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La idea inicial del ministro de Economía era realizar una gira también por Francia y Qatar, pero se resolvió dividir el periplo en dos para potenciar los contactos y las negociaciones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará en la primera semana de septiembre a los Estados Unidos como parte de una agenda de viajes por el exterior en la que, se espera, también visite otros países, según informó este lunes el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

"Hoy, con Sergio Massa hemos definido su próxima agenda en los EEUU. A fines de agosto recibiré (en la embajada argentina) a una misión técnica de alto nivel del Ministerio de Economía encabezada por Leonardo Madcur", detalló Arguello en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El embajador agregó que "primera semana de septiembre confirmamos visita (del) ministro Sergio Massa a Washington DC".

En la agenda del ministro figuran un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le ratificará que se cumplirá con el objetivo planteado en el acuerdo firmado en marzo último de bajar el déficit a 2,5% del PBI hacia fin de año.

También se reuniría con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, y en el Tesoro de Estados Unidos no se descarta que Massa pueda concretar un encuentro con la secretaria Janet Yellen y el subsecretario David Lipton.

La idea inicial de Massa era realizar una gira por los Estados Unidos, Francia y Qatar, pero se resolvió dividir el periplo en dos para potenciar la agenda de contactos y negociaciones.

De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda prevé estar dos o tres días en Washington para garantizar una agenda al máximo nivel institucional y al menos un día en Nueva York, para fortalecer la relación con los inversores.

Para una segunda etapa quedarán los viajes a Francia, donde se reunirá con las autoridades del Club de París con el que la Argentina negocia un nuevo acuerdo por una deuda de cerca de US$ 2.500 millones, y luego a Qatar.

Lo hicieron a través de una presentación realizada por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que "si este fallo vergonzoso" emitido por la Cámara Federal porteña "queda firme, estaremos todos bajo sospecha y nuestra intimidad y derechos fundamentales conculcados".

Familiares de los tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que anule el reciente fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la investigación por supuesto espionaje contra los deudos de las víctimas.

La presentación, en la que se reclama la ratificación de los procesamientos, fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que "si esta inmundicia de fallo" emitido por la Cámara Federal porteña "queda firme, estaremos todos bajo sospecha, y nuestra intimidad y derechos fundamentales conculcados", informaron este lunes fuentes del caso.

"Respecto de mis representadas, si este fallo vergonzoso se confirma, quedarán estigmatizadas como las peligrosas, las terroristas, las enemigas públicas número 1", enfatizó la letrada en su escrito.

Carreras aseveró que "el fallo que recurre esta querella no resiste el planteo fáctico a falta de prueba y fundamento de la sentencia recurrida, respecto de constituir ese grupo de mujeres, dolientes, destrozadas, sin mayor preocupación que saber que había pasado con sus seres amados, y que busquen su tumba de acero, el submarino".

"Pero este fallo las coloca en el lugar que se reserva para una 'célula terrorista', una facción golpista, un grupo de personas que representen juntas o separadas una amenaza para la seguridad interior o seguridad del presidente de entonces, Macri", apuntó.

La Cámara Federal porteña emitió la resolución a mediados del mes pasado, beneficiando a Macri, Arribas y Majdalani, quienes habían sido procesados el año pasado en primera instancia por el juez federal de Dolores Martín Bava.

En otro tramo del escrito Carreras se preguntó: "¿Les quitaran a los que vengan detrás con el precedente de este fallo, del mínimo derecho a juntarse en una esquina? Al parecer sí, porque si se considera un ´peligro´ marchar con una bandera pidiendo saber la verdad sobre sus hijos, solo les queda a ellas y a nosotros, el destierro a un lugar sin derechos sin garantías".

Y advirtió que "si este fallo se convalida, no solo quedaremos expuestos todos a tareas de inteligencia superficiales o violaciones de la intimidad suavecitas, sino que retrocederemos jurídicamente décadas, y sin poder judicial confiable ante la sociedad, sino también perdernos la confianza en el sistema legal… no auguro un buen panorama en lo inmediato ni para generaciones futuras. Por lo cual insisto, en el pedido de declarar la nulidad del fallo del 15-7-2022 y se confirmen los procesamientos".

"Mis representadas no solo son víctimas de las tareas de inteligencia ilegal tal como lo ha entendido el Juez Federal Subrogante en Dolores, Dr. Martin Bava, sino también el Fiscal Dr. Juan Pablo Curi , y también así lo ha concluido la Comisión Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia del Congreso de la Nación", aseveró.

