Nacionales

Miles de vecinos y turistas participaron de la Fiesta del Chocolate. La barra tuvo 210 metros de largo y llevó 1.500 kilogramos de materia prima.

Miles de vecinos y turistas se reunieron en el centro de San Carlos de Bariloche para ver y probar la barra de chocolate "más larga del mundo", elaborada por 150 trabajadores que utilizaron 1.500 kilogramos de materia prima y lograron un producto de 210 metros de largo.

La barra se extendió desde los emblemáticos arcos del centro cívico de la ciudad cordillerana a lo largo de mas de dos cuadras.

La gente se situó detrás de vallas protectoras para ver la exhibición, que comenzó cuando el sol ya no era un impedimento para el proceso de secado del chocolate.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; y el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, hicieron la cuenta regresiva que dio paso al momento de compartir el chocolate con el publico presente en el evento.

El jueves, también con la presencia de la gobernadora Carreras se había dado inicio a esta una nueva edición de la Fiesta del Chocolate.

La gobernadora, junto al Intendente y una reducida comitiva de funcionarios Provinciales y Municipales, recorrieron el Centro Cívico, y el "Paseo del Chocolate" armado por los organizadores del evento en las primeras seis cuadras de calle Mitre.

Carreras destaco la organización de la celebración y felicitó al equipo que "la diseña, la pone en marcha y la mejora cada día".

También se refirió al alto grado de ocupación turística de la ciudad con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Consultado por Télam sobre el nivel de ocupación el Intendente Gustavo Gennuso dijo que "seguramente han venido casi cuarenta mil personas, porque esa es la capacidad hotelera de la ciudad, y debemos andar en un noventa por ciento de ocupación".

El juez federal de Morón Néstor Barral procesó por administración fraudulenta y peculado de Servicios al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

El exfuncionario del kirchnerismo es acusado de haber creado la Asociación Civil Club Atlético Mercado Central que trajo perjuicios económicos para el Estado Nacional, según se sospecha, con "el propósito de procurar un lucro indebido propio o de terceros".

Fueron "actos de corrupción que perjudicaron los intereses de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA)", dijo el juez.

La acusación, que Moreno comparte con exautoridades de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, es por haber creado un club que podía intervenir en campeonatos de la AFA en predios de la Corporación, para lo cual se destinaron fondos para hacer instalaciones y el uso de personal de administración y mantenimiento.

En ese sentido, en 2011 se dispuso la instalación de un gimnasio, y para ello se habría solicitado fondos extraordinarios a la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Moreno, aunque con posterioridad, mediante el Convenio de Cooperación celebrado entre la Corporación Mercado Central y el club, "habrían decidido donar ese equipamiento a favor de la asociación que ellos mismos integraban y en perjuicio del erario organismo".

"Quedó demostrado que Guillermo Moreno, además de funcionario al momento de los hechos con un vínculo normativo con la corporación, resultaba ser miembro fundador de la Asociación Club del Mercado Central que participó del convenio perjudicial para la corporación. El deber de fidelidad para con administración y en particular con la actividad de la Corporación estaba consolidado por ese mandato de seguimiento, independientemente de no participar del Directorio de la CMCBA", según el fallo del juez Barral.

"En ese sentido, Moreno omitió la protección que la norma le imponía y de ese modo su comportamiento ­del tipo abuso defraudatorio­ perjudicó a la corporación, beneficiando, además, económicamente a la asociación por él creada. Va de suyo que mediante el proceder de los funcionarios del directorio y del Síndico de la corporación, violaron deliberadamente la normativa por la que se encontraban alcanzados para la toma de decisiones vinculadas a la administración del patrimonio de la CMCBA", añadió.

Nota TELAM

El miércoles, en medio de una tormenta, se perdió contacto con la nave que había partido de la localidad santacruceña de El Calafate y se dirigía a Trelew. La Fuerza Aérea y la Prefectura participan del operativo.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea, una guardacostas y una corbeta, además de distintas aeronaves, se sumaron este viernes sin resultados positivos a la búsqueda de la avioneta que desapareció el miércoles en medio de una tormenta al sur de la provincia de Chubut con tres tripulantes brasileños a bordo, informó la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)

El avión Hércules partió desde Comodoro Rivadavia hacia la zona de rastrillaje, cerca de Bahía Bustamante y Pico Salamanca en el sur chubutese .

