Política

El Jefe de Gabinete aseguró que no cree que haya “diferencias sustanciales” entre el Presidente y la Vicepresidenta. Qué dijeron desde el entorno de Villarruel.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este domingo a las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Las versiones sobre una tensión en el Ejecutivo crecieron luego de que el presidente encabezara un acto con las Fuerzas Armadas al que la vicepresidenta no habría sido invitada.

El titular de ministros admitió que entre Milei y Villarruel puede “haber diferencias en algunos temas”, pero afirmó que existen acuerdos “totales y sustanciales” en las cuestiones más importantes. En tanto, al hablar sobre el acto del viernes, Francos aseguró que la Vicepresidenta estaba invitada.

“No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, estaba Victoria invitada al acto. Creo que las cosas son las relaciones normales entre un presidente y su vicepresidente. A veces acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencias de opiniones en algunos temas. Son dos dirigentes políticos que cumplen roles institucionales diferentes y cada uno hace el suyo”, sostuvo Francos durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El evento al que hizo referencia el Jefe de Gabinete es el que encabezó Javier Milei en el marco de la entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. El acto se realizó en el en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la calle Azopardo al 250, en el barrio porteño de Monserrat.

Qué dijeron desde el entorno de Victoria Villarruel

Desde el entorno de la Vicepresidenta aseguraron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario resaltó además que Villarruel participa de las reuniones de Gabinete “y habla con el Presidente”, por lo que, afirmó, no cree que haya “diferencias sustanciales”.

“A veces se hacen muchas especulaciones. Puede (Villarruel) tener diferencias; puede no coincidir con el armado de La Libertad Avanza, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei con ella, cuando fueron diputados nacionales y fue cuando fueron la fórmula que ganó las elecciones”, añadió.

A24

El exsenador fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y exsecretaria.

A horas de que se conozcan los fundamentos de la sentencia en su contra, el exgobernador de Tucumán José Alperovich pidió que la Corte Suprema revise su prisión preventiva en la causa por violación.

El exsenador está preso en el penal de Ezeiza desde hace casi dos meses y sus abogados argumentan que se encuentra mal de su salud y que necesita cumplir su pena con domiciliaria. Por eso mismo, en las últimas horas presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise su prisión preventiva.

El exgobernador fue sentenciado a 16 años de prisión el 18 de junio tras un largo debate oral que se llevó a cabo en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo modo, se determinó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese mismo día quedó detenido en la cárcel de Ezeiza por decisión del juez federal Juan Ramos Padilla. Sumado a ello, a mediados de julio la Cámara Nacional de Casación confirmó la prisión preventiva.

Alperovichfue condenado por haber abusado sexualmente de su sobrina en reiterados hechos, ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

La defensa había apelado tanto la condena como la prisión preventiva, y solicitó su excarcelación. Su abogado, Augusto Garrido, recurrió el fallo y justificó que durante los cinco años que duró el proceso, su defendido “se ajustó a derecho, se presentó a la totalidad de los actos procesales a los que fue requerido y no egresó del país”.

El letrado también mencionó que el condenado “cuenta con sobrado arraigo constituido por familia estable, domicilio en esta ciudad y ocupaciones laborales”, y que “no tiene antecedentes penales”.

Garrido además habló de su estado de salud: “Se trata de una persona de 69 años que al momento de su detención atravesaba el postoperatorio de una cirugía neurológica asociada a su columna vertebral, y sufría varias afecciones a su salud, algunas pendientes de constatación y otras verificadas, tales como hipertiroidismo, hipertensión y antecedentes coronarios”. Mismo argumento que utilizaron en esta oportunidad para que la Corte Suprema revise su situación actual.

Las pruebas contra Alperovich

Como sucede en la mayoría de los casos de abuso sexual, el juez Juan Ramos Padilla (TOC N°29) tomó como elemento probatorio fundamental el relato de la víctima, ya que se trató de hechos que sucedieron en la intimidad y que no contaron con testigos oculares, es decir, con personas que los hayan presenciado.