Carreras dijo a Télam que "con este recurso de casación queremos que quede claro ante la sociedad que en modo alguno ninguna de las familias ha sido violenta en ningún momento con ninguna autoridad. No son las familias de los tripulantes una amenaza para la seguridad interior, algo que este fallo sostiene vilmente re victimizándolas"

Con este recurso "queremos evitar que un precedente de este calibre venga a legalizar las tareas de espionaje so pretexto del 'por las dudas' tan parecido al 'algo habrán hecho', porque nos deja a todos bajo estado de sospecha", añadió.

La letrada explicó que "desde lo legal atacamos el fallo por error en las leyes y decretos aplicados y también expusimos que en el fallo se manipuló la prueba al extremo de cambiar la realidad, mentir lisa y llanamente. Queremos pedir que la sociedad entienda cuantas veces fueron maltratadas las familias del ARA San Juan, y esta vez necesitamos que todos las defiendan de esta infamia que las equipara a terroristas".

El ARA San Juan era un submarino que el 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar argentino con 44 tripulantes a bordo cuando se dirigía desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. La nave fue hallada un año después, el 17 de noviembre de 2018, cerca de donde se había hundido, a poco más de 900 metros de profundidad.

Este martes se realizará la séptima audiencia durante la cual el Ministerio Público Fiscal presentará sus pruebas contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán mañana con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez. Será después que el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones de la defensa de Cristina Kirchner y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

La audiencia comenzará a las 8:30, será virtual como se viene desarrollando el juicio y la Fiscalía continuará con el análisis de la prueba. Según el cronograma establecido por el Tribunal los fiscales tienen nueve audiencias de alegatos, por lo que le quedarían tres. El fiscal Luciani dijo en la primera audiencia que usaría todas y que tal vez requiera más. Todavía formalmente no hizo ningún pedido.

En la audiencia del viernes la fiscalía analizó los presupuestos que el Gobierno envió al Congreso Nacional y cuáles fueron las falencias. El fiscal explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo porque era el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras. La ex presidenta agregó que si había una asociación ilícita tenía que hacerse extensiva a los legisladores.

“El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primer falacia porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo”, dijo Luciani y agregó: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.

El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.

En el caso se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.Cristina Kirchner en la primera audiencia de alegatos de la Fiscalía

Cuando los fiscales finalicen su alegato será el turno de las defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta.El viernes a la noche el Tribunal Oral rechazó la recusación que la vicepresidenta de la Nación había presentado contra los jueces Giménez Uriburu, Gorini y el fiscal Luciani. También la de Mola

“Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, señaló el tribunal que habló de “la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”.

El diario Pagina/12 publicó a principio de semanas fotos de Luciani y Giménez Uriburu como integrantes del equipo de fútbol Liverpool que jugó partidos en la quinta de Macri. La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, los recusó porque señaló que esa amistad manifiesta debió haber sido informada y así se encontraban lesionadas la garantía del juez imparcial y el principio de objetividad del fiscal.

Por su parte, Mola fue recusado porque en 2016 se reunió en la Casa de Gobierno con el entonces secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y porque a su jura como fiscal asistieron Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte Grand, procurador General de la provincia de Buenos Aires.

FUENTE INFOBAE Publicado 13 de Agosto de 2022

Lo hizo el tribunal oral que juzga el caso. Dijo que el planteo carece de “elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó la recusación que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, presentó contra uno de dos sus integrantes, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, y contra el fiscal Diego Luciani por su supuesta amistad al integrar un equipo de fútbol que jugó torneos en la quinta “Los Abrojos” del ex presidente Mauricio Macri. También fue rechazada la recusación contra el fiscal Sergio Mola.

La defensa de Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez, recusó a Giménez Uriburu por parcial y a Luciani por pedida de objetividad. A eso planteo se sumaron las defensas de Báez y de los ex funcionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner y Nelson Periotti. Este último también recusó a Mola por una visita a la Casa Rosada y porque a su jura como fiscal asistieron funcionarios públicos del PRO.

“Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, señalaron los jueces Jorge Gorini y Andres Basso en su resolución de 19 páginas a la que accedió Infobae. Los camaristas hablaron de “la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”.

El diario Pagina/12 publicó a principio de semanas fotos de Luciani y Giménez Uriburu como integrantes del equipo de fútbol Liverpool que jugó partidos en la quinta de Macri. La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, los recusó porque señaló que esa amistad manifiesta debió haber sido informada y así se encontraban lesionadas la garantía del juez imparcial y el principio de objetividad del fiscal.

Por su parte, Mola fue recusado porque en 2016 se reunió en la Casa de Gobierno con el entonces secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y porque a su jura como fiscal asistieron Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte Grand, procurador General de la provincia de Buenos Aires.

