Mes: enero 2024

El fallo limita a las prepagas a realizar los incrementos autorizados hasta que se dicte sentencia definitiva. Es el segundo revés judicial consecutivo para el Gobierno, luego de que se suspendiera la reforma laboral propuesta en el decreto.

La Justicia suspendió los artículos del DNU de Javier Milei que desregulan los aumentos de las obras sociales. Es el segundo revés judicial consecutivo para el Gobierno, luego de que se suspendiera la reforma laboral propuesta en el decreto.

El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dio lugar a la cautelar solicitada por Rodolfo Francisco Vidal Quera Amengual e instó al Gobierno a suspender los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El fallo firmado por Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también ordenó a SIMECO a “readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23″.

La decisión del juez federal subrogante también limita a “efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en términos del artículo 17 de la ley 26.682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva, debiéndose acreditar su cumplimiento en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de ley”.

La suspensión de la desregulación de los aumentos de las prepagas llega luego de una suba del 40% que hubo en enero y se preveía un nuevo aumento del 26% en febrero, sobre el valor del primer mes del 2024. En lo que va del año, acumulan un alza de hasta 76% en los planes de salud.

Este nuevo fallo de la Justicia es el segundo revés judicial que sufre el DNU firmado por Javier Milei pocos días después de haber asumido. El anterior se dio este martes, cuando la justicia laboral suspendió los artículos del decreto vinculados a la reforma laboral.

La Cámara del Trabajo falló a favor de la CGT, resolvió que la reforma laboral del DNU de Javier Milei es inconstitucional y declaró la invalidez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia.

El fallo firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza a los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU, es decir, todos los que están relacionados con la reforma laboral que impulsaba el gobierno.

La disputa del Gobierno con la Justicia por la aprobación de los distintos capítulos del Decreto de Necesidad y Urgencia se da en el medio del inicio del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo ya había resignado el capítulo fiscal la semana pasada, luego de tensar las negociaciones con el sector de la oposición más “dialoguista”. Ahora las discusiones giran en torno a las facultades extraordinarias del Presidente y las privatizaciones de empresas públicas.

TN

El Gobierno se debate si traslada todo el atraso impositivo y si sigue recomponiendo precio para profundizar el sendero export parity. La suba sería de entre 9 y 15%, según la zona del país. En la Patagonia el impacto será menor.

La certeza es que este jueves aumentan los combustibles. La duda pasa por el porcentaje y el mix que decidirá el Ministerio de Economía entre el atraso impositivo y la recomposición del barril para seguir acercándose a la paridad de exportación.

Según pudo averiguar este medio, el asunto está completamente en manos del equipo de Lluis "Toto" Caputo y no en la Secretaría de Energía debido al fuerte componente fiscal de la medida. Sucede que una recomposición total del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono incrementaría los ingresos del Tesoro en 0,5 puntos del PBI, lo que constituiría una señal muy importante para los mercados luego de la derrota en la negociación de la Ley Ómnibus.

El problema es el efecto inflacionario. El Gobierno está muy preocupado con el tema y ya dio señales en ese sentido al retrasar el aumento tarifario del gas natural por este mismo motivo.

De cuánto puede ser la suba

De acuerdo a la consultora Economía & Energía, un traslado completo del atraso impositivo representaría una suba promedio del 9% que podría alcanzar el 15% en el caso de las naftas en el AMBA.

“Si el 1 de febrero se aplicara el 377% pendiente de incremento del ICL y CO2, el impuesto pasaría de 27,6 pesos por litro a 131,9 en naftas. Esto es un aumento de 104 pesos por litro. Pero los biocombustibles están exentos y la Patagonia también. Entonces, a nivel nacional, en realidad no es que aumenta $104 sino que nos termina dando $83 pesos. Dependiendo el precio de la nafta que estemos tomando, surgen diferencias en términos del impacto. Y en gasoil da 68 pesos por litro, pero con las exenciones termina siendo 60 pesos”, explicaron.

Ante la consulta de +e, desde una petrolera simplificaron el cálculo y afirmaron que, cada 100% de aumento impositivo, el traslado a naftas es del orden del 4% y en gasoil del 2% para zonas no exentas y del 0,4% y 1,2% para las exentas. En este caso, sería cerca del 15% en la zona no exenta para naftas y del 7,5% en gasoil.

Para colmo, el primero de marzo se debería actualizar un nuevo trimestre, lo que representaría un traslado a precios del 2% para naftas y 1% para gasoil en zona no exenta.

