Mediante un decreto, el Gobierno exige a varias áreas que ejecuten diversas acciones paliativas.

El Gobierno declaró el "Estado de emergencia hídrica" en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y el Litoral afectadas por las inundaciones, donde más de 6.000 personas fueron evacuadasy aún no volvieron a sus hogares.

Las provincias que más sufrieron por los fuertes temporales y los desbordes de ríos y arroyos en los primeros días del año son Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe.

Allí se mantiene el operativo de emergencia que coordina el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), con la participación de las fuerzas federales y la distribución de insumos de primera necesidad.

A través del decreto 67/2019, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno instó a distintas áreas a ejecutar diversas acciones para "aliviar la difícil situación" en la región, tal como había informado en un comunicado ayer.

De este modo, el Ministerio de Producción y Trabajo deberá adoptar "las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados".

Por su parte, la Secretaría de Agroindustria tendrá que adoptar "las medidas necesarias con el objeto de implementar lo dispuesto en la Ley N° 26.509 y sus modificaciones para situaciones de emergencia y desastres agropecuarios".

En tanto, el Banco de la Nación tendrá que disponer acciones para  "preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo".

La AFIP, a su vez, "adoptará las medidas que resulten pertinentes para aquellos contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia, siendo éste su principal actividad".

Y la Secretaría de Energía deberá arbitrar "los medios necesarios a los efectos de que se establezca un régimen tarifario especial provisorio en el servicio de gas para el sector productivo de las zonas afectadas mientras dure el período de emergencia".

El decreto, además, indica que "toda autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado para ejecutar obra pública" deberá "ponderar la urgencia comprometida en la ejecución de los proyectos y las obras de infraestructura necesarios para prevenir y/o mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos en las zonas declaradas en situación de emergencia hídrica".

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Cómo será el mecanismo y que se hará con lo incautado.

Tras la dilación en el Congreso de aprobar el proyecto que trata desde 2016, el Gobierno finalmente decidió impulsar a través de un decreto de necesidad y urgencia la extinción de dominio, una medida con la que busca acelerar la recuperación de bienes en provenientes de actos criminales como la corrupción y el delito.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficia con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros del Gabinete. En el primero de los 22 artículos aclara que “la extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión”.

Uno de los puntos centrales del DNU es la creación de la Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional, que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes” que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados, como corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

La Procuraduría, además, “estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán negarla bajo ninguna circunstancia”.

El artículo 5 del decreto señala además que estarán sujetos al régimen “aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente” de algún delito.

Así, quedarán abarcados, entre otras cosas, “todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad”. También “la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica” de esos bienes y “los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados”.

Carga probatoria, indemnización y recompensa

El DNU también establece que “la parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delitoinvestigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido”, aunque aclara que “no será de aplicación la prueba confesional”.

En caso de que aquella persona a la que se le haya aplicado la extinción de dominio sea finalmente sobreseída o absuelta, el Estado nacional estará obligado a “restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero”.

Según el artículo 13, los bienes incautados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mientras que el dinero en efectivo así como los instrumentos financieros quedarán en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona bajo la órbita de la ANSeS.

Si bien esos bienes deberán ser subastados, el DNU habilita a los jueces a “ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento”.

Un punto esencial, anticipado el lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que la acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. Según el artículo 16, “el plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal”.

Asimismo, se establece la posibilidad de implementar programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones, fijando una compensación que no podrá exceder del 10% de los bienes cuyo dominio se declare extinguido.

“El fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley”, señala entre los argumentos la norma firmada por Macri.

Tras su publicación y entrada en vigencia, el decreto deberá pasar por el filtro de la Comisión Bicameral Permanente, que deberá definir si ratifica o rechaza la norma.

Lo hicieron con consignas como “Justicia lenta no es Justicia”.

Con banderas argentinas y carteles como “Nisman presente”, “muerto por la corrupción e impunidad K” o “Justicia lenta no es Justicia”, integrantes del grupo denominado “Equipo republicano” se congregaron en inmediaciones del Obelisco.