Al operativo se sumaron el Guardacostas Lago Fragnano de Prefectura y la Corbeta ARA Robinson de la Armada.

La avioneta perdida es una Vans RV-10 de matrícula brasileña PP-ZRT, que había partido de la localidad santacruceña de El Calafate y se dirigía a Trelew.

El empresario inmobiliario Antonio Carlos de Castro Ramos, el médico ginecólogo Jean Carlo Nercolini y el abogado Mario Enrique Da Silva Pinho, todos de la región sur de Brasil, fueron identificados como los ocupantes del avión.

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de EANA, la búsqueda del aparato se desarrolló con buena meteorología y se desplegaron todos los recursos aéreos, marítimos y terrestres a disposición.

La información sobre las identidades fue brindada por el director provincial de Defensa Civil de la provincia, José Mazzei, quien sostuvo que "hasta el momento lamentablemente no se reportaron novedades sobre la aparición del avión y sus tripulantes".

Castro Ramos, de 67 años, era el dueño y conductor de la nave que es intensamente buscada, en tanto Nercolini, de 61 años; y Da Silva Pinho, de 64; eran aficionados a la actividad aeronáutica y amigos del piloto.

Las profesiones de los tripulantes fueron difundidas por los portales de noticias de Florianápolis, la capital de Santa Catarina, estado del sur de Brasil de donde eran oriundos.

La búsqueda fue suspendida el jueves por las condiciones meteorológicas, pero se reanudó a primera hora del viernes ya que el temporal de lluvia y viento que se estacionó sobre la zona fue cediendo.

Se estima que las condiciones del clima, las nubes bajas y la escasa visibilidad hayan sido las causas por la cual se perdió contacto con el aparato buscado.

"Para hoy esperamos sumar un avión de la Fuerza Aérea que se desplegará por la zona de la costa, además de apoyo terrestre que brindará el Ejército con 2 motos, 2 jeep, un camión y logística" adelantó a Télam José Mazzei.

Por su parte, Alfredo Vergnolle, el presidente del aeroclub "Lago Argentino", con asiento en la localidad santacruceña de El Calafate, de donde despegó la avioneta, reveló a los medios locales que él escuchó la conversación entre los accidentados, quienes reportaban que "estaba cargando mucho hielo” sobre las alas.

De ser así, el aparato pudo haber sufrido el fenómeno que se conoce como "engelamiento" al pasar por una nube con formación de hielo que se deposita en las alas, le aporta peso, y no puede permanecer en vuelo.

La avioneta monomotor identificada como RV-10 PP ZRT, oriunda de Brasil, perdió contacto cuando se desplazaba desde El Calafate con destino a Trelew en una zona conocida como "Bahía Bustamente", al noreste de Comodoro Rivadavia, sobre el sur de Chubut en una línea próxima al mar, donde se concentra la búsqueda.

Según las fuentes, se sabe que partió junto con otras dos aeronaves de similares características desde El Calafate, que tenían como destino Puerto Madryn, en tanto que la avioneta perdida se dirigía a Trelew.

Los dos aeropuertos quedan próximos al noreste de Chubut, por lo que las tres avionetas viajaban juntas hasta que una de ellas perdió contacto con el resto.

Justamente, los pilotos de las dos aeronaves que sí llegaron a destino fueron quienes reportaron que el último contacto se produjo cerca de Bahía Bustamante, al sur de Chubut.

Nota TELAM

La medida resuelta por la titular del organismo, Fernanda Raverta, se inscribe "en el compromiso del Estado argentino en la reivindicación, reconocimiento y protección" de quienes participaron hace 40 años del conflicto bélico.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a cargo de Fernanda Raverta, resolvió este viernes incorporar a los veteranos de la guerra de Malvinas contemplados por la ley Nª 23.848 “al universo de préstamos otorgados por el Anses”, con el objetivo de “contribuir desde el Estado con el bienestar” de los excombatientes a 40 años del conflicto bélico en el Atlántico Sur.

