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Deberán presentar certificados y además, someterse a narcotest. La medida acompañó a la decisión de que Raúl La Cava regrese al Concejo Deliberante para ocupar la banca que dejará Ricardo Moreno.
En paralelo a la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante, el intendente Daniel Passerini anunció que decidió endurecer los controles sobre todo el personal municipal y que, a partir de ahora, será obligatorio para todos los empleados presentar certificados de antecedentes penales y someterse a narcotest, requisitos que hasta ahora alcanzaban únicamente a los funcionarios de la administración.

Las medidas fueron anunciadas en medio de la crisis política generada por el femicidio de Agostina Vega y por las revelaciones sobre el vínculo que existió entre Moreno y Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen.

Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que el intendente impulsará un proyecto de ordenanza para extender los controles a la totalidad de los trabajadores municipales. La iniciativa ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Según se informó oficialmente, todos los empleados y funcionarios dispondrán de 30 días para presentar certificados de antecedentes penales y de 60 días para someterse a narcotest destinados a acreditar que no consumen drogas ilegales. Quienes no cumplan con esos requisitos perderán sus cargos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Passerini sostuvo que los controles serán ampliados a todo el personal municipal tal como ya ocurre con los funcionarios de la administración.

La salida de Moreno

La decisión se conoció mientras el oficialismo intentaba encontrar una salida política para la situación de Moreno, cuya continuidad en el Concejo Deliberante se había vuelto cada vez más difícil de sostener.

El concejal quedó en el centro de la polémica luego de admitir públicamente que había recomendado el ingreso de Barrelier como becario municipal. También reconoció que había promovido la incorporación de entre 10 y 15 militantes de su agrupación política, Las 62 Organizaciones Peronistas, aunque dentro del peronismo capitalino sostienen que la cantidad real sería mayor.

Las declaraciones generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de incorporación de personal bajo modalidades precarias dentro de la Municipalidad de Córdoba.

El caso adquirió una dimensión aún mayor cuando se conoció que Barrelier cobraba una beca municipal mientras acumulaba antecedentes judiciales.

Moreno también reconoció haber intervenido en la defensa de Barrelier cuando el ahora acusado de femicidio enfrentó una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad presentada por otra joven. Esa investigación continúa abierta.

A ello se sumó otro dato que profundizó la controversia. Jorge Sánchez del Bianco, socio y yerno de Moreno, ejerció la defensa legal de Barrelier hasta pocas horas antes de que fuera encontrado el cuerpo de Agostina Vega.

Con ese escenario de fondo, durante toda la jornada del martes se desarrollaron negociaciones dentro del oficialismo para resolver el futuro político del concejal.

Sobre la mesa aparecieron distintas alternativas. Entre ellas figuraban una eventual renuncia, una licencia por razones de salud o el regreso al Concejo de alguno de los funcionarios municipales que actualmente se encontraban de licencia en sus bancas.

Finalmente, Passerini tomó una decisión de fuerte impacto político. El secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava, dio por terminada su licencia y reasumirá esta semana como concejal.

La medida implica que Moreno perderá automáticamente su banca y que la oposición se quedará sin la posibilidad de impulsar formalmente un proceso de expulsión durante la sesión prevista para este jueves.

Según distintas fuentes del municipio, Moreno mantuvo reuniones en las últimas horas con el viceintendente Javier Pretto y con otros referentes políticos del oficialismo. En esos encuentros habría planteado la posibilidad de solicitar una licencia por cuestiones de salud.

El concejal argumentó que debe someterse a una intervención cardíaca programada desde hace varios meses. Algunos dirigentes oficialistas estaban dispuestos a acompañar esa salida. Sin embargo, la alternativa no terminaba de resolver el problema político generado por su permanencia dentro del bloque.

Además de mantener abierto el conflicto con la oposición, una licencia también habría afectado la mayoría propia que el oficialismo posee en el Concejo Deliberante.