En la audiencia de juicio de ayer Luciani y por escrito Giménez Uriburu señalaron que no son amigos. Que se conocen hace muchos años de tribunales, que trabajaron juntos, que integran el equipo Liverpool pero que no tienen una relación de amistad. El fiscal también señaló que no tiene relación con Macri ni con ningún funcionario de su gobierno y que así como comparte una actividad deportiva con el juez Giménez Uriburu también tuvo actividades académicas con funcionarios de este gobierno, como es el caso del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

“Al parecer existe una campaña, desconozco si está articulada o no, tendiente a a ejercer presión sobre cualquier aspecto de mi vida que no tiene que ver con mi función. Y eso denota una intención muy clara de desgastarme psicológicamente”, dijo Luciani en la audiencia.

Por su parte, Giménez Uriburu sostuvo que la última vez que fue a jugar a la quinta de Macri fue en 2017, antes de salir sorteado para intervenir en el juicio de la obra pública y que nunca tuvo contacto con el ex presidente. También que en ese lugar se juegan campeonatos desde los años 80 y que pasaron gran cantidad de equipos y de personas, por lo que los que iban no era porque tenían una amistad con Macri.Cristina Kichner en una de las audiencias del juicio

Mola también contestó en la audiencia al recusación. Sostuvo que su reunión en Casa Rosada fue por un tema de su función como fiscal por un tema del aeropuerto de Ezeiza. Se trató de un encuentro oficial y que así quedó registrada con su nombre y documento porque no había nada que ocultar. Sobre la jura dijo que fueron invitados los funcionarios con los que por su trabajo más interactuaba y que si hubiese sido 10 años hubiesen estado otros funcionarios de las mismas áreas.

Los jueces Gorini y Basso señalaron primero que las recusaciones fueron presentadas fuera de plazo. Explicaron que el Código establece que un tiempo para hacerlo desde que son son citados a juicio y que ese plazo venció en julio de 2018. Los magistrados señalaron que si bien la información se hizo masiva esta semana todos los datos estaban disponibles para las partes: los antecedentes de Luciani y Giménez Uriburu en las paginas oficiales del Poder Judicial y de la Procuración General, que integran el equipo Liverpool en su pagina de Facebook que es abierta, la jura de Mola publicada en el sitio de noticias Fiscales y el registro de entradas a la Casa Rosada había sido publicado por Poder Ciudadano.

“Nótese que en definitiva todos los casos traídos a consideración se reducen a información disponible para el público en general, fácilmente accesible (a través del motor de búsqueda online de mayor utilización a nivel mundial: www.google.com). La novedad a su alrededor para algunas de las defensas, si efectivamente es tal, únicamente se debe a la responsabilidad de aquellas partes que no efectuaron las tareas de averiguación e indagación pertinentes a su cargo. La reciente repercusión mediática no los convierte en hechos públicos, condición que ostentaban desde mucho antes. Sólo les otorga notoriedad, calidad que jamás puede ser interpretada en relación de antonimia con la clandestinidad”, explicaron los camaristas.

También sostuvieron que el Código establece que el juez y el fiscal deber apartarse de un caso si tienen “amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados” y que los interesados son “el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte”. Y que eso alcanza a los acusados del juicio y no al resto de las partes, entre ellos los jueces, el fiscal y los abogados.

“Tanto el Dr. Luciani como el Dr. Giménez Uriburu han dado cuenta de los pormenores de la relación que los une, explicando los espacios en los que han coincidido en el pasado y también los límites que enmarcan su vínculo. En base a la información que aportaron en la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha y en el escrito presentado, respectivamente, nos encontramos ante la evidencia de que la ´íntima amistad´ por la que las defensas pretenden su recusación, no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión”, dijeron Gorini y Basso.

“Observamos que una cancha de fútbol en el marco de un torneo deportivo abierto a la comunidad, en el que participan una variedad de equipos según la época en la que se trate, acabó convertida sin mayores miramientos ni esfuerzos argumentales en la mesa chica de un ex primer mandatario del país -que por cierto no tiene ni ha tenido intervención alguna en este proceso-, y quienes participaron de los encuentros futbolísticos allí celebrados por más de cuarenta años, en sus aliados políticos”, agregaron.

Y por último señalaron que “resulta entendible, si se quiere, que a merced de marcados saltos y fallas en el razonamiento se construya una narrativa en los medios de comunicación, pero lo que es llamativo es que, sin más, se pretenda incorporar a un proceso judicial esa misma tónica discursiva”. Para los jueces “no es lo mismo participar de un torneo de fútbol que ser invitado por el anfitrión a participar de un encuentro personalizado. Idéntico juego de palabras podría realizarse alrededor de la jura formal del Dr. Mola en la sede de la Procuración General de la Nación y una eventual connivencia con los asistentes a la ceremonia”.

