Política

El INDEC dio a conocer el IPC de diciembre pasado (5,1%) y con ella la de todo el año 2022 (94,8%). El Poder Ejecutivo se respaldó en las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania. Sin embargo, la mayoría de los países de la región tuvieron índices extremadamente bajos en comparación con la Argentina.

Este jueves, el INDEC dio la inflación de diciembre pasado (5,1%) y con ella la de todo el año 2022 (94,8%). El gobierno, una vez más, salió a justificarla por los dos problemas estructurales de escala global: la pandemia y su cerramiento económico; y la guerra y el encarecimiento de la energía.

Es más, se apoyan en el hecho objetivo de que casi todos los países han visto alzas inflacionarias como consecuencia de aquello. “Macri hubiese tenido el mismo problema, o quizás peor. ¿Quién hubiese podido zafar de todo lo que pasó?”, se pregunta una fuente que trabaja en Casa de Gobierno.

Lo que el gobierno no puede explicar es cómo los demás países de la región (con la excepción de Venezuela) tuvieron índices de inflación extremadamente bajos en comparación con lo que ocurre en la Argentina.

Veamos los indicadores 2022:

• Bolivia 3.1%
• Brasil 5.9%
• Perú 6.9%
• Uruguay 8.9%
• Chile 12.8%
• Colombia 13.1%
• Venezuela 114.9%

“Eso es porque a ellos no les dejaron 50 puntos de inflación como a nosotros”, se resiste un funcionario oficialista referenciado en Cristina Kirchner. Pero el asunto es mucho más complejo.

“No lo vamos a ocultar como hizo Cristina. Acá decimos las cosas como son. Fijate que pusimos en el INDEC a un tipo honesto y respetado por todo el sistema (por Marco Lavagna) que siguió con la línea de Todesca (Jorge)”, cuentan también en Casa de Gobierno.

“Lo que sigue es ver como copar la agenda con otros temas”, agregan en relación el juicio político a la Corte Suprema. “Y esperar a que la inauguración del tramo de gasoducto permita bajar el gasto energético y con eso equilibrar las cuentas públicas”, rematan.

De todos modos, un importante integrante del Gobierno, se sincera: “Tanto inflar a los presidentes de la región, tanto decir que están en sintonía con Alberto. Nos vamos a terminar quemando. Ellos le ganan a la inflación. Acá perdemos por goleada”.

Pasa que es habitual escuchar a los dirigentes del Frente de Todos, más especialmente al Kirchnerismo, hablar de “La Patria Grande” para referirse al continente latinoamericano. Es que, en su vocación de construir política en base a las confrontaciones, Cristina Kirchner y compañía (y también Alberto y compañía, es cierto) suelen apelar a una semántica regional opuesta a las potencias capitalistas.

Lo curioso es que los países de la “Patria Grande”, a contramano de la pretensión K, suelen tener comportamientos ortodoxos que les reportan resultados económicos dignos de las potencias mundiales. Tal es el caso del indicador más temido: la inflación. La “Patria grande” es la muestra de la debacle argentina en materia inflacionaria.

Lo cierto es que el Gobierno argentino no ha sabido, al menos por ahora, controlar las principales variables que hacen al fenómeno inflacionario. “Al menos por ahora”, ya que objetivamente la gestión Massa, en función del acuerdo con el FMI, ha logrado ordenar relativamente los principales indicadores de la macro.

Aun así, la variable principal que hace a la inflación -la emisión monetaria- sigue siendo un hecho en la Argentina. Según cálculos efectuados por consultoras privadas, la emisión 2022 ha superado a la 2021 que -de por sí- fue muy alta pues, año electoral. Los cálculos privados dan un exceso de 6.2 billones de pesos cuando se compara emisión con demanda. Eso da 7,6% del producto bruto. El dato preocupante es que 2023 es año electoral y la Argentina sabe de aumento del gasto público en función de las campañas. Gasto público asociado a la emisión.