La decisión de Passerini tuvo consecuencias directas en la estructura de gobierno municipal. La Cava dejará la Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas más sensibles de la gestión.

La dependencia tiene actualmente un papel central en la organización de las cooperativas que participarán en el nuevo sistema de estacionamiento medido. Desde el municipio señalaron que la transición será ordenada porque Andrea Ledesma, designada para reemplazarlo, venía desempeñándose como una de las principales colaboradoras del funcionario saliente.

Fuentes del Palacio 6 de Julio aseguraron que la decisión fue adoptada exclusivamente por Passerini, aunque previamente fue comunicada al gobernador Martín Llaryora debido a las implicancias políticas e institucionales del caso.

La crisis también amenaza con abrir otro frente de discusión para el oficialismo. La oposición ya anticipó que buscará conocer con precisión la cantidad de becarios y monotributistas que actualmente trabajan para la Municipalidad de Córdoba.

Dentro del propio oficialismo reconocen que existen entre 2.500 y 2.800 becarios. Se trata de trabajadores que no forman parte de la planta permanente y que perciben ingresos que oscilan entre los $ 300 mil y los $ 570 mil por jornadas de cuatro horas diarias.

Ese último monto era el que cobraba Barrelier como becario de la Escuela de Tránsito Municipal.

La chica de 24 años falleció en Córdoba a causa de una baja significativa de plaquetas; el Estado nacional deberá pagar una indemnización

CÓRDOBA.- La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba reconoció la relación causal entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de una joven cordobesa de 24 años por trombocitopenia (baja significativa de plaquetas). En el fallo, ordena al Estado nacional avanzar con la indemnización prevista en la ley nacional 25.773 de reparación por efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19. Le da 30 días para “culminar” con ese procedimiento. El fallo no tiene antecedentes en el país.

La sentencia sostiene que la evidencia científica y médica incorporada por la madre de la joven al expediente “satisface holgadamente el umbral de preponderancia de la evidencia” exigido por la normativa vigente para acreditar el nexo entre la vacunación y el daño sufrido por la paciente.

Melín Agustina Sartori murió el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba. Había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik el 15 de ese mes. Virginia Ruiz, la madre de la joven y médica, repasa que Melín era “sana”, estudiaba historia y trabajaba centros de ayuda social. Decidió vacunarse “para no ser un riesgo para las personas a las que asistía”.

Recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V y, a la semana, empezó con un fuerte dolor abdominal. El 24 a la madrugada tuvo vómitos y un dolor de cabeza insoportable. “Me avisó que se hisoparía pensando que era Covid, pero le advertí que fuéramos al hospital porque parecía otro cuadro”, contó oportunamente Ruiz.

La llegada al país de los primeros lotes de Sputnik V
La llegada al país de los primeros lotes de Sputnik VPrensa Jefatura de Gabinete - LA NACION
Martín Barbará, abogado de la madre, explicó a LA NACION que en este caso “se cumplieron todos los pasos previstos” por la ley nacional 27.573. Eso implicó, primero, ir a sede administrativa con el reclamo y, recién una vez rechazado en esa instancia, llegar a la Justicia.

“A Ruiz le interesaba que se demostrara la relación entre la vacuna y la muerte de su hija –añadió–. Incluso, en la instancia judicial, cuando comparece el Ministerio de Salud reconoce la relación, pero sostiene que no hará efectiva la indemnización porque hay una causa judicial pendiente".

Inicialmente, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había catalogado el caso como “Indeterminado B1”. Es decir, un evento con relación “temporal consistente, pero sin evidencia definitiva suficiente para asignar causalidad”.

Revisión
Sobre esa base, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó el reclamo administrativo de la familia. Sin embargo, el fallo destaca que esa clasificación respondía “al estado del conocimiento científico a agosto de 2021” y que el propio sistema contemplaba revisiones posteriores ante nueva evidencia científica.

