Economía

Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa se pronunciaron en defensa de los recursos naturales que "son potestad de las provincias", ante el inminente vencimiento de las concesiones en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Los gobernadores de las provincias de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, enviaron cartas documento al Gobierno nacional en defensa de los recursos naturales que, según aclararon, "son potestad de las provincias", ante el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Según informó el gobierno rionegrino en un comunicado, el reclamo es "en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente".

Las provincias patagónicas advirtieron que "cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos”

Además, precisó que "el mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior, sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos".

Por su parte, el gobierno neuquino también "envió carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia".

En ese marco, el mandatario neuquino "refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados".

El ex ministro de Economía Sergio Massa, junto a los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, definió una prórroga por 60 días antes de otorgar las nuevas concesiones / Foto: Archivo.

Consentimiento de las provincias

Ambos gobiernos pidieron que "el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias".

Las notificaciones advierten que "cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”.

“Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales", puntualizó el comunicado.

Los gobernadores aseguran que "aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el gobierno central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales"

La acción por parte de las provincias dueñas de los recursos naturales establece un importante precedente en la relación entre el poder central y los estados provinciales en materia de gestión de recursos naturales.

Asimismo, evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad.

"Los gobernadores aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el gobierno central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región", concluyó el comunicado.

HACIA NUEVAS CONCESIONES

Los complejos hidroeléctricos fueron concesionados a privados en 1993 y a fin del año pasado llegaron a su final los contratos.

Previo a esto, el ex ministro de Economía Sergio Massa definió una prórroga por 60 días como periodo de transición antes de otorgar las nuevas concesiones.

Los contratos vencidos fueron otorgados un año antes de la reforma de la Constitución Nacional que otorgó la potestad sobre los recursos naturales a los estados provinciales. Ahora Neuquén y Río Negro quieren participar de las nuevas licitaciones.

TELAM

El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que el retiro del proyecto no afecta el rumbo de la economía del país ya que "entre el 70% y el 75% del paquete fiscal no estaba en la ley".

El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó que "lo que pasó en el Congreso con la Ley omnibus sea un desastre", y señaló que "el programa económico, no depende de la sanción de la ley porque el paquete fiscal ya había sido retirado".

En declaraciones al canal de TV, LN+, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "entre el 70% y el 75% del paquete fiscal no estaba en la ley" y remarcó: "Estamos lidiando con gente que no quiere el cambio".

"Hemos sido más duros con todas las partidas con los giros a las provincias y con la obra pública", dijo Caputo.

El ministro remarcó que la economía está "en equilibrio financiero en enero sin la sanción de la ley" y agregó: "Todo lo que hemos hechos ha dado mejores resultados".

Caputo subrayó que "la inflación se está desacelerando por la combinación de dejarle dar a la maquinita porque la base monetaria amplia cayó un 20% en términos reales, de establecer un ancla fiscal y el tercero es que la gente está cuidando los precios y los pesos".

El responsable de la cartera económica dijo que "en la última semana la inflación minorista alcanzó a 1,5% semanal con lo cual ya se está viendo una desaceleración de precios".

Caputo sostuvo que "la rehabilitación va a ser dura porque la Argentina es un adicto al déficit fiscal".

"La alternativa era seguir como antes y nos estrellábamos. En alguna parte del déficit, los subsidios representaban 40% del desequilibrio", agregó.

El ministro aseguró que "el ingreso de los jubilados se lo licuó el gobierno pasado" y que "los jubilados perdieron entre el 15% y el 40% en términos reales de su poder de compra".

Al respecto, adelantó que se cambiará la fórmula de actualización de las jubilaciones porque "los jubilados pierden plata" y precisó que se sacó del proyecto de ley "para enviarla en un nuevo paquete fiscal".

El jefe del Palacio de Hacienda resaltó que "toda la plata que tiene que ir a las provincias por ley, va a las provincias, las discrecionales las maneja la Nación".

