las cubiertas que se venden a particulares en las gomerías; el mercado de equipo original, los neumáticos que se venden a las terminales automotrices para sus autos cero kilómetro; y el neumático de transporte pesado, que para los especialistas “es el verdadero negocio para una marca de neumáticos. Vender 60.000 gomas camión equivale en movimiento económico a vender 600.000 neumático de auto”, explicó.Los neumáticos para camión son el negocio que genera más movimiento económico del sector. A este segmento también llegó una fuerte competencia de importados

Neumáticos para camión: ¿la clave del negocio?

Los neumáticos para camión son los más caros y fueron los últimos en bajar de precio. Sin embargo ahora también enfrentan una fuerte competencia que antes no tenían. “Las gomas de $600.000 ya no existen, primero bajaron a 500.000, después a 450.000 y si no bajan más no las van a vender, porque el techo al que se llegó a nivel internacional para una goma de camión es USD 300. Y hoy, por ese precio llegan gomas de Asia, la mayoría vía Brasil, y son las que se van a vender. El consumidor va a estar contento porque aparece el precio y el plazo de pago y los fabricantes nacionales van a estar complicados”, señaló el mismo empresario del sector.

Fate es la única marca argentina que produce localmente todo tipo de neumáticos radiales para autos, pick-up y también de camión. En teoría sería la más comprometida de las tres fábricas argentinas. Bridgestone vende neumáticos de camión pero los trae importados de Brasil. Mientras que Pirelli ya no los vende como tal porque la empresa se dividió y dejó la división de neumáticos para el transporte pesado y el agro bajo la marca Prometeon, que produce en Brasil y llega al mercado local sin aranceles por esa condición.

“Camión es el mercado más competitivo. En diciembre entró mucho producto importado y en enero entró más que en diciembre. La mayoría llega desde Brasil, con precios muy agresivos y buena calidad, además de la situación del real que los beneficia aún más. En camiones es donde se ve más la competencia, porque el consumidor de gomas de camión es el que está siempre más enfocado en el tema costos y es el que primero muestra un cambio de mercado como el que se está dando”, dijeron fuentes relacionadas con las fábricas argentinas.

En el mercado del neumático de camiones hay una variable que no existe en las cubiertas de autos particulares o transporte liviano como las pick-up que es el recapado, que no es otra cosa que la reconstrucción de un neumático usado, a partir del casco original sobre el que se adhiere con complejos procesos químicos una nueva banda de rodamiento.

“Hay que entender que el transportista busca precio porque los costos del transporte se elevaron mucho en todos los aspectos, pero hay neumáticos asiáticos que no son de tan buena calidad y sobre algunos directamente es imposible hacer un recapado. A la larga, en esos casos, lo barato terminará siendo más caro, pero es muy difícil competir en esas condiciones”, aseguraron.

Los industriales se defienden diciendo que es imposible bajar los precios con la presión de costos nacionales que tienen y con una devaluación oficial que, aunque bajó al 1% (crawling peg) es un costo que aumenta mes a mes.

“Nosotros importamos todo, cuando aumenta el dólar aumentan todos nuestros costos, aunque sea un 1%. Aun así, en el último año los neumáticos fueron el insumo básico de camión que menos aumentó y bajaron su precio en dólares cerca de un 50%”, señalaron fuentes allegadas a las fábricas argentinas de neumáticos.

Fuente infobae

Referentes tech expresaron su malestar por el episodio que protagonizó el Presidente al fomentar la compra de un token que generó grandes pérdidas a los usuarios que lo adquirieron. El sector afirma que quiere trabajar con el Ejecutivo en busca de una buena regulación para estos proyectos.

El sector cripto en la Argentina está dolido por la polémica promoción de una supuestamente nueva criptomoneda que hizo el presidente Javier Milei este viernes. A través de sus redes sociales, el mandatario promovió un supuesto proyecto de fondeo a partir de un token basado en la red blockchain de Solana.

El activo digital, llamado Libra, se había creado poco antes de la publicación del mandatario y estaba listado en el exchange cripto descentralizado Jupiter. El posteo de Milei alcanzó para que su valor pasara de US$0,13 a un pico de US$4,56, en solamente media hora. Tras la astronómica suba, los primeros tenedores del token empezaron a vender sus Libra para hacerse de la ganancia y los creadores retiraron sus fondos de liquidez. Allí arrancó el desplome, que llevó el precio a caer hasta los US$0,13 nuevamente.

En público y en privado, los referentes de la industria cripto local expresaron su malestar por el episodio, que vuelve a asociar al sector con las estafas. El diagnóstico general es que se trató, precisamente, de una modalidad llamada rug pullen donde se “infla” el valor de un token para luego venderlo. Una de las formas de hacer crecer su valor es, precisamente, usar la influencia de alguien reconocido -como Milei- para promocionarlo.

