Economía

La Argentina forma parte de un grupo de una veintena de economías a nivel mundial en las que se puede hablar de brecha cambiaria porque hay más de un tipo de cambio. Y, por estos días, se habló más que nunca: la diferencia entre el dólar oficial mayorista y el paralelo ronda el 116%, el nivel más alto de -al menos- los últimos 31 años, solo comparable a la de la hiperinflación de 1989: en junio de ese año llegó a 110%, según datos de la consultora FMyA.

Esa brecha -que es similar en la comparación del oficial con el contado con liquidación, por ejemplo- tiene impacto sobre las expectativas y los comportamientos de los actores de la economía. La razón principal es que cuanto más crece la diferencia entre el tipo de cambio oficial (contenido por las regulaciones oficiales) y los que están por fuera de esas restricciones, se lee una mayor probabilidad de devaluación en el mercado oficial, fogoneada por la lupa puesta sobre las reservas netas del Banco Central, que son cada vez menores.

A grandes rasgos, el gran problema de la brecha es que es formadora de expectativas de corrección cambiaria y, a la vez, retroalimenta ese proceso. Así lo explica Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma: "En la medida en que va creciendo la diferencia, se profundizan todos los comportamientos de cobertura que hacen los agentes para prevenir las consecuencias de una futura depreciación, y eso termina haciendo que la economía funcione peor, porque el productor de soja no vende, el industrial pierde insumos y el exportador pierde reservas".

Algo de eso se vio esta semana: el plan para atraer la liquidación del agro a través de la baja de retenciones no resultó del todo y se estima que el Banco Central tuvo que vender divisas cuatro de las cinco ruedas. "El productor hoy está parado sobre la soja y los cereales: si cree que el dólar va a saltar fuerte, no los va a largar", resume Esteban Domecq, de la consultora Invecq. "Además, actúa en un mercado cambiario distorsionado: la brecha entre el dólar que recibe (el oficial menos las retenciones) y el libre, oscila el 190%", añade.

La brecha termina de socavar lo que quedaba de oferentes privados de dólar (es decir, vendedores) en el mercado oficial. Fernando Marull, de la consultora FMyA, suma un dato: si se compara agosto de 2019 contra el de este año, la cantidad de vendedores pasó de 700.000 personas a 90.000. El economista es quien hizo el cálculo comparativo: asegura que este nivel de diferencia solo es comparable a la de la hiperinflación de 1989.

En el mismo sentido, también incentiva a los compradores a aprovecharse de esa brecha, que da la sensación eterna de que el dólar está barato, "aun cuando descontado con la inflación no lo esté", apunta Matías Rajnerman, de Ecolatina. "Hay muchas empresas sobrestockéandose de importaciones: la economía está en rojo por todos lados, pero las importaciones desde Brasil crecieron en septiembre, algo bastante llamativo, y crece la demanda de dólares de importadores para cancelar deudas y pagar de manera anticipada", describe.

Por otro lado, dice, incentiva los comportamientos elusivos: la subfacturación en el caso de las exportaciones y la sobrefacturación en el caso de las importaciones. Son "ardides" que se intentaron frenar con precios de referencia y otras medidas de Aduana, pero que no se pudieron controlar del todo, señala el economista.

Claro que en las últimas semanas también se vio la cara feliz de la brecha: la reactivación de la venta de autos y de la construcción. "Los argentinos están sentados en una montaña de dólares, que son los que no están en el sistema financiero -señala Marull- y esos dólares se valorizaron inmensamente, así que se pudieron aprovechar".

Pero, por más consecuencias que tenga en uno y otro sentido, los economistas aseguran que no es conveniente hacer demasiado para bajarla desde el techo. "Si le vas a pegar a la brecha, pero no cambiás nada de lo que te genera esa brecha, no se va a modificar nada: la diferencia no es el problema, sino el resultado", concluye Caamaño.