Esa revisión llegó en 2024. La propia Conaseva reevaluó el caso y concluyó que existía “evidencia de causalidad con la vacuna”, reclasificando el evento como “Relacionado A1”.

El tribunal remarca en el fallo que esa modificación técnica resultó “central” porque despejó definitivamente la discusión sobre el nexo causal. “La discusión sobre el nexo causal, lejos de persistir, se encuentra técnicamente despejada”, sostuvo en su voto la jueza Liliana Navarro.

La resolución reconstruye con detalles el cuadro clínico de la joven y recopila informes de especialistas en hematología, farmacovigilancia y bioética.

Entre los elementos claves aparece la detección de anticuerpos IgG anti factor plaquetario 4, compatibles con el síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna (VITT), sin que existiera exposición previa a heparina, una de las causas alternativas posibles.

Uno de los informes más contundentes es el de la médica hematóloga Ana Romina Montivero, quien afirma que “la ausencia de heparina” al momento de la extracción sanguínea le permitía concluir “sin duda alguna” que los síntomas obedecían a la colocación de la vacuna.

En el mismo sentido, la especialista en farmacovigilancia Raquel Herrera Comoglio señala que la paciente presentó “un síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna (VITT)” y que “la paciente falleció a consecuencia del VITT”.

Cuestionamientos
La Cámara también cuestiona el criterio inicialmente adoptado por la administración pública. Plantea que la ley 27.573 no exige “certeza absoluta”, sino apenas acreditar el daño y su relación causal mediante la “preponderancia de la evidencia”.

Según el fallo, el rechazo administrativo incurre en fundamentaciones “meramente dogmáticas” y omite valorar adecuadamente los informes médicos aportados por la familia.

La sentencia además rechaza el argumento del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo respecto de que la vía administrativa no estaba agotada.

Para el tribunal, el propio diseño de la ley prevé una revisión judicial directa ante la Cámara Federal cuando existe una decisión definitiva de las comisiones médicas. Exigir nuevos pasos administrativos “importaría desnaturalizar el art. 8 sexies y vaciar de contenido la garantía de acceso a la jurisdicción”.

El Fondo de Reparación Covid-19 creado por la ley 27.573 establece indemnizaciones para personas que sufrieran daños físicos como consecuencia directa de las vacunas aplicadas durante la pandemia. La norma prevé compensaciones equivalentes a 240 jubilaciones mínimas en casos de incapacidad total o fallecimiento.

La Cámara deja sentado que, a la luz de la nueva evidencia científica internacional y de la propia revisión técnica realizada por la Conaseva, el caso de Sartori encuadra “plenamente” en los supuestos indemnizables previstos por la ley.

LN+

El operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que terminó con el secuestro de una avioneta Cessna 210 con 442 kilos de cocaína en una pista clandestina del norte santafesino no es solo otro golpe al narcotráfico, sino que es la radiografía de un negocio que está mutando a toda velocidad en Bolivia –uno de los tres países de productores de cocaína junto con Perú y Colombia-, donde la captura del uruguayo Sebastián Marset dejó un vacío de poder que al menos cinco organizaciones criminales internacionales se disputan a balazos, en medio de un clima político de extrema tensión, tras la llegada al poder en noviembre del año pasado de Rodrigo Paz Pereira, que reestableció las relaciones con la DEA en ese país.

En este operativo en el norte de Santa Fe, como destacó este viernes la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fueron claves los datos que aportó la agencia antidrogas norteamericana, y el seguimiento sigiloso en las inmediaciones del campo Don Julio que hizo la PFA.

El próximo martes, las aguas argentinas recibirán a uno de los buques más imponentes de la Armada de Estados Unidos: el portaaviones USS Nimitz (CVN-68). Con más de 333 metros de eslora, capacidad para transportar hasta 90 aeronaves y una tripulación que supera las 5.000 personas, se trata de un verdadero coloso naval que marcará presencia en el Atlántico Sur.