“Es una estafa muy común, en donde los desarrolladores detrás de un proyecto cripto lanzan un token y lo vuelven muy atractivo para los inversores, solo para más tarde, cuando los usuarios han tomado confianza en el mismo, robar la liquidez del proyecto y desaparecer, desplomando el valor de dicho token”, explica el blog de Bitso, una de las principales billeteras cripto que opera en la Argentina.

Y agrega: “Para llevarlo a cabo, los estafadores utilizan todos sus recursos en la publicidad y promoción del token. De esta forma, captan la atención de los inversores y cuando el proyecto logra consolidarse, se roban todos los fondos de los usuarios, dejando sin liquidez al proyecto, y por ende, a los inversores con criptos sin valor”.

Pérdidas millonarias, pero sin argentinos afectados

Las estimaciones del mercado indican que hubo una ganancia de US$87,5 millones en pocas horas para quienes estuvieron detrás de este esquema. Luego de su creación, la mayor parte de esos token permanecía en pocas cuentas -se habla de solo cinco direcciones de billeteras cripto- y el dinero recaudado todavía está allí. Por lo tanto, en el mercado hay expectativa con respecto a cuándo se hará -si se hace- el retiro de esos fondos.

Manuel Beaudroit, fundador de la billetera Belo, es uno de los que sostiene que Libra se trató de un rug pull. “Es una moneda que se crea para que suba su valor en forma vertical y que, cuando llega a cierto objetivo de precio, se vende para aprovecharse. Por los datos que estaban dando vueltas, el proyecto arrancó el mismo día y parecía todo bien planeado en el sentido de que es un típico activo de estas características. Es bastante lamentable”, afirmó.

En la misma sintonía se manifestó Matías Bari, CEO de Satoshi Tango: “El proyecto es inexistente. Posiblemente un lanzamiento orientado a realizar lo que se conoce como rug pull. Es una estafa en el mundo cripto donde los desarrolladores de un proyecto abandonan repentinamente el mismo y se llevan los fondos de los inversores, dejando el token sin valor”.

Afortunadamente para los usuarios argentinos, la mayoría de las billeteras locales no dieron acceso a Libra. Eso, explicaron en el sector, obedece a que las aplicaciones investigan antes de listar un producto. Precisamente, porque apuntan a un público minorista que no tiene tanta información o medios para investigar cada uno de los proyectos cripto que surgen.

La excepción fue la plataforma Ripio, que la habilitó en la sección “Playground”, donde se replican todas las memecoins que surgen a partir de la red Solana. El fundador de la empresa, Sebastián Serrano, dijo en su cuenta de X que eso no significaba una recomendación de compra y que confiaba en que los usuarios adultos podían tomar sus propias decisiones.

La industria cripto local se ofrece a colaborar al Gobierno

Luego de la fuerte baja, Milei salió a aclarar que no estaba involucrado en el proyecto, pero en la industria lamentaron que el daño ya está hecho. “Recibimos esta noticia con tristeza, sobre todo para los que promovemos bitcoin”, dijo a TN el fundador de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes.

En la industria critican que el Presidente se haya reunido con supuestos referentes del mundo cripto internacional, como Julian Peh (fundador de la empresa sospechada de estar detrás de Libra) o Hayden Mark Davis, que no son reconocidos a nivel local.

A su turno, Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, lamentó: “Lo peor de esto es que retrocedemos. Cada vez que hay una estafa, se termina hablando del mundo cripto asociándolo a estos hechos. Y el sector es mucho más amplio”.

Y resaltó: “Venimos luchando siempre porque nos encantaría que el Gobierno pudiera tener esta relación con empresas reguladas del sector: hay 70 proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores y somos como 15 los que estamos participando en el sandbox regulatodio con diferentes organismos del Estado para hacer una mejor regulación”.

Desde la billetera cripto Lemon, destinada esencialmente al público minorista, también expresaron su malestar: “Como industria no fuimos fuimos consultados. Si se quiere innovar en cripto, hay sobre la mesa propuestas más interesantes para promover Argentina como la Capital Cripto. Por ejemplo, la tokenización de activos argentinos que generen valor, la reducción de impuestos en cripto y la fácil creación de nuevas sociedades tokenizadas”.

Lo dispuso a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La asignación sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo. Todos los detalles.

El Gobierno otorgará un refuerzo adicional en la asignación por Ayuda Escolar Anual en marzo. Se trata de una prestación de la ANSES que cobran los padres de 7,3 millones de chicos escolarizados. El monto extra será de $85.000 por única vez. En febrero, la asignación de pago único se elevó 2,70% por la fórmula de movilidad previsional y se fijó en $130.702. Así, las familias recibirían poco más de $215.000.

