La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF; otra gran cantidad de casos que aún no tienen montos determinados podrían aumentar la gigantesca factura a pagar.

La suciedad debajo de la alfombra puede ser tanta que, en algún momento, empieza a notarse. Es lo que ocurre con la montaña de demandas contra la Argentina que están radicadas en tribunales internacionales. Se trata de una potencial factura multimillonaria que pasa de mano en mano entre gobiernos. Sin distinción de colores políticos, todas las administraciones buscan lo mismo: demorar el pago todo lo posible mediante la presentación de recursos judiciales que estiren su cumplimiento.

LA NACION le puso nombres y montos a pagar a esta amenaza latente contra las cuentas públicas. Son, en total, 236 pleitos contra el país por incumplimientos de acuerdos de todo tipo. Entre ellos, remanentes de deuda pública impaga, cambios en las regulaciones locales con el presunto interés de sacar ventaja, estatizaciones desordenadas y ruptura de contratos de servicios públicos, un lastre imperecedero con el que la Argentina carga desde la crisis de 2001.

Expresado en dinero, el número es muy gráfico. Una cuenta muy conservadora arroja que el país enfrenta demandas en tribunales internacionales por casi US$27.000 millones, entre las que tienen montos determinadas. Hay muchos otros casos en los que aún no se definió el monto, de manera que puede ascender.

A modo de ejemplo, esa cifra representa un monto similar a las reservas brutas que tiene el Banco Central, o el 60% del dinero que el país le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro (PTN) y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF. En los dos primeros casos, se tomaron solo los pleitos que tienen montos determinados. Eso deja afuera un universo importante de demandas cuya cifra aún no fue establecida, según la información que figura en los registros oficiales.

LA NACION obtuvo la información en respuesta a un pedido de acceso a la información pública con datos disponibles hasta el 27 de enero último.

Se le agregó el pleito relacionado con la petrolera bajo control estatal porque, si bien no tiene todavía un monto determinado en la documentación argentina, la Justicia de Nueva York le puso un número a la demanda: habría que pagar US$16.100 millones.

El país tiene una gran variedad de demandantes. Desde inversores particulares alemanes que le prestaron dinero al Estado hasta megabufetes de abogados especializados en ganar contiendas contra naciones soberanas.

Las demandas caen en dos sacos. Uno de ellos es la Procuración del Tesoro, que reúne una menor cantidad de causas, pero cuyos resultados pueden traer altísimas consecuencias para el país. Son, en total, 36. Allí recalan los litigios en el CIADI y en la Justicia de Nueva York, con el caso por la expropiación de YPF como sobresaliente.

Otra porción de los juicios contra el país fuera de sus fronteras está a cargo del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, coordinado por la Subsecretaría Legal, que maneja Alejandro Speroni.

De acuerdo con la documentación que vio LA NACION, atiende 200 demandas de ese estilo. La mayoría están radicadas en Alemania, aunque los montos mayores se expresan en dólares. Hay incluso un pleito en yenes. Es por una demanda del MUFG, el banco más grande de Japón, que también es acreedor del Estado nacional.

Hay que aclarar, también, que las cifras pueden variar en el futuro por distintos motivos. En ciertos casos, la Argentina y sus demandantes estarían en condiciones de discutir alternativas de pago. Además, las demandas de los bonistas contemplan el pago de deuda que no se saldó y está incluida en el monto del litigio.

Hay tres pleitos hoy que concentran la atención oficial y de parte del establishment. El número uno es el de YPF, una demanda peregrina que se sustenta en los errores cometidos por el kirchnerismo entre los años 2006 y 2012. Primero, con el ingreso de la familia Eskenazi al capital social de la empresa petrolera y, luego, por la manera en que se estatizó la compañía.

Los demandantes, Burford e Eton, dos fondos que se dedican a eso, tienen un fallo a favor de la Justicia de Nueva York, según el cual la Argentina debería pagar US$16.100 millones más intereses. Hay chances de apelación, pero los especialistas le ven poco futuro a esa opción.

La justicia británica, por otra parte, les dio la razón a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que acusaron al Estado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que, en 2013, se paguen menos intereses de deuda por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010. Quien manejaba la economía por aquellos días era el hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el férreo apoyo de Cristina Kirchner. No existían entre ellos las diferencias del presente.

En Nueva York se tramita otra demanda importante. Un fallo de la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, ratificó una decisión de la muy conocida Loretta Preska que les permite a ciertos acreedores embargar activos soberanos por unos US$310 millones. Este dinero fue depositado en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal.

El pleito en Londres pone de manifiesto las dificultades para el futuro de la economía que plantea el hecho de tener tantas demandas abiertas al mismo tiempo, por montos que pueden asustar a un país como la Argentina. El gobierno de Javier Milei depositó en marzo de 2024 una garantía de US$325 millones para seguir litigando. Los demandantes la ejecutaron en febrero pasado. Es decir, ese dinero ya no está.

Para una economía saludable, la suma anterior puede parecer nimia. No parece ser el caso de la Argentina, donde el Gobierno despliega un fuerte plan de ajuste para reducir la inflación y cuenta hasta las monedas para mostrar mes a mes números fiscales equilibrados o con superávit.

