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El Presidente habló en Tierra del Fuego previo a que la Vicepresidenta se presente en Chaco: “Miremos el futuro, que nadie nos desuna”, expresó

Alberto Fernández habló en Tierra del Fuego antes del esperado discurso de Cristina Kirchner en Chaco y dejó un mensaje para la interna del Frente de Todos, que esta semana volvió a estar al rojo vivo por declaraciones cruzadas entre funcionarios de La Cámpora y del gobierno nacional que tenían como destinatarios a Martín Guzmán, Matías Kulfas, Claudio Moroni y, en el última instancia, el propio Presidente.

Acompañado de Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, el intendente de Usuahia y el gobernador de la provincia, el mandatario manifestó: “Feliz de estar en esta tierra y de venir con todo esta propuesta de seguir trabajando juntos. Veo con mucha felicidad el modo en cómo trabajan en tierra del fuego los intendentes y el gobernador. Unidos, trabajando juntos. Trabajar juntos y unidos rinde sus frutos. Si al trabajo de todos ustedes sumamos el del gobierno nacional va a ser mucho mejor y todo mucho más fácil”.

“Si al trabajo de todos ustedes sumamos el del gobierno nacional va a ser mucho mejor y todo mucho más fácil. Mi mayor deseo es que aquel que nazca en Tierra del Fuego tenga la oportunidad de criarse, educarse, trabajar, tener una familia, ir al cine, teatro, divertirse y disfrutar la vida y morirse después de haber sido muy feliz. Cuando eso lo logremos, esa será una Argentina federal. Por eso la verdad es que acá lo que tenemos que hacer es juntar fuerzas para que la Argentina no se detenga y hagamos un país posible”, agregó el mandatario.

Además, aprovechó para disparar contra la gestión de Mauricio Macri, al recordar que durante el gobierno de Cambiemos se entregaron 14 mil viviendas y se lanzaron los créditos UVA: “Nosotros hoy estamos entregando el crédito 50 mil y estamos muy lejos de aplicar los intereses que los bancos le cobran a alguien para un crédito hipotecario”.

Alberto Fernández
Alberto Fernández
“Dense cuenta, cuando por ahí voces intentan sembrar el desánimo, dense cuenta todo lo que hicimos en el peor momento de la historia de la humanidad. La humanidad no vive una pandemia cada año, ocurre excepcionalmente y eso fue lo que nos pasó. Lo que fuimos capaces de hacer en plena pandemia sin contar la pandemia que heredamos. Cuando escuchen esas voces, miren para atrás, miren la cara de las familias que hoy tienen casas, miren la satisfacción que tienen, miren la cara de los que recuperaron el trabajo, miren la cara de los que se levantan en la economía popular a poner su esfuerzo, miren la cara de los docentes que hace unos años tomaban las calles y hoy están acá celebrando. Eso lo hicimos nosotros, todos unidos, juntos. Y los compañeros Camioneros también, obviamente”, agregó.

Por otro lado, el Presidente relató que mantuvo un encuentro con el líder camionero Hugo Moyano: “Le pregunté cómo va la cosa porque uno de los termómetros de la economía es el transporte, porque lleva el insumo para que se produzca la heladera y lleva la heladera hecha. Me dijo ‘los compañeros no paran de trabajar’. Esa es la Argentina que produce y da trabajo. Nosotros creemos en esa Argentina”.

“Cuando escuchamos una necesidad nos hacemos cargo del problema del otro, lo escuchamos. Nadie nos va a torcer en el camino”, insistió. También se encargó de apoyar a los dirigentes de Tierra del Fuego, tanto al intendente como al gobernador para la renovación de sus mandatos: “Pensemos todo lo que logramos en la unidad, pensemos todo lo que podemos lograr. Por favor, miremos el futuro y que nadie nos desuna”.

Germán Oestmann reconocerá a la vicepresidenta con el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Chaco Austral. Está imputado por supuesto desvío de fondos públicos enviados por el Estado nacional. La UNCAUS está controlada por el gobernador Jorge Capitanich

Cristina Kirchner recibirá hoy el Doctorado Honoris Causa Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), una casa de estudios controlada por el gobernador Jorge Capitanich, cuyo actual rector, Germán Oestmann, enfrenta varias causas en la Justicia en las que está imputado de lavado de dinero, amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

El mandatario chaqueño, quien fuera jefe de Gabinete de la ex presidenta entre noviembre de 2013 hasta febrero de 2015, comenzó a sonar como posible candidato a la Casa Rosada del kirchnerismo. La decisión de la actual vicepresidenta de elegir el territorio de Capitanich como anfitrión para hablar en público en medio de un recrudecimiento de la interna del Frente de Todos, es leída en esa sintonía. Una vez que haya recibido los símbolos de la distinción, Cristina Kirchner debe dar una exposición, a las 5 de la tarde, que generó mucha expectativa por la interna política en el oficialismo.