La nave, actualmente en tránsito por aguas chilenas, cruzará el estrecho de Magallanes para arribar a Trelew el 28 de abril. Allí se sumará el destructor ARA La Argentina, acompañado por helicópteros Sea King que operarán desde el destructor estadounidense USS Gridley, escolta del portaaviones. Durante la jornada se realizarán ejercicios de defensa aérea con aviones F-18.

El despliegue continuará el 29 de abril frente a Necochea, donde se incorporarán el destructor ARA Sarandí, las corbetas ARA Robinson y ARA Rosales, además de los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero. En ese marco se llevará a cabo un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre el Gridley y el Cordero.

Finalmente, el 30 de abril frente a Mar del Plata, todas las unidades navegarán en formación, mientras autoridades civiles y militares embarcarán en el portaaviones mediante un avión Grumman C-2 Greyhound. La jornada incluirá una demostración aérea de cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, antes del regreso de los Sea King a la Base Aeronaval Comandante Espora.

Un portaaviones con historia

El USS Nimitz es el buque insignia de su clase, bautizado en honor al almirante Chester William Nimitz, figura clave en la Segunda Guerra Mundial. Propulsado por dos reactores nucleares A4W, desplaza hasta 100.000 toneladas y cuenta con una cubierta de vuelo de 18.000 m².

La menor fue hallada luego de que se activara la Alerta Sofía por su desaparición durante el sábado.

Juana Sofía Alvarado, la nena de 4 años que había desaparecido en Bariloche, fue encontrada con vida. La menor había sido vista por última vez durante el sábado al mediodía.

Encontraron a Juan Alvarado, la nena de 4 años que buscaban intensamente en Bariloche

De acuerdo a lo que informó La Voz, la nena fue encontrada en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. La menor se encontraba en un colectivo donde estaba siendo trasladada por su mamá, que tenía una restricción de contacto.

Abigail Jazmín Alvarado, madre de Juana, tiene una prohibición de acercamiento a la niña, dictada por la Unidad Procesal de Familia N° 10 de Bariloche. Por esta situación legal, el caso se encuentra bajo la vigilancia directa del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales con el objetivo de ampliar el rango de búsqueda a nivel nacional.

Las características que usaron para encontrar a Juana Alvarado y su mamá

Las autoridades difundieron las características de Juana Sofía Alvarado, quien presenta contextura delgada, cabello castaño claro, largo y con rulos. Mide entre 70 y 95 centímetros, tiene ojos castaños claros y tez clara. Al momento de ser vista por última vez, llevaba una camiseta rayada de varios colores, pantalón negro tipo jogging, zapatillas grises y un abrigo marrón claro y oscuro.

En cuanto a su madre, indicaron que es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo. Además, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluyendo el cuello y las manos. Vestía jogging negro, campera de algodón negra, abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia que se usa en Argentina para localizar a menores desaparecidos que se encuentran en situación de riesgo inminente.

Su activación permite difundir rápidamente la información por medio de celulares, medios de comunicación, redes sociales y organismos de seguridad de todo el país. Además, el operativo también cuenta con la intervención del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

El organismo detectó scrapie clásico en tres animales importados desde Paraguay y trabaja en medidas para mantener los mercados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de scrapie clásico en tres ovinos pertenecientes a establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. La enfermedad, de curso neurodegenerativo y fatal para ovejas y cabras, hasta ahora no había sido registrada en la Argentina, por lo que el hallazgo generó un operativo sanitario inmediato.

Los animales habían sido importados desde Paraguay entre 2021 y 2022 y estaban anotados en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados. Según fuentes oficiales, cumplieron las inspecciones postingreso y controles anuales del organismo, sin signos clínicos previos; ante la sospecha, se enviaron muestras a un laboratorio de referencia en España para su análisis.

