Mes: diciembre 2019

El TOF 7 le concedió el beneficio, gracias a las nuevas reglas del Código Procesal Penal sobre las prisiones preventivas.

José López, el ex secretario de Obras Publicas que está preso desde junio de 2016 cuando llevó 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez, consiguió hoy ser excarcelado en la causa de los cuadernos, gracias a las nuevas reglas del Código Procesal Penal. Sin embargo, seguirá preso en la causa por enriquecimiento ilícito en la que fue condenado a seis años de prisión, según la resolución a la que accedió el PortalInfobae.

López se acogió al régimen de imputado colaborador cuando comenzó la causa por las anotaciones del remisero Oscar Centeno. Aunque fue sacado de su celda en la cárcel de Ezeiza, bajo la protección del Programa de Protección de Imputados-Colaboradores, permanecía privado de su libertad. Estaba detenido por el caso de los cuadernos y también por el enriquecimiento ilícito.

Hoy, sin embargo, la defensa de López consiguió que fuera excarcelado en la causa de los cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7, el mismo que hace una semana se pronunció sobra las libertades de Julio De Vido y Roberto Baratta, firmó hoy la salida de prisión de José López, que –no obstante- no se hará efectiva porque está arrestado a disposición del Tribunal Oral Federal 1 por el caso de los bolsos.

Por el momento, indicaron fuentes judiciales a Infobae, no hizo ningún pedido ante el TOF 1 que lo condenó. Pero aún así, uno de los jueces del TOF 7 aclaró: “en la hipótesis que recupere su libertad en el marco de dichos expedientes, su sujeción al proceso se encontraría, en algún punto, controlada por el Programa Nacional de Protección a Testigos e imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

López está preso desde junio de 2016 cuando fue arrestado en el convento de General Rodriguez al que había llegado con bolsos en los que guardaba unos 9 millones de dólares. Al principio dijo que el dinero provenía de la política. Cuando explotó el escándalo de los cuadenos, se convirtió en “arrepentido” y aseguró que la plata se la había entregado un ex secretario de Cristina Kirchner. En el juicio oral en su contra por enriquecimiento ilicito no le creyeron esa versión: dijeron que la había inventado para beneficiarse y que estaba claro que el dinero era suyo. En el caso de los cuadernos, sus dichos fueron dados por válidos.

En las últimas horas, la defensora pública María Fernanda López Puleio, a cargo de la asistencia técnica de José Francisco López, solicitó la excarcelación de su defendido ante el TOF que sustancia la causa de los cuadernos. Hizo referencia al principio de inocencia que rige y que por ello cualquier medida restrictiva de la libertad debe sustentarse “no sólo en el mérito sustantivo que deriva de la investigación sino en una presunción fundada de que en el caso concreto se verifica algún grado de riesgo procesal”

Y citó el fallo de la Cámara de Casación en donde, en el marco de la causa cuadernos, se planteó el escenario para la libertad de De Vido y Baratta hace una semana. Allí se “expresó que la hipotética y eventual pena en expectativa no puede construir por sí misma el riesgo procesal que este análisis impone comprobar”. La defensora agregó que #tampoco el encierro cautelar puede ser determinado por el tipo de delito que se impute al individuo, es decir que, a su entender, no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo ilícito determinado".

Para la defensora tampoco podía constituir un elemento sólido “las dos condenas que registra su asistido en su contra -una vencida y la otra aún no firme- así como los procesos en trámite en otras judicaturas, pues debía realizarse ‘una valoración integral de las circunstancias derivadas del caso’”.

En ese marco, la defensa resaltó que el comportamiento de López durante el proceso que “, a su juicio, no sólo evidenció la decisión de someterse a la persecución penal, sino que significó una colaboración concreta con el progreso de la misma, en los términos de la ley 27.304, extremo que conlleva otra consecuencia, ligada a la posible reacción punitiva”.

Ponderó además que "el estado del proceso no permite ‘…avizorar alguna situación que vislumbre el entorpecimiento…’ de las presentes actuaciones y que su asistido se incorporó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados ‘…lo que supone un obstáculo adicional para fugarse o atentar contra la efectiva realización del juicio…’”.

La fiscal Fabiana León se opuso a la excarcelación. Y recordó la acusación de asociación ilícita que pesa sobre López y otros involucrados. Sin embargo, los jueces advirtieron que, siguiendo los lineamientos de Casación, dispusieron la excarcelación de De Vido y Baratta.

“Cabe aclarar que, valorando únicamente la atribución típica que se le dirige a De Vido, Baratta y López, la imputación dirigida a este último revestiría menor entidad que aquella que se dirige a los otros dos, quienes, como se dijera, se encuentran excarcelados al día de la fecha”, resaltó en su voto Mendez Signori.