Al respecto, sostuvo que "desde la Nación solo 18 puntos del gasto corresponden al gobierno federal. De eso, 11 puntos son jubilaciones y quedan 7 puntos del resto del gasto y de eso hay que bajar 5 puntos. ¿Cómo se hace para bajar el gasto en esa magnitud?"

El ministro sostuvo que "cuando no sale una negociación, hay acusaciones. Las provincias hicieron un mal análisis de su poder de negociación creyeron tener más poder del que tienen".

"Hay que tocar un montón de cosas. El régimen de Tierra del Fuego fue respaldado por un decreto del ex presidente Alberto Fernández que le dio estabilidad fiscal hasta el 2038 y el ex ministro Sergio Massa envió un proyecto y se ratificó por ley", detalló el ministro.

"Tiene que haber un cambio y el que no apoya no quiere los cambios. Va a haber que pasar este momento difícil. No hay alternativas, lo opción es mucho peor y esta vez va a dar resultados. No estamos engañando a la gente, vamos a solucionar el problema y nos va a ir bien", concluyó.

FUENTE TELAM

Las altas temperaturas y la falta de lluvias cambiaron las expectativas en el sector agropecuario. Podría haber pérdidas de rindes de hasta un 30% en los lotes de soja de la principal región agrícola.

Lo que parecía ser una película romántica con final feliz, en los últimos días alteró el guión y se transformó en una historia de suspenso con final abierto. Así podría definirse el cambio de expectativas que se generó en el sector agrícola por la sequía y la ola de calor, que afectaron a los cultivos en los últimos días.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) pronosticó días atrás un escenario donde se preveía alcanzar una cosecha total de 136,4 millones de toneladas, la segunda mayor de la historia, que traería aparejada una mayor liquidación de divisas.

La entidad porteña además proyectó que las exportaciones del sector crecerían en US$11.112 millones en comparación con la campaña anterior. No obstante, los ingresos por exportaciones serían inferiores a los de la campaña 2021/22 por un total de US$9.462 millones.

Respecto a la recaudación fiscal, estimaron US$13.200 millones, lo que representa un incremento de 42% desde la campaña previa. De esta manera, el Producto Bruto Agroindustrial alcanzaría los US$33.129 millones, expresando una mejora equivalente a 1,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había pronosticado una producción récord de maíz de 59 millones de toneladas de soja y un rendimiento histórico de ese cultivo en la región núcleo, con una cosecha 5 veces superior a la del año pasado, que llegaría a las 20,2 millones de toneladas.

Pero el impacto climático de los últimos días pone en duda esos números y pone en jaque a la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que comenzaron a recomponerse desde que Javier Milei asumió la presidencia e instrumentó una fuerte devaluación sobre el tipo de cambio oficial.

Las divisas que pueda liquidar el agro son fundamentales para que esa dinámica positiva siga adelante. De hecho, un informe de la Fundación Agropecuaria Para el Desarrollo de la Argentina (FADA) reveló que, de los 11 rubros exportadores, solamente 3 ingresan más dólares de los que consumen:transporte, minería y las cadenas agroindustriales.

Sin embargo, el campo genera 14 veces lo que producen los rubros de transporte y minería juntos. “Esto quiere decir que los dólares que entran de las cadenas agroindustriales nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros. Además, menos exportaciones es igual a menos trabajo y menos oportunidades”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

Consultado por TN, el jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, Cristian Russo, afirmó: “En el caso del maíz, por el área sembrada, se lograría una producción récord con solo alcanzar un rinde normal. El de primera ya se hizo en parte y el tema más complicado está en los tardíos de la provincia de Córdoba. Pero la mayor preocupación hoy no pasa por este cereal, sino por la soja, que pasa por un momento más crítico de crecimiento y es el cultivo que más divisas aporta al país”.

