La resolución, adoptada por el juez Claudio Bonadio, tienen relación a malversaciones de fondos entre los años 2013 y 2015. La maniobra habría superado los 600 millones de pesos.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).

Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.

Los procesamientos de este jueves fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.

Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, sostuvo el juez.

“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, remarcó.

El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015– de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que “quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.

En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.

–> Los nombres de los procesados

Esta es la lista de los intendentes que quedaron procesados: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora, Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.

El juez incluyó también a Juan Ramón Barrionuevo, José Inza, Pablo Zurro, Alberto Conocchiari, María Gianini de Lafleur, Ricardo Casi, Walter Torchio, Gastón Arias, Néstor Álvarez, Diana Arguello, Héctor Olivera, Oscar Ostoich, Jorge Eijo, Martín Caso, Gustavo Walker, Gustavo Trankels, Marcos Luis Fernández, Francisco Iribarren, Enrique Tkacik, Marta Médici, Curetti Ricardo y Alfredo Fisher.

Por último, la nómina de procesados agregó a José Medina, Marcelo Skansi, Carlos Racciatti, Juan Carlos Bartoletti, Gusatavo Cocconi, Francisco Echarren, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.

Los sobreseimientos fueron para Omar Goye, Nancy Sand Giorasi y Carlos Espinola, mientras que recibió la falta de mérito Ricardo Moccero.

La mujer asesinada se llamaba Valeria Coppa. Su ex pareja, con antecedentes por violencia de género, le disparó en la frente a plena luz del día.

.- Bariloche no sale de su conmoción: Es que ayer 29/01, cerca de las 16 horas, otra mujer murió en manos de un femicida. La violencia de génerono cesa y día tras día, se cobra nuevas víctimas fatales.

La mujer fallecida, de nombre Valeria Coppa, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, a plena luz del día, en el exterior de la iglesia Catedral,  ubicada a unos 700 metros del Centro Cívico.

El balazo fue propinado presuntamente por su ex pareja, Mariano Cordi. Ella cayó de su bicicleta y quedó agonizando en plena vía pública hasta que la encontraron y la llevaron al hospital “Dr. Ramón Carrillo”, el más cercano de la zona. Allí no pudo resistir, pese a los esfuerzos médicos efectuados, y finalmente falleció a la medianoche. 

El único sospechoso está siendo buscado y tiene antecedentes por violencia. Su imagen se está circulando por las redes sociales para que los vecinos de la zona estén en alerta.

Familiares y amigos de la víctima convocaron a una marcha para hoy a partir de las 18 hs. Saldrán desde Onelli y Brown. Con el femicidio de Valeria Coppa, suman 22 casos de este tipo en Argentina en lo que va de este 2019.

Fuente- Minuto Neuquén)

MENDOZA: Cuatro hombres, todos nativos de San Rafael, fueron condenados este jueves pasado por la Justicia a cumplir cuatro meses de ejecución condicional, diez años de inhabilitación para cazar, y a pagar una multa -cada uno- de 57.788 pesos.

Los hombres fueron interceptados el pasado domingo en la ruta 40, en el departamento de Malargüe, por la Policía Rural. Se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux. Al advertir la presencia policial, los sujetos arrojaron cuatro piches desde el interior del vehículo, maniobra que fue advertida por los efectivos.

Luego de un proceso judicial exprés instruido por la fiscal Andrea Lorente, el miércoles 16 se hizo un juicio abreviado en el que debieron reconocer su responsabilidad para acceder a esta modalidad.

Según informó el sitio de noticias “Malargüe a Diario”, fueron condenados a “4 meses (de prisión) de ejecución condicional, 10 años de inhabilitación para cazar y una multa para cada uno de $57.788”.

La caza de piches está prohibida por la Ley de Protección de Fauna y en este caso se le aplicó el agravante de que se cometió con la participación de más de 3 personas y por el uso de armas y medios prohibidos.

Es que además de los cuatro piches eviscerados decomisados, también le secuestraron tres cuchillos y cuatro perros de caza de raza Pointer.

Los condenados son “Roberto Díaz Fritis, Carlos Gustavo Díaz Fritis, Carlos Gustavo Páez Ferreyra y Javier Héctor Pavés Ferreyra”.

 Chubut: El fuego se detectó ayer por la tarde en la margen del Río Azul. Aún no se conoce el alcance de las hectáreas afectadas.