La decisión se formalizó a través del decreto 63 publicado este viernes 7 de febrero en el Boletín Oficial. La ayuda escolar anual es un monto que paga el organismo previsional a los trabajadores en relación de dependencia con hijos. Se cobra generalmente en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

“Con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, un refuerzo adicional, por un monto equivalente a la diferencia entre el importe de $85.000 y el valor que surja de la determinación de la Asignación por Ayuda Escolar Anual”, dicta los considerandos de la normativa.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual se deberá presentar el certificado de alumno regular en los primeros días del ciclo lectivo 2025, entre el 24 de febrero y el 5 de marzo.

Una vez presentados los documentos correspondientes, el beneficio será acreditado en un plazo de 60 días.

Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar Anual

• Trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo que cobran la Asignación Familiar por Hijo (AFH). El tope máximo de ingreso familiar para percibirlo es de $4.023.266 en febrero.
• Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también pueden percibir la Ayuda Escolar Anual.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual en 2025

Anses recordó cuáles son los requisitos obligatorios para acceder a la Ayuda Escolar Anual. Estos son:

• Familias con hijos entre 45 días y 17 años inclusive. Sin límite de edad para hijos con discapacidad.
• Que los menores asistan a nivel inicial, primario y secundario.
• En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados.
• Para recibir la ayuda escolar anual el grupo familiar no debe superar los $4.023.266 mensual, mientras el tope máximo por integrante no debe ser mayor a $2.011.633 en febrero.

Cómo se tramita la Ayuda Escolar Anual 2025

Para acreditar la escolaridad de los hijos, los beneficiarios deben completar un formulario que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses. La presentación del certificado de escolaridad puede hacerse a través de la app Mi Anses o en la web del organismo. A continuación, el paso a paso.

• Entrar a Mi ANSES.
• Dirigirse a la sección “Hijas e Hijos”.
• Luego “Presentar un Certificado Escolar” para obtener el formulario necesario para cada nene o nena.
• Marcar la opción “Generar Certificado”, llenar los datos pedidos y luego hacer click en “Generar”.
• Mandar el formulario generado a la escuela para obtener la firma de la directora o la autoridad que corresponda.
• Escanear el formulario firmado a Mi ANSES o subir una foto desde un dispositivo móvil o computadora.

Además se puede realizar el trámite de manera presencial en cualquier oficina del ANSES y sin pedir turno. Se debe presentar la debida acreditación de escolaridad.

El equipo económico bajará el ritmo de devaluación a 1% mensual tras bajar la tasa de interés. El BCRA busca reforzar reservas, que este lunes caerán por un pago de intereses al FMI

El Gobierno buscará desde este lunes dar un paso más en la estrategia de reducción de la inflación al iniciar una reducción del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual. El mercado espera que la inflación perfore el 2% por mes recién a mitad de año, pero el equipo económico espera acelerar ese proceso.

Según el Banco Central, la medida busca consolidar la desaceleración inflacionaria, que en 2024 fue de 117,8%, por debajo del 211,4% registrado el año anterior. Sería el primer retoque al esquema de crawling peg desde que fue implementado luego de la devaluación de principio de mandato de Javier Milei.

La interpretación del Gobierno es que el ritmo al que se movía el dólar ya se había convertido en un factor inercial antes que un ancla para bajar el ritmo de aumento del precio de los bienes, que son los más influidos por el tipo de cambio. Según el argumento que repiten en los despachos oficiales, reducir el ritmo de devaluación permitirá alinear el tipo de cambio con un contexto de menor presión inflacionaria.

Otras medidas que integran el “armazón” cambiario que puso en marcha el gobierno libertario desde el inicio de su administración continúan sin cambios, como el dólar blendexportador que desvía 20% de las liquidaciones al tipo de cambio contado con liquidación. Otras restricciones cambiarias todavía se mantienen, entre ellas el límite cruzado entre operaciones en el mercado oficial y los paralelos, o la remisión de utilidades a casas matrices.

La medida sobre el tipo de cambio más lento comenzará a ejecutarse luego de una decisión clave del directorio del BCRA, que este jueves redujo la tasa de interés nominal anual de 32% a 29% (2,4% efectivo mensual), lo que implicará un menor rendimiento para las inversiones en moneda local. Esto mantendrá el atractivo del carry trade para obtener altas tasas en dólares.

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso reducir la tasa de política monetaria de 32% a 29% de TNA. La tasa de interés de pases activos también se reduce de 36% a 33 por ciento. Estas tasas regirán a partir del viernes 31 de enero. La decisión del Directorio se fundamenta en la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación”, indicó el organismo en un comunicado firmado por su presidente, Santiago Bausili.