“Se está desplomando la condición de la oleaginosa. Hace dos semanas, estábamos hablando de que un 90% estaba de muy buena a excelente en la región núcleo. Pero la semana pasada bajamos un 25% esa categoría y subimos un 10% los lotes regulares y malos”, describió.

A su vez, alertó que esta semana la situación se agravó en la principal área agrícola. “En el informe que estamos elaborando ahora y saldrá publicado este próximo jueves, estamos viendo que se están perdiendo lotes de soja de segunda”.

Esto se debe, según explicó, a que la oleaginosa que fue sembrada sobre otros cultivos, como el trigo, tiene una menor reserva de agua en el suelo. “En esos casos, están muy complicados los lotes”, advirtió.

Por otro lado, durante esta semana observaron que la mitad de la soja de primera se encuentra en estado regular, cuando hace 15 días estaba un 100% en condición excelente. “En este contexto, se empieza a hablar de pérdidas de un 10% al 30% del rinde”, alertó.

Se necesitan lluvias de manera urgente

Más allá de que en algunas localidades bonaerenses, como Bolívar y Trenque Lauquen, hubo buenas lluvias que le pusieron un alivio a la situación entre este lunes y martes, Russo afirmó que en la zona núcleo hubo apenas unos milímetros dispersos.

En ese sentido, comentó que es muy difícil evaluar el daño que provocarán las altas temperaturas de los últimos días, ya que eso dependerá de cuando vuelvan las precipitaciones y cuántos milímetros dejen en la superficie. “La ola de calor se interrumpió el domingo. Después siguieron subiendo las temperaturas. Así va a seguir el panorama hasta el jueves, previo a la tormenta”.

Como dato positivo, contó que el centro de alta presión se movió y ahora hay condiciones para que ingrese una buena humedad en la región central. “En función del acopio de humedad que estos días den las lluvias y en función de la cantidad de agua, habrá que evaluar todo esto. Podría haber eventos muy interesantes en Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba entre el próximo jueves y viernes. Pero hoy la cosecha récord está en suspenso y hay un final abierto para esto que había empezado muy bien, pero se complicó muy rápido”.

A su vez, preocupan las secuelas que en la superficie dejaron los 3 años de intensa sequía. “Nos da miedo que el agua nunca se recuperó en los niveles subterráneos. Este dato es importante, porque esa agua de las napas, que tenés después del primer metro, funciona como un amortiguador cuando tenés varios días de calor. Pero más allá de que hubo una buena recuperación de lluvias en los últimos meses, veníamos de un déficit de 1000 milímetros”, relató.

No obstante, Russo pormenorizó que en la primera quincena de enero la situación fue muy heterogénea en la zona núcleo. “Tuvimos lugares donde en la mitad llovió menos de 80 milímetros y en el resto llovió de 80 a 150. Estábamos muy contentos porque habíamos tenido las lluvias de todo el mes en 15 días. Pero después eso se cortó y cambió todo”.

Sobre eso, detalló que los últimos 10 días de calor se llevaron el equivalente a unos 80 milímetros. “A su vez, hubo lugares que estaban con mejores reservas hídricas donde también se produjo une estrés térmico, porque agarró a la soja en un momento muy sensible, por eso estamos todos muy nerviosos”, concluyó.

FUENTE TN

A partir de hoy, los comercios adheridos al programa que reemplazará a Ahora 12 podrán ofrecer esa financiación a una tasa más baja que la de mercado. También pueden absorberla y ofrecer pagos sin interés

Tras el fin del programa de financiamiento “Ahora 12″ luego de una década de vigencia, arranca hoy “Cuota Simple”, un esquema similar pero que sólo permite ofrecer 3 y 6 pagos a una tasa más baja que la de mercado. De esta manera, y luego de insistentes reclamos por parte del sector privado, el Gobierno mantuvo parcialmente la medida, con el objetivo de evitar un mayor impacto al ya golpeadísimo consumo.