La Dirección de Defensa Civil del Chubut confirmó que “el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) trabaja para controlar un incendio declarado en cercanías de la comarca Lago Puelo, en el que trabajan dos aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde con dificultades, debido a los fuertes vientos reinantes”.

Al tiempo que se conformó ayer el Comité de Emergencia Municipal (COEM) de la localidad chubutense de Lago Puelo para coordinar acciones para combatir cuatro focos de incendio en la zona de bosques.

El informe que brindó el director de Defensa Civil, Walter Flores, no cuantificó los daños del siniestro “que se desarrolla en cuatro focos activos que se ven potenciados por el intenso viento que se percibe en la comarca” ubicada en el extremo noroeste chubutense.

Según el SPMF, intervienen en el combate contra el fuego la Brigada de Lago Puelo, bomberos voluntarios de esa población y la vecina localidad de El Hoyo, además de Defensa Civil Delegación Las Golondrinas.

Se sumaban a la labor de los brigadistas, bomberos voluntarios de El Bolsón y de otros cuarteles convocados por defensa civil del Chubut.

Este es el tercer incendio que se produce en la comarca en pocas semanas, luego del declarado en proximidades de Trevelin que alcanzó a 92 hectáreas y otro menos intenso pero que consumió más de 50 hectáreas, en la zona de Piedra Parada.

Fuente: Télam – Diario Esquel del Sur

El hecho ocurrió en la ciudad cordobesa de Río Segundo. La madre subió un video a redes sociales para contar su historia.

Una madre cordobesa de 23 años contó una dramáticamente situación que le tocó vivir junto a su hijo en la ciudad de Río Segundo. Según su relato, volvía de vacunar a su nene en bicicleta y dos hombres en moto la abordaron con un arma que parecía un cuchillo. Después de varios intentos por violarla en un barranco en la costa, a modo de represalia por su resistencia, los pervertidos arrojaron a su hijo al río.

Después de recibir golpes y al borde de quedar inconsciente, Nadia Müller -el nombre de la joven- se arrojó al agua y salvó la vida de su nene, Martiniano, de 2 años de edad.

Todo ocurrió este martes y se conoció gracias a la valentía de la mamá que publicó su historia con un crudo relato de más de ocho minutos.

“Hoy me tocó vivir una situación horrible junto a mi hijo. Volvía de vacunarlo y sobre la calle Alem me aparecieron dos tipos en moto. Me emepzaron a amenzar diciéndome que siguiera mirando para adelante, que no gritara, que no hiciera nada que llamara la atención, porque si no me iban a matar a mi hijo”, inició su descargo entre lágrimas la madre.

En una entrevista concedida a El Doce, Müller explicó que considera que pudo zafarse del hombre que la tenía maniatada por su entrenamiento deportivo y acrobático.

“Se sentó arriba mío, bloqueándome las piernas y los brazos, para que no pudiera moverme y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar. Me ahorcó tres veces. La verdad, no sé cuál era el fin ese momento. Si quería matarme o qué. Yo seguí luchando y hacía fuerza contra él”, agregó en su testimonio la joven, acerca del momento en que uno de los pervertidos quiso violarla.

“Como yo me seguía resistiendo, agarró y me levantó y me dio un golpe muy fuerte contra un tronco. En ese momento, casi pierdo el conocimiento. Y el hijo de remil puta que estaba al lado de mi hijo, me dijo ‘ya que no te pudimos hacer daño a vos, mirá lo que le hacemos a tu hijo’. Entonces le saca el cinturón de la sillita a Martiniano -el nombre de su nene-, lo alza y lo tira al medio del río”, añadió.

Y concluyó: “En ese momento, saqué fuerzas de donde ya no tenía y me tiré al aguar para rescatar a mi hijo, que se me estaba ahogando. Cuando logré sacarlo a Martiniano, le apreté su pancita para que pudiera vomitar el agua que había tragado y pudiera respirar. Y me abrazó muy fuerte, muy fuerte. Y me dijo, ‘mamá, te amo’”.

El hecho es investigado por la justicia local, aunque aún no se realizó ninguna detención. La Policía busca en las cámaras de seguridad. Nadia no pudo dar muchos detalles de las caras de los abusadores porque vestían gorras que les tapaban, aunque sí colaboró con la características de la vestimenta.

Mediante un decreto, el Gobierno exige a varias áreas que ejecuten diversas acciones paliativas.