Además, se tuvo en cuenta el testimonio de la ginecóloga que confirmó que la mujer tenía una lesión en sus genitales, compatible con una herida producida durante una actividad sexual violenta. Esta consulta médica se realizó dos días después del hecho más grave que fue denunciado en esta causa, que sucedió en la casa de El Corte, en la localidad de Yerba Buena.

De la misma manera, se tomaron en cuenta las señales de las antenas de los celulares de ambas partes, que corroboraron que estuvieron en el lugar de los hechos, en los horarios que la denunciante dijo que sucedieron. Esto fue en un departamento ubicado en un complejo de cuatro edificios en Puerto Madero, en dos casas que Alperovich tiene en Tucumán, y en autos particulares del acusado.

FUENTE TN

Cristina Kirchner aseguró que la violencia en su contra comenzó a incrementarse a partir de la pandemia. A su vez, habló sobre el accionar de “Los Copitos”.

“Es público y notorio, inclusive después de la pandemia, que los episodios fueron in crescendo”, sostuvo en primer lugar la exvicepresidente de la Nación Cristina Kirchneren el juicio contra “La banda de los copitos” integrada por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

A su vez, mencionó las guillotinas en la Plaza de Mayo, los militantes que iban a su casa y la insultaban antes del intento de magnicidio por parte del principal imputado, Sabag Montiel y la destrucción de su despacho en el Congreso, al cual “está probado que antes lanzaron bombas de pintura”, según la expresidente.

Frente a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6 (TOF 6), la líder del kirchnerismo lanzó una evaluación política sobre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: “Es muy agresiva con los peronistas y La Cámpora”. El análisis surge a raíz de los cordones de seguridad establecidos cerca de su departamento, en septiembre de 2022.

Cristina Krichner contra la Justicia

La exsenadora nacional aseguró que “(Diego) Luciani contribuyó a la violencia política” en su contra. “Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo”, cuestionó la exjefe de Estado.

En ese sentido, manifestó que dichas palabras motivó manifestaciones en la puerta de su casa, la cual “finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”. “Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani”, manifestó frente a la querella.

La disputa política de Cristina Krichner

Luego, habló sobre el vicepresidente del bloque PRO y diputado nacional Gerardo Milman, a quien no conoce personalmente.

“Milman dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un nostradamus contemporáneo. Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”.

RADIO MITRE

El presidente Javier Milei volvió a reiterar su propuesta a Alberto Fernández sobre cuidar a su perro Dylan en la Casa de Olivos.

Un día después de que se conociera la imputación contra Alberto Fernández por lesiones, abuso de poder y amenzas contra Fabiola Yáñez, Javier Milei volvió a reiterar la propuesta que le había hecho al exmandatario sobre cuidar a su perro Dylan, en la Casa de Olivos.

Este miércoles, el fiscal Ramiro González imputó al exjefe de Estado tras la denuncia de su expareja por violencia de género ante la Justicia.

En este sentido, el mandatario libertario escribió, a través de su cuenta de X: “Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo”.

La primera propuesta sobre cuidar a Dylan se dio durante el traspado presidencial, cuando Javier Milei le dijo a Alberto Fernández si no quería dejar en la quinta de mandatarios a su perro de raza collie, que vivió allí en los cuatro años de gestión del Frente de Todos.

Sin dudas, la mascota del ahora expresidente no pasó desapercibido, debido a que la administración anterior lo mostraba constantemente en las redes sociales, y hasta contaba con Cecilia Hermoso, como community manager para el manejo de una cuenta sobre el animal.

Cabe destacar que la comunicadora ahora es señalada como una de las amantes del exjefe de Estado, mientras estaba en pareja con Fabiola Yáñez, durante sus años en el Gobierno.

La relación de Alberto Fernández con Dylan post presidencia

Tras dejar el mando de la presidencia, y antes de ser denunciado por la mamá de su hijo más chico Francisco, el político y abogado salía a pasear con su mascota por el barrio porteño donde siguió viviendo desde que estalló el escándalo.

Incluso, la cuenta de Instagram del perro generó un capítulo de la causa, debido a que la ex primera dama dijo que su pareja la engañaba con Cecilia Hermoso, la encargada de manejar ese perfil.