¿Por qué parcialmente? Porque con el Ahora 12 la menor tasa alcanzaba hasta 24 cuotas, y ahora sólo será para 3 y 6. El Gobierno apunta a que los comercios absorban el costo financiero y ofrezcan los pagos “sin interés” -es decir, mismo precio en efectivo que en 3 o 6 cuotas-, pero dependerá de la necesidad que tengan los distintos rubros de vender. De hecho, son pocos los negocios que hoy asumen ese costo, excepto días puntuales.

De todos modos, todos los comercios que estaban adheridos a Ahora 12 quedarán automáticamente inscriptos en Cuota Simple y podrán sumarse los que deseen. La Tasa Nominal Anual (TNA) será de 93,5%, que es hoy la que representa el 85% de la del plazo fijo del Banco Central (110%). Se revisará bimestralmente, por lo que será a fines de marzo.

A modo de ejemplo, para un producto que cueste $10.000, el recargo máximo que un comercio le puede cobrar al consumidor si elige las 3 cuotas es de 14,97%. De esta manera, el total de esa compra sería $11.497, con un valor de cada una de las 3 cuotas de $3.832. Si el comprador optase por las 6 cuotas, el recargo subiría a 31,41%, por lo que el monto total ascendería a $13.141 o seis cuotas de 2.190 pesos.

El programa mantiene la idea de financiar a un menor costo sólo productos de fabricación nacional, tendrá alcance nacional y estará disponible todos los días de la semana tanto en tiendas físicas como virtuales que se encuentren adheridas. Los rubros incluidos son 28: línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; teléfonos celulares con tecnología 4G; muebles; bicicletas; motos; servicios educativos; colchones; libros; anteojos y lentes de contacto; artículos de librería; juguetes y juegos de mesa; servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; neumáticos y accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

También podrán comprarse en cuotas a un menor costo financiero instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación; televisores y monitores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de preparación para el deporte; equipamiento médico; maquinaria y herramientas; espectáculos y eventos culturales; elementos durables de cocina: servicios de reparación de autos y motos; kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas. Los rubros que fueron dados de baja del programa de financiamiento fueron materiales para la construcción, turismo, servicios fúnebres y balnearios.

Según los antecedentes del programa anterior, las 3 y 6 cuotas son las más elegidas por los consumidores; totalizan un 80% de las transacciones. Por este motivo, se acordó optar por estos plazos. Además, los rubros con mayor participación fueron indumentaria, pequeños electrodomésticos y línea blanca, los cuales permanecerán en Cuota Simple. De acuerdo con los números que manejan en la Secretaría de Comercio, noviembre ya fue un mal mes en términos de consumo. Se realizaron mediante el programa Ahora 12 más de 6,4 millones de operaciones, por un total de $477.349 millones, que representó una merma de 11% respecto del mes anterior. Si bien se observó una disminución en los niveles de facturación de los principales rubros respecto de octubre, los montos facturados fueron mayores a los registrados en septiembre. Turismo, a diferencia del resto, registró crecimiento.

El objetivo del programa es que contribuya a que el consumo no se resienta tanto, en un contexto de elevada inflación que se mantendrá, según todos los pronósticos, al menos durante todo el primer semestre. En este sentido, desde la Cámara de la Indumentaria (CIAI), su presidente, Claudio Drescher, destacó la importancia del nuevo programa de financiación en el actual escenario pero al mismo tiempo planteó sus dudas sobre si la medida podrá evitar una profunda recesión y la consiguiente caída del empleo en el sector.

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, su titular, Alfredo González, señaló que si se considera que el Gobierno tenía pensado no continuar con Ahora 12, “poder tener 3 y 6 cuotas es una buena noticia”. Con respecto a la tasa, si bien es menor que la del mercado, “no es la mejor, pero es hoy la única posibilidad que hay sobre la mesa. Y ayudará a poder sostener la poca venta que hay en el actual contexto de contracción”. “Poder financiar en 3 y 6 cuotas, aunque sea la poca venta que tengamos, es muy importante. Sin eso, iba a ser mucho más difícil”, consideró González.