FUENTE

El Gobierno aún no resuelve si volverá a otorgar un nuevo bono de $10.000 a los casi 9 millones de beneficiarios o si lo convertirá en plan de empleo.

La titular de Anses, Fernanda Raverta, había prometido una definición a fin de septiembre respecto de la continuidad o no del bono IFE en la que sería su cuarta ronda. Corren 5 días de octubre y todavía no se llegó a un acuerdo. Lo que se sabe es que, en caso de repetirse el bono de 10.000, ya no se pagará a la primera tanda de beneficiarios que son los que a la par cobran la AUH como sucedió con los tres IFE anteriores.

El calendario del pago de la AUH arranca desde este jueves 8 de octubre y abarca a 2,5 millones de argentinos. Voceros del organismo previsional confiaron a este portal que la decisión final la tiene el presidente Alberto Fernández, y si bien hay reuniones diarias por este tema, aún no se llegó a un entendimiento.

Ocurre que una alternativa que suena fuerte es reemplazar el IFE por un pago de base, a cambio de capacitación y empleo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, no necesariamente que no estudian ni trabajan sino a toda esa población etaria.

"Sabemos que dentro de la población de 18 a 65 años, que son unos 28 millones de argentinos, hay un porcentaje de personas a las que les va a costar más incorporarse. Ahí tenemos que pensar una política pública”, dijo semanas atrás la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en diálogo con C5N..

Y completó: “A partir de los 18 y hasta los 24 años, los argentinos tienen que optar por formarse para el trabajo, con una profesión o terminando sus estudios obligatorios. Me gusta pensar que vamos a hacia una Argentina donde esa franja etaria tiene que estar cubierta”.

El IFE, aseguraron los expertos y funcionarios del gobierno nacional, sirvió para mitigar el impacto del parate económico y la pérdida de empleo a causa de la pandemia de coronavirus. Nación le calculó que al menos 2 millones de argentinos no cayeron en la pobreza por las prestaciones sociales, pero lo cierto es que la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales en apenas 6 meses.

En caso de frenarse esta asistencia directa en medio de una actividad económica que aún no funciona en su plenitud podría resentir seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que alcanza el IFE.

Días después de anunciar en Casa Rosada una batería de medidas para frenar la sangría de dólares del Banco Central, que no encontraron el eco deseado en el valor local de la divisa norteamericana, el Gobierno dará este lunes otro paso en la búsqueda de reforzar su "agenda de reconstrucción" de una economía golpeada por la recesión, las consecuencias de la pandemia y la incertidumbre.

La reunión de gabinete económico que encabeza el jefe de gabinete económico, Santiago Cafiero, tendrá hoy a las 17 como invitados especiales a las principales espadas del sindicalismo y a los empresarios industriales, del comercio y la construcción. El objetivo, preanunciado desde la Casa Rosada, es "seguir construyendo la hoja de ruta de trabajo y producción", declamada por el presidente Alberto Fernández desde el inicio del mandato, una agenda afectada por el parate que llegó con la cuarentena y la crisis de confianza en la marcha de la economía.

Representantes de la CGT, la CTA y la CTEP de Juan Grabois fueron invitados al cónclave, al igual que la dirigencia de la UIA y las cámaras de Comercio y la Construcción. Además de Cafiero, estarán del otro lado de la mesa el ministro de Economía, Martín Guzmán, sus pares Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo), los titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca.

FUENTE: lanacion.com

El Indec difundirá el dato oficial este miércoles. El aumento del desempleo empeoró los indicadores sociales. Así, 18 millones de personas no cubrirían la canasta básica.

Este miércoles el Indec le pondrá cifras a una realidad que el Gobierno ya admitió: la pandemia empeoró todos los indicadores sociales, que ya eran frágiles antes del coronavirus. El organismo estadístico publicará las tasas de pobreza e indigencia en todo el país hacia el segundo trimestre y, de acuerdo a distintas estimaciones privadas, podría llegar al 40% y afectaría así a casi 18 millones de personas.