En una de esas causas, quizás la más grave, el fiscal general de la ciudad chaqueña de Sáenz Peña, Carlos Amad, acusó a Oestmann - junto a 36 personas - de integrar una asociación ilícita que desvió y lavó fondos que enviaba el Estado nacional a la UNCAUS, a través de una decena de fundaciones, asociaciones y empresas fantasma, con la que se firmaban convenios bajo sospecha y préstamos que no se devolvían. Para el fiscal, esas fundaciones fueron constituidas por la Universidad o personas afines, “con la única finalidad de continuar extrayendo dinero de manera ilegal”.

En su requerimiento, fechado el 15 de marzo pasado y al que tuvo acceso Infobae, Amad argumentó que fueron constituidas “sin razón de ser” más que para “delegarle facultades y el manejo de áreas, y por ende de fondos, que en realidad son de la Universidad, y por donde diluyen el gran caudal de dinero, sin ningún tipo de control”.

Capitanich y Germán Oestmann, rector de la Universidad cuya creación impulsó el gobernador chaqueño

En este expediente - desprendimiento de una causa madre iniciada en 2016, ya elevada a juicio por presunta corrupción en la obra pública de la UNCAUS - , ya fueron indagadas 14 personas por el juez federal subrogante de Saénz Peña, Carlos Aranda. El 15 de marzo pasado, el fiscal amplió la imputación a la figura de asociación ilícita, y le pidió al juez indagar al resto.

Para asegurarse su comparecencia, además, Amad le solicitó la inmediata detención de todos, incluida la de Oestmann, según reveló esta semana Rodrigo Alegre en TN. “Habida cuenta la estructura criminal, la logística empleada para perpetrar los delitos”, así como también “la capacidad económica de los imputados lo que implica una alta peligrosidad de fuga, máxime teniendo en cuenta la escala penal de los delitos que se le imputan y al sólo y único efecto de asegurar su comparendo a los estrados de este tribunal a su cargo”, fue la fundamentación del fiscal.

Si bien el juez Aranda aún no hizo lugar a este último pedido, a partir del 10 de junio próximo, comenzarán a declarar 30 de los imputados, entre ellos, Oestmann, cuya fecha aún no está fijada.

Aunque los hechos bajo sospecha comenzaron en la gestión del anterior rector de la UNCAUS, Omar Judis, cuando Oestmann era secretario de Actas de esa casa de estudios, la investigación se extiende a su actual gestión. Según la investigación, bajo su mandato se libraron cheques por distintos convenios bajo sospecha con varias de esas fundaciones.

Oestmann asumió en noviembre de 2018, tras la renuncia de Judis, quien debió irse por la acumulación de denuncias en su contra por irregularidades en la Universidad. Tras haber formado parte del círculo más cercano a su antecesor, hoy está enfrentado con Judis y ambos se cruzan acusaciones en la Justicia.

Para el representante del Ministerio Público, las maniobras de desvíos de fondos habrían comenzado en 2014 e incluyeron “convenios cuyos comprobantes de gastos no figuran que efectivamente se hayan efectuado, el otorgamiento de becas, cursos de grados y postgrados, gastos por compras de insumos , equipamientos totalmente irregulares, contrataciones, viajes con fines deportivos, delegación de áreas académicas como el área virtual, áreas de postgrados, constitución de innumerables plazos fijos”, entre otras.

A Oestmann, el fiscal general de Sáenz Peña lo imputó de blanquear casi $180 millones a través de la Fundación Educación para Todos, y la suscripción de un supuesto convenio con el Municipio de Taco Pozo firmado en febrero de 2019, para el dictado de varias carreras a distancia en ese municipio. Asimismo, lo acusó de “introducir dinero en efectivo en el sistema financiero” a través de “operaciones de cambio durante el año pasado y lo que va de este año por $6.786.716″.

En los allanamientos realizados, el fiscal encontró también un acta certificada antes escribano, de julio del 2015, por la cual la Fundación de la Universidad del Chaco Austral le otorgaba a Oestmann, “facultades para gestionar, cobrar y rendir cuentas de los fondos de la Fundación (de la UNCAUS) ante la Fundación Chaco Solidario”, a la que se le había solicitado un “préstamo” por $200.000 de ese momento (agosto 2015), para ser destinado supuestamente a actividades deportivas. Según los registros comerciales consultados por Infobae, Oestmann fue empleado en relación de dependencia de la Fundación de la Universidad, al menos, entre 2016 y 2017.