El Gobierno declaró el “Estado de emergencia hídrica” en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y el Litoral afectadas por las inundaciones, donde más de 6.000 personas fueron evacuadasy aún no volvieron a sus hogares.

Las provincias que más sufrieron por los fuertes temporales y los desbordes de ríos y arroyos en los primeros días del año son Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe.

Allí se mantiene el operativo de emergencia que coordina el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), con la participación de las fuerzas federales y la distribución de insumos de primera necesidad.

A través del decreto 67/2019, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno instó a distintas áreas a ejecutar diversas acciones para “aliviar la difícil situación” en la región, tal como había informado en un comunicado ayer.

De este modo, el Ministerio de Producción y Trabajo deberá adoptar “las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados”.

Por su parte, la Secretaría de Agroindustria tendrá que adoptar “las medidas necesarias con el objeto de implementar lo dispuesto en la Ley N° 26.509 y sus modificaciones para situaciones de emergencia y desastres agropecuarios”.

En tanto, el Banco de la Nación tendrá que disponer acciones para  “preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo”.

La AFIP, a su vez, “adoptará las medidas que resulten pertinentes para aquellos contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia, siendo éste su principal actividad”.

Y la Secretaría de Energía deberá arbitrar “los medios necesarios a los efectos de que se establezca un régimen tarifario especial provisorio en el servicio de gas para el sector productivo de las zonas afectadas mientras dure el período de emergencia”.

El decreto, además, indica que “toda autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado para ejecutar obra pública” deberá “ponderar la urgencia comprometida en la ejecución de los proyectos y las obras de infraestructura necesarios para prevenir y/o mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos en las zonas declaradas en situación de emergencia hídrica”.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Cómo será el mecanismo y que se hará con lo incautado.

Tras la dilación en el Congreso de aprobar el proyecto que trata desde 2016, el Gobierno finalmente decidió impulsar a través de un decreto de necesidad y urgencia la extinción de dominio, una medida con la que busca acelerar la recuperación de bienes en provenientes de actos criminales como la corrupción y el delito.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficia con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros del Gabinete. En el primero de los 22 artículos aclara que “la extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión”.

Uno de los puntos centrales del DNU es la creación de la Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional, que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes” que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados, como corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

La Procuraduría, además, “estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán negarla bajo ninguna circunstancia”.

El artículo 5 del decreto señala además que estarán sujetos al régimen “aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente” de algún delito.

Así, quedarán abarcados, entre otras cosas, “todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad”. También “la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica” de esos bienes y “los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados”.

Carga probatoria, indemnización y recompensa

El DNU también establece que “la parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delitoinvestigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido”, aunque aclara que “no será de aplicación la prueba confesional”.

En caso de que aquella persona a la que se le haya aplicado la extinción de dominio sea finalmente sobreseída o absuelta, el Estado nacional estará obligado a “restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero”.

Según el artículo 13, los bienes incautados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mientras que el dinero en efectivo así como los instrumentos financieros quedarán en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona bajo la órbita de la ANSeS.

Si bien esos bienes deberán ser subastados, el DNU habilita a los jueces a “ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento”.

Un punto esencial, anticipado el lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que la acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. Según el artículo 16, “el plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal”.

Asimismo, se establece la posibilidad de implementar programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones, fijando una compensación que no podrá exceder del 10% de los bienes cuyo dominio se declare extinguido.

“El fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley”, señala entre los argumentos la norma firmada por Macri.

Tras su publicación y entrada en vigencia, el decreto deberá pasar por el filtro de la Comisión Bicameral Permanente, que deberá definir si ratifica o rechaza la norma.

Lo hicieron con consignas como “Justicia lenta no es Justicia”.

Con banderas argentinas y carteles como “Nisman presente”, “muerto por la corrupción e impunidad K” o “Justicia lenta no es Justicia”, integrantes del grupo denominado “Equipo republicano” se congregaron en inmediaciones del Obelisco.

Un grupo de personas se movilizaron en el microcentro porteño ayer para reclamar el esclarecimiento del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, a cuatro años de su muerte. 

Integrantes del grupo denominado “Equipo republicano”, se congregaron en inmediaciones del Obelisco con banderas argentinas y carteles como “Nisman presente”, “muerto por la corrupción e impunidad K” o “Justicia lenta no es Justicia”.