Radio MITRE

Luego de que Alberto Fernández quedara imputado por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, en “Alguien tiene que decirlo” revelaron cuándo serán las declaraciones testimoniales del entorno del expresidente.

En medio de la imputación a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, ya se dieron a conoce los oficios en la causa. En ese sentido, en “Alguien tiene que decirlo” revelaron cuándo serán las declaraciones testimoniales del entorno del expresidente.

Gabriel Iezzi adelantó que “a partir de la semana que viene estarían iniciándose las testimoniales”, donde se espera que declaren la exsecretaria María Cantero; el exjefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra; y el exintendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

Al respecto, el periodista señaló que este próximo paso “va a dar mucho que hablar, no solo por lo que puedan llegar a decir, sino por lo que no puedan decir, por autoincriminarse”, y explicó que “en algunos casos es muy finito el hilo entre un encubrimiento, un incumplimiento y un rol de testigo”.

Alberto Fernández oficializó su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista

Después de que se lo imputara, Alberto Fernández hizo oficial la renuncia a la presidencia del Partido Justicialista. El exmandatario presentó un comunicado donde explicó: “Esta decisión la tomo con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se me endilgan”.

“Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de géneros y respeto a las diversidades”, agregó.

Uno por uno, los hechos por los que la Justicia imputó a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yáñez

El fiscal federal Ramiro González dictaminó las primeras medidas de la causa e imputó al expresidente en nueve hechos, entre los que se destaca que “Alberto Fernández obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto, a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”.

FUENTE RADIO MITRE

Foto Internet

Infobae tuvo acceso en exclusiva a las fotos y chats que aparecen en el expediente que la ex primera dama inició contra el ex presidente

El diario Infobae tuvo acceso a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

El presidente se pronunció en sus redes sociales tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género

Javier Milei se pronunció este miércoles en sus redes sociales tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género. En su mensaje, más allá de la condena al hecho en sí, aprovechó para sostener su idea de que las “políticas de género” son “una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos”.

En el texto, al que tituló “la hipocresía progresista”, el presidente manifestó que desde su espacio siempre tuvieron “el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias”, “a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones”.

“Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ‘políticas de género’. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, resaltó el primer mandatario. Para sostener su idea, Milei aseguró a su vez que “décadas de estudios científicos son prueba de ello”.

Para el jefe de Estado libertario, “la única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”.

“Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política”, destacó.

El también economista, apuntó contra el progresismo y consideró que “las causas nobles en las que se embanderan, como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”.

“Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, concluyó Milei.

Fabiola Yañez dice que tiene más fotos y pruebas contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez no le avisó nadie lo que iba a hacer. Ayer, cerca de las 12 del mediodía (hora de Argentina), tomó su teléfono y llamó al número fijo de la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini. Pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama apenas le contestó. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia formal que derivó en una denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento.

En la audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yañez no aportó más detalles de las agresiones. Pero su abogado, Juan Pablo Fioribello, dijo luego que tiene más fotos y pruebas para aportar ante la Justicia. La madre de la ex primera dama, aseguran, también podría sumar su testimonio.

La causa que conmovió al país comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. En una de esas conversaciones, Yañez le relató a Cantero supuestos actos de violencia. Alberto Fernández nunca se enteró de ese intercambio, según dejó trascender en las últimas horas. “Se sorprendió porque María y Fabiola no era amigas, y mucho menos confidentes”, contó un allegado.

Ercolini resguardó esos chats en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia por videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Yañez escuchó la descripción del juez pero rechazó hacer la denuncia penal. El juez no tuvo otra opción que archivarla. Eso ocurrió el 1 de julio.

La situación comenzó a cambiar este domingo, cuando el diario Clarín reveló que la existencia de esos chats e incluso fotos que confirmarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia su ex pareja.

A partir de ese momento, los protagonistas de esta historia volvieron a comunicarse, según pudo saber este medio. En la audiencia con el juez, Yañez dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia. No lo logró.

Yañez confirmó además los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero y prometió dar precisiones más adelante. En la audiencia, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. También habló de “terrorismo psicológico” yde “acoso telefónico”. “El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Ercolini confirmó ayer que en los chats de Cantero “surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género”. Esos mensajes serían de dos fechas distintas. Eso indicaría que hubo más de una agresión.

