El Gobierno dio marcha atrás en recortes en discapacidad, AUH y asignaciones familiares
El oficialismo aceptó las modificaciones exigidas por la oposición en la Cámara de Diputados
Tras una extensa negociación con el Gobierno Nacional, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad. De este modo, el oficialismo debió modificar su postura inicial.
Cómo fue la votación para dar marcha atrás en recortes en discapacidad
La iniciativa tuvo 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado. Tras esto, buena parte de los derechos y prestaciones del sistema vigente se mantienen y representa un cambio con respecto de los ajustes que el Ejecutivo había incorporado al protecto de Presupuesto 2027.
La propuesta enviada por Javier Milei contemplaba restricciones para acceder a las pensiones, incompatibles con el empleo formal y la eliminación de arancel unificado de prestaciones. Además, el nuevo texto conserva los mecanismos de protección. Esta decidisión responde a la presión de organizaciones ligadas a la discapacidad y las exigencias de diferentes bloques opositores.
Los cambios en discapacidad, AUH y asignaciones familiares y qué derechos se mantienen
La iniciativa sostiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima. Además, conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central de acceso. Al mismo tiempo, ratifica el nomenclador universal y el arancel unificado, dos instrumentos fundamentales para establecer valores comunes de las prestaciones en todo el país. Del mismo modo, permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El acuerdo sumó garantías de cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas y mecanismos para preservar el poder adquisitivo de los recursos por beneficiario. A su vez, contempla auditorías periódicas y establece que, si existen deudas pendientes con prestadores al sancionarse la ley, el Ejecutivo tendrá que presentar un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas dentro de los 90 días.
Radio Mitre