El fallo limita a las prepagas a realizar los incrementos autorizados hasta que se dicte sentencia definitiva. Es el segundo revés judicial consecutivo para el Gobierno, luego de que se suspendiera la reforma laboral propuesta en el decreto.

La Justicia suspendió los artículos del DNU de Javier Milei que desregulan los aumentos de las obras sociales. Es el segundo revés judicial consecutivo para el Gobierno, luego de que se suspendiera la reforma laboral propuesta en el decreto.

El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dio lugar a la cautelar solicitada por Rodolfo Francisco Vidal Quera Amengual e instó al Gobierno a suspender los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El fallo firmado por Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también ordenó a SIMECO a “readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23″.

La decisión del juez federal subrogante también limita a “efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en términos del artículo 17 de la ley 26.682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva, debiéndose acreditar su cumplimiento en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de ley”.

La suspensión de la desregulación de los aumentos de las prepagas llega luego de una suba del 40% que hubo en enero y se preveía un nuevo aumento del 26% en febrero, sobre el valor del primer mes del 2024. En lo que va del año, acumulan un alza de hasta 76% en los planes de salud.

Este nuevo fallo de la Justicia es el segundo revés judicial que sufre el DNU firmado por Javier Milei pocos días después de haber asumido. El anterior se dio este martes, cuando la justicia laboral suspendió los artículos del decreto vinculados a la reforma laboral.

La Cámara del Trabajo falló a favor de la CGT, resolvió que la reforma laboral del DNU de Javier Milei es inconstitucional y declaró la invalidez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia.

El fallo firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza a los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU, es decir, todos los que están relacionados con la reforma laboral que impulsaba el gobierno.

La disputa del Gobierno con la Justicia por la aprobación de los distintos capítulos del Decreto de Necesidad y Urgencia se da en el medio del inicio del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo ya había resignado el capítulo fiscal la semana pasada, luego de tensar las negociaciones con el sector de la oposición más “dialoguista”. Ahora las discusiones giran en torno a las facultades extraordinarias del Presidente y las privatizaciones de empresas públicas.

TN

El Gobierno se debate si traslada todo el atraso impositivo y si sigue recomponiendo precio para profundizar el sendero export parity. La suba sería de entre 9 y 15%, según la zona del país. En la Patagonia el impacto será menor.

La certeza es que este jueves aumentan los combustibles. La duda pasa por el porcentaje y el mix que decidirá el Ministerio de Economía entre el atraso impositivo y la recomposición del barril para seguir acercándose a la paridad de exportación.

Según pudo averiguar este medio, el asunto está completamente en manos del equipo de Lluis "Toto" Caputo y no en la Secretaría de Energía debido al fuerte componente fiscal de la medida. Sucede que una recomposición total del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono incrementaría los ingresos del Tesoro en 0,5 puntos del PBI, lo que constituiría una señal muy importante para los mercados luego de la derrota en la negociación de la Ley Ómnibus.

El problema es el efecto inflacionario. El Gobierno está muy preocupado con el tema y ya dio señales en ese sentido al retrasar el aumento tarifario del gas natural por este mismo motivo.

De cuánto puede ser la suba

De acuerdo a la consultora Economía & Energía, un traslado completo del atraso impositivo representaría una suba promedio del 9% que podría alcanzar el 15% en el caso de las naftas en el AMBA.

“Si el 1 de febrero se aplicara el 377% pendiente de incremento del ICL y CO2, el impuesto pasaría de 27,6 pesos por litro a 131,9 en naftas. Esto es un aumento de 104 pesos por litro. Pero los biocombustibles están exentos y la Patagonia también. Entonces, a nivel nacional, en realidad no es que aumenta $104 sino que nos termina dando $83 pesos. Dependiendo el precio de la nafta que estemos tomando, surgen diferencias en términos del impacto. Y en gasoil da 68 pesos por litro, pero con las exenciones termina siendo 60 pesos”, explicaron.

