Internacionales

Más de 1.300 personas murieron por el sismo y el tsunami en la isla indonesia de Célebes, donde este martes continuaban las operaciones de búsqueda mientras los hospitales no dan abasto con los heridos y se producen saqueos.

La policía hizo disparos de advertencia y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a gente que robaba comercios en Palu, la ciudad costera que este viernes resultó destrozada por el temblor de 7,5 grados de magnitud y el tsunami posterior.

"El primero y segundo día no había negocios abiertos y la gente tenía hambre, estaba realmente necesitada", dijo el subcomisario de la policía nacional, Ari Dono Sukmanto. "Pero después los alimentos comenzaron a llegar y sólo se necesita distribuirlos. Estamos restableciendo le ley."

La desesperación es patente en las calles: se ve cómo sobrevivientes escalan montañas de escombros en la búsqueda de algo recuperable.

Otros se amontonan alrededor de los pocos edificios que aún tienen electricidad o hacen cola para obtener agua, dinero o combustible, escoltados por policías armados.

Desesperación por obtener un pollo que reparte la policía. (AFP)

"El gobierno, el presidente, vinieron pero lo que realmente necesitamos es comida y agua", dijo Burhanuddin Aid Masse, de 48 años.

Los socorristas no tienen maquinaria suficiente y su labor se complica por las rutas cortadas y los daños en las infraestructuras. Además, este martes el país registró 2 sismos más frente a sus costas, aunque a cientos de kilómetros de Palu.

El balance oficial de fallecidos ascendió a 1.347 personas, según anunció el gobierno.

Entre los muertos hay decenas de estudiantes cuyos cuerpos aparecieron entre los escombros de una iglesia devastada.

"El equipo de socorristas encontró 34 muertos", declaró Aulia Arriani, vocera de la Cruz Roja local. Inicialmente 86 jóvenes que participaban en un campamento de estudio de la Biblia en Jonoonge fueron declarados desaparecidos.

El Ejército indonesio dirige las labores de rescate pero, tras el llamado del presidente Joko Widobo, las ONG internacionales también desplegaron equipos en la zona.

El distrito montañoso de Siri Biromaru, al sureste de Palu, es de difícil acceso y los socorristas tienen que llegar a pie para rescatar víctimas.

Un bebé duerme a la intemperie. (AFP)

Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo, con 260 millones de habitantes. Pero también cuenta con minorías religiosas como los cristianos.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en 191.000 las personas que necesitan ayuda humanitaria de emergencia, entre ellas 46.000 niños y 14.000 personas mayores.

La catástrofe en Palu, donde viven 350.000 personas, también dejó 61.867 desplazados.

Los muertos -muchos de los cuales aún no fueron registrados y cuyos cuerpos siguen atrapados entre los escombros- preocupan a las autoridades.

Armando una tienda para pasar la noche. (AFP)

El clima ecuatorial de Indonesia acelera la descomposición de los cuerpos, un grave riesgo sanitario.

Para evitarlo, grupos de voluntarios empezaron a hacer entierros masivos en una gran fosa común para 1.300 cadáveres que voluntarios excavaron en Poboya, unas colinas que rodean Palu.

Camiones con cuerpos apilados cubiertos con bolsas naranjas, amarillas y negras llegan al lugar para ser descargados y enterrados.

Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes que se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países del mundo más propensos a sufrir desastres naturales.

Fuente: AFP.

Fuerzas militares y estatales desarmaron toda la policía de Acapulco y quedaron al mando de la seguridad en esta ciudad turística mexicana del Pacífico, que es una de las más inseguras del mundo.

La medida se tomó por las sospechas de que grupos criminales se habían infiltrado entre los uniformados locales. 3 comandantes resultaron aprehendidos.

Según informó en las últimas horas el Grupo de Coordinación del estado sureño de Guerrero, en el operativo (terrestre y aéreo) participaron el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal y la fiscalía, que verificaron al personal, el armamento, chalecos, cartuchos y radios de comunicación. Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades.

Los 2 mandos operativos de la policía de Acapulco fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, mientras que el titular de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) Max Lorenzo Sedano quedó a disposición federal después de que se le encontraran armas no oficiales.

Max Lorenzo Sedano, detenido. (EFE)

"Los demás integrantes de esta corporación están sujetos a investigación", agrega la nota informativa de las autoridades.

El portavoz de seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, dijo que todos los agentes municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza mientras las fiscalías federal y estatal realizan las investigaciones correspondientes.

El desarme se debió al incremento de la violencia "y a la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo", según el grupo.

La seguridad quedó a cargo de militares y federales. (AFP)

Este martes el gobierno de Estados Unidos publicó una alerta para recomendarles a sus ciudadanos que no viajen a Acapulco, donde los funcionarios estadounidenses directamente tienen prohibido ir.

En 2017 esta ciudad de 800.000 habitantes registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo.

El desarme de las policías locales se ha repetido en distintos puntos del país donde los cuerpos locales de seguridad habían sido infiltrados por el crimen organizado.

Tan solo en el estado de Guerrero han sido desarmadas policías locales de forma temporal en más de una docena de pueblos y ciudades desde 2014, incluida la capital Chilpancingo. 

Se trata de una zona donde operan grupos delictivos que se dedican al robo, al secuestro, a la extorsión y a la droga: acá las bandas se disputan el territorio para el cultivo de amapola, materia prima para elaborar heroína.

La intervención no tiene fecha de vencimiento, por ahora. (EFE)

En el fronterizo estado de Tamaulipas, en el noreste del país y una de las regiones con mayor actividad del crimen organizado, han sido desmanteladas la gran mayoría de policías locales desde 2011 y grupos conjuntos del Estado y la federación se encargan de la seguridad.

Debido a sus bajos sueldos y la poca formación, las policías locales suelen ser principales objetivos a corromper por los cárteles para garantizarse impunidad.

En Guerrero, Tamaulipas y Coahuila, por ejemplo, investigaciones federales han demostrado la participación de agentes municipales en el secuestro o desaparición de personas.

Fuentes: AP, AFP, EFE y DPA.