El impacto de la crisis sanitaria en los índices sociales se explica básicamente en un dato publicado la semana pasada: 2,5 millones de habitantes de los grandes centros urbanos del país pasaron de estar “empleados" a “inactivos” durante los primeros tres meses de cuarentena. Esto implicó un recorte considerable en los ingresos de un grupo numeroso de hogares y fueron empujados bajo la línea de la pobreza.

La mayor parte de esas familias tenían, antes de la pandemia, un ingreso generado gracias a empleos cuentapropistas o informales. Los dos fueron sectores del mercado laboral especialmente golpeados por las medidas de aislamiento social y el desplome de la actividad económica apenas iniciada la pandemia.

El Gobierno trató de responder a un impacto como el que se esperaba sobre la pobreza con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, que Anses pagó cada dos meses a unos 9 millones de personas. Las estimaciones oficiales hacen creer que de no haberse implementado el IFE, el aumento de la pobreza y la indigencia hubiera sido incluso mayor.

Según un cálculo que hizo meses atrás el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Economía y el Desarrollo Social, el beneficio habría impedido que entre 1,4 y 2,8 millones de personas caigan durante la cuarentena bajo la línea de la pobreza. Y al tomar en cuenta otras medidas sociales -refuerzo de jubilaciones y AUH, tarjeta Alimentar, entre otras- esas cifras subirían a entre 2,7 y 4,5 millones de personas.

Las mediciones privadas estiman que el número que dará a conocer el Indec este miércoles será cercano al 40%. Leopoldo Tornarolli, economista de la Universidad de La Plata y del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), explicó a TN.com.ar: “Los resultados se van a referir al primer semestre de 2020, pero ya sabemos que en el trimestre inicial del año la pobreza se mantuvo a los niveles de 2019, por lo que toda la suba será explicada por lo ocurrido en el segundo trimestre de 2020”.

Según su estimación, el primer semestre tendrá una cifra de pobreza de 40,9%. De todas formas, al analizarlo por trimestres se observa más claramente la secuencia. En el primero, el aumento del índice en relación al fin de 2019 no es considerable, por lo que todo el impacto está concentrado lógicamente entre abril y junio, el peor momento de la pandemia en términos de actividad económica. Para el segundo trimestre, entonces, la pobreza subió a cerca de 47,2%, de acuerdo a Tornarolli.

“En ese sentido, la implementación de medidas de transferencias como el IFE parece no haber sido suficiente para contrarrestar la pérdida de ingresos laborales que tuvieron los hogares de cuentapropistas e informales”, explicó el economista. El muestreo del informe de Indec de este miércoles, aclaró, solo tomaría en cuenta el pago del primer bono de $10.000.

Por su parte, Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, calcula porcentajes de pobreza levemente más bajos. “Los datos de distribución del ingreso publicados por Indec sugieren que la tasa de pobreza del primer semestre estaría entre 38 y 39%. Esto implica una incidencia de la pobreza en el segundo trimestre de entre 42 y 43% y representa un aumento de alrededor de 7 puntos porcentuales comparado con el segundo trimestre de 2019”, dijo ante este medio.

Entre las razones que justifican ese salto en en el índice, coincidió con Tornarolli: “Este aumento se explica principalmente porque los ingresos de los deciles más bajos de la distribución crecieron muy por debajo del aumento de la canasta básica total. Este fenómeno se entiende por el aumento de los hogares compuestos por trabajadores independientes y cuentapropistas que han perdido sus ingresos como consecuencia de la política de cuarentena horizontal adoptada para enfrentar la pandemia”, apuntó.

El aumento de la pobreza fue desigual a nivel geográfico y en los distintos sectores de la sociedad. Según Tornarolli, “es posible que geográficamente muchos (de los nuevos pobres que registre el Indec) sean hogares del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires -pero particularmente GBA-, que es donde cayó con más fuerza el número de ocupados durante el segundo trimestre”.