En tanto, la Fundación Chaco Solidario había sido creada en 2008 “sin fines de lucro” por el gobierno de esa provincia, y según su estatuto, su objetivo era abocarse al bien común. “Sin embargo, lo cierto es que el responsable directo y nexo en la gestión con esta Fundación fue el actual rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, quien deberá responder y dar explicaciones de la operación que quedó documentada en un mail y cuyo dinero luego se verifica su salida como egreso de las arcas de la Fundación UNCAUS”, señaló el fiscal para justificar, entre otros hechos, el pedido de indagatoria al actual rector de la Universidad.Acta de julio del 2015 por la cual la Fundación de la UNCAUS le otorgaba a Oestmann facultades para gestionar fondos ante la Fundación Chaco Solidario

Dinero para la campaña

Omar Judis ostentó enorme poder en Chaco. En diciembre 2007, cuando fue creada la UNCAUS, fue designado como el primer rector por Jorge Capitanich, de quien fue su mano derecha ,y luego ministro de Infraestructura de la Provincia. Desde ese lugar era el que decidía y manejaba las obras provinciales. En 2013, cuando el actual gobernador chaqueño asumió como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, lo designó como secretario de Ambiente de la Nación, y Judis pidió licencia en su cargo del rectorado, pero no renunció.

El ex funcionario provincial y nacional fue el creador de la Fundación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, una de las principales investigadas hoy por la Justicia, y de la cual su hijo Enzo Judis fue su presidente. Según el fiscal Amad, esa entidad habría sido la principal destinataria del dinero desviado, hasta la creación de la Fundación Educación para Todos, en 2018, justo antes de la salida forzada de Judis como rector de la Universidad, en medio de las denuncias crecientes por irregularidades. También están imputados los hijos de Judis, Enzo, Daniel y Natalia, entre otros familiares y amigos.

Para el fiscal, “todas estas actividades que realizaba la Fundación (de la UNCAUS), las podía efectuar la Universidad sin necesidad de intermediarios, pero necesitaba licuar dichos ingresos y esa fue y continúa siendo la única finalidad de poner en funcionamiento una Fundación, la que fue constituida con el único propósito de aplicarlos a supuesto gastos generados a raíz de la suscripción de diferentes convenios y pago de gastos, pero que en realidad servían de pantalla para extraer dichos fondos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron”.

Entre la documentación secuestrada por el fiscal, se encontró en el domicilio de Enzo Judis un papel con membrete de la UNCAUS que tenía escrito en manuscrito “Campaña Dany Capitanich” o “Coqui Capitanich 9,5 millones”. El nombre estaba tachado y sobrescrito como si hubieran querido poner “Dany” (el hermano del actual gobernador) y luego lo cambiaron por el de “Coqui” (actual mandatario chaqueño), o viceversa. “Lo que sí se puede inferir, más allá del detalle antes mencionado, es que 9,5 millones de pesos de la Universidad o de las Fundaciones que los Judis administraban fueron destinados al pago de campañas políticas”, advirtió Amad en su requerimiento ante el juez.

Los argumentos de OestmannGermán Oestmann asumió en 2018, en lugar de Omar Jundis de quien era su secretario de Actas

Ante la consulta de Infobae, Oestmann afirmó que “la causa judicial por lavado de activos que se menciona se inicia a partir de varias denuncias realizadas por una diputada de la UCR (la ex diputada provincial Ana María Canata) contra la anterior gestión de la Universidad, lo que culminó en la renuncia del entonces Rector Omar Judis. A partir de allí continuaron otras denuncias, muchas iniciadas por trabajadores actuales de la Universidad, contra hechos acaecidos en los años correspondientes a la anterior gestión”.