En ese sentido, agregó: “lo referido por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resulta de aplicación al presente, en tanto, los argumentos allí rebatidos fueron algunos de los tenidos en cuenta, en la etapa instructoria, para justificar la prisión preventiva de López. En consecuencia y siguiendo expresamente los lineamientos sentados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, no se observan, teniendo en miras criterios de igualdad ante la ley y equidad, que los riesgos procesales -oportunamente valorados en la instancia anterior que aún conservan vigencia justifiquen mantener el encarcelamiento preventivo de José Francisco López así como tampoco su arresto domiciliario".

En el voto del juez -al que adhirió su colega Castelli-, se señaló que había que considerar, además, que “López se acogió a la figura del arrepentido”, y esa colaboración “podría ser tenida en cuenta y valorada en el hipotético caso de un juicio oral y público a desarrollarse en autos y en el eventual caso de recaer una sentencia condenatoria” para obtener la pena más baja.

Cabe tener en cuenta también que López “se encuentra actualmente incorporado al Programa Nacional de Protección a Testigos e imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por lo que no advierto que el nombrado pueda –en esas circunstancias- entorpecer la efectiva realización del juicio, eludir la acción de la justicia o ‘…asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución…’”, agregó el juez.

Minutos después de las 14 comenzó la sesión, en principio con la jura de diputados que reemplazarán a los legisladores que presentaron sus renuncias.

La Cámara de Diputados abrió hoy a las 14.23 la sesión especial para tomar juramento a los diputados que reemplazarán a los legisladores que presentaron sus renuncias para desempeñarse como funcionarios en el gobierno del Frente de Todos, en la primera reunión plenaria del cuerpo que preside Sergio Massa.

Acto seguido, el oficialismo consiguió el quórum para debatir la Ley de Emergencia, algo que se preveía complicado en un principio.

El oficialismo tratará hoy en Diputados el megaproyecto que declara la emergencia económica, social y sanitaria y que supone una amplia suba de impuestos y suspensión de la movilidad jubilatoria. Anoche tuvo dictamen en un plenario de comisiones.

Según afirman los más optimistas en el gobierno, buscará convertirlo en ley mañana en el Senado, con dos tercios de los votos, sin pasar por comisión: si no dan los números será la semana que viene. Tras las presiones de la oposición, el Ejecutivo dio marcha atrás con el cuestionable artículo que le permitía reformar unilateralmente el Estado.

Juntos por el Cambio se plantó como bloque unificado y advirtió que no ayudaría a para arrancar la sesión, pero sí para la incorporación de los diputados que reemplazan a quienes fueron electos pero se sumaron al gabinete de Alberto Fernández.

En la Rosada y en el Congreso, se dan jornadas intensísimas desde el viernes pasado, cuando se definieron las primeras medidas económicas del gobierno –publicadas el fin de semana– y comenzaron las negociaciones para aprobar el proyecto que Fernández calificó de “punto de arranque” de su política.

El megaproyecto llegó el martes al Congreso y se discutió ayer en un por momentos acalorado plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de Diputados, con la presencia de ministros de Nación.

Datos

30%es el impuesto a todas las compras en dólares, incluido el atesoramiento, que impulsa el proyecto de ley.1,25%es la tasa del impuesto a los Bienes Personales, según el proyecto. Para los que están en el exterior será de 2,5%.

El Frente de Todos necesita 129 diputados para el quórum y cuenta, de base, con 120 diputados propios. Ayer se sofocó cualquier peligro de no alcanzar ese número: el bloque de Consenso Federal, que responde a Roberto Lavagna y cuenta con 10 diputados, se comprometió a acompañar, lo mismo que el bloque Unidad Federal del mendocino José Luis Ramón, que cuenta con 8.

La seguridad de que habrá sesión llegó cuando el interbloque de Juntos por el Cambio, que encabeza Mario Negri, anunció que su bancada “no va a obstaculizar” la jura de unos 23 diputados que reemplazarán a quienes renunciaron a sus bancas para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo Nacional o en las provincias. Sin la oposición, al oficialismo no le alcanzaban las bancas para oficializar los reemplazos y por lo tanto tampoco para discutir la ley.

Lo que destrabó eso, afirman en el gobierno y en el radicalismo, fue la marcha atrás con el artículo 85, que daba al gobierno el poder de intervenir y eliminar organismos descentralizados del Estado. La decisión se discutió entre titular de la cámara baja, Sergio Massa, el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner, la jefa política de Consenso Federal, Graciela Camaño y el propio Mario Negri.

A pesar de las críticas públicas de los tres gobernadores del radicalismo –que Fernández agradeció también públicamente–, Juntos por el Cambio no colaborará con el quórum para tratar la ley y advirtió que rechaza el proyecto, que otorga importantes poderes discrecionales al gobierno nacional.

El oficialismo, encabezado por Massa, calificó a la oposición de poner palos en la rueda y de “antidemocrática”. Las mismas críticas lanzó Camaño. En JxC, que tiene 116 diputados, argumentan que la ley otorga superpoderes inéditos al gobierno, supone el cierre virtual del Congreso y es un ajuste encubierto contra jubilados. Curiosamente, en la misma línea se expresó el Frente de Izquierda(2 diputados), que tampoco acompañará el quórum y convocó a concentrarse hoy frente al Congreso. Atención: la última marcha frente al Congreso por los jubilados, hace exactamente 2 años, terminó en batalla campal.