Ante la consulta de +e, desde una petrolera simplificaron el cálculo y afirmaron que, cada 100% de aumento impositivo, el traslado a naftas es del orden del 4% y en gasoil del 2% para zonas no exentas y del 0,4% y 1,2% para las exentas. En este caso, sería cerca del 15% en la zona no exenta para naftas y del 7,5% en gasoil.

Para colmo, el primero de marzo se debería actualizar un nuevo trimestre, lo que representaría un traslado a precios del 2% para naftas y 1% para gasoil en zona no exenta.

El peso del barril de petróleo

Está claro que la prioridad del Ministerio de Economía es la fiscal, pero desde la cartera energética sostienen que el escenario ideal es llegar lo antes posible a export parity porque, de lo contrario, no van a llegar las inversiones esperadas. Para eso, entienden que hace falta un incremento adicional de entre el 10% y el 15%.

La versión que circula con más fuerza en estos momentos es que el aumento del jueves promediaría el 15%, con una proporción mayoritaria del componente impositivo y una parte de recomposición del barril para demostrar que el sendero se mantiene.

La idea es repetir este esquema en marzo, pero alterando la proporción de los componentes. Ya ahí, la mayoría del aumento sería para llegar a export parity y una pequeña parte correspondería a la recomposición impositiva.

foto internet

La Secretaría de Comercio define el nuevo sistema para pequeñas importaciones. La Argentina tiene desde septiembre de 2022 un límite de USD 1.000 al mes y se encuentra entre los países más restrictivos de la región

El Gobierno decidió que llevará nuevamente a USD 3.000 el tope mensual para las pequeñas importaciones vía Courier que había bajado a USD 1.000 durante la gestión anterior por la escasez de reservas en el Banco Central. Así, el país dejará de ser uno de los países con mayor restricción a este sistema de servicio de correo privado para quedar en línea con Brasil y Chile. Este punto no solo es importante para las compras por plataformas, como Amazon o Alibaba por ejemplo, sino también para repuestos, partes, piezas e insumos que necesitan particularmente las pymes industriales.

Según explicaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne y del sector empresario la decisión será comunicada “en las próximas semanas”, como un paso más en el proceso de “facilitación” de las operaciones que se propuso como objetivo la dependencia bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En ese sentido, por ahora se encuentran en estudio cambios para los subregímenes de puerta a puerta para pequeños envíos y Correo Argentino. Una diferencia entre envíos “puerta a puerta” y Courier internacional, a través de mensajería privada, es que en los primeros solo pueden ser realizados por personas físicas y en el segundo incluye además a empresas.

El Gobierno avanzó en las últimas semanas en el cierre del padrón de deuda comercial y la puesta en marcha del bono para importadores (Bopreal) en línea con la búsqueda de comenzar a ordenar el comercio exterior. Este lunes se conoció la derogación de 69 normas, acción que busca diluir la intervención del Estado en las transacciones de los ciudadanos.

La Argentina es actualmente uno de los países más restrictivos de la región en cuanto a los topes impuestos a las operaciones de Courier, junto a Uruguay (USD 200), Bolivia y Paraguay (USD 1.000) y detrás de Colombia y Perú (USD 2.000) y Brasil y Chile (USD 3.000).

