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El Gobierno definirá cuánto deberá recortar cada ministerio para alcanzar el objetivo fiscal.

El Gobierno nacional se encamina a aplicar un nuevo ajuste en los ministerios con el objetivo de cumplir una meta fiscal más exigente que la acordada con el Fondo Monetario Internacional. A pedido de Javier Milei en la última reunión de Gabinete, Economía ya trabaja en las cifras que cada cartera deberá recortar para alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, por encima del 1,3% firmado con el FMI en abril.

La orden desde el Gobierno y el ajuste en marcha

“El resultado primario acumulado en los primeros cinco meses es de aproximadamente 0,8% del PBI”, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales. El superávit financiero, en tanto, alcanzó el 0,3% del producto. Para cumplir la nueva meta anual, el Gobierno deberá duplicar ese resultado en el segundo semestre.

Desde diciembre, Javier Milei exige a sus ministros recortes en diversas partidas, siendo el gasto en personal una de las principales áreas de ajuste. Un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, reveló que ya se eliminaron cerca de 48.000 puestos en el sector público, lo que implica una reducción del 9,6% en la planta y un ahorro de US$1885 millones anuales.

Además, el ajuste se complementa con la eliminación del 90% de los fondos fiduciarios y el avance en la agenda privatizadora. Todo esto ocurre días antes de que una misión del FMI llegue al país para auditar el cumplimiento del programa.

Qué dicen las consultoras sobre el esfuerzo fiscal

La consultora Outlier evaluó que “el desempeño del resultado primario durante el mes de mayo fue mejor de lo esperado porque hubo más presión sobre rubros específicos del gasto”. Sin embargo, advirtió que “hay un deterioro a nivel del resultado financiero real”, lo que justificaría “reforzar el esfuerzo de recortes presupuestarios de cara a los próximos meses”.

Por su parte, LCG sostuvo que “la convergencia fiscal demandará una nueva ola de ajuste”, que se concentrará en “subsidios, gastos operativos y áreas con nichos de ineficiencia no corregidos”.

Tras 24 años de vigencia, el Gobierno dio de baja por decreto la Ley Ovina, una herramienta clave para el financiamiento de pequeños ganaderos de la Patagonia.

El Gobierno Nacional firmó esta semana el certificado de defunción final de al menos 9 regímenes de fomento de la ganadería, entre ellos la Ley Ovina, que permitió durante casi 24 años a pequeños productores de la Patagonia poder acceder a financiamiento (ya sea por créditos blandos o por aportes no reintegrables) para hacer potreros, galpones, captaciones de agua o mejoramiento genético. “Se formalizó lo que ya venía ocurriendo en la práctica, porque al programa lo habían desfinanciado por completo”, comentó una fuente del Gobierno de Río Negro. Cuando nació, en el año 2001, se la dotó de un fondo de 20 millones de dólares anuales, lo que hoy representaría casi 24.000 millones de pesos.

En los considerandos del Decreto 408/2025, publicado el pasado miércoles 18 de junio, se aclara que “en este contexto, en el que las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”. Luego se destaca en el texto legal: “deviene menester proceder a la derogación”.

“En realidad, la Ley hacía como 6 meses que estaba muerta, porque no tenía más financiamiento”, admitió Héctor “Beto” Zamboraín, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao, donde se hace la expo ovina más grande de la Patagonia por el volumen negociado en los remates. “Para nosotros fue una herramienta muy útil, que tuvo un manejo muy prolijo en Río Negro. Todo se canalizaba a través de las Sociedades Rurales, y salvó a muchos productores. Había que gestionar el crédito, y rendir cuentas”, explicó el dirigente. En el caso de los créditos para la compra de reproductores, “siempre fueron sin interés y a un año de plazo”.

Desde Neuquén también se lamentaron por la decisión, porque consideran que “fue una herramienta que permitió sostenerse a los productores chicos”, analizó el veterinario Joaquín Ferrería, organizador de la Expo Ovina de la Sociedad Rural de Neuquén. Si bien aclaró que Neuquén y Río Negro tienen realidades muy diferentes en la producción ovina (“acá algunos años se presentaron muy poquitos proyectos, o ninguno”, aclaró), recordó que “cuando salió la Ley fue un fomento que tuvo muy buenos efectos”.

Pero aseguró que el sector necesita otro tipo de acompañamiento, para poder cambiar “las tecnologías de manejo” de las majadas. Porque hasta el momento “lo único que se logró fue estirar la agonía”, marcada por los bajos precios internacionales de la lana y el impacto de las prolongadas sequías en los campos de la región.

Un buen recuerdo para productores de la Patagonia

“Salió en una época en la que en el país no había crédito, entonces fue una financiación genuina”, recordó. En un primer momento los créditos eran con condiciones casi similares a un subsidio, porque el financiamiento –para compra de reproductores, por ejemplo– era a tasa cero, con un año de gracia y a pagar en cinco años. Pero más allá de garantizar la subsistencia de los pequeños ganaderos, “no se logró modernizar el manejo”.

Ferrería, de todos modos, aseguró que en Neuquén “aún quedan productores chicos que están funcionando bien”, y por eso se preparan para realizar el próximo mes de enero otra edición de la Expo Ovina de la Sociedad Rural de Neuquén.

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“Para nosotros fue una herramienta muy útil, que tuvo un manejo muy prolijo en Río Negro", sentenciaron desde la Sociedad Rural de Maquinchao. (Foto: Gentileza Ente de la Región Sur)

Río Negro y Neuquén tienen realidades distintas en cuanto a la ganadería ovina. La primera tiene un rodeo de 1.100.000 cabezas, mientras que los 300 productores neuquinos tienen una majada que se ubica en torno a las 220.000 cabezas.

El último fondeo importante fue en el 2023, y a la Ley Ovina se le asignó en el Congreso Nacional un fondo de $302 millones, de los cuales unos 50 millones de pesos fueron destinados a Río Negro.

“Acá, por ejemplo, nos pagaban un análisis de lana por año por productor en los laboratorios del INTA. También sirvió para armar bancos de forrajes para el invierno, mejorar los predios, hacer perforaciones, y era un recurso que en Río Negro estuvo muy bien distribuido”, resaltó el presidente de la Rural de Maquinchao. A su criterio, “acá en nuestra zona se la va a sufrir y se la va a sentir mucho su ausencia”.