“Estamos presos de eso. El gobierno tiene que salir a dar la pelea electoral en medio de una situación de grave crisis económica con severo impacto social. Impacto que se nota mucho más fuerte en sectores a los que históricamente le habla el peronismo. Ahí no hay otra que llevar recursos que generen bienestar social. Y eso se banca con plata”, reconoce un importante integrante del Gobierno.

La emisión será -entonces- un escollo difícil de sortear, más allá de las metas que el FMI le impuso a la Argentina a cambio de llegar a un acuerdo que evite el default.

Otros países, incluso con tremendas crisis político-institucionales, tienen economías mucho más racionales. Tal es el caso de Perú. Hace 15 días, en una entrevista con el Diario Clarín, el ministro de economía peruano, Alex Contreras Miranda fue tajante: “En Perú está prohibido el financiamiento a través de emisión monetaria”.

Es quizás esa una de las razones por las cuales un país que ha tenido seis presidentes en seis años goza de una economía sana. Y agrega: “En Perú, el Banco Central tiene prohibido de financiar al fisco. Las variables monetarias son independientes de las variables fiscales. Todo este plan lo estamos financiando con recursos del fisco. En Perú está prohibido el financiamiento a través de emisión monetaria.”

En definitiva, lo que diferencia a la Argentina del resto de los países de la región es que -salvo alguna excepción- los hermanos latinoamericanos gozan de una plataforma de políticas públicas que trascienden en el tiempo, sin importar quien esté en el gobierno. Lo que se conoce como “estabilidad”, clave en otra de las variables que hace a la inflación: la expectativa. Países con expectativa positiva son países en los que con inflaciones razonables.

“Es increíble, che. Tenemos una infinidad de recursos, muchísimo más que el resto de los países de la región. Pero padecemos nuestro comportamiento expansivo”, se sincera una fuente de la Rosada haciendo referencia al tamaño del gasto público y a la emisión monetaria para financiarlo.

El gobierno sabe perfectamente que nada cambiará el hecho de que el bolsillo fue, es y será la principal preocupación de los argentinos. Y que eso pesa aún más en un año de elecciones. Resolver el problema (entiéndase por resolver: lograr una baja) es la meta del ministro de economía, quien además tiene pretensiones electorales para fin de año. La previsión inflacionaria 2023 del presupuesto está en el orden del 60%, mientras que para las consultoras privadas que contrata el Banco Central estará encima del 90%. La brecha es enorme.

Está claro que la retracción del consumo fruto de la suba de precios 2022 puede alterar favorablemente la tensión entre oferta y demanda con su correlativa baja del índice de precios. Pero, ¿qué prevén los países hermanos para la inflación 2023?

Bolivia 3.28%, Brasil 5.17%, Perú 3.5%, Uruguay 7%, Chile 5%, Colombia 7.5% y Venezuela 97.9%

Alberto Fernández se reunió con el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político.

El presidente Alberto Fernández entregó al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara; el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y pidió su "pronto tratamiento legislativo".

El mandatario les dio a los legisladores oficialistas el escrito de más de 30 carillas anticipado públicamente el martes durante una reunión realizada en la Casa Rosada, se informó oficialmente.

"El Presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo", añadió la información de la Presidencia.

El apoyo de los gobernadores y la dirigencia

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT respaldaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces de ese tribunal Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al considerar que existen "sobrados elementos como para avanzar" en ese proceso.

Luego del encuentro que el jefe de Estado mantuvo con mandatarios provinciales en la Casa de Gobierno, donde firmaron la iniciativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, remarcó que "son escandalosos los chats entre (el estrecho colaborador de Rosatti) Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro", quien ayer pidió licencia para preparar su defensa en este caso.

En esas conversaciones, Robles le sugería a D'Alessandro estrategias que debía emplear el Gobierno porteño en el conflicto con Nación por los fondos coparticipables.