Impacto en el comercio y medidas

Ante la confirmación por Western Blot, el organismo comunicó la suspensión preventiva de exportaciones de productos ovinos mientras se ajustan los certificados sanitarios. Senasa trabaja para mantener mercados abiertos y propone medidas de mitigación según recomendaciones internacionales, contemplando que ciertas mercaderías (lana, cueros, gelatina, colágeno y sebo) puedan seguir en el comercio.

El scrapie clásico forma parte de las encefalopatías espongiformes transmisibles y es producido por priones que alteran proteínas del sistema nervioso central. No es una enfermedad zoonótica: las autoridades sostienen que ni el contacto con animales ni el consumo de derivados ovinos representan riesgo para la salud humana; tampoco afecta al ganado vacuno.

El Senasa notificó oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay, con quienes coordina una investigación epidemiológica. Además, la entidad asegura que evaluará y aplicará las recomendaciones internacionales para exportar mercancías ovinas y caprinas procedentes de países con distinta situación sanitaria.

La transmisión ocurre principalmente de forma vertical durante el parto. El cuadro clínico suele incluir prurito intenso, alteraciones de la marcha, temblores, pérdida de peso y cambios de conducta.

Por ser de notificación obligatoria, Senasa pidió avisos urgentes ante sospechas: WhatsApp (11) 5700 5704, notificaciones@senasa.gob.ar o el formulario ‘Avisá al SENASA’ en la web oficial.

El organismo ratificó que trabajará para minimizar el impacto comercial y mantener la trazabilidad de los animales. Las autoridades instaron a productores y veterinarios a reportar cualquier signo compatible y recordaron que, con los cortes de riesgo retirados, determinados productos cárnicos y lácteos pueden considerarse seguros según los estándares internacionales.

Roberto Castillo representa a Luis López en el expediente. Mientras se espera el informe forense que determine por qué murió el menor, el letrado sostiene que se trató de un crimen

Ángel López murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su madre, Mariela Altamirano. Según la versión de la mujer, su pareja notó que el nene de 4 años no respiraba y lo llevaron de urgencia al hospital local, donde el menor estuvo internado durante más de un día en terapia intensiva hasta su fallecimiento. La autopsia, sin embargo, reveló que Ángel tenía lesiones internas en la cabeza.

“El niño presentó traumatismos en la zona craneal”, informó el fiscal de la causa, Facundo Oribones. Además, dio un detalle inquietante: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás”. Esto puso a Altamirano y a su pareja en el centro de las sospechas.

La causa de muerte será establecida por el informe histopatológico, que determinará si las lesiones fueron voluntarias o accidentales. Mientras se esperan esos resultados, la familia paterna sostiene que se trató de un crimen y apunta contra Altamirano.

“La madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo”, dijo en diálogo con Infobae el abogado Roberto Castillo, quien asumió la representación legal en el expediente de Luis López, el papá de Ángel.

Es la hipótesis que ya había expresado el padre ante los medios. “A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”, manifestó en el funeral de su hijo.

El caso tiene como trasfondo una larga disputa judicial entre los padres de Ángel, con denuncias cruzadas por violencia. El hombre contó que siempre se hizo cargo del niño y que la Justicia le quitó la tenencia justamente a raíz de una denuncia de la madre por violencia de género. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista. Si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, consideró.

Lorena, pareja de Luis, también dirigió fuertes acusaciones contra la madre de Ángel. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”.

Lorena describió que el chico fue separado de su entorno familiar y trasladado a un ambiente que, según ella, no era adecuado. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, sostuvo.

La pareja de López sumó: “Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”.

Altamirano rechazó las acusaciones y dio su propia versión. Dijo que fue víctima de violencia de género por parte de López y que perdió el contacto con su hijo por esa conflictiva separación. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, contó.

La mujer relató que el domingo se levantaron temprano y decidieron despertar a Ángel para que fuera al baño, ya que dormía muchas horas seguidas. Contó que el nene se había hecho pis, por lo que lo acostaron en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó. Y siguió: “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”.

