Política

Alberto Fernández cruzó duro a Javier Milei por el acuerdo con Estados Unidos: “Nos llena de vergüenza como Nación, su servilismo es humillante”

El expresidente le dedicó un fuerte mensaje al libertario, tras el anuncio conjunto con la jefa militar en Ushuaia sobre una base naval integrada.

"Nadie le pidió tanto, ni las autoridades de los Estados Unidos", remató Fernández.

La respuesta del ministro de Defensa.

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Tras el anuncio de Milei en Ushuaia, quieren citar a Mondino al Senado

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CLARIN

Javier Milei recibió un avión Hércules que donó Estados Unidos y defendió su alineamiento con Washington

El Presidente estuvo junto a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur.

Ayer se había reunido con la funcionaria en Ushuaia.

Diario Clarin

Máximo Kirchner cruzó a Javier Milei por cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner

El líder de La Cámpora calificó al anuncio como un “fuego de artificio”. Le reclamó al Gobierno que cambie el rumbo de la gestión: “Sus políticas producen daño en el presente y el futuro”.

El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió al cruce del presidente Javier Milei por el anuncio del Gobierno de cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner: “Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público, do que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”.

El diputado nacional de Unión por la Patria planteó que si Milei revierte su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), “le envía fondos y alimentos a los comedores, y deja de hacer despidos masivos en el Estado”, le parecería “una anécdota” que impulse el cambio de nombre del CCK, lo que calificó de “fuego de artificio”.

Máximo Kirchner dijo que para él es “una anécdota” que el Gobierno pueda llegar a cambiarle el nombre al CCK: “No me interesa, no tengo problemas, pero que lleguen las cosas para la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro”, en declaraciones a AM 530.

El anuncio del Gobierno de cambio del nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el martes la decisión del Gobierno de cambiarle el nombre al CCK, uno de los emblemas del kirchnerismo. Dijo que el organismo “dejará de llamarse como tal”, en conferencia de prensa en Casa Rosada, y que se le dará paso a un nuevo nombre”: “La decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”.

El Gobierno baraja tres opciones para el CCK: volver al nombre original o usar el de dos próceres

El Ejecutivo maneja tres opciones para el cambio de nombre del CCK, volver al original o usar el de dos próceres, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento, como anticipó Manuel Jove en TN, en relación a las figuras históricas que se incorporaron con cuadros el pasado 8 de marzo al nuevo Salón de los Próceres de la Casa de Gobierno.

  • Desde el Ejecutivo aclararon que “hay mil opciones sobre la mesa y todavía no está definido”, en referencia al nuevo nombre que tendrá el organismo que funciona en el viejo edificio del Correo Central de la ciudad de Buenos Aires.
  • Una posibilidad es que el CCK recupere el nombre original, Centro Cultural del Bicentenario. Así se lo llamó en 2006, cuando se convocó a la obra que adaptó por completo el viejo Palacio de Correos y Comunicaciones.
  • Finalmente en 2012 y a través de un proyecto de ley fue rebautizado con el nombre del expresidente Néstor Kirchner, dos años después de su muerte. La obra se extendió otros 20 meses y se inauguró en mayo de 2015 en un acto encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

TN

Escándalo con una senadora libertaria: nombró a 8 familiares en el Congreso

Se trata de Vilma Facunda Bedia, dirigente jujeña, que metió en su despacho a buena parte de su entorno y logró que otros senadores de La Libertad Avanza también designaran a sus familiares.

Tras el intento de aumento de las dietas de los senadores y diputados y el "error" al que atribuyeron en el Gobierno la suba -luego revertida- de los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo, un nuevo escándalo golpea en una de las banderas históricas que enarboló Javier Milei dentro de La Libertad Avanza.

Es que en el Senado, una de las legisladoras oficialistas, la jujeña Vilma Facunda Bedia, designó a sus hijos, sus hermanos, su sobrina y hasta a su nuera en su despacho, y se aseguró que otras personas de su entorno fueran contratadas por pares del bloque de LLA, a los que retribuyó nombrando familiares.