Ahora, la Secretaría de Comercio llevará nuevamente a USD 3.000 dispuestos en 2018 por el entonces Gobierno de Mauricio Macri; En la gestión de Cristina Kirchner era de USD 900 al mes. La escasez de reservas llevó a la administración de Alberto Fernández a endurecer el cepo y llevar el límite a USD 1.000 mensuales FOB a partir de septiembre de 2022. También se había cortado la posibilidad de financiar esas compras en cuotas. “En lo que podamos facilitar la operación, vamos a avanzar”, afirmaron fuentes oficiales

Además, se encuentran en estudio otros ítems importantes del régimen de Couriers. Actualmente el envío no puede pesar más de 50 kilos mientras que se puede ingresar hasta tres unidades de una misma especie y en ningún caso puede tener finalidad comercial. Hasta ahora, sólo estaban permitidos realizar hasta cinco pedidos al año a través de este sistema. Así se detalla en la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).El límite de compra vigente dejaba a la Argentina como uno de los países con mayor restricción para este sistema de la región. En Uruguay, el máximo permitido es de USD 200, mientras que en Bolivia y Paraguay es de USD 1.000 como en la Argentina. Sin embargo, en Colombia y Perú asciende a USD 2000, y en Brasil y Chile, a 3.000 dólares. En Ecuador, los valores varían por categoría, entre USD 400 y 5.000 dólares.

Este martes por la tarde Lavigne recibió al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en el antiguo Ministerio de Producción de la Av. Presidente Julio A. Roca al 651 en el microcentro porteño. Las empresas norteamericanas que operan en el país han dado su visto bueno al rumbo del Gobierno en reiteradas oportunidades. El miércoles, en tanto, el secretario se reunirá con empresarios pymes.

“En este marco pueden ingresar medicamentos, repuestos, herramientas, piezas y algunos insumos necesarios. En los últimos años y, particularmente, en los últimos meses las empresas han tenido muchas dificultades para importar. Parece que ahora comenzó un proceso de ordenamiento. Veremos qué pasa”, comentó un industrial pyme con peso en la gremial empresaria.

La misión comercial tiene por objetivo presentar a las empresas privadas la riqueza geológica del norte argentino y de la provincia de San Juan para atraer capitales de la Unión Europea mediante la producción del Litio.

La secretaria de Minería, Flavia Royon, y los gobernadores integrantes de la Mesa de Litio más San Juan comenzarán el jueves una misión comercial en Alemania para exponer ante potenciales inversores distintos proyectos de cara a la posibilidad de generar nuevos negocios.

De la misión, que comenzará el 1 de febrero, serán parte los gobernadores integrantes de la denominada Mesa de Litio: Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; y Marcelo Orrego, de San Juan.

A los mandatarios los acompañarán empresas para exponer a los inversionistas sus proyectos en las cuatro provincias, mostrando el trabajo e impulso conjunto entre los estados nacional, provinciales y el sector privado.

La delegación argentina participará en la capital de Alemania de la conferencia "Integrando Sinergias Argentina-Alemania: Recursos Minerales y Materiales Críticos", organizada por la embajada Argentina en Alemania, la Asociación de Materias Primas y Minería en el Extranjero (FAB), el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) y la Agencia Alemana de Recursos Minerales (DERA).

La agenda en Berlín que se desarrollará jueves y viernes próximos prevé la apertura de la Conferencia sobre Minería y Materiales Críticos en la embajada argentina, a cargo de Royon, junto a Fernando Brun, embajador de Argentina en Alemania; Franziska Brantner, secretaria Federal de Economía y Energía (BMWK); y José Pateiro, presidente de la Asociación Alemana de Minería en el Extranjero (FAB).

En tanto, el gobernador Sáenz junto a sus pares de Jujuy, Catamarca y San Juan, más Royon, participarán en el panel sobre Minería en Argentina, Panorama Federal, Encuadre Legal e Incentivos. Potencial y presentación de las provincias con potencial minero (Litio, Cobre).

También se realizarán paneles sobre asociaciones estratégicas, cadenas de valor en minerales críticos, entre otros.

Por último, el viernes, las autoridades nacionales mantendrán una reunión con diputados de la Comisión de Economía del Parlamento alemán, y posteriormente un encuentro bilateral con Christian Forwick, secretario del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Protección del Clima.

La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial. El decreto 81 replica el monto del extra pagado en enero a los beneficiarios de menores ingresos pese al contexto inflacionario.