En tanto, entre los niños la pobreza será más alta que el promedio nacional. “Los datos que tenemos sugieren que el porcentaje de chicos entre 0 y 17 años de edad que viven en hogares pobres sería de alrededor del 56% en el primer semestre de 2020 lo que implica un porcentaje de más del 60% de niños viviendo en hogares pobres en el segundo trimestre de 2020”, dijo González Rozada.

Según un informe de principios de agosto realizado por Unicef, el 63% de los niños, niñas y adolescentes no tendrá cubierta la canasta básica hacia fines de 2020, mientras que la indigencia trepará a casi 19% entre los más chicos.

Unicef estimó que antes de que llegara el coronavirus al país, la situación de pobreza entre los chicos ya era grave, porqueafectaba al 53%. Pero como efecto de las restricciones de la cuarentena que disminuyó los ingresos para una parte importante de la población, cuando termine este año unos 8 millones de niños, niñas o adolescentes quedarán bajo la línea de pobreza.

El incremento entre un año y otro sería de unos 10 puntos porcentuales, proyectó Unicef. Sobre la indigencia, en un año se sumarían unos 600.000 chicos y alcanzaría así al 18,7%. El informe también proyecta una evolución de los indicadores sociales a lo largo de 2021. En ese sentido, un cálculo preliminar indica que del 63% de pobreza en 2020 apenas se conseguiría una reducción hasta 61,3% el año siguiente.

FUENTE TODO NOTICIAS

Los bancos adaptaron sus sistemas por el “super cepo” y volvieron las operaciones, después de un “feriado bancario virtual” de ocho días.

Las entidades bancarias vuelven a vender dólares por home banking y aplicaciones móviles después de la implementación del “super cepo”. Luego de un “feriado bancario virtual” de ocho días ajustaron sus sistemas para cumplir con las normas que estableció el Banco Central para la compra de dólar ahorro. El dólar oficial cotiza a $74,75 para la compra y $79,75 para la venta en el Banco Nación, mientras el blue cotiza a $139 y a $145 para estas operaciones, respectivamente. En tanto que el dólar contado con liquidación se ofrece a $142,94 y el “Bolsa”, a $133,45.La semana pasada el Banco Central informó a los bancos que podrán comprobar contra su base de datos si un cliente está impedido de comprar dólares por no tener ingresos legítimos o recibir algún tipo de subsidio o beneficio del Estado, entre otros requisitos. Quedarán excluidos de la compra de divisas los casi 9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y más de 100.000 titulares de créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se mantienen congeladas desde marzo, entre otros.

De esa manera las entidades financieras podrán vender en forma automática dólares a quienes puedan comprarlos sin tener que consultar individualmente cada caso en la página web de ANSES. La adquisición de divisas ya había sido habilitada por un primer grupo de entidades el viernes (BBVA, Santander, Itaú, Galicia y HSBC) y seguramente será completada hoy por el resto de las entidades.

Además se rehabilitó en todos los bancos la transferencia de moneda extranjera entre cuentas de personas humanas, luego de que el Central habilitara cursarlas sin necesidad de validación previa. Estas operatorias habían estado frenadas desde el 16 de septiembre cuando, tras el anuncio de las nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas, los bancos aseguraran que era imposible realizar la operación por no contar con la base de datos de los titulares de un subsidio o plan del Estado.

Como los bancos carecían de acceso a la información la venta y compra estuvo suspendida por días. La Anses rechazó entregar la base de datos de sus aportantes a las entidades financieras, pero tras una intervención de Alberto Fernández, el BCRA obtuvo la información. Las entidades bancarias pueden, entonces, verificar con la autoridad monetaria si el cliente cumple o no con los requisitos para hacerse de la moneda extranjera.

Las nuevas restricciones de compra de moneda extranjera incluyen a beneficiarios de IFE. También a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera, y a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios,el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA.