Al enumerar otro argumento, el gobernador riojano consideró que el fallo en favor de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con la Nación por los fondos coparticipables constituyó "un atentado contra el federalismo", por lo que hay "sobrados elementos como para avanzar".

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció en otras ocasiones a integrantes de la Corte Supremay le pidió a la exdiputada nacional que "no tenga amnesia moral".

Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri; sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.

Melella consideró que "la Corte y Rosatti tienen una adicción a Juntos por el Cambio".

"Si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato. Hoy tenemos una Corte escandalosa con un presidente que no puede seguir como si nada", apuntó sobre las conversaciones que se filtraron y fueron publicadas por diferentes medios.

Asimismo, Melella sostuvo que en la reunión entre el jefe de Estado y gobernadores "algunos no se sumaron por miedo", pero consideró que el poder real "si quiere, se los van a llevar puestos igual".

La presentación del Presidente

El comunicado difundido por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

En el comunicado se asentaron las firmas de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La diputada Gaillard aseguró que el proceso solicitado por el Presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante "con mucha seriedad y transparencia".

La legisladora precisó que "no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte" y aseguró que el proceso será llevado "de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad".

Explicó que aún no hay una fecha de reunión de la comisión prevista y que resta esperar "que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso".

"Creería que esta semana se firmará el decreto para convocar a extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la comisión", precisó en declaraciones periodísticas.

Gaillard explicó que la comisión tratará el proyecto y "dictamina por simple mayoría si se abre la investigación".

"Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar", apuntó. En ese caso, se comienza con la etapa probatoria, donde se presentan "pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares" y otras evidencias.

"Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría", añadió.

Explicó que después el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde "se requieren dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación", que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, "donde se juzga" al acusado.

En tanto, el diputado nacional y exgobernador de San Juan José Luis Gioja aseveró que los gobernadores que apoyan el juicio a la Corte "defienden los recursos de sus provincias" y advirtió que quienes no lo hicieron "ponen otros intereses por delante de los de su gente".

A la vez, en un documento los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron la iniciativa consensuada y señalaron que el "mal desempeño" de los miembros de la Corte está fundamentado en la "flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal".

Para el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional Hugo Yasky (FdT) "es un hecho importantísimo que el Presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento".

"Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real", denunció Yasky, quien fustigó: "Rosatti más que presidente de la Corte es un jefe de la oposición".

El sindicalista consideró, además, que la conmemoración por el 24 de marzo servirá para visibilizar este proceso judicial y convocará a miles de ciudadanos.

En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advierten sobre el riesgo de que haya un "gobierno de los jueces" y acusaron a los integrantes de la Corte de "invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" del Estado, afectando "seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional".

En el escrito repasan extensamente lo que consideran acciones irregulares del máximo tribunal, como la reciente cautelar que benefició a la ciudad de Buenos Aires respecto a los fondos coparticipables.

Los últimos números que se manejan en el oficialismo posicionan bien a Koopmann. Los neuquinos podrían ir a las urnas en abril.

La decisión del gobierno neuquino de establecer para el primer semestre del año las elecciones en la provincia tiene mucho que ver con el andar de la campaña y las posibilidades que le ven desde el oficialismo a Marcos Koopmann de quedarse con la gobernación.

En esta semana llegó a manos de los dirigentes del MPN una encuesta de una consultora de Buenos Aires, que había acertado en las últimas elecciones a cargos ejecutivos en la ciudad y la provincia, y que posiciona a Koopmann con tres puntos por encima de Rolando Figueroa (25 a 22 por ciento). Los números envalentonaron a los emepenistas, ya que el actual vice gobernador había arrancado desde atrás la pelea hacia el 2023, no sólo en intención de voto, sino también en imagen y nivel de conocimiento.

La fecha de los comicios se oficializará el martes, en un acto en Casa Gobierno, pero los rumores hablan de abril como el mes elegido para que el electorado de la provincia vaya a las urnas.