Un grupo de personas se movilizaron en el microcentro porteño ayer para reclamar el esclarecimiento del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, a cuatro años de su muerte. 

Integrantes del grupo denominado “Equipo republicano”, se congregaron en inmediaciones del Obelisco con banderas argentinas y carteles como “Nisman presente”, “muerto por la corrupción e impunidad K” o “Justicia lenta no es Justicia”.

Una de las manifestantes, Martha Campagnoli, expresó en diálogo con Clarín: “Me convoca la injusticia de que todavía no hayamos llegado a una sentencia como corresponde. La memoria de un héroe contemporáneo tenemos que honrarla”.

Otra de las presentes en la protesta añadió: “Pedimos tener consciencia, estar todos unidos para defender la república, exigir una justicia independiente y poder llegar hasta el final con la denuncia del fiscal Nisman y con los asesinos que causaron este magnicidio”.

(Emmanuel Fernández)

Acto frente a la tumba

Por la mañana del viernes, la DAIA realizó un acto frente a la tumba del ex titular de la UFI-AMIA en el cementerio de La Tablada.

"Este homenaje busca mantener vivo su recuerdo y reivindicar su trabajo como fiscal de la Nación, que sin duda permitió avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA/DAIA. Nunca olvidaremos su tenaz y valiente trabajo para buscar justicia para las 85 personas que fueron asesinadas y que aún no pueden descansar en paz”, señaló Marcelo Taussik, vicepresidente de la entidad.

Esta contraseña permite mantener tus datos personales a salvo y sirve para realizar allí tus trámites y consultas de manera segura sin necesidad de presentarte en una oficina.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informan toda la información sobre la importancia en la creación de una Clave de Seguridad Social.

Esta contraseña permite mantener tus datos personales a salvo y sirve para realizar allí tus trámites y consultas de manera segura sin necesidad de presentarte en una oficina. La herramienta es personal e intransferible, y permite efectuar trámites previsionales a través de su página web.

Pasos para generar tu clave

1. Elegir una clave: pensar y escribir una contraseña que sea fácil de recordad y segura al mismo tiempo.

2. Debes ingresar el N° de Trámite de tu DNI y responder correctamente las preguntas de seguridad sobre tus datos personales e historia laboral. Son 3 intentos para habilitar tu clave vía web; tras ellos, la clave sólo podrá ser habilitada en forma presencial en una oficina de ANSES.

3. Ingresar a MI ANSES: si los pasos anteriores fueron completados de manera correcta, ya se puede ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

4. Allí podrás realizar todas tus gestiones utilizando las aplicaciones de Mi ANSES: las claves habilitadas vía web tienen un “nivel 2” de seguridad y algunas gestiones, como el cambio de lugar de cobro, requieren “nivel 3”, que se obtiene sacando tu clave en una oficina de ANSES.

La Clave de Seguridad Social también puede obtenerse de forma presencial, aunque primero debe generarse la clave desde Mi ANSES e imprimirse el Formulario USI-07 (opcional).

Una vez allí, debes presentarte con tu DNI en cualquier oficina de ANSES sin turno para habilitar tu clave y poder empezar a usarla.

La dirigente de la Tupac Amaru fue encontrada culpable en la causa conocida como "Pibes Villeros". Fue juzgada por el millonario desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Milagro Sala fue encontrada culpable de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa "Pibes Villeros" y condenada a 13 años de prisión. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron.
Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, , que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales "fueron utilizados con otros fines".

De esta manera, las cooperativas jujeñas "pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios" para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.
Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.