“Incorporase a los titulares de pensión honorífica para veteranos del Atlántico Sur establecida por la Ley N° 23.848, sus modificatorias y complementarias, así como a sus derechohabientes, al universo de préstamos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, a través del programa ‘Créditos Anses’, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente”, dice el artículo 1ª de la resolución 90/22 del Anses publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En dicha resolución administrativa se establece que los beneficiarios de la pensión por veterano de guerra tendrán acceso al programa créditos de Anses al igual que aquellos que pertenecen al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Asimismo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses será el encargado de gestionar la cobertura del seguro de vida sobre saldo deudor de los veteranos de Malvinas que tomen estos créditos.

En los fundamentos de la medida, el Anses afirmó que así “se propicia incorporar a los titulares de las prestaciones de la Ley Nº 23.848 dentro del universo de personas con acceso a los préstamos otorgados por la Anses, a fin de contribuir desde el Estado nacional con su bienestar”.

“La presente medida se inscribe en el compromiso permanente del Estado argentino en la reivindicación, reconocimiento y protección de quienes participaron hace 40 años en dicho conflicto bélico”, agrega.

Esta decisión se basa además en lograr “un criterio equitativo a todo el universo de titulares de prestaciones destinadas a excombatientes de la guerra de Malvinas, se considera razonable que los titulares de la Ley N° 23.848 se vean comprendidos dentro de idéntico marco que los titulares de la Ley N° 27.329 para acceder a los préstamos Créditos Anses”.

Asimismo, justificaron la resolución al aseverar que “los prestamos brindados por Anses impulsan la economía y dan una mejora a las personas que accedan a los mismos, creando de esa forma las condiciones necesarias para mejorar el estándar de vida e impulsar el desarrollo personal, familiar y económico de toda la comunidad”.

Nota INFOBAE

El ex gobernador de Entre Ríos recibió una pena de cárcel por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Era embajador en Israel pero el presidente Alberto Fernández lo removió de su cargo.

El ex embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, el peronista Sergio Urribarri, fue condenado hoy a ocho años de prisión efectiva y inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales provinciales.

Urribarri siguió por videoconferencia las alternativas de la lectura del anticipo del fallo que dictaron los jueces José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes descartaron los planteos de la defensa y convalidaron la teoría del caso de la Fiscalía en casi todo el recorrido de los hechos.

A las pocas horas del fallo, el presidente Alberto Fernández le aceptó a Urribarri la renuncia como representante argentino ante el gobierno de Israel.

El Ministerio Público Fiscal había pedido que se lo sancione a 12 años de prisión y se lo inhabilite a ejercer cargos públicos. Su defensa técnica, por el contrario, había requerido al Tribunal que lo absuelva. La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.

Uno de ellos fue favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera quien operaba, según el fallo, con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses.

Los jueces también consideraron probado que utilizó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante diciembre de 2014 para promover sus intenciones de sucederá a Cristina Kirchner en la presidencia en 2015.

Además del ex mandatario entrerriano, habían sido acusados sus ex ministros Pedro Baez (Comunicación) y Hugo Marsó (Turismo). Al primero se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a perpetuidad. El segundo fue absuelto.

Las causas

En el juicio, que comenzó a fines de septiembre de 2021 y culminó a mediados de marzo de este año, tuvo como eje cinco investigaciones realizadas por el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares.

La Fiscalía entendió que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.

También se apuntó contra el ex mandatario por un esquema de supuesta cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por testaferros de Aguilera.

Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.Sergio Urribarri y Cristina Kirchner en una foto publicada por el ex gobernador condenado por corrupción

La reacción del condenado

Tras la condena, el ex gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 acusó: “El fallo de primera instancia de hoy demuestra que para el tribunal el Estado de Derecho es una entelequia”, pero entendió: “Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad para demostrar de forma contundente la inocencia en las próximas instancias de apelación. Jamás vamos a renunciar a la verdad. Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años. Seguimos soportando el ensañamiento y las injusticias”, dijo.

“Ninguna, de las pruebas ofrecidas por cada una de las defensas fueron tenidas en cuenta”, agregó. “La propia fiscalía en su alegato de clausura reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso. En una conducta prácticamente corporativa, el fallo termina siendo el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios”, concluyó.

Julio Cobos presentó el proyecto de ley con el respaldo de investigadores profesionales. Considera que la hora actual afecta al consumo de electricidad y al "desempeño escolar".

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza presentó un proyecto de ley para cambiar la hora oficial en el país, modificando el huso horario de -3 y llevarlo a -4.