Será un verano movido, donde Koopmann se subirá a todas las fiestas populares del interior de la provincia, junto con caminatas de campaña, para promocionar su postulación, en una pelea que, puertas adentro del sector Azul saben que es “difícil” pero con un escenario actual mejor al de un tiempo atrás.

Victoria Donda dejó su cargo como interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo en el estuvo como titular desde el 2019.

Victoria Donda no continuará a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como interventora, según confirmaron fuentes oficiales este jueves. De esta manera, su designación había sido extendida por decreto presidencial y el 31 de diciembre del 2022 finalizaba, por lo que Alberto Fernández decidió no renovar su nombramiento en el cargo.

En sus redes sociales, Victoria Donda manifestó: “Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del INADI, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso”, sostuvo en un nuevo tuit.

Luego, agregó: “Seguiré militando en el Frente De Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”. A su vez, compartió el comunicado completo de su renuncia en la red social mencionada, donde detalló que su alejamiento se debe a que está “convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”.

“Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria”, sostuvo la exfuncionaria.

Incluso, señaló que dicha situación se dio “en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

En esta misma línea, la extitular del INADI declaró: “Sin lugar a dudas las rencillas dentro del Frente del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición respecto a la defensa del sistema democrático, elemento que hoy debe ser nuestra prioridad”.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas” -indicó Victoria Donda - “Hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

FUENTE RADIO MITRE

Fue increpado por una mujer que estaba junto al consultor Artemio López. El resto de los comensales aplaudió al funcionario judicial.

Diego Luciani, uno de los fiscales del juicio oral en el que recientemente condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión, vivió un momento desagradable en el restaurante “Lo de Fran”, ubicado en la zona portuaria de Mar del Plata.

Según informaron allegados al funcionario judicial consultados por Infobae, el hecho se produjo el sábado a la noche, cuando Luciani fue a cenar junto a dos parejas al local especializado en Cocina de Mar, ubicado en Avenida de los Trabajadores 171.

Antes de ingresar al salón, con capacidad para aproximadamente 50 personas, al fiscal le llamó la atención que lo hicieran esperar varios minutos a pesar de que tenían una reserva y de que la mesa que finalmente terminarían ocupando estaba disponible.

El incidente se originó cuando una señora que vestía una camisa verde, que también estaba comiendo allí y compartía la mesa con el consultor Artemio López, increpó al representante del Ministerio Público Fiscal, que como muchas otras personas aprovechó el fin de semana largo para viajar a la Costa Atlántica. “Qué ganas de vomitar, me das asco”, le habría dicho.

De acuerdo a la versión del entorno de Luciani, a partir de ese momento López empezó a grabar audios con su celular e insultar, lo que enrareció más el ambiente y lo motivó a pedir la cuenta y dejar el restaurante luego de haber consumido sólo la entrada. Al fiscal tampoco le gustó la familiaridad que mostró el mozo que los atendía con la pareja que le había hecho vivir un momento incómodo.

Artemio López compartía la mesa con la señora que agredió verbalmente a Luciani

“Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas; que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto”, le explicó el fiscal a sus colaboradores.

Francisco Rosat, chef y dueño de “Lo de Fran”, ratificó el relato y confirmó que en el momento que Luciani abandonaba la cantina, la mujer se abalanzó violentamente sobre él. Un amigo del fiscal puso un brazo para evitar una agresión física. “A vos la historia te va a condenar”, escucharon los comensales que gritó la atacante. “Es a ustedes a quien va a condenar”, contestó el letrado.

De acuerdo al relato del propietario del restaurante, en ese momento el resto de los comensales advirtieron lo que estaba sucediendo y empezaron a aplaudir al fiscal que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso en el que se investigaron negociados vinculados a las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Finalmente, la custodia que se encontraba en la puerta ingresó al salón y ayudó a Luciani a retirarse.

“Nosotros queremos aclarar que no tuvimos nada que ver con esto y no estamos acostumbrados a estas situaciones, vivimos de todos los clientes. Lo que se vivió fue muy triste para todos”, aseguró Rosat. El chef aclaró además que no tenían idea de que Luciani iría esa noche a comer al restaurante porque la reserva había sido realizada por otra persona.