A partir de ese momento, los protagonistas de esta historia volvieron a comunicarse, según pudo saber este medio. En la audiencia con el juez, Yañez dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia. No lo logró.

Yañez confirmó además los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero y prometió dar precisiones más adelante. En la audiencia, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. También habló de “terrorismo psicológico” yde “acoso telefónico”. “El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Ercolini confirmó ayer que en los chats de Cantero “surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género”. Esos mensajes serían de dos fechas distintas. Eso indicaría que hubo más de una agresión.

También le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que refuerce la custodia oficial que tiene Yañez en Madrid. Aunque Fernández tiene residencia en Buenos Aires, y ahora no puede salir del país, el juez decidió que no se puede acercar “a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante”.

El Gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck habló en “Alguien tiene que decirlo” sobre la decisión de YPF de invertir en la provincia con un mega proyecto exportador de GNL.

YPF sorprendió al dejar de lado Bahía Blanca y elegir a Sierra Grande en Río Negro como el lugar para llevar adelante el mega proyecto de gas natural licuado (GNL) con Petronas. El gobernador patagónico Alberto Weretilneck habló de la inversión y explicó cómo se llevará adelante el proyecto.

Este lunes, el gobernador Weretilneck se reunió con el presidente de YPF Horacio Marín y desde sus redes aseguró que “Le agradecimos personalmente por la histórica inversión que realizará YPF y Petronas en nuestra provincia”.

“La nueva planta de GNL que se construirá en Punta Colorada, Sierra Grande, significará la inversión más importante de la historia argentina y marcará el inicio de un nuevo capítulo para Río Negro”, indicó el patagónico.

En conversación con Eduardo Feinmann, Weretilneck aseguró que la Patagonia “nunca había tenido la posibilidad de industrializar lo que produce de gas y de petróleo en su territorio”.

“Todo lo que se hizo siempre fue poner el petróleo y el gas en caños e industrializarlo en el resto del país. Esta es la primera vez de una decisión muy federal, muy importante, que gracias a YPF y a Petronas se va a dar, que es la construcción de la planta de GNL, que junto con el oleoducto Vaca Muerta Sur van a generar exportaciones por 30 mil millones de dólares”, remarcó.

“Estamos en la puerta de una nueva zona económica en Argentina que nos va a permitir monetizar miles de millones de dólares que tenemos bajo tierra y sin poder explotar por falta de infraestructura para la exportación”, afirmó.

Weretilneck se refirió a la “discusión” sobre la decisión de YPF de elegir Río Negro y dejar de lado a Buenos Aires

Según Weretilneck, “Horacio Marín de YPF, y todo el directorio de YPF y de Petronas, fueron absolutamente profesionales, técnicos, y lo único que se buscó en esta decisión fue la eficiencia del proyecto más importante. No hubo ninguna decisión política”.

“Sería un nuevo campo para la Argentina de ingresos de divisas y de la importancia que tiene ser un protagonista mundial en lo que es energía”, aseguró el Gobernador, que consideró al mismo tiempo que en su provincia existen “ventajas competitivas con respecto a Bahía Blanca”.

“Tenemos un mejor mar, porque a 7 kilómetros de la costa tenemos 40 metros de profundidad sin necesidad de dragado y sin necesidad de ningún tipo de infraestructura. Esto nos permite un tránsito libre y exclusivo para este tipo de buques”, afirmó.

“Fuimos la primera provincia que adherimos al RIGI y este proyecto sin RIGI es imposible, inviable”, remarcó el patagónico, que aseguró que “lo que estamos generando es un polo de desarrollo que bien necesita Argentina”.

Fuente RADIO MITRE

La ex presidenta habló por primera vez de los comicios en los que se impuso Nicolás Maduro por medio del fraude. Dijo que adhiere al comunicado de AMLO, Lula y Petro, pero pidió por la transparencia de los resultados

A una semana del fraude electoral cometido en Venezuela, y en medio de una fuerte expectativa por sus declaraciones sobre los comicios realizados en el país vecino y el régimen de Nicolás Maduro, Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado en México. La ex presidenta, que había sido de las pocas referentes que aún no se había expresado acerca de lo ocurrido el pasado domingo, se hizo presente en el marco del cierre de un curso internacional sobre “Realidad política y electoral de América Latina” y finalmente pidió que se publiquen las actas electorales en la nación venezolana.