Respecto de la imputación de Amad, señaló que “es objeto de las pertinentes vías impugnaticias por entender que no corresponden derecho que se me imputen, son situaciones que exceden el marco del derecho penal, motivo por el cual no corresponde la imputación”. Calificó la tarea del fiscal como “deficiente” por “no estar presente en la localidad, ya que subroga en 3 lugares y vive en Salta”, y sostuvo que” hay un claro abuso de autoridad cometido por el fiscal en procedimientos llevados adelante en sede de la universidad y que fueron objeto de denuncia al fiscal”. Y agregó: “Encontramos que hay otras causas con contenido político, donde el mismo fiscal se encuentra imputado por haber plantado pruebas”.El fiscal general de Sáenz Peña, Chaco, que imputó a Oestmann

Amenazas y coacción

En otra de las causas que enfrenta, Oestmann ya fue indagado, acusado por amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente se abrió a partir de sendas denuncias de dos docentes de la UNCAUS, que afirmaron haber sido amenazados y haber sufrido represalias por haber suscripto la convocatoria a una Asamblea Universitaria de esa casa de estudios para impugnar la designación de Oestmann como rector en noviembre 2018, por no cumplir con los requisitos. Este abogado, hoy de 38 años, recibió su título en septiembre de 2010 y no cumplía los 10 años exigidos como mínimo desde la obtención del título de grado.

Ariel Martínez y Jésica Dusicka aseguraron en sus denuncias que Oestmann, en forma directa y a través del secretario académico de la Universidad, les exigió apoyarlo y no participar de la Asamblea convocada para cuestionar la validez de su nombramiento, amenazándolos con que se verían perjudicados. Ninguno de los dos cedió a los pedidos y sufrieron consecuencias por esa decisión. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el relato de ambos denunciantes “está totalmente probado”.

Una semana antes de la realización de la Asamblea Universitaria, prevista para el 26 de septiembre de 2020, y en la que los asambleístas le iban a pedir al actual rector documentación que acredite que podía continuar en su cargo, Oestmann citó a Martínez en su despacho. La conversación fue grabada por este último, ya que - según detalló en su denuncia - había “oído anteriormente de boca de otros miembros de la Asamblea, comentarios de que Oestmann venía haciendo promesas de mejoras laborales a personas que lo apoyaran, y manifestaciones amenazantes y coactivas a los que no lo apoyaran en su cargo legal”.

Martínez aportó la grabación a la Justicia. “De esa conversación, se desprende una clara coacción o amenaza al decirme que piense en mí y mi familia, ya que además de Asambleísta soy docente en esa Universidad, dirigiéndose directamente con sus dichos, a anular mi estado de determinación, y haciéndome saber, al final de la charla, que era lo que pretendía hacer él, con el fin de que lo apoye con mi firma”, describió en su denuncia. Tras un peritaje oficial, se corroboró que era la voz de Oestmann la que se escuchaba en el diálogo grabado, al que tuvo acceso Infobae.

En su presentación, Martínez también señaló que “muchos asambleístas han sido víctimas de las coacciones agravadas infringidas por el accionar tanto de Oestmann como de distintas personas funcionales a él, que han invocado a la investidura del Señor Gobernador, diciendo que cuentan con todo su apoyo respecto a la ilegal gestión del Rector”.

En diálogo con Infobae, Martínez ratificó lo relatado en su denuncia. “Me apretó para que no vaya a la Asamblea, y lo apoyara en su cargo como rector, y que pensara en lo que me convenía y mi familia. Me dijo que había hablado con Capitanich”.Oestmann aseguró que contaba con el apoyo del gobernador Jorge Capitanich

Recordó que la Asamblea nunca se pudo realizar porque Oestmann dispuso que se fumigara el edificio ese mismo día, por lo que la Universidad permaneció cerrada. “Había que hacer otro llamado y varios asambleístas que fueron amenazados, ya no quisieron firmar la convocatoria, y no pudimos juntar las firmas necesarias”, relató Martínez, que en ese momento había sido elegido asambleísta por dos años en representación del claustro de auxiliares docentes.

Martínez perdió su cargo como secretario de Bienestar Estudiantil - un puesto político cuyo nombramiento depende del rector- , y solo siguió con sus dos cargos como docente, por lo que su sueldo se vio reducido a un tercio. También es uno de los imputados en la causa de lavado a través de las fundaciones. Según le explicó a este medio, se debe a que fue secretario de la primera etapa de la Fundación de la UNCAUS, designadas al momento de su creación en 2012. “Entiendo que fui citado, como todos los que fueron autoridades en algún momento. Después e los dos primeros años, cedimos el espacio a otros”, explicó. Según la documentación en poder de la Justicia, figuró en ese rol hasta agosto de 2016.