Durante la tarde de este lunes, previo a recibir la condena, Sala realizó declaraciones a la prensa: "Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra.Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia".
También dijo que la Justicia "está cooptada por Gerardo Morales", gobernador de Jujuy, y profundizó: "Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor". 
Junto a la dirigente social fueron condenados su esposo Raúl Noro a tres años de ejecución condicional, la diputada provincial Mabel Balconte, a 8 años con pedido de desafuero y más de veinte ex integrantes de cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
Asimismo, la condena alcanzó a Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, dos ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y a dos técnicos, uno del IVUJ y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Milagro sala se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la CIDH, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de la causa conocida como "Pibes Villeros", la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento "escrache" al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.
El mes pasado, el Tribunal en lo Criminal 3 le concedió la prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya con una pulsera electrónica debido a sus problemas de salud. Previamente se encontraba en una residencia en el dique La Ciénaga, pero había pedido el traslado.

Una semana antes había sido absuelta por el  Tribunal en lo Criminal 2 en la causa "Balacera de Azopardo". Sala estaba acusada de haber pagado para que asesinen al dirigente Alberto "Beto" Cardozo.

No obstante, el ex miembro de la agrupación Tupac Amaru, Fabián "Chato" Ávila, sindicado como uno de los ejecutores de la orden de matar a Cardozo, fue condenado por tentativa de homicidio a seis años de prisión.

INFOBAE

Lo buscaron durante 14 años por el asesinato de un militante peronista. Llegó a estar entre la lista de los 20 más buscados de Interpol y se sospechaba que había abandonado el país. Finalmente, la Policía lo encontró en Paraguay, donde vivía parte de su familia.

Se trata de Marcelo David Sanabria (33), arrestado este sábado en el barrio Campo Grande de Asunción, sobre el cual pesaba una orden de captura internacional emitida por un homicidio en ocasión de robo de un hombre de 66 años en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

A fines de 2016, Interpol lo incluyó en la lista de las 20 personas más buscadas en Sudamérica. Siempre se sospechó que había escapado a Paraguay, donde vivía parte de su familia. Allí utilizaba el nombre de Héctor Fernández y trabajaba como albañil, según consignaron medios paraguayos. Sanabria tenía 19 años cuando fue acusado por el homicidio de Rodolfo Manuel Guillán(66), un militante peronista –famoso por sus constantes denuncias contra el Poder Judicial en los Tribunales del sur del conurbano– al que mataron el 28 de noviembre de 2004 en su quinta del barrio El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.

El cuerpo de Guillán apareció en su pieza, cubierto sólo con una bata. Tenía cinta adhesiva en la boca y había sido asfixiado con una almohada. En la casa faltaban dinero, electrodomésticos y armas.

Las sospechas apuntaron inmediatamente hacia una chica a la que Guillán había conocido un par de días antes y luego los investigadores sumaron a dos jóvenes. “En su momento detuvimos a la menor de edad, usada como señuelo para atraer a la víctima. Y otro joven que se suicidó en la celda donde estaba detenido, pero Sanabria huyó antes”, contó a Clarín una fuente de la investigación en aquel momento.

Ahora el juez penal de garantías de Paraguay, Gustavo Amarilla, deberá resolver si entrega a Sanabria a la Justicia argentina.

Ocurrió este sábado por la tarde en Santiago de Chile. Tenía 29 años y había visitado la localidad chubutense días atrás. Ya son diez las víctimas fatales y 28 los casos confirmados.

Una mujer chilena murió este sábado por la tarde en Santiago de Chile a causa de hantavirus luego de haberse contagiado durante una visita a la localidad chubutense de Epuyén, según confirmaron este sábado las autoridades sanitarias de ese país, y así suman diez las víctimas fatales.
Se trata de una mujer de 29 años quien se contagió después de permanecer durante varios días de visita en la casa de otra víctima quien murió en diciembre pasado en Epuyén. Medios locales la identificaron como Patricia Henríguez.

Con esta nueva muerte son diez los casos fatales: nueve de ellos en la zona argentina de la Cordillera, mientras que el último reporte oficial indica que ya son 28 los infectados por hantavirus.