Quienes estén habilitados para comprar el dólar oficial deberán pagar una percepción de 35% a cuenta del las Ganancias o Bienes Personales. Se suma al recargo del 30% del impuesto PAIS que se aplica sobre el precio de venta oficial de la divisa.

Se
lo transmitió la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta,
al presidente Alberto Fernández. De esa forma se espera normalizar el
dólar “solidario” y las transferencias en moneda extranjera para
particulares

La
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le transmitió al
Gobierno que en un plazo de cinco días hábiles entregará al Banco
Central la información necesaria para que los bancos puedan volver a
vender el cupo mensual de USD 200 y normalizar las transferencias en
moneda extranjera, según pudo saber Infobae de fuentes
oficiales. El organismo previsional no les entregará los datos a los
bancos sino al BCRA, que deberá armar una base para que las entidades
financieras puedan consultar.

De esa forma, se intentará poner fin a la virtual situación de feriado cambiario de hecho que existe desde el miércoles 16, día en que entró en vigencia la profundización de los controles cambiarios por parte del Banco Central. Esas normas dispusieron que, antes de acreditarle dólares en su cuenta a un particular, los bancos deben chequear que esa persona no sea beneficiaria de planes sociales de la Anses. El organismo previsional ofreció el chequeo a través de una web pública, pero los bancos aseguran que no es viable hacer ese control en forma manual, caso por caso.

Para destrabar la cuestión y quitar incertidumbre en el mercado cambiario, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, le comunicó hoy al presidente Alberto Fernández que en cinco días hábiles podrá resolver la cuestión y que los bancos tendrán los datos que necesitan para poder operar.

El punto de la discordia es la implementación de la Comunicación A7105 del Banco Central, la cual establece que antes de hacer una acreditación en una caja de ahorro en dólares perteneciente a una persona física los bancos deben controlar que su titular no sea beneficiario de un “plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” y que para ello deben “realizar la consulta en la página de Internet de la Anses”. De esa forma, se asegura que los 8,9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no puedan comprar dólares.

Los
bancos, ante la imposibilidad de hacer ese control caso por caso,
dejaron de vender dólares, alegando que no podían cumplir con la norma.
“Los bancos tenemos que vender bien porque, por la ley penal cambiaria,
si vendemos mal somos responsables de la venta”, advirtió Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades financieras de capital extranjero.

Desde el miércoles 16 no solamente no se vendió más dólar “solidario” sino que desde ese día tampoco se pudieron hacer acreditaciones en cajas de ahorro en dólares de personas físicas, tal como informó hoy Infobae. Esa situación dejó en suspenso miles de transferencias en dólares e hizo que todos los bancos, públicos y privados, frenaran esas operaciones. La misma norma impacta por igual sobre ambos tipos de operaciones.

A raíz del cambio normativo, los bancos debieron adaptar sus sistemas para cumplir con el nuevo escenario cambiario, algo habitual ante una modificación de esa naturaleza. En particular, deberán incorporar a sus sistemas la retención impositiva a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35%, que se suma al 30% del impuesto PAIS. Pero el chequeo en la web de la Anses resultó un escollo que hasta ahora, entre ese organismo, el Banco Central y los bancos, no había podido ser subsanado, lo que determinó que ya transcurrieran cinco días hábiles sin operación de dólar minorista ni transferencias en dólares a particulares. El problema no impactó en las cuentas en dólares pertenecientes a empresas.

Comunicado conjunto BCRA-Anses

En
la tarde del martes, el Banco Central y la Anses emitieron un
comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo
la información para que el BCRA “valide a los bancos los datos
necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de
divisas para atesoramiento”.

“A
partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar
en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación
negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de
información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA
dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la
privacidad de la información”, agregó.

El BCRA anticipó además que “eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas”.

FUENTE INFOBAE

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas, según un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020".

La norma especifica que "quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada".

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de seis a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad".

