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El Ejecutivo avanza con una transformación en el sistema vial. Se prevé la eliminación de las cabinas de cobro y la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar el tránsito. También se analiza el rol del sector privado en la gestión de los corredores nacionales
El Ejecutivo avanza con una transformación en el sistema vial. Se prevé la eliminación de las cabinas de cobro y la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar el tránsito. También se analiza el rol del sector privado en la gestión de los corredores nacionales.

El Gobierno Nacional conducido por Javier Milei confirmó una reforma integral en el esquema de peajes de las rutas del país. La iniciativa busca reemplazar las cabinas tradicionales por un sistema de cobro digital sin barreras, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reducir tiempos de espera.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el cambio busca eliminar los embotellamientos y modernizar la infraestructura vial.La transformación se inscribe dentro del plan de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además de la eliminación de las cabinas, el esquema prevé una mayor participación del sector privado en la gestión de los corredores nacionales, lo que podría implicar modificaciones en el modelo de concesiones.

Implementación del sistema sin barreras

El nuevo sistema de peajes sin barreras utilizará tecnología de identificación automática para registrar el paso de los vehículos. Según explicó Adorni, el mecanismo permitirá que los conductores transiten sin detenerse, agilizando el flujo vehicular y reduciendo las demoras. “El objetivo es simplificar la circulación en las rutas nacionales y eliminar las esperas innecesarias”, afirmó el funcionario.

El Gobierno trabaja en la implementación de un sistema similar al utilizado en Uruguay, donde cada automóvil lleva adherido un identificador electrónico vinculado a un medio de pago. En la Ciudad de Buenos Aires, el modelo de TelePase ya opera con un esquema similar en autopistas, permitiendo el cobro automático sin necesidad de que los vehículos se detengan.

En el caso de las rutas nacionales, la transición hacia el nuevo modelo requerirá inversiones en infraestructura y adaptación tecnológica. Si bien aún no se definió la fecha exacta de implementación, fuentes oficiales aseguraron que la intención es avanzar en las próximas semanas.

Participación del sector privado

Otro eje central del plan es la privatización parcial de la red vial. Actualmente, la empresa estatal Corredores Viales administra más de 6.000 kilómetros de rutas, pero el Gobierno busca transferir parte de la gestión al sector privado. Esta decisión responde al deterioro de varias autopistas y la falta de actualización en las tarifas de peaje, lo que, según el Ejecutivo, limita la capacidad de inversión en mantenimiento y obras.

“La participación privada permitirá mejorar la infraestructura y garantizar el mantenimiento adecuado de las rutas”, sostuvieron fuentes oficiales. El nuevo esquema contempla que las concesionarias inviertan en nuevas obras a cambio de la explotación de los corredores, lo que podría implicar un ajuste en los valores de los peajes.

El Gobierno también analiza el impacto que esta medida tendrá en el empleo. La eliminación de las cabinas de cobro afectará a trabajadores del sector, aunque aún no se detalló cómo se manejará la transición. En Santa Fe, por ejemplo, se denunció la posible pérdida de puestos de trabajo en el Puente Rosario-Victoria, cuya concesión finaliza el 9 de abril.

Beneficios ambientales y operativos

El sistema de peajes sin barreras no solo busca mejorar el tránsito, sino también reducir el impacto ambiental. Según el Gobierno, la eliminación de las paradas obligatorias en los peajes disminuirá la contaminación generada por los embotellamientos. Los vehículos podrán mantener una velocidad constante, reduciendo las emisiones de gases.

Además, el modelo digital facilitará el control del pago de peajes. En el actual sistema, algunos conductores evaden el pago utilizando carriles exclusivos para vehículos pesados o aprovechando las barreras levantadas en horarios nocturnos. Con el sistema de identificación automática, el cobro será más eficiente y evitará evasiones.

Peajes sin barrera en la Ciudad de Buenos Aires

AUSA ya incorporó peajes sin barrera en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema de TelePase ya funciona en varias autopistas con un modelo de cobro sin barreras. La tecnología permite registrar el paso de los vehículos a través de un dispositivo adherido al parabrisas, vinculado a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció recientemente que los vehículos eléctricos y híbridos estarán exentos del pago de peajes en la ciudad. La medida busca incentivar el uso de automóviles menos contaminantes y fomentar la movilidad sustentable.

“Queremos reconocer a quienes optan por vehículos ecológicos y generar incentivos para reducir la contaminación”, explicó Macri. Según el esquema, los autos eléctricos no pagarán peaje, mientras que los híbridos abonarán solo el 50% del valor. El beneficio tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación según los resultados.La red de peajes sin barrera que ya funciona en CABA

Para acceder a la exención, los propietarios deben estar adheridos al sistema TelePase y realizar un trámite presencial en las oficinas de AUSA. La condición principal es que la cédula verde del vehículo especifique su motorización eléctrica o híbrida.