El mercado interpretaba una baja de tasas como el siguiente paso de la política monetaria del BCRA, en línea con un tipo de cambio oficial con devaluación más lenta. La inflación de diciembre fue de 2,7%, por encima del 2,4% de noviembre y del 2,5% que el Poder Ejecutivo había tomado como referencia antes de ajustar el esquema cambiario, que en el caso del crawling peg no se modificaba desde diciembre de 2023.

Para AdCap Grupo Financiero, por un lado, “estas reducciones graduales (de la tasa de interés) sugieren que el BCRA tiene una tolerancia extremadamente baja para la volatilidad del dólar”. Eso se explica en que los recortes de la tasa de interés ya fueron un tema de particular importancia a mediados de 2024, cuando el mercado inició un proceso de dolarización que hizo crecer la brecha cambiaria luego de que el BCRA ejecutara una caída muy rápida en el rendimiento de los instrumentos en pesos.

“El mercado espera que la inflación se desacelere al 1,5% en julio”, mencionó AdCap, que interpretó que el Gobierno apunta a ese objetivo al combinar medidas: “Reducir el crawling peg del 2% al 1%, que entrará en vigencia tan pronto después del lunes, y aumentar la intervención en las negociaciones salariales de los sindicatos”. “Los acuerdos más recientes aprobados por el gobierno se establecieron en aumentos mensuales de alrededor del 2%, lo que limita de manera efectiva la recuperación adicional del ingreso real y atenúa las expectativas de crecimiento”, plantearon Federico Filippini y Javier Casabal.

“Estas reducciones graduales (de la tasa de interés) sugieren que el BCRA tiene una tolerancia extremadamente baja para la volatilidad del dólar”, analizó AdCap

Para Suramericana Visión, la nueva tasa de interés dará un rendimiento mensual de 2,38% e “implica un aumento del diferencial de rendimientos del ‘carry trade local’ desde el 0,63% mensual al 1,38 por ciento”, afirmó en un reporte la consultora fundada por el ex ministro Martín Guzmán. “La medida aumentará el atractivo para la liquidación anticipada de divisas de los agroexportadores luego de la baja temporal de retenciones como así también aumenta el incentivo a la financiación local en moneda extranjera”, indicó Suramericana.

En este contexto, las reservas del Banco Central tendrán hoy otra caída cuando el Gobierno afronte un pago de USD 655 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario. Será el primero de una serie de pagos de intereses que tendrán lugar a lo largo de 2025. A diferencia de los pagos de capital que se realizaron en 2024 -y que volverán al calendario de repago en septiembre de 2026-, los intereses no son cubiertos por desembolsos previos del FMI, por lo que deben ser pagados con reservas acumuladas por el Banco Central. En mayo habrá otros vencimientos por casi USD 630 millones, USD 500 millones más en agosto y otros USD 650 millones.

FUENTE INFOBAE

Por decreto, el Gobierno autorizó el autodespacho de nafta y gasoil en las estaciones de servicio. El sector advierte que generará pérdidas de empleo.
Tras la autorización del autoservicio de combustibleen las estaciones de servicio, el sindicato que nuclea a los playeros rechazaron la propuesta y advirtieron sobre la pérdida de puestos de trabajo. “No descartamos una acción gremial”, sostuvieron.

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El secretario general del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Soesgype), Carlos Acuña, aseguró este jueves que la medida que formalizó el Gobierno “genera más desocupación y mayor rentabilidad para las petroleras y estaciones de servicio”.

El gremialista recordó que en los años 90 ya se había implementado el autoservicio de combustibles en la Argentina y fracasó. “Quieren vendernos que esto es un adelanto tecnológico, pero no lo es. En los ‘90 se intentó aplicar en nuestro país y nunca funcionó, porque el cliente nunca tomó la idea de ser el playero”, explicó Acuña a Urbana Play.

En esa línea, el titular de Soesgype deslizó: “Trabajar gratis de playero no trae ningún beneficio para el cliente”.

vEl gremialista también alertó sobre los riesgos de seguridad que implica permitir que los clientes manipulen el combustible sin controles adecuados. “Cualquier incidente, sea o no culpa del cliente, recae sobre el dueño de la estación”, remarcó Acuña.

Para el Gobierno, la medida impactará en “un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor”. Aunque, para Acuña esta decisión solo “beneficia a las empresas”. “Lo único que logran es más ganancia para los empresarios, más peligro para los clientes y menos trabajo para los trabajadores”, dijo.

Asimismo, el sindicalista aseguró que el salario de los playeros representan un 3% del total del precio de los combustibles.

TN