El diputado nacional de la UCR Julio Cobos expuso la propuesta y explicó que busca "establecer como hora oficial en toda la Argentina, la del uso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que nos corresponde dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios".

El proyecto apunta a mover el huso de -3 a -4 en el horario de otoño a invierno para poder aprovechar la luz natural.

A la sesión que se realizó de manera virtual acudieron varios investigadores, entre ellos, el biólogo e investigador del Conicet, Diego Golombek.

"Si vemos el mapa de husos horarios, a casi todo el territorio nacional le corresponde el huso horario -4 (o sea, 4 horas al oeste de Greenwich). Hay una franja al oeste que incluso queda en el huso -5", explicó Golombek en su cuenta de Twitter.

En ese aspecto, sostuvo que el país comenzó a alternar horario de verano (zona horaria -3) con horario de invierno (zona horaria -4) en 1930, aduciendo "beneficios energéticos".

"Hacia 1974 nos quedamos en zona -3 como permanente, e incluso alternando con zona -2 para horario de verano, cada vez más alejados de nuestro horario natural. Habernos quedado en -3 en lugar de -4 es un equívoco que no se logra explicar claramente", agregó en un hilo de tuits.

Cobos aclaró que el país tiene "una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial", lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al "desempeño escolar".

"Buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona", concluyó el legislador.

El juez De Campos ordenó su detención; la señaló un chofer de Uber que pagó a la imprenta; la señora en sus redes sociales no manifiesta actividad política pero se muestra dolida por su padre.

Una señora de 61 años, vecina de Recoleta, dolida por la muerte de su padre por Covid hace dos años es buscada por la Policia Federal acusada de ser quien pagó por la realización de la pegatina de afiches contra Cristina Kirchner donde la llamaban “asesina”.

La mujer, sin militancia política según sus redes sociales, expuso mensajes de dolor a raíz del fallecimiento de su padre, por lo que los investigadores sospechan que esa pudo haber sido la motivación que tuvo para encargar la realización de los afiches y pegarlos en la ciudad de Buenos Aires.

Los afiches en cuestión comenzaron a ser visibles en la vía pública días atrás y con la foto de Cristina Kirchner contenían frases como “Culpable de 35.000 muertes”, “elegiste negocios con (Vladimir) Putin en lugar de salvar vidas” y la palabra “asesina”. Mostraban, además, un código QR que redirigía a un sitio de publicidades. Las acusaciones apuntan a la relación entre la Argentina y Rusia para el ingreso al país de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

La detención de la mujer fue ordenada por el juez de instrucción Manuel de Campos, dijeron a La Nacion fuentes allegadas al caso.

La pista que permitió dar con la señora fue la declaración de un chofer de Uber, que le dijo a la autoridades que había sido contratado para entregar un paquete de dinero al imprentero que realizó la confección de los afiches.

El chofer de unos 25 años, fue ubicado porque las cámaras captaron su auto, cuando fue entregar al dinero a la imprenta. Se buscaron los datos en el registro de la propiedad automotor y así se allanó su casa. Cuando la policía lo fue a buscar dijo que había sido contratado por la señora y entregó su teléfono celular.

Los mensajes de su teléfono permitieron ubicar a su clienta que es una mujer de 61 años, que vive en la calle Bilinghurst. Aparentemente no tiene ninguna actividad política. La investigación está ahora encaminada en encontrar a la mujer. La causa por ahora investiga el delito de intimidación pública, aunque la fiscalía sostiene la calificación de hurto y vaciamiento de empresa.

Esta investigación se inició por la denuncia del exsecretario de Medios Enrique Pepe Albistur, dueño de una empresa de cartelería de vía pública, y amigo de Alberto Fernández, al punto que le prestaba su departamento para vivir, quien dijo que sus pantallas publicitarias fueron tapadas por estos afiches.

Inicialmente el caso había sido investigado pro el fiscal Leonel Gómez Barbella. Las cámaras de la Ciudad captaron el momento de la pegatina de afiches y una camioneta Fiat Fiorino que trasladaba las personas que los estaban pegando.