La joven llegó con síntomas a la localidad de Palena, a unos 250 kilómetros de Puerto Montt, y de allí fue derivada al hospital local y finalmente al Hospital del Tórax en la capital chilena durante la primera semana de enero.

según explicó José Antonio Vergara, médico de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Los Lagos, su contagio "estaba vinculado al brote que se originó en la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, Argentina. Lamentamos profundamente este desenlace. Sabemos que se hicieron todos los esfuerzos por su recuperación (…) llamamos a la población a mantener las medidas de prevención que el riesgo de exposición ambiental al reservorio natural de la enfermedad” puede ocasionar, dijo.

La joven era funcionaria del hospital de Palena y sus cercanos la recordaron hoy como una excelente profesional.

El último parte del Ministerio de Salud de Chubut emitido este sábado había informado la confirmación de dos nuevos casos con hantavirus en la Cordillera elevando el número total a 28 infectados y 9 muertes porque aún no había sido computada la mujer chilena.

De acuerdo con el comunicado oficial los dos casos corresponden a una pobladora de El Maitén, internada en el Hospital de Esquel, y a otra persona de El Bolsón que fue trasladada al Hospital Regional de Bariloche.

"Los 28 casos positivos notificados se encuentran con nexo epidemiológico, vinculados al brote de hantavirus localizado en Epuyén ", indica el parte.

El intendente de Epuyén, Antonio Reato, le informó a Télam que desde este sábado se incrementó la presencia de agentes de la Policía de la provincia de Chubut, quienes se ocuparán de vigilar que las personas en observación y sus relaciones directas, cumplan con el aislamiento obligatorio impuesto ayer judicialmente por el juez penal de Esquel, Martin Zacchino.

"Es un momento difícil pero tenemos que seguir adelante y la gente tiene que cumplir con lo que se le ha pedido para que podamos atravesar más rápido el brote", dijo el intendente.

Con los nuevos casos, ascienden a nueve las víctimas fatales en Chubut en menos de 40 días. Técnicos del Malbrán recorrieron la región. El ministro de Salud anunció que se dará intervención judicial para que las personas indicadas cumplan de manera obligatoria el aislamiento domiciliario.

EPUYÉN.

por LORENA RONCAROLO _

El brote de hantavirus en Epuyén, la localidad de Chubut ubicada a unos 40 kilómetros de El Bolsón, sigue generando conmoción. En las últimas 24 horas, tres personas de 16, 30 y 32 años murieron luego de mostrar síntomas del virus y el número de víctimas fatales ya asciende a 9.

La región de la comarca sigue en alerta sanitaria y en este momento hay otros 15 casos positivos de hantavirus (algunos recibieron el alta médica), confirmó a “Río Negro” el director del Área Programática Esquel del Ministerio de Salud del Chubut, Jorge Elías, responsable del operativo sanitario a raíz del brote.

Entre los fallecidos ayer, una mujer es oriunda de Trevelin pero tuvo contacto con personas de Epuyén afectadas con el virus y había sido trasladad el lunes al hospital de Esquel.

Cuatro personas están internadas en la sala de aislamiento y otras cuatro permanecen en la unidad de terapia intensiva del hospital de Esquel, a unos 124 kilómetros de Epuyén, que funciona como cabecera que recibe a los pacientes de la comarca.

Otras 50 personas sanas permanecen aisladas en Epuyén por el solo hecho de haber estado en contacto con casos positivos de hanta. Estos pobladores son supervisados por las autoridades sanitarias en sus domicilios.

También existen “otros núcleos de aislamiento en Trevelin, Cholila y El Maitén”, aclaró Elías.

Una enfermera chilena que permanece internada en el hospital de alta complejidad en Puerto Montt integra la lista de casos positivos de hantavirus. En este caso el contagio se produjo porque “una mujer de Epuyén viajó a Chile en auto junto a cuatro personas de una congregación religiosa. Estuvo asintomática durante cinco días en Palena pero falleció acá. Hasta ese momento, estuvo acompañada por una amiga suya de Chile. Estuvieron en contacto estrecho hasta que la argentina falleció y la chilena empezó con síntomas durante las últimas semanas”, relató Elías.