Contra el mensaje de Milei, según anticipó La Política Online, la senadora contrató sus hijos Joel Benjamín Mamani y a José Jair Mamani.

.Al primero le concedió una designación con categoría A3, por la que embolsa $1.011.168,65, de acuerdo a la escala que publica la web del Senado. En tanto, José Jair, con una categoría A1, tiene un ingreso de $1.409.962,89: un gran logro si se tiene en cuenta que a sus 32 años no tiene registrado ningún otro empleo formal.

Clarín tuvo acceso a todos los nombramientos que realizó Bedia, que no contestó las consultas de este diario. No conforme con esos dos nombramientos, la senadora sumó más familiares al Senado. Casualidad ó no, su otro hijo, Pablo Mamani, consiguió otro contrato con categoría A1 gracias a la senadora por San Luis, Ivanna Arrascaeta, también de LLA,

En otro despacho oficialista, el del senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto, otro familiar de Bedia comenzó a trabajar: su hermano Daniel Ricardo Bedia fue designado el 20 de febrero pasado en la planta temporaria, en el área administrativa y técnica.

Otra curiosidad: una semana después, Bedia nombró en su despacho a Juan Carlos Pagotto, un homónimo del senador que en la Cámara Alta señalan como familiar del legislador, con categoría A6.

Clarín consultó al senador riojano, cuyo hijo Juan María es su jefe de prensa y tiene un contrato A1, sobre el parentesco que lo une con el designado pero evitó responder. Tampoco precisó qué rol cumple en su oficina el hermano de Bedia.

El entrecruzamiento de familiares, cuentan fuentes con décadas de trabajo en el Senado, suele ser una práctica habitual. Tanto que en los distintos bloques comenzaron a revisar nombramientos a partir de que se desató el escándalo.

El 18 de enero, la senadora Bedia ya había contratado a una de sus nueras, Mirta Araceli Silisque, con una categoría A8. Ocho días después designó a una de sus sobrinas, Daiana Ester Llanes, como administrativa.

Fuentes del Senado aseguran que a la planta transitoria del Senado ingresó una cuñada de Bedia pero Clarín no pudo acceder a esa documentación. Lo mismo ocurre con Juan Carlos Bedia, otro de sus hermanos. “Ya entraron ó están en proceso de ingreso”, explicó una fuente parlamentaria.

Con todo, una vez que se destapó el escándalo, Milei pidió información a su equipo para analizar la situación de Bedia, a quien en La Libertad Avanza observan “encandilada” por el poder que le otorga ser senadora.

Un rato antes, el tema había tomado por sorpresa al vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró no estar al tanto de esos nombramientos, pero anticipó la postura de Milei.

“Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier contratación ó de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención que tuvo la gente al votar y elegir una propuesta que claramente marque una diferencia con la política tradicional. Así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política, no estamos de acuerdo. Supongo que la senadora podrá dar una mejor explicación. Pero claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente”, indicó.

En ese sentido, desde el entorno presidencial dejaron saber el “enojo” de Milei con Bedia y le dieron un ultimátum: “Se la convocará a echar a todos esos familiares y, si no lo hace, tendrá que irse del bloque de LLA, no importa que tengamos ocho senadores”.

CLARIN

Denuncian a Pérsico por haber enviado, cuando era funcionario, $473 millones a dos cooperativas que integraba

Se trata de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y La Patriada. Según la acusación, fue presidente de la primera y era socio de la segunda. Los pagos se hicieron en sus años como Secretario de Economía Social. La ley de Ética Pública le impedía intervenir en esos expedientes.

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello denunció este lunes al exsecretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación Emilio Pérsico por “facilitar” el envío de $473 millones a dos cooperativas de las que él mismo había formado parte.

Pérsico fue acusado de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Capital Humano señaló que la Secretaría de Economía Social que él conducía ejercía la supervisión y control de las actividades en el marco del programa Potenciar Trabajo y autorizaba los giros de dinero en concepto de subsidios y/o créditos ministeriales a las unidades de gestión para la realización de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios.