Cuando finalmente llegaron los médicos, Ángel ya presentaba un cuadro crítico. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, relató Mariela.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, expresó, y cerró: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”.

Desde la fiscalía explicaron que en la Justicia penal no existía ninguna denuncia activa que involucrara riesgo para Ángel, y que las denuncias previas fueron desestimadas o archivadas por falta de prueba.

Así las cosas, la causa sigue en etapa de investigación. A la espera del informe histopatológico, la próxima semana se realizarán los peritajes a los teléfonos de los involucrados.

Las cinco cámaras de transporte del AMBA participarán el martes de una mesa técnica con el objetivo de reestructurar el sistema. Un día antes, se reunirán con los funcionarios de Axel Kicillof.

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno volvió a citar a las cámaras empresarias para discutir “una reestructuración integral del sistema”.

La nueva reunión fue fijada por la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, para el martes 14. Asistirán los representantes de las cinco cámaras del sector (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP).

Se conformará una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas. Estará coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Pese al compromiso del Gobierno de abrir una instancia de diálogo, las empresas reclaman el pago de una deuda cercana a los $120.000 millones y sostienen que las reuniones con autoridades “no implican soluciones inmediatas ni impacta en lo urgente”.

Desde principios de abril, las cámaras empresariales redujeron hasta el 30% de las frecuencias por el impacto del aumento del gasoil.

“Las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aún operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”, sostuvieron las cuatro cámaras del sector tras un encuentro, el jueves, con Herrmann.

Antes de las negociaciones con Nación, los empresarios de los colectivos se sentarán con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. La reunión se realizará el lunes 13 a las 12 y buscará coordinar “medidas estructurales"que permitan destrabar el conflicto.

Desde el gobierno de Axel Kicillof aclararon a TN que la provincia no puede establecer cambios en la estructura de costos -uno de los principales reclamos del sector- porque depende de Nación.

“La provincia de Buenos Aires paga $70.000 millones por mes para que el usuario tenga la tarifa subsidiada. Hicimos efectivo el 60% de anticipo de abril, que debió ser de 50%, pero el gobernador (Axel Kicillof) lo pidió para que los empresarios regularicen salarios y servicios“, aclaró el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

Para la gestión bonaerense, la principal amenaza para el sistema es colapso de las empresas de colectivos. “Nuestra mayor preocupación es que las empresas caigan y deje de haber conectividad con estaciones de trenes y centros urbanos bonaerenses”, alertó Marinucci.

Qué propuestas le llevarán las cámaras de transporte al Gobierno

Las compañías de transporte automotor de pasajeros le reclaman al Gobierno que modifique la estructura de precios y subsidios.

En la última adecuación dispuesta por el Ejecutivo se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

Según pudo saber TN, las cámaras analizan plantear en la mesa técnica alternativas para amortiguar el impacto del gasoil en la tarifa, que acumula un alza de más de 25% en el último mes. Y por otro lado, un esquema que permita cancelar la deuda de subsidios que mantiene Nación.

Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.

Crisis en los colectivos del AMBA: el dilema que enfrenta el Gobierno

El Gobierno enfrenta un dilema para destrabar el conflicto en el sistema de transporte público automotor. Por un lado, acceder al reclamo de las empresas y aumentar las partidas de subsidios que implicaría un mayor gasto fiscal.

Otra de las alternativas sería habilitar una suba adicional del boleto que tendría un impacto directo en el índice de precios al consumidor (IPC) y en los bolsillos de los pasajeros.

“Están en análisis los aumentos de tarifas”, aseguró el titular de AAETA, Luciano Fusaro, luego de la primera reunión con el Gobierno.

No obstante, desde el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires descartaron una tarifa adicional en el corto plazo.

En marzo,el gasto en transporte representó el 47% de la canasta de servicios de una familia y se posicionó como el rubro de mayor peso dentro del presupuesto familiar, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

Hoy en el AMBA coexisten tres tarifas mínimas que oscilan entre los $700 y $871,30, según la jurisdicción. En lo que va del año, los colectivos subieron 32,32% en la provincia de Buenos Aires y 20,50% en CABA, por encima de la inflación acumulada en el primer bimestre.

