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El jefe comunal de Comandante Luis Piedrabuena, Federico Bodlovic, recibió críticas por inmunizarse antes que el personal de salud prioritario.

La decisión de un intendente de aplicarse la vacuna de Sputnik V desató una ola de críticas en la provincia de Santa Cruz. Es que, además de no constituir personal de salud prioritario, el jefe comunal se inmunizó junto a su esposa y el chofer del municipio.

El escándalo ocurrió en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, un distrito pequeño ubicado a 240 kilómetros de Río Gallegos y donde se sienten los faltantes de dosis. El intendente, Federico Bodlovic, quedó en la mira del personal de salud por incumplir los criterios del plan de vacunación.

En el Hospital Distrital “Armando Zamudio” se vacunaron 75 personas, del total de 200 integrantes del personal del hospital. Las dosis no iban a alcanzar. La controversia se disparó cuando el propio director del hospital, Mario Tripputi, confirmó a sus colegas que Bodlovic; su esposa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci y los miembros del Comité de Emergencia local se habían aplicado la vacuna rusa contra el coronavirus.

La información tomó estado público porque salieron a la luz tres audios de esa conversación en el hospital distrital. En ese momento, los trabajadores del centro de salud estaban reunidos en asamblea por considerar que no habían sido tenidos en cuenta para la vacunación, a pesar de ser un área de riesgo permanente.

Además del intendente, su esposa y su chofer -junto a otros funcionarios municipales, en Luis Piedrabuena se inmunizaron con Sputnik V adultos mayores del geriátrico municipal de Gobernador Gregores. El grupo tampoco estaba contemplado para la primera etapa de vacunación, según se desprende del protocolo santacrueño.

“Tomé la decisión de vacunar a los viejos porque lamentablemente el hogar de ancianos no es de unos ni de otros”, sostuvo el director Triputti en uno de los audios, en el que detalló también que en el centro de ancianos “hay personal de Salud, también de Desarrollo Social y del Municipio, sin los cuales no podría estar funcionando”.

A raíz de las irregularidades, el ministerio de Salud del gobierno de Santa Cruz inició una investigación y no descartan sanciones. Es que son varios los municipios y localidades bajo sospecha de incumplimiento de los criterios de vacunación.

“Todos sabemos cómo se utilizaba la vacuna, le informamos lo mismo a cada director de cada localidad, a cada responsable de la vacuna local y a la autoridad ejecutiva”, sostuvo la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi, en diálogo con FM Tiempo. La funcionaria de la gobernadora Alicia Kirchner advirtió: “Si después que uno se va de la localidad hacen esta revisión de datos para implementar la vacuna de otra manera, serán responsables. La forma de aplicar la vacuna es una. Había un instructivo y sabían que era así”.

“Ellos saben que es un recurso que viene escalonado, tienen una responsabilidad. Saben que es un recurso que viene racionalizado, que tanto trabajó la Argentina para la compra, por eso me parece totalmente desacertado manipular ese insumo con un criterio de epidemiológica local”, fustigó Laura Beveraggi. “No lo vamos a dejar pasar”, completó.

Santa Cruz tiene en su plan de vacunación a unas 124 mil personas. Se tienen que aplicar 248 mil dosis, de las cuales se implementaron 5 mil hacia el personal de Salud. En la llegaron 3 mil dosis más y durante el próximo fin de semana arribarán otras 4.600.

El 11 de enero pasado, el intendente de Piedrabuena resaltaba el desembarco de las dosis de la vacuna rusa para implementar la inmunización contra la COVID-19. “Llegó a la localidad la Vacuna Sputnik V para personal de Salud”, sostuvo Bodlovic desde sus cuentas de redes sociales. Finalmente, la estrategia de inmunización tuvo otro matiz.

En las escuelas que no permitan acudir todos los días -alrededor de 12 mil-, "los chicos irán una semana al colegio y estudiarán desde sus casas la semana siguiente", precisó el gobierno. Habrá presencialidad completa en otras 4 mil.

El Gobierno bonaerense definió que en aquellas escuelas que por su situación edilicia deban dividir en grupos a los alumnos para prevenir el coronavirus, la rotación presencial se hará en forma semanal, según adelantó la directora general de Cultura y Educación provincial, Agustina Vila.

"Lo que estamos promoviendo es generar bloques semanales. Es decir una semana sí, una semana no en aquellas escuelas que no permitan la presencialidad todos los días. Los chicos irán una semana al colegio y estudiarán desde sus casas la semana siguiente", precisó.

La titular de la cartera educativa provincial dijo en declaraciones radiales que se adoptará un modelo similar al que aplican Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La funcionaria estimó que unas 4.000 escuelas podrán cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana, mientras que otras 12.000 deberán alternar en grupos a los alumnos.

Vila precisó, además, que en los casos de las clases presenciales "serán de cuatro horas por día" y explicó que si bien los protocolos de vuelta a la presencialidad son lineamientos generales obligatorios, "también hay particularidades de acuerdo a cada distrito".