Según la denuncia, entre 2020 y 2023, esta Secretaría autorizó giros por un total de $473 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y a la cooperativa La Patriada para diversas actividades en el Potenciar Trabajo a través de la firma de diversos convenios. El documento marca que Pérsico fue presidente de la primera hasta 2019 (confirmado por el acta de la asamblea ordinaria del 12 de abril de 2019) y socio de la segunda.

Sin embargo, la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública le impedía intervenir en trámites hasta tres años después de su renuncia.

Potenciar Trabajo: denunciaron a Pérsico por el envío de $473 millones a dos cooperativas que integraba. (Foto: Prensa La Patria de los Comunes)

Potenciar Trabajo: denunciaron a Pérsico por el envío de $473 millones a dos cooperativas que integraba

La Secretaría de Pérsico ejercía la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de esos fondos. En otras palabras, tanto la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTD como la cooperativa La Patriada -con las que Pérsico tenían nexos- requerían un informe técnico favorable del organismo que dirigía Pérsico para recibir los posteriores desembolsos.

La denuncia marca que Pérsico intervenía al prestar conformidad a las actuaciones, ordenaba que se devengue y transfiera los montos a ambas cooperativas, siendo socio y presidente de estas sin que hayan transcurrido tres años desde su renuncia a tales funciones. El escrito enumera argumentos por los que entienden Pérsico benefició ilegítimamente a movimientos sociales, cooperativas y agrupaciones de las que formó parte o forma parte antes o durante la gestión.

Según documentos oficiales a los que accedió TN, la secretaría que conducía Pérsico intervino en seis expedientes a través de los que se le envió a La Patriada unos $261.591.087 para diversas actividades y $211.755.963 a la Federación de Cooperativas Evita LTDA. La denuncia fue presentada por la ministra Sandra PettovelloLeila Gianni, la subsecretaría de Legal del Ministerio de Capital Humano y el asesor Ariel Romano.

Para las autoridades de Capital Humano, los fondos que salieron de las arcas del Estado y fueron a parar a ambas cooperativas representan un “daño patrimonial concreto y realmente al patrimonio de la administración pública”.

Una resolución firme de la Oficina Anticorrupción ya había advertido sobre la conducta de Pérsico

De hecho en diciembre pasado, antes del cambio de gestión, una resolución firme de la Oficina Anticorrupción (OA) estableció que Pérsico “infringió el deber de abstención establecido en el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188. Ello por su intervención en expedientes particularmente relacionados con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA. y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO EVITA LTDA., respecto de las cuales debía excusarse de intervenir en virtud de su calidad de socio de la primera y, respecto de la segunda, en virtud de haber sido directivo sin que transcurrieran TRES (3) años desde su renuncia a tales funciones”.

A raíz de este informe es que el Ministerio de Capital Humano decidió denunciar penalmente a Pérsico. La acusación también señala los subsidios se pudieron haber entregado sin la consecuente contraprestación y/o verificación de los requisitos exigidos por la normativa del Potenciar Trabajo.

La respuesta de Emilio Pérsico

“Cuando asumí habia un expediente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA. Yo cometí el error de renovarle el convenio, no sabía que no podía. Después de darme cuenta, fui directamente a la Oficina Anticorrupción. Fui y acepté mi error, y pregunté cómo lo podía corregir. Me dijeron que debía abstenerme de intervenir de ahí en más y eso hice. Yo firmé el convenio marco. Los desembolsos los firmó otro secretario”, señaló Pérsico en diálogo con TN.

tn

Escándalo de los seguros: la Justicia ordenó operativos en 45 organismos del Estado para obtener los contratos

Lo decidió el juez federal Julián Ercolini. Figuran los ministerios de Economía, Seguridad y Capital Humano, la ANSES, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. Son órdenes de presentación que están siendo distribuidas en cada organismo.

Entre las reparticiones oficiales se destacan los ministerios de Economía, Seguridad, Relaciones Exteriores y Capital Humano, la ANSES, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Dirección Nacional de Vialidad, según pudo saber Infobae.