Casualmente, Gabriel Oscar Berard, jefe de la Policía de la Ciudad, también estaba comiendo en el restaurante en el momento de la agresión. Ni Berard ni sus custodios intervinieron en el incidente, informó el propietario del local gastronómico."Lo de Fran", el restaurante donde se produjo el incidente con Luciani

Rosat compartió además un mensaje en sus redes sociales en el que les solicitó disculpas a los clientes por el mal momento vivido.

“Ante lo ocurrido el pasado sábado en nuestro local, Lo de Fran Cocina de Mar quiere expresar su repudio contra todo tipo de acto de violencia verbal y/o física y pedimos disculpas a nuestros clientes por el mal momento vivido”, introdujo.

Y desarrolló: “Queremos dejar en claro que el fiscal Luciani vino a comer con amigos a nuestro local (con reserva previa hecha a nombre de otra persona) como un cliente más y como tantos otros funcionarios, políticos, actores, deportistas y figuras públicas que siempre recibimos desde nuestros inicios”.

“Lo de Fran nació como un lugar donde la única ideología es cocinar para nuestros clientes, para quienes trabajamos y nos esforzamos cada día, entendiendo que la mesa es el punto de encuentro por excelencia de los argentinos. Un sitio de puertas abiertas donde nunca se hizo, ni se hará, ningún tipo de discriminación por ideologías políticas, religiosas, ni de género. Repudiamos todo tipo de violencia y le hacemos llegar al fiscal Luciani públicamente nuestra solidaridad ante la situación vivida”, completó.

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Estaba previsto que la Vicepresidenta encabezara un acto en el CCK el 12 de diciembre con una gran movilización del peronismo para respaldarla luego de la condena en la causa Vialidad. Ahora, el encuentro será el 19.

Cristina Kirchner dio positivo de COVID-19 y, como consecuencia, el acto que la Vicepresidenta iba a encabezar el lunes 12 de diciembre, para el cual el peronismo estaba organizando una gran movilización, se postergó para el 19 del mismo mes. Ese día será la reaparición pública de la ex mandataria nacional luego de su condena a seis años e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a la organización del evento que se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la ex jefa de Estado se encuentra en buen estado de salud y descansando en su casa de El Calafate.

Por este motivo, debió suspenderse por una semana el encuentro del Grupo de Puebla, que se realizará bajo la consigna “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”.El acto se realizará en el CCK

De este acto participará, entre otros, el presidente Alberto Fernández, quien estará a cargo de la apertura, en lo que será un nuevo reencuentro público entre los dos, que ya conversaron luego de la condena leída por el Tribunal Oral Federal 2.

El martes pasado, la ex mandataria fue encontrada culpable por los miembros de ese tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del delito de defraudación al Estado por las irregularidades en el manejo de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Según habían anticipado quienes están a cargo del encuentro, que ahora se realizará el 19 de diciembre, en el mismo se “buscará denunciar que la actual Vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”.

Estaba previsto que en el CCK los paneles fueran encabezados por los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Pepe Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia), además de la Vicepresidenta de España, Yolanda Díaz.

“La actividad busca denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la ex Presidenta de la Nación Argentina y entregarle apoyo transversal”, se precisó en el comunicado que emitió el Grupo de Pueblo cuando confirmó la reunión, que fue postergada.

Por su parte, el sector más kirchnerista del oficialismo estaba trabajando para que en el evento estuvieran los gobernadores del PJ, dirigentes sindicales y sociales, y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un bloque dirigencial que le dé volumen al respaldo luego de la condena en la causa Vialidad.