“Los juicios en el exterior contra el país son una contingencia que no se reduce a lo monetario. Expande sus efectos a varios frentes, incluyendo el político. Basta pensar en una emisión o una reestructuración de deuda soberana -explica Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro-. Cualquiera de estos juicios que terminan en una sentencia adversa tienen, sin dudas, dificultades para ser ejecutados. Pero tienen una herramienta poderosa: medidas cautelares que pueden entorpecer cualquier proceso de endeudamiento o reordenamiento de deuda de un país. Se vio con la Fragata Libertad”.

“La Argentina es un país que comete muchos errores e incumple promesas. Eso nos ha costado mucho dinero. Me parece que es momento de sentarse a pensar para saber si vale la pena seguir pateando la pelota, sabiendo que perdemos el 99% de los casos, más allá de los que tenemos abiertos”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y una de las personas que más sigue estos temas en el país.

Según sus cuentas, desde comienzos de este siglo la Argentina pagó aproximadamente US$17.000 millones por temas judicializados en el exterior. Vale una aclaración: la suma mencionada incluye la cancelación de deuda que estaba impaga.

Es, quizá, la forma más clara de mostrar que la acumulación de pleitos terminan generando un problema económico, pese a que no se trata de una discusión que esté presente de forma cotidiana en las conversaciones del sector privado.

Esa es una de las trampas de los juicios abiertos fuera del país. Pueden resultar etéreos y lejanos por diversos motivos. Entre ellos, debido a que en algunos casos se admiten instancias de “regateo”, así como el hecho de que hay sentencias contra el país que no se pagan. Pero eso tiene un límite. El problema tiene efectos visibles cuando no queda otra cosa más que pagar la factura en contra.

Hay centenares de empresas dispuestas a cobrarle al país lo que creen que les debe. La información que recopiló LA NACION permite hacer un ranking de esos demandantes.

Los primeros lugares de esa lista -en los casos en que la burocracia argentina ya tiene contabilizado un número para la demanda- se muestran en una visualización que acompaña esta nota. De allí surge una variedad reveladora.

El primer lugar lo ocupa una demanda de Teinver radicada en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones. Teinver es una subsidiaria del grupo español Marsans, que llevó al país a un arbitraje internacional en 2009. La disputa finalizó, con una decisión en contra de la Argentina, en 2017. La cuenta a pagar, según los registros de la Procuración del Tesoro, es de US$1590 millones.

En segundo término aparece un grupo de acreedores de deuda liderado por el fondo Aurelius. De acuerdo con los registros públicos, esa factura suma US$1321,92 millones.

La empresa Orazul International España Holdings, subsidiaria de la norteamericana Duke Energy International, por la concesión de la represa Cerros Colorados, le hizo un reclamo al país por US$667,3 millones. Si bien el pleito figura en la administración pública, el Ciadi en ese caso rechazó los planteos de la empresa.

En tercer lugar hay un viejo problema de los años 90. Se trata del pleito de Papel del Tucumán, quebrada, con el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina. Son más de US$500 millones. La Argentina recibió un fallo en contra en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Para Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, la gran cantidad de demandas contra el país muestra que el que las hace las paga. “El hecho de violar contratos tiene un costo reputacional y económico. Es una lección para la Argentina, para una parte del arco político que considera que hacer estas cosas es gratis. Que porque hay emergencia, pobreza, cambió el gobierno o porque lo hizo otro, con esos argumentos se puede violar cualquier contrato”, sostuvo.

El economista también refleja otra cosa. Estas violaciones de contratos surgen porque en algún momento esos contratos se firmaron. Se pensó que era bueno, provechoso para el país. Pero luego se pensó al revés. “La gran imposibilidad que tenemos es ponernos de acuerdo para mantener un rumbo”, sostuvo.

El análisis de lo que ocurrió con estos casos aporta información que alerta sobre el futuro. Entre las 36 causas que maneja la PTN, 16 tramitan en el Ciadi. El amontonamiento allí de pleitos contra la Argentina tiene en sus orígenes una decisión del menemismo en los años 90. Interesado en la llegada de inversión extranjera, Carlos Menem promovió la firma de decenas de acuerdos de protección recíproca de inversiones con países importantes, como Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, por mencionar algunos casos.

Al igual que ahora, la Argentina tenía por aquellos días un sólido historial de incumplimientos, vaivenes e incertidumbre. Por eso, el equipo económico liderado por Domingo Cavallo les concedió a las empresas, a través de esos acuerdos, la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros como el Ciadi.

Esa estela llega al presente a través de la Ley Bases y el RIGI, el esquema implementado por Javier Milei para atraer inversiones. Es un revival noventista profundizado porque, según diversos especialistas, otorga aún mayores garantías a la inversión que la experiencia menemista.

“Con la Ley Bases y con el RIGI en particular, se extiende la vigencia del Ciadi en caso de incumplimiento del Estado. Cabe la pregunta acerca de si es un mecanismo idóneo para la protección de los intereses del estado argentino”, explicó Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro en la gestión de Mauricio Macri y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En términos abreviados, el planteo de los que advierten por demandas potenciales es el siguiente: si la experiencia indica que las concesiones hechas en el pasado le abrieron la puerta a una gran cantidad de demandas millonarias contra el Estado, en el futuro el número de pleitos podría crecer a la luz de los cambios facilitados por este gobierno.

La Casa Rosada responde de forma contundente. Las garantías que se les otorgan a los empresarios extranjeros se transformen en algo negativo para el país solo cuando la Argentina rompe los contratos. Un país normalizado, donde manden la institucionalidad y la continuidad de las políticas, no debería tener problemas con eso.

DIARIO LA NACION