En el listado también aparecen Radio y Televisión Argentina S.E, el INCUCAI, el Estado Mayor General de la Armada, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ANMAT, el INTA, y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ercolini despachó 45 órdenes de presentación que están siendo entregadas por personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. El oficio reclama una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023 y los productores asesores de seguros y/o intermediarios intervinientes en cada una de esas pólizas.

El juez también solicitó “los antecedentes, actuaciones y actos administrativos por los cuales se efectuó la selección y designación de dichos productores asesores de seguros y/o intermediarios previamentemencionados, si fueron designados para la totalidad de las contrataciones de seguros o sólo para algunas de ellas, la fecha de la primera designación de cada uno de ellos, y si los mismos percibieron en forma directa del ente comisiones o remuneraciones de algún tipo”.

Ese párrafo apunta a un total de 27 intermediarios que fueron visitados por la Policía Federal para que también aporten la documentación. En ese listado figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados:San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.

D’Angelo Campos fue imputado junto al ex presidente Alberto Fernández y otras personas a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno. El otro expediente se inició unos día antes con una denuncia de la abogada Silvina Martínez a la que se anexó otra presentación de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto. Ambas causas quedaron a cargo del juez Ercolini.

El magistrado había comenzado el viernes 1 de marzo pasado con un operativo sobre Nación Seguros, horas antes del discurso de Javier Milei en el Congreso. Esta semana ordenó allanamientos sobre los domicilios de Alberto Pagliano (el ex titular de Nación Seguros), el broker Héctor Martínez Sosa, y Pablo Torres García, pero también mandó a la PFA para que se presente en las oficinas de los dos últimos para llevarse los contratos.

En esa medida incluyó las oficinas de Fernando “El Turco” Salim, un allegado a Martínez Sosa. “Advirtiéndose que otro de los productores listados por Nación Seguros SA, Fernando Carlos Salim, posee el mismo domicilio que Martínez Sosa y podría presentar algún tipo de vinculación societaria con el mismo, habrá de ser incluido en la medida”, dice la resolución judicial revelada por este medio.

Ahora, el juez decidió cerrar el círculo y mandó a la Policía a un total de 45 organismos que contrataron con Nación Seguros. En el listado también aparecen la Administración General de Puertos, Pampa Energía SA, ARSAT, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, la Casa de la Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, Gendarmería Nacional y la Jefatura de Gabinete.

En el caso de la ANSES, el juez pidió una copia del sumario administrativo interno labrado por la contratación de Nación Seguros, a partir del decreto 823 de 2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.

infobae

Entre ironías y chicanas, el arco político se pronunció tras el revés del mega DNU en el Senado

Luego de conocerse el veredicto de la Cámara Alta, los legisladores y otros dirigentes se expresaron sobre el revés del mega decreto del presidente Javier Milei.

Este jueves ocurrió lo que se preveía días atrás al conocerse la convocatoria a una sesión especial en el Senado para tratar el mega decreto desregulador de la economía: el Senado rechazó por amplia mayoría el DNU del presidente Javier Milei. Fueron 42 votos en contra y 25 a favor.

De esta manera, el decretazo suma su primera derrota legislativa, pero sigue vigente, ya que debe ser rechazado por ambas cámaras. En Diputados la historia será diferente y habrá intensas negociaciones de uno y otro lado para intentar torcer voluntades.

Al respecto, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche aseguró tras la sesión: “Estamos del lado correcto de la historia. La casta política una vez más pone palos en la rueda”. Y agregó: “Necesitamos unirnos todos para sacar el país adelante. Por eso el Presidente convocó al Pacto de Mayo. La oposición tiene que entender que tiene que parar”.

El senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche durante el tratamiento del DNU 70/2023. (Foto NA / DAMIAN DOPACIO)

Por su parte, el senador de Unión por la Patria, Antonio Rodas remarcó: “El Presidente tiene la oportunidad de trabajar democráticamente, pero va a depender de él. Estamos predispuestos a que envíe todas las leyes que considere necesarias para que el Parlamento actúe. Hay que debatir. No se puede avasallar todas las instituciones”.