“La idea es que estén los mismos sectores que estuvieron en el acto en La Plata, más los gobernadores peronistas”, aseguró a Infobae un importante referente de este espacio. La convocatoria se cerró durante la comida que Cristina Kirchner compartió en Ensenada con sus principales dirigentes afines.Diferentes sectores afines al oficialismo planeaban una movilización

En tanto, el Movimiento Evita, el más afín a Alberto Fernández, tenía pensado movilizarse a la puerta del CCK para dar una nueva señal de acercamiento a la Vicepresidenta, luego de que una comisión estuvo presente en el acto en La Plata. También iban a estar Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez, y Patria Grande, liderado por Juan Grabois.

Además, estaba programada una marcha de la CTA y ATE, las organizaciones sociales que son parte del kirchnerismo y que durante las últimas semanas venían dándole forma al operativo clamor para que CFK sea candidata a presidenta. La Cámpora será la principal fuerza en movilizar militantes en la tarde del lunes.

De esta manera, se continuaba con el fuerte respaldo que viene recibiendo la ex mandataria nacional desde que el TOF N°2 leyó la condena en su contra, y que también se vio con comunicados y declaraciones de la mayor parte del peronismo, que cuestionó la sentencia y denunciaron un supuesto intento de proscripción.

La Vicepresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Consideró que los magistrados integran un “pelotón de fusilamiento”. El fiscal Luciani pidió una pena de 12 años de prisión.

Tras las “últimas palabras” de Cristina Kirchner este martes en el marco del juicio de la causa Vialidad Nacional, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 anunció que el próximo 6 de diciembre por la tarde dará a conocer el veredicto final sobre los 13 imputados. El fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión contra la Vicepresidenta.

La sentencia de la causa iniciada hace más de tres años tendrá lugar cuando finalicen las dos audiencias que aún restan del juicio en las que otros cuatro imputados, al igual que los anteriores, tendrán la oportunidad de brindar sus “últimas palabras”.

En este marco, el Tirbunal estableció que el próximo lunes a las 9.30 tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santibañes. El martes 6 a las 9.30 podrá hacer lo propio Juan Carlos Villafañe.

Para la Fiscalía no existen dudas de que se cumplen todos los requisitos para que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por ser jefa de una “asociación ilícita” y por administración fraudulenta por irregularidades en la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu serán quienes finalmente dicten sentencia dentro de una semana.

Las frases más destacadas de Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad

• “Este es el tribunal del lawfare, pero más que eso es un verdadero ‘pelotón de fusilamiento’”.
• “Los fiscales se dedicaron a agraviar”.
• “Durante 20 días inventaron hechos y ocultaron otros”.
• “Se demostró que las acusaciones no eran ciertas”.
• “La figura de asociación ilícita surge orientada hacia nuestro partido político y hacia mí”.
• “En Comodoro Py no se considera que mi muerte pueda ser un acto de conmoción pública”.
• “Cuando me ha tocado ir como víctima a Comodoro Py, sus colegas no ven una asociación ilícita en los espacios y quienes financiaron distintos ataques”.
• “¿En serio creen que nuestro gobierno cometió fraude en perjuicio de la administración pública?”.
• “¿Mi gobierno que entregó un país desendeudado? Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos donde están, ellos no tienen ningun problema”.
• “Los fiscales no pudieron replicar los hechos de la querella, se ocuparon de omitir hechos, el alegato termina un 22 de agosto cincuenta años después de un fusilamiento cometido igual, y después de ese alegato me dispararon pero el tiro no salió”.

• “Estigmatizan a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación, de acuerdo a las votaciones, para que nadie pueda nunca pueda animarse a hacer las cosas que hicimos nosotros”.
• “En Comodoro Py hay una actitud disciplinadora hacia la clase política”.
• “Estamos en una situación que va a tender a deteriorarse. Cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero ‘Partido Judicial’ que vino a sustituir al viejo partido militar y cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”.
• “Cuando la sociedad advierte este tipo de manejos, eclosionan las instituciones”.
• “No me equivocaba cuando dije que la sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita”.
• “Esta causa va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en el país en este período tan nefasto en que los juzgados se convirtieron en partidos políticos”.
• “Siempre viví en la misma casa”.
• “El 10 de diciembre de 2015 tenía los mismos bienes, que fueron analizados en tres causas, en las que fui sobreseída, sin embargos los chorros y ladrones somos nosotros”.
• “La pata mediática fue siempre imprescindible en este tipo de manejos”.
• “Construimos las 20 mentiras en la causa Vialidad, los fiscales mintieron sobre mí y sobre nuestro gobierno”.
• “Quienes trajeron al FMI hoy están en Qatar mirando el Mundial”.