Entre otros puntos, el proyecto del gobierno contempla: el impuesto de 30% sobre la compra en dólares; la suspensión por seis meses del mecanismo de movilidad que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH a la inflación, y su reemplazo por un bono a los haberes mínimos y aumentos por decreto del Ejecutivo; suba de retenciones; la suba de la alícuota del impuesto a los bienes personales y sobre los activos en el exterior, congelamientos de seis meses de tarifas, y facultades para negociar contratos con las empresas concesionarias.

El gobierno dio marcha atrás con el artículo más polémica de un megaproyecto que otorga poderes amplios al Ejecutivo. Temprano, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez (Frente de Todos, Neuquén), anunció que se eliminará el artículo 85 que establecía: “Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".

En otras palabras, Fernández quedaba habilitado para intervenir y hasta eliminar, entre otros 60 organismos, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

El artículo no solo fue rechazado por JxC –que tras la eliminación permitirá la jura de diputados que reemplazan a funcionarios– sino por otros diputados opositores de los Interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, claves para la sanción de la ley.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General de Diputados, presididas por el neuquino Darío Martínez y Cecilia Moreau (FdT), el oficialismo emitió anoche dictamen sobre el proyecto de “emergencia”. La sesión contó con la presencia de ministros, que respondieron preguntas, y tuvo momentos de tensión entre oficialismo y oposición, sobre todo en lo relacionado con la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Participaron del debate los ministros de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la directora de la AFIP, Marcó del Pont. Las definiciones más fuertes las dejó el titular de la cartera laboral.

El proyecto plantea la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad implementada por Mauricio Macri en 2017 que se actualiza en base la inflación (en un 70%) y a los salarios del sector público (en un 30%): los próximos aumentos los dispondrá el Ejecutivo por decreto.

Moroni afirmó que el gobierno buscará que los haberes mínimos aumenten “por encima de la inflación”, un beneficio que no tendrán los haberes medios y altos, dijo que “no habrá congelamiento en las jubilaciones” y que si en 6 meses no se acuerda una nueva fórmula de actualización, se volverá a la actual.

Duro, el diputado de JxC, Luciano Laspina, le pidió al ministro que reconozca que la fórmula de movilidad “es un dolor de cabeza fiscal para el nuevo gobierno”, porque beneficia a los jubilados y tiene alto costo para el Estado, y advirtió que la decisión generará otra catarata de juicios.

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau, cruzó a la oposición: “Ustedes congelaron toda la Argentina, no sólo las jubilaciones. Es poco serio que digan que se preocupan por los jubilados, cuando en cuatro años han perdido el 25% en su poder adquisitiva”, dijo y, sacado, exclamó: “Encima dicen que no van a dar quorum ¡Están totalmente desubicados! ¡Destruyeron la Argentina, pongan la cara!”.

Aunque con algunas imprecisiones, el gobierno confirmó, a través de su ministro de Trabajo Claudio Moroni, que de aprobarse la ley habrá aumentos salariales por decreto para los trabajadores que pertenecen al sector privado.

“Estamos pidiendo una facultad, mientras dure la emergencia, para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado”, dijo ayer el ministro, confirmando así lo que figura en el artículo 54 del proyecto de emergencia.

“Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo”, sostuvo Morini, que no dio mayores detalles de cómo se discriminaría para los aumentos y rechazó hablar de montos hasta que sea sancionada la ley.

“Entendemos que estos incrementos van a ser a cuenta de lo que, mediante la libre negociación en las paritarias, obtengan los distintos sectores”, agregó.

El presidente Alberto Fernández firmó esta noche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la doble indemnización por 180 días para los despidos sin justa causa.
El DNU, que propuso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declara la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses. Pero la medida se aplicará para los trabajadores que ya se encuentran en relación de dependencia. Esto quiere decir que los nuevos trabajadores no tendrán derecho a solicitar la doble indemnización.
El objetivo de la medida es desincentivar posibles despidos por medio año, como una forma de enfrentar los efectos de la crisis económica.
En los considerandos del DNU, el Presidente justificó la decisión por el alza de la tasa de desempleo que hoy es del 10,6%. Incluso, según detalló, el desempleo en los jóvenes supera el 18% entre los varones y el 23% entre las mujeres.
El Gobierno busca así frenar la caída del empleo formal. Según datos oficiales, en el último año perdieron su trabajo 139.000 personas. La norma también recuerda que en 2016 el Congreso advirtió sobre el problema y sancionó el proyecto de ley 27.251, que contenía la prohibición de los despidos sin causa. La iniciativa, sin embargo, fue vetada por el expresidente Mauricio Macri.FUENTE: La Nación