En tanto, el presidente del bloque de UxP, José Mayans, defendió su posición: “Votamos a favor de la Constitución y las leyes, no votamos en contra de nada”. Y añadió: “No podemos aceptar que haya un Estado sin ley. No puede el presidente por decreto derogar 82 leyes, tiene que cerrar el Congreso”.

De cara a la votación que viene, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman aseveró: “Ahora hay que rechazar el DNU en la Cámara de Diputados y declararlo nulo. No pueden quedar rastros de ese decreto nefasto”.

En la misma línea, la legisladora Natalia Zaracho de Unión por la Patria señaló: “El Senado rechazó el DNU inconstitucional de Milei. Una mala noticia para los q piensan q pueden pasar por arriba de la constitución y cagarse en los derechos del pueblo. No hay q confiarse porque falta Diputados, pero vamos a estar afuera y adentro peleando para q sea rechazado”.

La estrategia del Gobierno tras el rechazo del DNU en el Senado: del poroteo en Diputados al pacto fiscal (Foto: Reuters).

Gana el pueblo argentino”, manifestó la diputada peronista Victoria Tolosa Paz una vez conocido el resultado de la votación. “El Senado rechazó el DNU de Milei que atenta contra los derechos de los argentinos, la Constitución Nacional y la posibilidad de construir un país industrializado con empleos de calidad. Ahora nos toca a los diputados frenar definitivamente este mamotreto, que desde que entró en vigencia no hizo más que empobrecer al pueblo y perjudicar el desarrollo productivo, social y cultural de la Argentina”, añadió.

Quien también tuvo algo que decir fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda... pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás”, aseguró la funcionaria. Y aclaró: “Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes”.

“Me parece lógico que los que están en contra del cambio se expresen. Pero este es un viaje de varias estaciones. El próximo es 2025, donde vamos a ganar las elecciones”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

FUENTE TN

La Policía Federal allanó la casa del broker amigo de Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

Se trata de Héctor Martínez Sosa. Los agentes llegaron por orden del juez de la causa, Julián Ercolini, quien también ordenó operativos en las viviendas y empresas de otros dos imputados

Por orden del juez Julián Ercolini, la Policía Federal realizó un allanamiento en la casa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández involucrado en el escándalo de los seguros surgido durante la administración del ex presidente. Según pudo saber Infobae, el operativo comenzó a la noche en la casa del investigado, ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

En el lugar se encontraron efectivos realizando la incursión en el domicilio de Martínez Sosa por orden de la Justicia. En paralelo, el abogado que lo representa a él y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, se dio cita en el lugar y tomó contacto con los agentes solicitando dialogar con el responsable del operativo, según pudo saber este medio. Cantero se encontraba en el domicilio. Los letrados, en tanto, no lograron entablar una conversación con los responsables del procedimiento.

En paralelo, se realizaron tres procedimientos similares en oficinas y viviendas pertenecientes a Alberto Pagliano y Pablo Torres García. Se trata de las personas señaladas en el esquema denunciado por el actual gobierno, con el que se habría montado un negocio a partir de la contratación de Seguros para las distintas prestaciones en las que intervenían los organismos del Estado.

El mecanismo, según se investiga, habría tenido origen en un decreto presidencial que ordenaba a todos los estamentos públicos a contratar a Nación Seguros, empresa que pertenece al Banco Nación, como aseguradora de riesgos en sus prestaciones. Así se creaba una cartera de clientes cautivos. Sin embargo, pese a ese contexto, en cada contratación habrían intervenido empresas privadas, pertenecientes a terceros, a quienes se les cuestiona, primero, la necesidad de su intermediación, y segundo las comisiones que habrían percibido.