Desde 2025, las tarifas del transporte en el conurbano bonaerense y CABA se actualizan por el último dato de inflación disponible más 2% adicional.

El encarecimiento de los cuadros tarifarios provoca que cada vez menos personas viajen en colectivo. En marzo, cayó 12% la cantidad de pasajeros en días hábiles contra el mismo mes del 2025, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

La droga está en el centro de la escena tras la muerte de un joven médico por una sobredosis. Se trata de un anestésico intravenoso de acción ultrarrápida. Especialistas consultados por Infobae indicaron que sólo debe ser administrado bajo control profesional. Los graves riesgos que implica fuera del entorno médico

El fallecimiento de un médico residente en la Ciudad de Buenos Aires puso en el centro de la discusión a un fármaco de uso hospitalario estrictamente controlado: el propofol

Según reveló el diario Infobae, la muerte se produjo por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos sustancias habitualmente utilizadas en anestesia. El caso, que derivó en la apertura de una investigación judicial y un sumario en el Hospital Italiano de Buenos Aires, volvió a poner bajo la lupa los riesgos del uso no autorizado de este medicamento y sus consecuencias letales fuera del ámbito médico.

Qué es el propofol y cómo actúa en el cuerpo

El propofol es un anestésico de acción ultrarrápida que se emplea en diversos procedimientos médicos. El médico especialista en Toxicología, director de Toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y de Toxicología hoy, Francisco Dadic (MN 125795) explicó a Infobae que se trata de “un sedante muy potente, utilizado muchas veces como anestésico de inducción rápida”.

Según el especialista, “es de acción ultrarrápida, por eso en segundos, minutos, uno ya puede tener una respuesta de acción”.

Su principal efecto es la depresión del sistema nervioso central, lo que provoca “que una persona se duerma, y también depresión respiratoria, o sea, que la frecuencia respiratoria baje y que sea más fácil sedar un paciente, por ejemplo, para colocarle un tubo orotraqueal y conectarlo a un respirador”.

Para qué se utiliza el propofol en medicina

La administración de propofol requiere monitoreo constante por parte de profesionales médicos (Freepik)

El uso del propofol está indicado para la sedación y anestesia en intervenciones como endoscopías, colonoscopías, punciones o bloqueos, y también en cirugías mayores.

Las dosis varían según el procedimiento y se administran de forma intravenosa mediante una bomba de infusión, que permite regular la cantidad suministrada en función de la edad, peso y necesidades del paciente. En palabras de Dadic, “se usa muchas veces en las guardias de los hospitales y también se usa para hacer algún tipo de procedimiento, como por ejemplo colonoscopías y demás, con dosis realmente un poquito más bajas”.

El médico toxicólogo, profesor de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Fundartox, Carlos Damin (MN 81870) explicó a Infobae: “El propofol es un anestésico que básicamente lo que produce es sedación, depresión del sistema nervioso central. Es muy utilizado en todo tipo de procedimiento que se requiera algún nivel de anestesia, como las colonoscopías, y también es muy utilizado en las terapias intensivas, en las salas de neonatología o en las salas de emergencia"

Y sumó: “Los efectos inmediatos son la sedación, básicamente, y suele usarse junto con el fentanilo porque es el que le aporta la analgesia y eso constituye la anestesia, Algo que produzca sueño en la persona junto con algo que genere la analgesia y entonces se puede someter a un procedimiento quirúrgico".

La administración y el monitoreo deben realizarse siempre bajo estricta supervisión profesional. El control de la respiración es fundamental, incluso en procedimientos considerados simples. El riesgo de apnea, una depresión respiratoria profunda, está presente y obliga al equipo médico a disponer de dispositivos como el ambú, una bolsa con válvula y mascarilla para asistencia respiratoria inmediata.