El peso del barril de petróleo

Está claro que la prioridad del Ministerio de Economía es la fiscal, pero desde la cartera energética sostienen que el escenario ideal es llegar lo antes posible a export parity porque, de lo contrario, no van a llegar las inversiones esperadas. Para eso, entienden que hace falta un incremento adicional de entre el 10% y el 15%.

La versión que circula con más fuerza en estos momentos es que el aumento del jueves promediaría el 15%, con una proporción mayoritaria del componente impositivo y una parte de recomposición del barril para demostrar que el sendero se mantiene.

La idea es repetir este esquema en marzo, pero alterando la proporción de los componentes. Ya ahí, la mayoría del aumento sería para llegar a export parity y una pequeña parte correspondería a la recomposición impositiva.

foto internet

La Secretaría de Comercio define el nuevo sistema para pequeñas importaciones. La Argentina tiene desde septiembre de 2022 un límite de USD 1.000 al mes y se encuentra entre los países más restrictivos de la región

El Gobierno decidió que llevará nuevamente a USD 3.000 el tope mensual para las pequeñas importaciones vía Courier que había bajado a USD 1.000 durante la gestión anterior por la escasez de reservas en el Banco Central. Así, el país dejará de ser uno de los países con mayor restricción a este sistema de servicio de correo privado para quedar en línea con Brasil y Chile. Este punto no solo es importante para las compras por plataformas, como Amazon o Alibaba por ejemplo, sino también para repuestos, partes, piezas e insumos que necesitan particularmente las pymes industriales.

Según explicaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne y del sector empresario la decisión será comunicada “en las próximas semanas”, como un paso más en el proceso de “facilitación” de las operaciones que se propuso como objetivo la dependencia bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En ese sentido, por ahora se encuentran en estudio cambios para los subregímenes de puerta a puerta para pequeños envíos y Correo Argentino. Una diferencia entre envíos “puerta a puerta” y Courier internacional, a través de mensajería privada, es que en los primeros solo pueden ser realizados por personas físicas y en el segundo incluye además a empresas.

El Gobierno avanzó en las últimas semanas en el cierre del padrón de deuda comercial y la puesta en marcha del bono para importadores (Bopreal) en línea con la búsqueda de comenzar a ordenar el comercio exterior. Este lunes se conoció la derogación de 69 normas, acción que busca diluir la intervención del Estado en las transacciones de los ciudadanos.

La Argentina es actualmente uno de los países más restrictivos de la región en cuanto a los topes impuestos a las operaciones de Courier, junto a Uruguay (USD 200), Bolivia y Paraguay (USD 1.000) y detrás de Colombia y Perú (USD 2.000) y Brasil y Chile (USD 3.000).

Ahora, la Secretaría de Comercio llevará nuevamente a USD 3.000 dispuestos en 2018 por el entonces Gobierno de Mauricio Macri; En la gestión de Cristina Kirchner era de USD 900 al mes. La escasez de reservas llevó a la administración de Alberto Fernández a endurecer el cepo y llevar el límite a USD 1.000 mensuales FOB a partir de septiembre de 2022. También se había cortado la posibilidad de financiar esas compras en cuotas. “En lo que podamos facilitar la operación, vamos a avanzar”, afirmaron fuentes oficiales

Además, se encuentran en estudio otros ítems importantes del régimen de Couriers. Actualmente el envío no puede pesar más de 50 kilos mientras que se puede ingresar hasta tres unidades de una misma especie y en ningún caso puede tener finalidad comercial. Hasta ahora, sólo estaban permitidos realizar hasta cinco pedidos al año a través de este sistema. Así se detalla en la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).El límite de compra vigente dejaba a la Argentina como uno de los países con mayor restricción para este sistema de la región. En Uruguay, el máximo permitido es de USD 200, mientras que en Bolivia y Paraguay es de USD 1.000 como en la Argentina. Sin embargo, en Colombia y Perú asciende a USD 2000, y en Brasil y Chile, a 3.000 dólares. En Ecuador, los valores varían por categoría, entre USD 400 y 5.000 dólares.

Este martes por la tarde Lavigne recibió al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en el antiguo Ministerio de Producción de la Av. Presidente Julio A. Roca al 651 en el microcentro porteño. Las empresas norteamericanas que operan en el país han dado su visto bueno al rumbo del Gobierno en reiteradas oportunidades. El miércoles, en tanto, el secretario se reunirá con empresarios pymes.

“En este marco pueden ingresar medicamentos, repuestos, herramientas, piezas y algunos insumos necesarios. En los últimos años y, particularmente, en los últimos meses las empresas han tenido muchas dificultades para importar. Parece que ahora comenzó un proceso de ordenamiento. Veremos qué pasa”, comentó un industrial pyme con peso en la gremial empresaria.