Es en esa trama donde aparecen los nombres de Martínez Sosa, señalado como uno de los empresarios que se benefició con ese esquema de contrataciones por parte de los organismos públicos en una intermediación cuestionada. El mismo rol se le asigna a Torres García. Pagliano, en tanto, era el titular durante la presidencia de Alberto Fernández, de Nación Seguros. Todas son personas que mantienen algún vínculo con el ex presidente. La trama fue publicada por el periodista Ricardo Roa en Clarín.

Por caso, Martínez Sosa está casado con María Cantero, histórica secretaria del ex presidente. En su primera declaración pública sobre el tema, Fernández le dijo al diario La Nación: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Luego de que el caso se hiciera público, se conoció además que los registros de ingresos a la Quinta de Olivos identifican visitas de Martínez Sosa a la Quinta presidencial durante la gestión de Fernández en al menos ocho oportunidades. Los encuentros, en la mayoría de los casos se extendían por varias horas, de acuerdo a estas revelaciones.

El escándalo estalló a partir de que el ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, detectara este esquema en el organismo y decidiera interrumpir la práctica por considerarla irregular.

El gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales impulsores de la investigación de la trama que tiene al ex presidente Alberto Fernández la mira. Según explicó el vocero Manuel Adorni la semana que pasó, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES, por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos.

La presentación apunta contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.

Por su parte, Osvaldo Giordano, quien ya no forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, explicó cuáles fueron las gestiones que detectó dentro de ANSES y que consideró irregulares. “Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, explicó el ahora exfuncionario nacional en medios de Córdoba.

“Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente”, agregó.

Chubut demandó al Gobierno nacional por los fondos de coparticipación adeudados a la provincia

La acción realizada por la gestión de Ignacio Torres se inició en el Juzgado Federal N°1 de Rawson. La demanda se da luego del enfrentamiento del gobernador con el Presidente.

En medio del fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y los gobernadores patagónicos, la provincia de Chubut demandó al Estado Nacional por los fondos de coparticipación que le adeudan.

La acción realizada por la provincia que conduce Ignacio Torres, quien fue el protagonista del enfrentamiento público con Javier Milei, inició la demanda en el Juzgado Federal N°1 de Rawson.

El gobernador chubutense reclama más de $13 mil millones de deuda que tiene el Estado nacional por los fondos de la Coparticipación y pidió por una solución urgente, en medio de la fuerte disputa política.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, desde Chubut adelantaron que también se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia, dado que tiene la competencia originaria en los casos en que un Estado demanda a otro.

De esta manera, la decisión que tome el juzgado federal de Rawson 1 en lo civil y comercial será exclusivamente para definir si la provincia tiene razón en su reclamo. Será una cuestión meramente administrativa.

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna,había advertido que se presentarían en la Justicia por lo que consideran que es la “retención ilegal”de parte de Nación en la coparticipación por $13.500 millones por una deuda de la provincia.

Con esta presentación, la tensión con el presidente Javier Milei aumenta, tras la advertencia de que si no alcanzan un acuerdo el miércoles dejarán de enviar gas y petróleo.Menna, además, adelantó que estudian denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo“Eso lo analiza el equipo legal de la gobernación”.

El segundo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres criticó que les retienen fondos” “de manera ilegal” y consideró: “Se cumplió la amenaza de Caputo tras el fracaso de la Ley Ómnibus”, pese a que dijo que los diputados que les responden votaron a favor del proyecto en general y en particular.

Menna habló de “represalia” a Chubut “para enviarles un mensaje al resto de las provincias”, y mencionó la presentación contra la decisión de Nación de eliminar el Fondo Compensador del Interior para el Transporte. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una medida a favor de la provincia, en este sentido.

En medio de los fuertes cruces del viernes por la noche, desde el Gobierno explicaron a través de un comunicado de la cuenta de X de Oficina del Presidente que “los $13.500 millones de descuento corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” y que “por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación”.

FUENTE TN

El Gobierno cierra definitivamente el Inadi

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión del presidente Javier Milei. Dijo que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que "no sirven absolutamente para nada"

El Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además advirtió que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados.

“Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en su habitual contacto con periodistas en Casa Rosada. Y desarrolló: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.

infobae