Identificado el vehículo se llegó a su dueño y se allanó una imprenta en la que se secuestraron gigantografías con las imágenes del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Hubo cuatro detenidos por pegar esos afiches. Además se ubicó otra imprenta donde el encargado de las ventas, identificado como Francisco Serrano, habría sido quien realizó el trabajo de impresión y a quien le enviaron el dinero por esa tarea. El dinero fue entregado por el chofer de Uber, que dio la pista de la señora que encargó el trabajo. Serrano contrató a los pegadores de afiches.

Toda la tarea de impresión habría costado unos 470.000 pesos y la pegatina en Avenida Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y en el Paseo del Bajo habría costado unos 90.000 pesos.

Lograron arrestarla después de hacerle un seguimiento por las cámaras de seguridad. Se ve el momento en que deja a la recién nacida tirada en la calle.

La mujer que dejó a una beba recién nacida en la basura en la localidad bonaerense de Morón quedó detenida este jueves, un día después de que las autoridades lograran rescatar con vida a la recién nacida.

Fuentes judiciales informaron a TN que la detenida está acusada por abandono de persona y se encuentra en el Hospital de Morón bajo estricta custodia de agentes policiales.

La niña había sido abandonada y una vecina que pasaba por el lugar la vio.

La mujer se comunicó con el Municipio de la localidad ubicada en el oeste de Buenos Aires, y se dispuso un operativo de rescate de la Municipalidad, el sistema Ojos en Alerta y la policía del partido bonaerense. Gracias a la rápida actuación, la bebé está en buen estado de salud

El bebé estaba abandonado entre las bolsas de basura
Un móvil policial arribó al lugar y pudo confirmar que la beba estaba con vida. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Municipal de Morón, donde permanece fuera de peligro y en buen estado de salud.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Los Olivos y Avellaneda, en jurisdicción de la comisaría 1° de Morón. Según informan fuentes policiales, la recién nacida estaba llorando y envuelta en una campera.

«El dinero público están para cosas importantes en la Argentina», ironizó hoy Eduardo Feinmann e hizo hincapié en «cuántas cosas importantes se podrían hacer con 2.400 millones de pesos«. Sin embargo sostuvo que esa cantidad de dinero no se destinará «ni a hospitales, ni a los jubilados, ni tampoco a un bono para los médicos» sino que se utilizará para «la producción audiovisual de 79 proyectos» a cargo del Ministerio de Cultura liderado por Tristán Bauer.

En su programa Y alguien tiene que decirlo de Radio Mitre, el conductor precisó que «entre los nombres de las producciones se destacan Piquete y Qué: 20 años de protestas sociales, Teta y Metralleta, Camionerxs, Sin Filtro: educación Sexual para adultex, Las Manos de Perón y un documental sobre la vida del cantante L-Gante. Además de dos series de dibujitos animados llamadas Obreres Animades y Maternidark».

El Ministerio de Cultura brindó detalles sobre la iniciativa

Por su parte, el Ministerio de Cultura dio a conocer esta iniciativa en su página web y comunicó que junto con «la Secretaria de Medios y Comunicación Pública, a través de Contenidos Públicos S.E., anuncian la selección de 79 proyectos de todo el país para la convocatoria Renacer Audiovisual» y detalló que «la misma implica una inversión histórica de 2400 millones de pesos, cuyo objetivo principal es estimular y reactivar el sector a través de la generación de contenido de calidad».

En esa línea destacó que «un jurado especialmente conformado para cada categoría y compuesto por cinco personas destacadas del ámbito de la cultura y el sector audiovisual, a propuesta del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la empresa Contenidos Públicos SE, el Consejo Federal de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, tuvo a su cargo la tarea de selección entre más de 600 proyectos inéditos».

En cuanto a los objetivos de esta propuesta, la cartera conducida por Bauer, sostuvo que «Renacer Audiovisual tiene el firme propósito de generar producción y trabajo dentro de un sector fuertemente afectado por la pandemia y que moviliza recursos en distintas áreas de las industrias culturales» y que por eso, «a través de este programa, el Estado busca además generar contenidos de calidad, plurales y federales, fomentando la posición que la Argentina ha tenido como país exportador de servicios audiovisuales».

Para concluir, afirmó que «la cantidad de proyectos presentados, así como su carácter federal, dan cuenta del interés del sector por este tipo de convocatorias resaltando una vez más el papel destacado que la industria audiovisual tiene en la cultura argentina». El proyecto se encuentra publicado en el Portal Comprar, la página del Gobierno en la que están todas las licitaciones y compras que lleva adelante la gestión de Alberto Fernández.