Así, el tribunal rechazó las recusaciones.

Pero en la audiencia del juicio de ayer -la sexta jornada de alegatos de la Fiscalía- la defensa de Cristina Kirchner amplió la recusación contra Giménez Uriburu y también pidió el apartamiento de Gorini. El pedido tambien fue rechazado.

Fue tras otra publicación de Pagina/12 que dio cuenta de que ambos jueces tuvieron reuniones en 2017 y 2018 con la entonces ministra de Seguridad Bullrich.El juez Jorge Gorini

El abogado de Cristina Kichner señaló que una de las reuniones fue el 23 de agosto de 2018. El encuentro fue solicitado por Gorini, estuvo Giménez Uriburu y fue para discutir proyectos para la lucha contra el narcotráfico. Beraldi señaló que fue cuando el Tribunal ya tenía la causa de la obra pública y que Bullrich integraba el gobierno que impulsó esa denuncia. El segundo encuentro citado fue el 5 de junio de 2017 cuando Gorini se entrevistó con Bullrich para hablar de temas de corrupción en fuerzas de seguridad.

“Estas visitas generan a la defensa un temor objetivo de parcialidad. Existen reglas muy precisas de cómo se deben convocar a los magistrados y que no tengan contacto con los funcionarios del Poder Ejecutivo”, dijo Beraldi.

Luego Gorini le contestó a Berladi los motivos de cada encuentro para que decida si avanzaba con la recusación. El juez explicó que la reunión del 2018 fue cuando se conoció la detención en pijama del ex vicepresidente Amado Boudou. Para entonces la Corte Suprema estaba cerca de resolver la causa por la tragedia de Once y si confirmaba las condenas los acusados quedarían detenidos. Gorini explicó que con Giménez Uriburu se reunieron con Bullrich para pedirle que no ocurra lo mismo con los acusados de Once. “En este juicio participan abogados de esa causa que pueden dar fe que no trascendieron fotos”, dijo el magistrado.

La reunión del 2017 fue, explicó Gorini, por el juicio del encubrimiento del atentado a la AMIA. El juez relató que sufrió un hecho de inseguridad sugestivo y se reunió con Marcela Rodríguez, entonces ministra de Seguridad de Cristina Kirchner, por esa situación. La ministra dispuso un dispositivo de seguridad personal sobre el juez a cargo de la Policía Federal. Gorini relató que cuando la Policía Federal fue transferida a la ciudad se reunió con Bullrich para que se mantuviera la custodia.

El planteo de la defensa fue rechazado in limine por el tribunal. El juicio se reanudará el martes con la séptima jornada de alegatos de la Fiscalía

El proyecto, que fue elaborado por el equipo del ministro de Economía Sergio Massa, dispone que el trabajador mantiene de manera temporal por 1 año la estabilidad del plan. Al transcurrir los doce meses, el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios.

El Gobierno establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios, ratificaron este domingo fuentes oficiales.

El proyecto, que tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas, fue elaborado por el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, y se denomina "Puente Empleo" para la "Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad", confirmaron fuentes de esa cartera.

La iniciativa consiste en que "los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 (un) año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio", explicaron las fuentes.

También destacaron que "el programa 'Puente Empleo' se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica".

El proyecto tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas.

La iniciativa actual dispone que "el trabajador mantiene de manera temporal por 1 (un) año la estabilidad del plan. Al año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral (indemnización futura)".

En cuanto a los beneficios para los empleadores, "por 1 (un) año el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan que se mantiene)", añadieron los voceros de Economía.

El programa "Puente al Empleo", destacaron, "apunta a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social".

"Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 trabajadores, que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social", añadieron.

Este programa, dijeron las fuentes, "permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales".

Los detalles para terminar de diseñar el plan "Puente Empleo" fueron analizados por los expertos del equipo económico de Massa el viernes pasado en una reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. También hubo reuniones el sábado y este domingo incluso en oficinas del Frente Renovador que lidera el ministro, en Avenida del Libertador al 800.

Poco después de ser designado en Economía, Massa dijo que el Gobierno va a trabajar en el reordenamiento de los planes sociales. Anticipó en ese sentido este proyecto por el cual "aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base" mientras el empleador "paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social".

"Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad", afirmó en esa ocasión.

En octubre del año pasado, cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: convertir los planes sociales en empleo genuino.

"Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro", explicó entonces en un video, cuando presentó el proyecto.

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