Mes: febrero 2021

Se reactivaron focos del flanco derecho que está hacia el sur del incendio y en la parte que está hacia el este y hacia el sudeste, y sobre el faldeo del Cerro Piltriquitrón. En total se quemaron más de 6 mil hectáreas.

Las altas temperaturas reavivaron en las últimas horas los focos de
incendio forestal que azotan la zona de la Cuesta del Ternero, en
cercanías de El Bolsón, en la provincia de Rio Negro, donde se quemaron
más de 6 mil hectáreas desde que se inició el fuego, informaron fuentes
oficiales.

"El área de afectación estimada, basada en la imagen satelital
obtenida el día de ayer, que permitió realizar descuentos de áreas
verdes dentro del perímetro del incendio, arroja una superficie de unas
6350 hectáreas" quemadas, indicó el último parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Esta última estimación es inferior a los primeros cálculos que habían
determinado que el incendio consumió más de 8 mil hectáreas.

"Ayer (por el lunes), a raíz del aumento de la temperatura, se
reactivaron focos del flanco derecho que está hacia el sur del incendio,
en la parte alta de una ladera donde no hay viviendas y las llamas se
veían desde la ruta, desde Mallín Ahogado y parte de Los Repollos, pero que solo amenazaba vegetación", dijo a Télam el coordinador de Defensa Civil de EL Bolsón, Leandro Romairone.

El funcionario detalló que "por las características del terreno no es un incendio que se puede trabajar de noche".

"También se reactivaron focos activos en la cabeza del incendio
que está hacia el este y hacia el sudeste y sobre el faldeo este del
Cerro Piltriquitrón", precisó.

Un total de 160 las personas trabajan para extinguir las llamas.
Romairone, quien aseguró que "esta va a ser una semana de temperaturas altas en aumento, sin vientos" y sostuvo que "ese contexto resulta desfavorable para el combate del fuego, para contener el avance del incendio".

Por otro lado, este lunes se incorporaron diez combatientes más de la Brigada de Bariloche dependientes del SPLIF de Río Negro y son un total de 160 las personas que trabajan para extinguir las llamas.

El jefe de Bomberos, Alejandro Namor, dijo a Télam que "anoche en la reunión operativa se coordinó el trabajo para hoy".

"Ayer complicó bastante la temperatura en la zona de los Cerros atrás del Piltriquitrón; varios focos que no estaban activos volvieron a activarse por la temperatura", explicó Namor.

Los focos ígneos cerca de El Bolsón comenzaron el domingo 24 de enero y seis personas están imputadas por la Justicia de Río Negro como coautoras del incendio.

Los imputados habían prendido una fogata para cocinar con una parrilla "a solo 50 centímetros de un pinar" y se retiraron del lugar "sin apagar debidamente ese fuego", informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Lo mismo decidió sobre el tope al aumento de tarifas. Ordenó al Ejecutivo y al ENACOM “abstenerse de emitir y llevar a cabo” alguna decisión hasta que se dicte sentencia definitiva.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el DNU del Gobierno nacional que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial y restableció la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, es decir eliminar el tope de aumento de trifas. Además, ordenó al Ejecutivo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “abstenerse de emitir y llevar a cabo” alguna decisión al respecto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Mediante el decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. La medida además dispuso el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y dispuso que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para cualquier modificación tarifaria.

El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Además determinó que la autoridad de aplicación, es decir el ENACOM, “garantizará su efectiva disponibilidad”.ATVC

En ningún país del mundo los servicios TICs tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado

Estableció también que los precios de estos servicios públicos “esenciales y estratégicos” y “los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados” por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

La Justicia frenó el DNU

El ENACOM fue notificado este martes de la decisión judicial que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país.

“La medida cautelar, iniciada por un representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, destacó la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) a través de un comunicado.

Además, señaló que según lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador “no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”.

El fallo entendió que, tal como venían denunciando las compañías del sector, estos decretos que fijan tarifas impiden a las empresas recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando servicios tal como lo hacen actualmente.

“La situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumento entre el 5 y el 8%. Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año”, advirtió al respecto ATVC.

La situación de la industria

Para las empresas del sector, esta intervención estatal y el atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implicaron “una disminución muy significativa de la generación de ingresos”, que “pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos”.

En la misma línea ATVC destacó que “la medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de prestación de nuestros servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público, no respeta lo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución Nacional” y que “el fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa y quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta”.ATVC

Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos- terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación

“Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos- terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación. Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso”, alertó la entidad empresaria, tras conocerse el fallo judicial.

Además, recordó que “en ningún país del mundo los servicios TICs tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado” y se mostró dispuesta “a colaborar para atender situaciones de vulnerabilidad, para establecer mecanismos de emergencia y para contribuir a un acceso universal de los servicios básicos”. “Pero para ello necesitamos asegurar la sustentabilidad y la continuidad operativa de quienes nacimos, crecimos y operamos sin subsidios y en competencia a lo largo y ancho de todo el país”, concluyó.

FUENTE TN