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La Policía de la Ciudad busca al padre de una de las personas demoradas el jueves último, quien tenía en su poder el vehículo Fiat Fiorino utilizado en la pegatina de afiches contra la vicepresidenta.

La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño allanaron en Morón la vivienda de Darío Méndez, dedicado a la publicidad en vía pública y padre de Christian Méndez, quien tenía en su poder la camioneta Fiat Fiorino utilizada para la distribución de los afiches difamatorios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este lunes en Morón, por orden del titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la CABA, Mauro Tereszko.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, informó el MPF porteño.

Darío Méndez, de 54 años, se dedica a la instalación y comercialización de espacios publicitarios en la vía pública, sobre todo en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a través de la empresa MDC Group SRL.

La Policía porteña lo busca por su intervención en el proceso de encargo, diseño, impresión y colocación de los afiches contra la Vicepresidenta que aparecieron hace una semana en la cartelería de vía pública del centro porteño.

Toda esa operatoria está siendo investigada por la Justicia criminal nacional a través del fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Manuel de Campos, titular del Juzgado Nacional de Instrucción 5, quienes investigan el caso a partir de los delitos de hurto y estafa, pero al mismo tiempo actúa la Justicia de CABA, que entiende que los hechos pueden ser encuadrados como una contravención.

La investigación hasta ahora se concentró en dos puntas del ovillo de la secuencia que concluyó con la instalación de los afiches negros que decían "Cristina asesina".

Por un lado, la imprenta que confeccionó los carteles -se llama Viagraphic y está ubicada en Lanús-; por otro, los responsables del traslado hasta el centro porteño en la camioneta Fiat Fiorino, identificados como Darío y Christian Méndez, de la empresa familiar MDC Group, localizados en Morón y conocidos en la zona oeste del conurbano.

El propietario de la imprenta Viagraphic, Julio César Francino, buscó desligarse de la impresión de los afiches y al declarar ante la Justicia aseguró que nunca llegó a enterarse de ese trabajo: dijo que ese encargo había llegado a través de un empleado jerárquico de su imprenta, una suerte de capataz, de nombre Francisco Serrano.

Francino manifestó que desconocía quién había realizado las películas para imprimir los carteles negros en su negocio y, además, mostró emails enviados y recibidos por Serrano en el que su empleado decía que deberían pagarle una comisión por haber conseguido ese trabajo.

Serrano, que es buscado por la Justicia nacional, trabajó hasta mayo de 2021 en la empresa Latin American Communication (LatCom), según cotejaron los investigadores a partir de su CUIL.

El CEO de esa empresa, dedicada a la publicidad, se llama Valentín Bueno y tiene una larga relación con el Gobierno porteño (hizo la campaña de vía pública en el Interior del país, entre otros trabajos) al igual que la coalición Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

La otra punta de la investigación, que lleva adelante el MPF porteño y hace eje en Darío y Christian Méndez, sospecha que habría sido precisamente Darío Méndez el gestor del encargo de los mil afiches a la imprenta Viagraphic de Lanús y el ideólogo de llevar adelante la pegatina.

Al realizar el allanamiento en la casa de Méndez, la Policía de la Ciudad encontró una camioneta Hyundai H100 ploteada con los rostros del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; además, hallaron cartelería similar a la que había en otro domicilio allanado, también en Morón.

En la caja de la camioneta Hyundai se encontraron también pedazos de afiches que podrían ser de aquellos por los cuales se inició la investigación, y que fueron secuestrados por el personal policial.

Hace unos días, Darío Méndez hizo una declaración espontánea en al que confirmó que Francisco Serrano -el capataz de la imprenta Viagraphic y exempleado de LatCom- le había hecho el encargo, pero además dijo que "le dijeron" que toda la operación para fijar carteles contra Cristina Fernández de Kirchner había sido encargada por el publicista Enrique "Pepe" Albistur.

De reconocida militancia en el peronismo, Albistur fue el denunciante original que desencadenó la investigación de la Justicia nacional ya que los carteles habían sido pegados en las carteleras de vía pública de CABA que están concesionadas a su empresa.