Riesgos y efectos adversos

El control de la respiración es clave al administrar propofol, incluso en procedimientos menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más relevante de una mala administración de propofol es la depresión respiratoria severa y el paro cardiorrespiratorio. “El riesgo que tiene más importante es el del paro respiratorio. Si la sedación respiratoria es muy marcada, se puede provocar un paro respiratorio que puede llevar al paro cardiorrespiratorio, y esto obviamente conduce a la muerte”, precisó Dadic.

Por estos peligros, su uso fuera del entorno hospitalario está completamente contraindicado. “Fuera del ámbito médico está contraindicada su utilización, por el altísimo riesgo que tiene de que se pueda provocar un paro respiratorio. La realidad es que esto tiene que ser prescripto por un médico facultativo controlado, que controle la dosis, sobre todo, que la vaya titulando para poder ir evaluando”, advirtió el toxicólogo.

“Su mala utilización puede llevar a situaciones de cuadro fatal, ya que puede generar una depresión del sistema respiratorio que lleve al paro respiratorio” y si no se está al lado de un equipamiento necesario con una persona, como por ejemplo un anestesiólogo o un terapista que ponga bajo su control a la persona, puede provocarle la muerte", agregó por su parte Damin.

Propofol fuera del hospital: “viajes controlados” y peligros del uso recreativo

Las “fiestas del propofol” involucran el consumo de la sustancia fuera del ámbito médico (Freepik)

La investigación judicial reveló la existencia de reuniones donde se administraba propofol fuera de un contexto médico, ofreciendo “viajes controlados” o experiencias recreativas con estas drogas.

Damin explicó a Infobae: “Los viajes controlados se refieren a personas que están bajo los efectos de una sustancia y alguien controla que no haya un inconveniente y, si lo hay, lo solucione. Si hay un médico al lado de una persona que está consumiendo, esa persona puede controlar que, si hay un exceso de medicación, no sea un cuadro fatal, no se muera”.

Al respecto, Dadic agregó que “el término ´viaje controlado´ siempre se utilizó en el marco del consumo alucinógeno, es habitual en ceremonias con ayahuasca, yagé, peyote, mezcal, algunos hongos". Respecto a que sea “controlado”, el especialista indicó que “hay una o dos personas dentro del grupo que no consumen, que son las que controlan a los demás, para que no tengan ningún efecto adverso”. Sin embargo, aclaró que “este término nuevo que se acuñó con el propofol y el fentanilo la verdad que no es habitual, no es algo que se use frecuentemente como en un viaje de este tipo”.

El especialista subrayó que “habitualmente son sustancias, tanto el fentanilo como el propofol, que se consumen en forma más individual. Sobre todo porque hay que tener conocimiento médico para poder administrarlas. A diferencia de un alucinógeno, con estas suatancias, si no se tiene conocimiento médico, puede rápidamente provocarse un paro respiratorio a otra persona o terminar en una muerte”.

Control institucional y medidas de seguridad

El Hospital Italiano de Buenos Aires implementó medidas internas y denunció ante la Justicia el robo de estupefacientes detectado en su área de anestesiología (RS Fotos)

El caso que involucra al Hospital Italiano de Buenos Aires evidenció la necesidad de reforzar los controles sobre medicamentos como el propofol.

Según informó Infobae, la institución inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, colaborando con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención de desvíos de sustancias.

En un comunicado oficial, el Hospital Italiano informó que, tras detectar el robo de estupefacientes en el área de anestesiología, se tomaron todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido y separar al personal involucrado. La institución realizó la denuncia ante las autoridades competentes y puso a disposición de la Justicia toda la información relevante.

Mientras la investigación judicial avanza, las autoridades del hospital y las asociaciones médicas insisten en la importancia de limitar el acceso y uso de estos fármacos exclusivamente al ámbito hospitalario, bajo la estricta vigilancia de profesionales capacitados.