Causa Vialidad: las penas que solicitó la fiscalía para los 13 imputados

• Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
• Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
• Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
• Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
• Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala: 4 años de cárcel.
• Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
• Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
• Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
• José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
• Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
• Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
• José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
• Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta

FUENTE TN

El Gobierno además deberá entregar el viejo avión presidencial.

la Casa Rosada avanzó este jueves en la compra del nuevo avión presidencial que reemplazará al viejo Tango 01. Según confiaron fuentes oficiales, el presidente Alberto Fernández terminó de dar el visto bueno y este viernes se publicaría en el Boletín Oficial la decisión administrativa con la confirmación de la adquisición.

Se trata de un Boeing 757-256 por el que el Gobierno deberá desembolsar unos 22 millones de dólares además de la entrega del Tango 01, valuado en unos 3 millones de dólares.

Los fondos, según agregaron las fuentes oficiales, saldrán de nuevas partidas dispuestas por el Ministerio de Economía, desde la cartera que conduce Sergio Massa explicaron que se trabaja a contrarreloj en un crédito de 12 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Según explicaron, el Poder Ejecutivo deberá depositar el monto en los próximos días en la cuenta de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo que depende de Naciones Unidas y que está a cargo de la operación de compra del avión, una aeronave con capacidad para 39 pasajeros con dormitorios y sala de reuniones.

Hace meses que en el Gobierno se debatía si era conveniente avanzar con la adquisición de un avión oficial -durante el gobierno de Cambiemos existió la misma discusión- que, cuando se termine de concretar, se sumará a la flota compuesta por los Tango 04 y 10, que todavía siguen operativos y que la Casa Rosada utiliza para vuelos cortos de cabotaje.

El Tango 01, adquirido en 1992 por Carlos Menem, costó en su momento unos 66 millones de dólares: desde 2016 que está parado y su mantenimiento anual asciende a los 220 mil dólares.

La crisis económica y el ajuste que el Gobierno instrumentó en los últimos tiempos tras el acuerdo sellado con el Fondo Monetario hicieron que el Presidente ordenara frenar el proceso de compra iniciado en la OACI. Pero en estas semanas, Fernández cambió de opinión y habilitó que se apuraran los trámites.

Según publicó Clarín, la decisión se tomó después de la gira por París y Bali en la que el jefe de Estado tuvo el inconveniente médico que lo obligó a internarse en un hospital de Indonesia.

Para ese viaje, al igual que los anteriores, Fernández y la comitiva oficial volaron en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que estuvo a disposición del mandatario pero que, por ejemplo, no contó con conexión a internet. Es decir, el Presidente y sus colaboradores estuvieron durante más de quince horas desconectados.

Un informe de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, resalta que "en la presente administración se llevan erogados unos 4.371.286,36 dólares" por alquiler de aviones para traslados presidenciales.

En ese mismo documento se detallan los riesgos para la seguridad del jefe de Estado y su entorno en vuelos comerciales, y el déficit en la "seguridad médica y electrónica".

Fue el justificativo que utilizó la semana pasada la Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cuando se refirió al tema. "El presidente no viaja en vuelos comerciales porque no lo permite la seguridad de los presidentes y la seguridad internacional", dijo la funcionaria en su tradicional conferencia de prensa semanal. 

El Boeing 757-256 modelo 2000 que se apresta a comprar el Gobierno es propiedad de de C&L Aviation Group, la empresa que resultó seleccionada por la OACI.