"El protocolo rector es la distancia, lo que provoca que en algunas escuelas haya que subdividir a los grupos, ahí la presencialidad no será todos los días de las semanas sino alternada", precisó.

Vila aclaró que en la provincia de Buenos Aires "el ciclo lectivo comienza el primero de marzo, pero el 17 de febrero empezaremos con los chicos que tienen que recuperar contenidos".

Si bien el Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en un principio contempló la posibilidad de que la rotación de alumnos sea cada dos días, ahora se estableció que será cada semana "porque se actualizaron algunos aspectos que procuran hacer esa presencialidad aún más cuidada", explicó Vila.

Alrededor de 4.000 escuelas podrán cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana.
El Plan establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.

Por ello, los modelos de organización escolar y pedagógica se implementarán considerando el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio.

Entre las pautas generales de cuidado, se encuentran el uso obligatorio de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; la distancia social entre estudiantes y docentes, de al menos de un metro y medio entre estudiantes y de dos metros del docente en el aula, y de otros dos metros en espacios los comunes.

También contempla la higiene frecuente de manos (al menos cada 90 minutos), el control de temperatura al ingreso del establecimiento (máximo 37,4º C), la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos) y el mantenimiento de las puertas y ventanas siempre abiertas.

La organización de los ingresos y egresos de las escuelas está prevista en horarios escalonados que eviten la concentración de personas como pautar 15 minutos de diferencia entre los horarios de salida y entrada de los grupos de estudiantes.

Además de los protocolos, el Gobierno provincial prevé iniciar -en unos días- el proceso de vacunación contra el coronavirus a docentes y auxiliares de la educación.

CÓRDOBA.- Exactamente en diez días -el 24 a las 9 de la mañana- el expresidente Carlos Menem debía sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado como "autor mediato" de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Un cuarto de siglo después de aquel drama, la Justicia había resuelto que hubiera un juicio. Su muerte, ahora, cierra la causa. Río Tercero es la única ciudad del país que no adhirió al duelo nacional de tres días dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso que debía enfrentar Menem complementaría el juicio de 2014, que terminó con las condenas a los exmilitares que ocupaban cargos jerárquicos al momento de las explosiones: Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años. En todos los casos, por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas".

Menem no fue parte de ese juicio, ya que había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba con una falta de mérito. En 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó al expresidente. Para Ochoa, en esa planta se concentraba el armamento que enviaban los cuarteles del Ejército antes de ser contrabandeado a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, y en la explosión se intentó eliminar pruebas del contrabando en momentos en que la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires avanzaba en la investigación de ese delito. Contra lo sostenido por el juez, la Cámara de Apelaciones benefició al expresidente.

En 2017, sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y en 2019 pidió que se elevara a juicio la causa.

"Cumpliendo con lo dispuesto, se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", señaló la Municipalidad de Río Tercero en su cuenta oficial de Twitter.

En noviembre pasado, cuando se conmemoraron los 25 años de la explosión, el intendente Marcos Ferrer (UCR) firmó un decreto ad referendum del Concejo Deliberante en el que se declaró a Menem persona no grata. "Estamos convencidos de su participación; todo el proceso fue muy escabroso. La Justicia no depende de nosotros, pero queremos que la memoria colectiva tenga bien claro qué pasó", dijo a LA NACION.

A las 8.55 del 3 de noviembre de 1995, una lluvia de proyectiles y pedazos de metal se desató sobre la ciudad de Río Tercero. Nadie tenía información, pero por intuición miraron a la fábrica. El saldo fue de siete muertos, 300 heridos y múltiples daños materiales. Desde hace tiempo, las autoridades locales y los vecinos piden que se hable de "atentado".

Las explosiones fueron tres: las dos primeras en la planta de descarga de la fábrica y la tercera, y más importante, en el depósito de expedición y suministros. Conforme detonaban, los proyectiles de los polvorines se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, los más dañados de la ciudad. Al comienzo, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un accidente por un desperfecto en la manipulación de un montacarga. Años más tarde, pericias técnicas determinaron la intencionalidad de la voladura con trotyl.

Menem llegó a Río Tercero a las 5 de la tarde de aquel 3 de noviembre. En conferencia de prensa, afirmó que el hecho era "un accidente" y que había que descartar un atentado. "Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra", dijo el entonces Presidente.

La única querellante de la causa, la abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, logró en soledad recoger pruebas y testimonios que señalaban, sin lugar a dudas, que se trató de un atentado y consiguió que se realizara un peritaje decisivo en 2003, en Serrezuela, que confirmó el hecho intencional.

Gritti falleció antes del primer juicio, pero sus dos hijas continuaron la querella con los abogados Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Viqueira. Para Viqueira, todas las pruebas apuntan a que el expresidente tuvo "directa intervención en los ilícitos cuyo ocultamiento fue el motivo deliberado de la explosión".

Los riotercerenses no sólo no pudieron ver que la Justicia avanzara hasta dar con el máximo responsable de las explosiones, sino que los 12.000 vecinos que iniciaron una demanda civil contra el Estado todavía no cobraron las indemnizaciones fijadas.

Por: Gabriela Origlia