El Gobierno Nacional aclaró en un comunicado, que "la norma busca, de acuerdo a los fundamentos del decreto que la dispuso, "garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)".

La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

FUENTE TELAM

La suba se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país .

A partir de la medianoche de este sábado, YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles un 3,5% promedio a nivel nacional, con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país.

Según pudo saber Infobae, este aumento se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, de manera de recortar las brechas entre la Capital Federal y el interior del país.

A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, Jujuy tiene un precio de los combustibles un 4,5% por encima de Buenos Aires.

Por su parte, YPF sostiene el descuento al personal de salud del 15% que alcanza a unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de la petrolera estatal.

Caber recordar que la compañía estatal incrementó el pasado 19 de agosto los precios de los combustibles. La suba fue de un 4,5% en promedio en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 6% de incremento, según informaron desde la empresa.

En algunas provincias —como las del NOA, NEA y sur de la Patagonia— las subas fueron menores y rondaron el 3,5 por ciento.

Esta es la segunda vez que suben los precios de los combustibles desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Hubo un intento de la compañía petrolera de actualizar sus valores a fines de diciembre, pero no llegó a concretarse hasta que finalmente se hizo en agosto pasado.

Cabe recordar que los valores de las naftas y el gasoil habían tenido nueve aumentos durante el año 2019. El tema de precios de los combustibles es central para YPF, no sólo porque las ventas en sus estaciones de servicio le representan históricamente por encima del 70% del total de sus ingresos, sino también como señal a sus inversores de que sus operaciones no están atadas a precios congelados.

El CEO de YPF, Sergio Affronti, había señalado el mes pasado que los combustibles necesitaban algún ajuste de precios para mejorar la generación de caja de la compañía, aunque admitió que se debía “evaluar el impacto” de la medida sobre la economía.

“Durante el segundo trimestre mantuvimos precios en surtidor congelados en pesos pese a las condiciones desfavorables del precio del crudo y de los refinados a nivel internacional”, señaló Affronti en una habitual llamada con inversores tras la presentación de resultados de la compañía.

El incremento tendrá como objetivo sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país
Y agregó que esa situación generó “un spread positivo” de los precios locales comparados con los de paridad de importación, pero esa situación “cambió con el aumento de los precios internacionales de crudo” hasta alcanzar los actuales niveles en torno a los USD 45 el barril de crudo tipo brent.El tema de precios de los combustibles es central para YPF, no sólo porque las ventas en sus estaciones de servicio le representan históricamente por encima del 70% del total de sus ingresos, sino también como señal a sus inversores de que sus operaciones no están atadas a precios congelados.

FUENTE

El Presidente dijo que su Gobierno busca que la moneda extranjera “deje de ser un mecanismo de especulación”.

El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el Plan Nacional de Conectividad y se refirió al recargo del 35% para la compra de dólar para atesoramiento y los gastos con tarjeta de crédito en moneda exterior.

“Esta es una economía que no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, afirmó el mandatario.

La frase del mandatario se produjo en el anuncio de una nueva etapa del Plan Nacional de Conectividad (Conectar), que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

El gobierno le propinó esta noche un duro recorte a la demanda de dólares al reponer la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las ganancias y a los Bienes Personales, que eleva desde mañana el precio efectivo de acceso a la divisa de $103 a casi $131, e imputar al cupo de compra mensual de US$200 los pagos por consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito realizados desde comienzos de mes.

El nuevo valor del dólar surge de sumarle a la cotización minorista, que cerró hoy a $79,25, ya no sólo el 30% del impuesto PAIS ($23,77), sino también la retención antes mencionada, que se aplica también sobre el valor de compra inicial de la divisa (otros $27,74), por lo que el precio efectivo de compra sería de $130,76.
La nueva medida, el corazón del nuevo paquete de restricciones cambiarias, no pone un tope a esos consumos, pero hace que si se intenta cancelarlos comprando los dólares,comprometen el acceso al mercado en los meses siguientes.
"Es decir, que si uno gastó US$1000 en un mes, por cinco meses no podrá comprar dólares para atender otras compras o para ahorro", explicó anoche el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, al anunciar las medidas.