Oestmann le abrió en noviembre del 2020 un sumario administrativo a Martínez porque ese diálogo que tuvieron en su despacho, grabado sin su consentimiento, apareció publicado en la cuenta de Facebook de Omar Judis, su ex mentor y al que hoy está enfrentado. Este sumario no se resolvió aún por la existencia de la causa judicial contra Oestmann. “No lo volví a ver, evita cruzarme”, agregó Martínez, que se convirtió en querellante en la causa. Cuando fue citado a indagatoria en este expediente, el actual rector de la UNCAUS se negó a declarar y presentó un escrito.Las razones por las que el rector Oestmann le abrió un sumario administrativo a uno de sus denunciantes, Ariel Martínez

La otra denuncia contra Oestmann por amenazas, coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue presentada por Dusicka, otra docente de la UNCAUS, en la que también está imputado Lucas Stegagnini, el secretario académico de la Universidad. Fue presentada con posterioridad a la de Martínez, pero como los hechos son similares, el fiscal Amad pidió la unificación de los expedientes por su conexidad, a lo que el juez Aranda accedió.

Dusicka - que se desempeñaba también en tareas administrativas en la Universidad con sede en Sáenz Peña-, había pedido su pase a la Escuela de Negocios del Chaco Austral en la ciudad de Resistencia, a lo que el rector de la UNCAUS había accedido en un principio.

Represalias

Pero tras suscribir la convocatoria a la Asamblea extraordinaria para tratar el tema de los requisitos de Oestmann para ser rector, Dusicka denunció que comenzó “a sufrir una serie de actos intimidantes, amenazantes, y represalias” por parte de Oestmann y Stegagnini. “Me dijo textualmente ‘si no prestás el apoyo a Germán, olvídate del pase a Resistencia, y ni sueñes con recategorizaciones, y que no me sorprendiera si me quedaba sin trabajo’”, relató en su presentación ante la Justicia.

No solo el traslado a Resistencia que había pedido Dusicka no se concretó, sino que se vio desafectada de sus tareas administrativas en la obra social de la Universidad, y fue enviada a cumplir otras tareas no vinculadas con su trabajo habitual. “En mi nuevo puesto de trabajo, se me ignora, encontrándome totalmente aislada, y en cuanto a las labores se me asignaron tareas totalmente inútiles o absurdas teniendo en cuenta mis incumbencias profesionales”, relató en su denuncia.

El rector también le abrió un sumario administrativo a Dusicka por haber autorizado pagos sin una disposición por escrito que los autorice. Ella se defendió argumentando que “era una práctica habitual de (la delegada rectoral Yanina) Spitzer autorizar pagos en forma verbal”.

Si bien el representante del Ministerio Público ya le pidió al magistrado el procesamiento de Oestmann por la primera denuncia de Martínez, el juez Aranda decidió primero ampliar su indagatoria a partir de los hechos relatados por la Dusicka. El actual rector, quien le entregará la distinción a Cristina Kirchner esta tarde, está citado en esta causa para el 2 de junio próximo.

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de manos de Oestmann, la vicepresidenta dará su discurso en el Salón de Convenciones Gala de Resistencia, que seguramente esté colmado. El título de su ponencia será “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”.

El la misma sesión la Cámara baja aprobó y envió al Senado la iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales y el proyecto de ley de VIH que propone un abordaje integral desde la salud colectiva.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales.

La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.

Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto "federal que generará muchos puestos de trabajo, que "en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas" y que "se trata de una industria sustentable con el ambiente".

Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que "esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.

"Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales", completó.

Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que "aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos".

Recordó que "en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy".

"Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante", enfatizó.

En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que "el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto".

Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que "el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana".

"No voy a comprar gato por liebre, porque este es el paso previo a la legalización", enfatizó.

Su compañero de interbloque, el socialista Enrique Estévez, mostró una posición diferente: "Saludamos la sanción de este proyecto, el esfuerzo, el trabajo, sobre todos de esas madres que son las que más se la bancan, por eso apoyamos: aunque estamos convencidos de que el móvil de esta ley tiene que ver con las divisas".

En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".

A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro "commodity" de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

El marco normativo busca "desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad".

En tanto, el proyecto que prórroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica a la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa 'puente al empleo' referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino, fue aprobado y girado al Senado.

Tras una hora y media de debate, la iniciativa consensuada entre el Frente de Todos y el PRO, fue aprobada por 172 votos a favor; 20 en contra, en su mayoría de la Coalición Cívica y de la Izquierda; y 45 abstenciones, con preponderancia de los legisladores de la UCR.

El proyecto presentado oportunamente por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, del FdtT, y por el titular de la bancada del PRO, Cristián Ritondo, establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento del ingreso a la cuenta especial.

En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5 por ciento.

Por su parte, los ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso anterior y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa que deberán pagar será del 10 por ciento.

En tanto, los declarados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20 por ciento.

Cabe mencionar que en diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.