Su discurso se dio mientras manifestantes y líderes opositores de Venezuela protestan en las calles para reclamar por la transparencia del proceso electoral. La líder de la oposición, María Corina Machado, hizo su aparición esta mañana en Las Mercedes y prometió, ante miles de personas, que no se van a dar por vencidos y que llegarán hasta el final.

En este contexto, CFK comenzó su intervención diciendo que la libertad es la gran utopía que tuvo la región en el siglo XX y defendió “el principio de no injerencia en los asuntos de los otros países”. “Siempre hemos respetado en la América del Sur que no somos todos iguales y respetamos las dignidades culturales. Y en ese sentido, debo reconocer como principio rector que informó a la región, y que debe seguir informando a la región, lo que México ha sostenido históricamente: la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural”, señaló.

Luego se refirió directamente a la situación de Venezuela. Un tema que introdujo con un llamado a unir a la utopía de la justicia con la utopía de la paz en la región. “Seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la región, estamos heridos. Y en este marco de la utopía por la paz, es que tenemos que abordar el problema de Venezuela”.

Con respecto al fraude electoral denunciado el pasado domingo en los comicios del país, Cristina Kirchner dijo que adhiere al comunicado firmado por AMLO, Lula Da Silva y Gustavo Petro, aunque pidió por la transparencia de los resultados. “Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”, exclamó. Y enfatizó: “Es lo que tenemos que pedir, que se publiquen”.

“Ayer escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer el resultado del escrutinio de un total de 96,87 de los votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados y lo que obtuvo cada uno de los candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado, que, por lo tanto, no tenía las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales, en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático, que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral”, explicó CFK en su discurso en México.

En esta línea, dijo que la publicación de los resultados es necesaria par que tanto la política nacional, como la oposición y el pueblo de Venezuela puedan continuar con su discusión y envió un mensaje a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

“De cualquier manera estoy contenta, porque ayer estaba muy preocupada, porque la principal idea de la oposición estaba en la clandestinidad. Pero hoy la vi que está avanzando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno, porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo. Así que quedamos contentos que ha podido terminar con su periodo de clandestinidad”, dijo la ex mandataria argentina.

CFK al comienzo de su discurso en Distrito Federal

Cristina Kirchner viajó a México junto a una pequeña comitiva de dirigentes conformada por las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno), el ex secretario presidencial Oscar Parrilli y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Arribó al Distrito Federal el viernes por la mañana y se quedará hasta el miércoles.

Horas antes de su aparición, dentro del peronismo había cierta especulación sobre cómo se expresaría Cristina Kirchner respecto a la elección, dado que seguir la misma línea argumental que Massa y Fernández podría generar ruido en el vínculo con Nicolás Maduro, aunque avalar completamente el acto eleccionario, la expondría frente a la mayoría de los presidentes y ex presidentes -de distintas vertientes políticas - que se expresaron durante toda la semana.

FUENTE INFOBAE

El líder del Polo Obrero está acusado de un delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel; se le imputa un desvío fondos para financiar política partidaria; investigan el rol de los funcionarios; Belliboni denuncia una “persecución”

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.

Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.

Casanello advirtió Rumbos no sólo emitió facturas apócrifas sino que, además, su cuenta bancaria se usó para depositar recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” es el otro delito que se investiga en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas: el juez consideró probado además que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, no lo hacían porque lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan.

Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.

“El desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió el juez en alusión al Polo Obrero. Consideró que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación “les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral”. Según informaron en la justicia federal a LA NACION, se encontraron irregularidades en aproximadamente el 25% de lo facturado por el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor en 2023.

El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.