"Para no afectar la operatoria habitual, la deducción del límite será aplicada al inicio del mes siguiente a la realización de los consumos con tarjeta de crédito en divisas", aclaró el comunicado de la entidad monetaria.

Esto quiere decir que quienes pagan servicios del exterior tales como Netflix, Spotify, iCloud o el almacenamiento de Google, entre otros, tendrán que deducir ese gasto de su cupo, por si quisieran acceder al mercado para comprar dólares para tenencia.

Es decir, según este nuevo criterio, buena parte de los tarjeta habientes que no hubieran sido desalentados por el aumento en la cotización igual tendrán ya parte del cupo de compra usado por los consumos en dólares que tienen comprometidos en este tipo de servicios.

El nuevo torniquete, que busca desalentar la demanda por la vía aumento del 27% en el precio de acceso a la divisa, en un contexto de caída de ingresos, incluye un mayor control a las cuentas abiertas en dólares en adelante en el sistema financiero local, aunque incluirá una revisión de algunas de las hoy activas.

"Sólo se permitirá a quienes muestren la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cuentas bancarias en dólares y se limitará el acceso de cotitulares a la compra de dólares para atesoramiento", explicó Pesce, quien graficó aclarando que, en ese caso, el cupo de US$200 por mes permitido será por cuenta y no por titular.

Por último, queda restringido el acceso al mercado a todos los beneficiarios de planes sociales, algo que el BCRA había intentado meses atrás pero no había entrado en vigencia.

Pesce admitió que las medidas son consecuencia de la fuerte pérdida de reservas que el BCRA viene sufriendo en los últimos meses. Como explicó días atrás LA NACION, la entidad llevaba 12 semanas seguidas perdiendo reservas y a un ritmo cada vez mayor, ya que venía duplicándose mes a mes desde julio, tras las nuevas restricciones impuestas a la demanda de empresas desde fin de mayo.

En esas continuas intervenciones, que apuntaron a mantener bajo control el ritmo de deslizamiento que el Gobierno quiere darle al tipo de cambio oficial (el comercial), sacrificó unos US$2700 millones en ese lapso, cifra que representa el 90% de sus reservas líquidas con que contaba y un tercio de las netas, que quedaron en los últimos días a un paso de perforar los US$7000 millones (estaban en US$11.500 millones al asumir Alberto Fernández).

Pesce también admitió que fracasó la expectativa que el Gobierno tenía respecto de la posible "calma" que aportaría al mercado el cierre exitoso de los canjes de deuda al generar un alivio muy considerable en los compromisos de pago del país por varios años.

El plan de aguante con la débil posición de reservas se completa con una serie de normas para limitar las operaciones de dólar financiero a los agentes locales, en un intento por mantener alineadas esas cotizaciones con el dólar minorista.

En este sentido, Pesce adelantó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) "fijará mecanismos de transparencia para que esas operaciones se realicen a través de mercados institucionales locales y agentes autorizados", lo que incluye una prohibición para que los "no residentes puedan liquidar títulos contra moneda extranjera" y el aumento a 15 días del denominado parking "para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos" si los títulos se operan contra cuentas en el exterior.

El plan se completa con una invitación a que las empresas que enfrenten compromiso de pago por deudas con el exterior los reprogramen.

"La deuda externa privada financiera creció en unos US$20.000 millones en los últimos años y hay vencimientos por US$3300 millones en los próximos 6 meses. Les vamos a pedir a la empresas que tengan vencimientos de más de un millón de dólares mensuales que presenten un programa de reestructuración para refinanciar el 60% de los vencimientos a 2 años de vida promedio, pero no vamos a impedir los pagos de intereses para que no tengan problemas en sus calificaciones", aclaró el funcionario.

FUENTE DIARIO LA NACION