Una de las manifestantes, Martha Campagnoli, expresó en diálogo con Clarín: “Me convoca la injusticia de que todavía no hayamos llegado a una sentencia como corresponde. La memoria de un héroe contemporáneo tenemos que honrarla”.

Otra de las presentes en la protesta añadió: “Pedimos tener consciencia, estar todos unidos para defender la república, exigir una justicia independiente y poder llegar hasta el final con la denuncia del fiscal Nisman y con los asesinos que causaron este magnicidio”.

(Emmanuel Fernández)

Acto frente a la tumba

Por la mañana del viernes, la DAIA realizó un acto frente a la tumba del ex titular de la UFI-AMIA en el cementerio de La Tablada.

“Este homenaje busca mantener vivo su recuerdo y reivindicar su trabajo como fiscal de la Nación, que sin duda permitió avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA/DAIA. Nunca olvidaremos su tenaz y valiente trabajo para buscar justicia para las 85 personas que fueron asesinadas y que aún no pueden descansar en paz”, señaló Marcelo Taussik, vicepresidente de la entidad.

Esta contraseña permite mantener tus datos personales a salvo y sirve para realizar allí tus trámites y consultas de manera segura sin necesidad de presentarte en una oficina.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informan toda la información sobre la importancia en la creación de una Clave de Seguridad Social.

Esta contraseña permite mantener tus datos personales a salvo y sirve para realizar allí tus trámites y consultas de manera segura sin necesidad de presentarte en una oficina. La herramienta es personal e intransferible, y permite efectuar trámites previsionales a través de su página web.

Pasos para generar tu clave

1. Elegir una clave: pensar y escribir una contraseña que sea fácil de recordad y segura al mismo tiempo.

2. Debes ingresar el N° de Trámite de tu DNI y responder correctamente las preguntas de seguridad sobre tus datos personales e historia laboral. Son 3 intentos para habilitar tu clave vía web; tras ellos, la clave sólo podrá ser habilitada en forma presencial en una oficina de ANSES.

3. Ingresar a MI ANSES: si los pasos anteriores fueron completados de manera correcta, ya se puede ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

4. Allí podrás realizar todas tus gestiones utilizando las aplicaciones de Mi ANSES: las claves habilitadas vía web tienen un “nivel 2” de seguridad y algunas gestiones, como el cambio de lugar de cobro, requieren “nivel 3”, que se obtiene sacando tu clave en una oficina de ANSES.

La Clave de Seguridad Social también puede obtenerse de forma presencial, aunque primero debe generarse la clave desde Mi ANSES e imprimirse el Formulario USI-07 (opcional).

Una vez allí, debes presentarte con tu DNI en cualquier oficina de ANSES sin turno para habilitar tu clave y poder empezar a usarla.

La dirigente de la Tupac Amaru fue encontrada culpable en la causa conocida como “Pibes Villeros”. Fue juzgada por el millonario desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Milagro Sala fue encontrada culpable de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” y condenada a 13 años de prisión. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron.
Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, , que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales “fueron utilizados con otros fines”.

De esta manera, las cooperativas jujeñas “pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios” para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.
Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.

Durante la tarde de este lunes, previo a recibir la condena, Sala realizó declaraciones a la prensa: “Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra.Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia”.
También dijo que la Justicia “está cooptada por Gerardo Morales”, gobernador de Jujuy, y profundizó: “Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor”. 
Junto a la dirigente social fueron condenados su esposo Raúl Noro a tres años de ejecución condicional, la diputada provincial Mabel Balconte, a 8 años con pedido de desafuero y más de veinte ex integrantes de cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
Asimismo, la condena alcanzó a Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, dos ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y a dos técnicos, uno del IVUJ y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Milagro sala se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la CIDH, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de la causa conocida como “Pibes Villeros”, la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento “escrache” al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.
El mes pasado, el Tribunal en lo Criminal 3 le concedió la prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya con una pulsera electrónica debido a sus problemas de salud. Previamente se encontraba en una residencia en el dique La Ciénaga, pero había pedido el traslado.

Una semana antes había sido absuelta por el  Tribunal en lo Criminal 2 en la causa “Balacera de Azopardo”. Sala estaba acusada de haber pagado para que asesinen al dirigente Alberto “Beto” Cardozo.

No obstante, el ex miembro de la agrupación Tupac Amaru, Fabián “Chato” Ávila, sindicado como uno de los ejecutores de la orden de matar a Cardozo, fue condenado por tentativa de homicidio a seis años de prisión.

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