En diálogo con LA NACION, Belliboni dijo hoy que este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelarán ante la Cámara Federal. El líder de Polo Obrero cuestionó que los procesamientos se hubieran dictado el primer día después de la feria, pese a que él había pedido ampliar su indagatoria, y dijo que presentó pruebas que demuestran que quienes cobraban el Potenciar Trabajo a través de la asociación sí cumplían tareas. “Tenemos huertas, salones de usos múltiples que construimos, textiles, si no trabajábamos, ¿todo eso quién lo hizo?”, alegó.

El rol de los funcionarios

En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, que durante el gobierno de Alberto Fernández estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Tal como informó LA NACION, el fiscal entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.

Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar” la investigación para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.

Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar a testigos que conocieron los expedientes y, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero. Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios y el back up de sus correos electrónicos.

Los procesados

La lista de quienes fueron procesados hoy incluye, como autores de la supuesta administración fraudulenta contra el Estado -además de a Belliboni-, a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrían Coego. María Isolda Dotti también fue procesada como autora del mismo delito y además, por amenazas coactivas.

Jeremías Cantero (que era el segundo de Belliboni), Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz fueron procesados por la defraudación, pero como partícipes (no autores). A Gianna Puppo también se la procesó como partícipe de la estafa y además, por las amenazas coactivas.

Sólo por amenazas coactivas fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Ella no estaban ligadas al Polo Obrero sino a Barrios de Pié.

En esta causa fueron citadas a indagatoria, además, cinco personas vinculadas al comedor “Kuña Guapa”, gestionado por la Cooperativa Agustín Tosco y el Frente de Organizaciones en Lucha. A las cinco se les dictó la “falta de mérito”. Si bien un testigo declaró que era forzado a marchar y a aportar parte del dinero que recibía del plan, Casanello entendió que no hay pruebas suficientes para avanzar por el momento contra ellas. Ni en las rendiciones de Barrios de Pié ni en las del FOL aparecieron facturas falsas. Y en el caso del FOL el juez advirtió que se puso constatar la efectiva “puesta en práctica de actividades socio-formativas y productivas en el marco del Plan Potenciar Trabajo” y dijo que este “cumplimiento real de actividades marca una diferencia notoria con el caso del Polo Obrero”.

En cuanto a esta asociación, para los investigadores fueron determinantes en materia probatoria, además de todo lo documental, las declaraciones de tres “arrepentidos”, que habían sido citados a indagatoria como acusados de amenazas y extorsión y, previo acuerdo con el fiscal, confesaron que forzaban a los beneficiarios de los planes a aportar “cápitas” del 2% de lo que recibían por el plan y que controlaban que fueran a las marchas como requisito para no dejar de cobrar.

El origen de la causa

La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas recibidas en la línea telefónica 134 de supuestos beneficiarios del planes sociales que decían que los obligaban movilizarse.

Se identificó a los que eran de la ciudad de Buenos Aires y la fiscalía dio con siete de los denunciantes. Cinco de ellos declararon. Dijeron que los obligaban a ir a las movilizaciones si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. Tres de las cinco denuncias fueron contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el FOL.

Hasta entonces el caso era por amenazas coactivas y extorsión, pero después se amplió. Cuando el juzgado analizó cómo funcionaba el Plan Potenciar Trabajo, dio con pruebas de una presunta defraudación al Estado. Casanello explicó que el Polo Obrero tenía dos obligaciones por los convenios firmados en relación con el Plan Potenciar Trabajo: una era controlar que los beneficiarios que cobraban los planes (que les pagaba directo el Estado) cumplieran con las contraprestaciones a las que se habían comprometido (estudio, tareas comunitarias, desarrollos productivos); la otra, “generar espacios socio-ocupacionales y productivos que favorecieran el desarrollo” de los beneficiarios del plan. Para eso, el Polo Obrero recibía, en paralelo, fondos públicos. Según Casanello, la agrupación liderada por Belliboni no hizo ni una cosa ni la otra: desvió los fondos que recibió como “unidad de gestión” del plan y en lugar de promover al trabajo de la gente y controlar que cumpliera con las tareas asignadas, lo que revisaba era que marchara cuando sus dirigentes lo ordenaban.