"Es barato con relación a otros aviones buscados para el traslado de jefes de Estado, por lo que permite cumplir todas las misiones requeridas a un costo reducido. El Boeing 757-200 es un avión de excelentes cualidades operativas por su gran velocidad, techo de servicio, autonomía, potencia y fuselaje medio, lo que permite una correcta distribución de los ambientes necesarios para el traslado presidencial", explicaron fuentes del gobierno vinculadas a la operación. 

El canciller uruguayo Bustillo inició una gira por Australia y Nueva Zelanda para negociar la adhesión de su país al Acuerdo Transpacífico, una decisión unilateral de Luis Lacalle Pou que puso en estado de alerta a los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez.

El Mercosur ingresó en una nueva crisis institucional por la decisión política de Luis Lacalle Pou de profundizar su estrategia unilateral de cerrar tratados de libre comercio al margen del bloque regional que Uruguay integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay.

Hace unos meses, Montevideo anunció negociaciones con China para cerrar un pacto bilateral al margen del Mercosur, y ahora se conoció que intenta sumarse en soledad al Acuerdo Transpacífico que lideran Nueva Zelanda y Australia.

Frente a esa información pública, los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez fijaron una estrategia diplomática que es inédita en la historia de treinta años del Mercosur. A través de un tuit común, posteado a la misma hora (9.00 de la mañana en Argentina), advirtieron a Uruguay que actuarán con el máximo rigor jurídico para evitar que se rompan las normas estructurales del bloque regional.

El organismo adquirió banderas, vuvuzelas, sombreros y porras con motivos del Mundial de Qatar 2022 y en Diputados, la oposición realizó un pedido de informes.

En la Cámara de Diputados, una grupo de legisladores presentó un pedido de informe para conocer en profundidad sobre el dinero desembolsado por el PAMI para adquirir cotillón de cara al Mundial de Qatar 2022.

La contratación fue titulada como “actividades sociopreventivas” y los diputados opositores aseguran que esa justifiación no es más que “un eufemismo con el que se busca ocultar la compra de cotillón para el mundial de banderas, galeras, maquillaje, porras, sombreros de arlequín y vuvuzelas”.

“Se trata, a todas luces, de un gasto escandaloso en términos éticos”, agregaron.

A su vez, insistieron: “La obra social de nuestros padres y abuelos demanda una gestión administrativa transparente, seria y que defienda los recursos públicos”.

Los referentes de la oposición también solicitaron que los responsables de la compra brinden explicaciones sobre los motivos de lo que consideraron “semejante erogación”.

“Este tipo de comportamiento de los funcionarios del PAMI generan indignación en un contexto de fuerte crisis social y económica”, explicaron.

La empresa en la cual se realizó la compra cobró $14.079.450 por los productos de cotillón es LA COMUNA ATESH S.R.L.

Quiénes firmaron el petitorio

El pedido de informes fue expuesto por Cristian Ritondo y cuenta con las firmas de otros diputados de Juntos por el Cambio: Martin Tetaz, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Virginia Cornejo, Soher El Sukaria, Alejandro Finocchiaro, Antonio Stefani, Silvia Lospennato, entre otros.

La Justicia investiga a Victoria Tolosa Paz por posibles irregularidades en el plan Potenciar Trabajo

Luego de la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolff y Guillermo Marijuan contra Victoria Tolosa Paz por supuestas irregularidades en el Potenciar Trabajo, el fiscal federal a cargo de la investigación le solicitó a la ministra, al titular de la AFIP y al presidente del Banco Central una serie de informes.

El requerimiento de Eduardo Taiano surge luego de que la AFIP comunique que había detectado incongruencias en más de 250 mil beneficiarios del programa. Estas consistían en compras de dólares con fines de ahorro y en que habían personas que presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales. Después de la noticia, tanto el fiscal como Wolf presentaron sus denuncias a Victoria Tolosa Paz en el juzgado federal 11.