El Gobierno Nacional oficializó este lunes una profunda reestructuración del sistema de Registros del Automotor, que implica la clausura y reorganización de casi 400 dependencias en todo el país.

La medida se enmarca en el proceso de modernización iniciado en 2024 y busca simplificar los trámites vinculados a vehículos.

Según la Resolución 411/2026 publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la unificación de 288 registros, la supresión de 14 y el cierre definitivo de otros 13 que ya habían sido dados de baja en años anteriores pero seguían operativos. En total, la reorganización alcanza a 395 oficinas, aunque en la práctica solo desaparecerán 27 dependencias distribuidas en distintas jurisdicciones.

Los motivos de la reforma
El texto oficial señala que se detectaron casos en los que una misma persona figuraba como responsable de más de un registro, lo que generaba duplicaciones administrativas. Con la unificación, se busca ajustar la estructura formal a la realidad operativa y reducir costos.

La Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) aclaró que el personal de cada dependencia no depende directamente del Estado, sino de los encargados titulares, por lo que el impacto en el empleo variará según cada caso.

Entre los registros que deberán cerrar completamente figuran oficinas de

Mar del Plata Nº 2.
La Matanza Nº 3.
Mar del Plata Nº 9.
Olivos Nº 7.
Ituzaingó Nº 1.
Motovehículos de Morón C.
Capital Federal Nº 67.
Maquinaria/Créditos Prendarios Capital Federal Nº 8.
En Córdoba (Embalse, Porteña, Motovehículos de Embalse A, y Motovehículos de Porteña A).
En Neuquén el Registro Nº 6.
En Tucumán el Registro N° 2

Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un esquema más reducido y eficiente, en el que varias oficinas podrán compartir edificio pero manteniendo separadas sus funciones. La reforma apunta a agilizar los trámites y disminuir la cantidad de unidades registrales, pasando de 368 a 288.

Buenos Aires (CABA): El procedimiento se lleva adelante en un edificio religioso ubicado en Helguera y Bogotá. El tránsito está afectado en la zona.

Un fuerte operativo policial se desplegó hoy en el barrio porteño de Flores por el desalojo de una sinagoga ortodoxa ubicada en la intersección de las calles Helguera y Bogotá. En el interior del templo hay alrededor de 30 personas de la comunidad judía, entre ellas un rabino, que estarían resistiendo la medida judicial.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons. Varios patrulleros de la Policía Federal se encuentran apostados en los alrededores del edificio mientras se desarrolla el operativo.

Según trascendió, quienes permanecen dentro del inmueble cuestionan el desalojo porque sostienen que el edificio fue vendido de manera ilegal. El conflicto estaría relacionado con una disputa interna dentro de la comunidad.

De acuerdo con la información disponible, integrantes de la comunidad habrían vendido una parte del inmueble, mientras que otro sector se opuso a esa operación y desconoció la legitimidad de la venta.

En ese contexto, el operativo policial se concentra en los alrededores del templo ubicado en Flores.

A causa del procedimiento, el tránsito en la zona permanece afectado.

Fuentes de la causa informaron a TN que los religiosos habían a un acuerdo para terminar el rezo de la mañana y después estarían dispuestos para que se ponga en marcha el desalojo. Sin embargo, el rabino que encabeza el grupo aseguró que no se van a retirar.

“Mi abuelos, mis padres fueron los compradores. Es un templo que fue comprado, está escrito en los libros que un templo nunca se puede comprar ni demoler. Nos enteramos que hace cinco meses nos tenemos que ir, nosotros no sabíamos nada, somos los titulares, los dueños”, expresó un rabino a la prensa.

Al mismo tiempo, señaló que luego de ser notificado, le informaron que un grupo de fieles de la comunidad fueron a una inmobiliaria con un propiedad adulterado y lo vendieron.

“Ellos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir. No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”, afirmó.

Asimismo, el religioso manifestó que todo se debe a un conflicto por la zona. “Es un barrio comercial, quieren hacer una galería. Es una parte vendida, pero yo estoy en juicio porque se vendió con título de propiedad adulterado”, sostuvo.

FUENTE TN

El 5 de septiembre marcará un cambio histórico en la justicia penal juvenil argentina.

Ese día comenzará a regir la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema integral para adolescentes en conflicto con la ley. La norma deroga el decreto-ley 22.278, vigente desde 1980, y pone fin a un esquema heredado de la dictadura que durante 46 años reguló la respuesta penal frente a menores de edad.

La ley no se limita a modificar la edad de imputabilidad: introduce un catálogo de sanciones progresivas que priorizan medidas alternativas antes del encierro. Entre ellas figuran la amonestación, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. Solo en casos graves se contempla la privación de la libertad, que podrá cumplirse en domicilio, institutos abiertos o centros especializados.

Además, la normativa prohíbe expresamente las penas perpetuas y fija un máximo de 15 años de condena, incluso en delitos graves. Esta disposición responde a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2013 declaró incompatible la perpetua para menores con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Otro aspecto destacado es la exigencia de formación específica para jueces, fiscales y defensores, así como el reconocimiento de la víctima, que contará con patrocinio jurídico gratuito si no puede solventarlo. La ley también protege la identidad de los adolescentes imputados, prohibiendo la difusión de datos personales en los medios.

El debate público se centró en la edad de imputabilidad, pero los especialistas advierten que el verdadero cambio se verá en la aplicación cotidiana de la norma. Según datos de la Corte Suprema, en 2025 se iniciaron 1.768 causas contra adolescentes, de las cuales el 81% correspondió a delitos contra la propiedad. Solo un caso involucró a un joven de 14 años en un homicidio, lo que muestra que la reforma se diseñó pensando en situaciones extremas, aunque operará sobre casos comunes como robos simples.

La ley prevé salidas alternativas como la mediación penal o la suspensión del juicio a prueba, pero también establece que el incumplimiento de estas medidas derivará automáticamente en prisión, lo que genera críticas por la contradicción con el principio de que el encierro debe ser el último recurso.

Un punto clave será la articulación con las provincias, ya que la norma incluye disposiciones procesales y las jurisdicciones locales aún no han adecuado sus códigos. Esto podría derivar en diferencias de aplicación según el lugar del país, generando desigualdades en casos similares.

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 busca modernizar el sistema penal juvenil y alinearlo con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las provincias para garantizar infraestructura, programas de reinserción y personal especializado. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de convertirse en un cambio de texto sin transformación real.