El gobierno de Javier Milei oficializó mediante un decreto el pago de un bono de $55.000 para jubilados y pensionados a pagarse en febrero. Es para quienes perciban un monto menor o igual a $105.712,61. Para quienes superen ese valor, el monto extra será igual a la suma necesaria para llegar a $160.712,61.

“Para percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y la misma no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, establece el decreto 81, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional”, agregaron en el documento.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional”, agregaron en el documento.

De esta manera, jubilados y pensionados de la mínima volverán a cobrar $160.000 al igual que en enero -y en diciembre-, y a pesar de la escalada inflacionaria de los últimos meses.

El bono se da en momentos en que se discute un cambio en la fórmula de movilidad y cuando las jubilaciones y pensiones vienen de perder fuerte contra la inflación.

Las jubilaciones ya se ajustaron: el gasto previsional cayó 11% real en 2023

Como informó TN, en pleno debate por la fórmula de actualización de haberes previsionales, el Gobierno parece haber hecho una concesión en el proyecto de Ley Ómnibus, al mantener el cálculo vigente hasta la suba de marzo y, a partir de allí, aumentarlas por inflación.

Sin embargo, eso no solucionará el retroceso que las jubilaciones tuvieron en los últimos años. Más allá de los bonos que se fueron otorgando para compensar a quienes perciben los haberes mínimos, las cuentas públicas muestran la licuación que las prestaciones sufrieron en los últimos años.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, le puso números a esa licuación previsional: “En 2023, las jubilaciones aumentaron 140% contra una inflación de 211%”. La pérdida, explicó, no se recuperará en el primer trimestre de este año, ya que el Gobierno mantendrá en enero y febrero las cifras nominales de jubilaciones y pensiones cuando en el transcurso del período hubo una devaluación abrupta y los precios subieron 25%.

TN

Habrá más de un centenar de expositores en la convocatoria del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para definitr los aumentos que comenzarían a aplicarse a partir de "febrero o marzo".

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán este lunes sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de "febrero o marzo", de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comienza a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son:
➤ La adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural.
➤ La adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes.
➤El traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.
➤El tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes.
➤El tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC).
➤La reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién "para febrero o marzo" se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

"El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene", afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado Material de consulta de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

La decisión de aplicar un índice de actualización mensual deja en evidencia que los incrementos no se harán de una sola vez sino de manera paulatina

Para completar, hay que considerar las complicaciones propias del servicio de gas natural para determinar un valor promedio, ya que hay tres niveles de segmentación de usuarios, diez distribuidoras y una subdistribuidora divididas a su vez en 25 subzonas y, por último, ocho categorías residenciales, de lo que resultarían más de doscientas tarifas diferentes.

Como cuarta variable, la estacionalidad de la producción y el consumo de gas natural incide a su vez en el nivel de cobertura de la tarifa sobre el costo de explotación.

Esas diferencias fueron señaladas en el "Monitor de subsidios a la energía de la Administración Nacional" que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Por ejemplo, en 2022 la cobertura promedio fue del 69%, con extremos del 40% en julio y 87% en noviembre.

Al margen de esos altibajos estacionales, el seguimiento de la relación entre tarifas y subsidios de los últimos años permite identificar cuatro períodos: hasta 2015, con una alta participación de los subsidios y niveles tarifarios que no llegaban a cubrir la mitad de los costos de explotación; entre 2015 y 2019 con un cambio de tendencia que duplicó la cobertura tarifaria; y desde entonces hasta la actualidad, con dos etapas dentro de la presidencia de Alberto Fernández.

En ella, en un principio se retomó el congelamiento tarifario con el consecuente aumento de la proporción de subsidios, pero luego, con la segmentación en tres niveles de usuarios, se aplicó la tarifa plena para los de mayor poder adquisitivo, con una menor cobertura tarifaria para los otros dos segmentos.

TELAM