“Una parte significativa del dinero transferido por el Estado fue utilizado para financiar gastos electorales y de campaña, así como también solventar los gastos de funcionamiento del Polo y el Partido Obrero. Se priorizó la obtención de un beneficio particularizado, dejando a un lado las obligaciones asumidas al celebrar los convenios bajo estudio”, dijo el juez. Según Casanello, “esto fue posible gracias a Rumbos, que fue una herramienta clave para centralizar los fondos públicos desviados, pues sirvió tanto de pantalla para justificar las erogaciones como de vehículo para su posterior canalización”.

El juez sostuvo que Rumbos no tiene actividad real, no tiene una sede de funcionamiento ni capacidad técnica para explicar los fondos millonarios facturados. El domicilio fiscal –relata el fallo- era la casa de dos referentes del Partido Obrero, que dijeron que desconocían Rumbos. En el allanamiento que se hizo en el lugar no se encontró nada relacionado con la supuesta actividad de la empresa, y cuando empezó el operativo, se presentó allí Fernando Ramal, hijo de Macero Ramal, legislador porteño y referente del Partido Obrero. En el otro domicilio, el comercial, no había imprentas. “Se asentaba la sede legal del Partido Obrero y las oficinas de ‘Prensa Obrera”, dice la resolución del juez. “Rumbos era en definitiva su caja y no un auténtico proveedor”, afirmó Casanello.

La defensa de Belliboni

En diálogo con LA NACION, Belliboni negó rotundamente que esto fuera así. Dijo que Rumbos es una empresa que existe desde hace 40 años, que estuvo incluso en la Feria del Libro y que les imprimió gran cantidad de cantidad de folletos que ellos exhibieron ante las autoridades. “Existen, los presentamos”, dijo. Se quejó además de que este procesamiento se haya dictado cuando ellos están cuestionando el allanamiento al lugar donde funciona el local central del Partido Obrero (allanado porque está declarado como sede de Rumbos) y hay medidas en trámite. Belliboni dice que existió una manipulación de las cámaras de seguridad y que fue irregular la elección de los testigos del operativo.

Según el líder del Polo Obrero, “hay una decisión de la Justicia de estigmatizar y perseguir al movimiento piquetero”, en línea con el Gobierno, que cortó la asistencia a los comedores.

En su fallo, Casanello hizo alusión al rol de los comedores. Dijo que “ya van más de veinte años en los que el país vive bajo emergencia alimentaria nacional declarada formalmente, con un notorio crecimiento de la inseguridad alimentaria y la pobreza” y destacó, en ese contexto, “la función y trascendencia de los comedores comunitarios en la asistencia alimentaria diaria a familias y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social y económica y como punto vector para el desarrollo de otras iniciativas como lo fue el Programa Potenciar Trabajo”. Destacó que los comedores “se sostienen en base a un espíritu solidario y gracias al esfuerzo de muchos: algunos pertenecientes al mismo sector desprotegido y olvidado y otros a sectores aventajados pero que asumieron el compromiso de ayudar al que menos tiene”.

De acuerdo con el juez, el problema es que los acusados del Polo Obrero a los que hoy procesó incumplieron las obligaciones asumidas en el marco del Plan Potenciar Trabajo. “Quedó en evidencia que, en lugar de llevar adelante las actividades comprometidas ante el Estado (desarrollar espacios socio-productivos, educativos o de formación laboral para que los titulares del programa social pudieran adquirir herramientas que faciliten y/o ayuden a su inserción laboral futura), los imputados aprovecharon el rol de gestión asumido en el marco de los convenios celebrados para desviar -al menos en parte- su finalidad pública y exigir a los beneficiarios -como contraprestación para recibir y mantener el subsidio- la asistencia a movilizaciones partidarias, a la par de imponer como condición la entrega de una parte de su ayuda económica”.

Casanello afirmó: “De esta manera, la organización se valió tanto de los recursos económicos como humanos, enmarcados en el Potenciar Trabajo, para fines distintos de los pactados. Así se hilvanan estas prácticas dentro del plan de aprovechamiento y distorsión de la política pública hacia los intereses particulares de la organización”.

En los próximos días, Belliboni y el resto de los procesados apelarán el fallo de Casanello. Será entonces la Cámara Federal la que decida si confirma lo resuelto este lunes.

FUENTE DIARIO LA NACION

Paz Rodríguez Niell