A raíz de esta situación, llegaron a Esquel referentes sanitarios chilenos con el objetivo de unificar criterios.

José Vergara, de la cartera sanitaria de Chile, recalcó que “no hay que desenfocar la atención, el principal riesgo para nuestras comunidades es que compartimos una eco-región donde vive el reservorio natural de la enfermedad y se dan las características para la transmisión de la enfermedad, que tiene que ver con la exposición de las personas a las secreciones del roedor colilargo”.

Elías además remarcó “el impacto emocional de trabajar bajo presión en forma ininterrumpida desde el 3 de diciembre” por parte del personal del hospital de Esquel. “Por eso, el plantel tradicional se inyectó con más personal. En el marco de la contingencia se afectó a distintos recursos humanos de la provincia de Chubut”, indicó Elías.

Aislamiento obligatorio

En paralelo, el ministro de Salud provincial, Adrián Pizzi, informó a la agencia Télam que “se pedirá por vía judicial que el aislamiento sea obligatorio y no voluntario, porque la situación es muy compleja y hay que evitar el contacto”.

Se conoce como “aislamiento selectivo” a la medida mediante la cual se le exige a los pobladores en potencial riesgo que no tomen contacto con el resto de la población.

“Son alrededor de 60 los que están en ese status sanitario y tenemos casos de pobladores que no responden como deberían al requerimiento nuestro, por eso es que buscaremos un aislamiento obligatorio o alguna forma legal que yo desconozco porque no soy abogado pero pediré que se cumpla”, argumentó Pizzi.

El gobierno de Chubut además dispuso anteayer suspender cuatro fiestas populares de verano que se realizan en localidades de la Comarca Andina. Se trata de las fiestas nacional de la Fruta Fina (El Hoyo), del Artesano (Epuyén), del Tren a Vapor (Maitén) y del Carrero (Esquel).En números50personas permanecen con aislamiento domiciliario por haber mantenido contacto con pacientes infectados.24casos confirmados con el virus se registran desde el inicio del brote en la Comarca Andina. Ocho fueron descartados.El inicio del brote se presume que fue en noviembre, en una fiesta de cumpleaños a la que asistió un hombre que habría tenido el virus.

El documento consta de 100 artículos, 16 capítulos, y un anexo, que establecen las medidas que se aplicarán en caso de aprobarse la ley. Los detalles.

El Gobierno nacional ya tiene listo un primer borrador del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, que se enviaría al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.

Las páginas del nuevo “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” a las que accedió Clarín, recopilan 100 artículos, 16 capítulos y un anexo que definen las medidas que se pondrían en práctica en caso de aprobarse la ley, dirigida a adolescentes mayores de 15 años y menores de 18.

En el artículo 2 del documento se expone que a aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Se trata de delitos como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

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En ese sentido, en el artículo 12 del proyecto se especifica que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y no habrá sanciones privativas o restrictivas de la libertad “en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.

Respecto a los plazos de privación de la libertad, detalla que 15 años será el “plazo máximo” de prisión para adolescentes y prohibe la imposición de reclusión, como así también la prisión perpetua.

En relación a la prisión preventiva en estos casos, se afirma que la misma “no podrá exceder de un año”, pero puede prorrogarse cada tres meses. Este punto sería para evitar el caso de menores detenidos sin una condena.

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Por otro lado, el artículo 62 promueve un “Plan Individualizado” para cada adolescente. Este plan apunta a “contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud” y sostiene que, en caso de que corresponda, se abordará “un plan de abordaje restaurativo”.

En caso de aprobarse la ley, y que el menor de 15 años sea responsable de un hecho al que corresponda una pena máxima superior a los diez años de prisión, un equipo interdisciplinario evaluará cómo proceder con su situación.

Esto puede implicar “acuerdos restaurativos, programas de salud, o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario”. Dado el caso, el juez recibirá un informe cada tres meses del adolescente.

FUENTE PERFIL