Perspectivas del nuevo sistema de peajes

La implementación del sistema sin barreras en las rutas nacionales dependerá de la adhesión de las provincias. Dado que la gestión vial es una competencia compartida entre Nación y jurisdicciones locales, los gobiernos provinciales deberán decidir si adoptan la nueva modalidad o mantienen el esquema actual.

“Nosotros vamos a dar el paraguas jurídico para que cada provincia decida”, afirmó Sturzenegger. El ministro sostuvo que el modelo permitirá “más libertad” en la administración de los peajes y que los ciudadanos podrán evaluar qué gobernadores optan por sumarse al cambio.

El detalle de la normativa se conocerá una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, la transformación del sistema vial busca mejorar la eficiencia del tránsito y reducir costos operativos. Sin embargo, su implementación dependerá de las inversiones necesarias y la adaptación de la infraestructura existente.

FUENTE DIARIO INFOBAE

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar y pidió que se detalle cuál es el "interés público" que justifica el cambio.

Le pide al Gobierno que "se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

En un revés para uno de los últimos anuncios del Gobierno, la Justicia dictó este martes una medida cautelar para suspender el decreto con el que el presidente Javier Milei transformaba al Banco Nación en Sociedad Anónima. La decisión fue tomada por el juez K Alejo Ramos Padilla.

En la resolución, a la que accedió Clarín, el juez dispuso "como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ORDENAR al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

Además, el juez requirió "a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025".

La medida surge luego de que el Gobierno estableció la conversión del Banco Nación en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de febrero con las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el inicio de su gestión, el Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar. Finalmente, la entidad bancaria pública fue excluida de ese listado por el Congreso.

Desde ese momento, la intención del equipo que encabeza Daniel Tillard, presidente del BNA, fue avanzar en la transformación del banco -el más grande del país- en una sociedad anónima, poniendo como espejo a lo que ocurre con el Banco do Brasil, en el país vecino.

A los pocos minutos de conocerse la noticia, el subsecretario de prensa de la Presidencia de la Nación, Javier Lanari, se expresó a través de su cuenta de X. "Si fuera para estatizarlo, meter miles de ñoquis y quebrarlo, no harían nada. El problema es que el decreto es para hacer exactamente lo contrario...", sentenció.

También se pronunció el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo vía redes: "Celebramos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla del Juzgado Federal de La Plata quien acaba de suspender el decreto Nro 116/25 que transformaba el Banco Nación en Sociedad Anónima".

En un escrito de 15 páginas, Ramos Padilla precisó en los considerandos que "la presente causa fue iniciada el 11/6/2024 y su objeto fue que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización de esa entidad bancaria".

"Por resolución dictada el 25/9/2024 se resolvió: DECLARAR que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional; y en consecuencia ABSTRACTA la cuestión suscitada entre las partes por los fundamentos expresados", puntualizó.

En ese contexto, Ramos Padilla precisó que "será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que, en definitiva, deberá decidir si corresponde o no mantener la decisión oportunamente dictada en esta causa que, además de considerar abstracta la cuestión, declaraba que la modificación de la situación jurídica de la entidad bancaria solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional".

En cuanto al decreto, el juez consideró que "ratifica y profundiza la amenaza de privatización denunciada en autos, en tanto constituye un paso decisivo en la conversión del BNA en una sociedad anónima, lo que implica la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado Nacional, con las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que ello acarrea".

"Requiere el urgente dictado de una medida cautelar, a fin de evitar la consolidación de actos que podrían resultar de imposible reparación ulterior, en resguardo de los derechos de los trabajadores, usuarios y de la integridad del sistema financiero nacional", argumentó.

Además, el juez indicó que el Decreto 116/2025 "excede las facultades delegadas por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y configura una maniobra encubierta e impropia de privatización del Banco de la Nación Argentina".

"El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) invoca como sustento de su competencia el artículo 3 de la Ley 27.742, que delega facultades para la reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica de determinados órganos y organismos de la administración central o descentralizada. Sin embargo, tal delegación tiene como límite infranqueable el mantenimiento de dichas entidades dentro de la órbita pública, y no habilita la conversión del BNA en una sociedad anónima", puntualizó.

El fallo sostiene que "si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados".

Ramos Padilla aclaró que su medida cautelar es "interina" y recordó que el decreto del pasado 20 de febrero le encomienda al Ministerio de Economía de la Nación "llevar adelante determinadas medidas que prima facie podrían derivar en su privatización".

Finalmente, consideró que "a primera vista, tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora se encuentran suficientemente cumplidos" y que "la medida cautelar solicitada reviste el carácter de urgente y considero configurados los extremos de procedencia de una medida cautelar interina".